Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2025-97018774-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución RESOL-2025-457-E-ARCA-ADMEND#SDGOAI, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17445-98-2022, en cuanto condena a AIRELUZ S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 965 inc. b) del CA y le reclama el pago de los impuestos internos y las percepciones del impuesto a las ganancias.
2Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-75076233-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 4 de Agosto de 2026 Reunidos los Vocales de la Sala “F” Dres. Juan Manuel Soria (Subrogante), Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “AIRELUZ S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, EX- 2025-97018774--APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: AIRELUZ S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2025-457-E- ARCA-ADMEND#SDGOAI, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17445-98-2022, mediante la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 965 inc. b) del Código Aduanero (“CA”). Explica que mediante la destinación 19038IC01000028Y oficializó la importación de un helicóptero por un valor de U$S3.993.000, que fue declarado como bien de uso, tramitando el correspondiente certificado de explotador de trabajo aéreo ante la Administración Nacional de Aviación. Se agravia en cuanto la Aduana rechazó infundadamente la prueba aportada en instancia administrativa. Señala que el punto medular de la discusión es el cobro compulsivo de los impuestos internos, lo que no ha sido explicado por el organismo. Cuestiona la liquidación tributaria en cuanto fue efectuada en moneda extranjera. Plantea la falta de competencia de la Aduana para reclamar el tributo en cuestión, siendo la DGI el organismo designado por la ley para ejercer las funciones de aplicación y fiscalización. Sostiene que la resolución en crisis es nula, por adolecer de finalidad, causa y motivación. Agrega que el helicóptero no contaba con ninguna exención impositiva, sino que directamente no se encontraba comprendido dentro del hecho imponible y en consecuencia no estaba alcanzado por la gabela, toda vez que conforme el art. 38 inc. f) de la ley de impuestos internos solo deberá tributarse por aquellas aeronaves que sean empleadas con fines recreativos o deportivos. Realiza un detalle de las prestaciones de servicios realizadas y refiere a la clasificación de la mercadería como un bien de uso. Impugna la base de cálculo y la fórmula utilizada para determinar el tributo. En subsidio, solicita la aplicación del principio in dubio pro reo. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (IF-2025- 119805373-APN-DTD#JGM). Detalla acabadamente los antecedentes del caso y realiza la negativa de rigor. Sostiene que la actora no pudo constatar ante la Aduana el uso comercial y la registración contable dada a la mercadería en trato, por lo que se configuró la infracción dispuesta en el art. 965 inc. b) del CA. Por último, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: El 05.06.26 se elevan los autos a la Sala “F”. El 08.06.26 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas SIGEA 17445-98-2022 se inician con un correo electrónico por el cual se solicita confeccionar un listado de destinaciones de importación cuya mercadería sea aeronaves, y realizar un análisis sobre los beneficios tributarios que en cada caso se pudieron utilizar (fs. 1). A fs. 2 se informa lo solicitado y a fs. 3/8 se agrega copia de la destinación 13038IC01000028Y y documentación complementaria de la operación. A fs. 30/33 luce el documento identificado como “CASO: IMPORTACIÓN DE HELICÓPTERO”. A fs. 33/115 se agregan impresiones de pantalla de consultas realizadas al sistema EFISCO sobre la empresa actora, accionistas, presidentes, síndicos y empleados.
A fs. 116/118 obra el mail 65/22 (DV OPME), que concluye que se debería obtener información sobre la cantidad de horas registradas y el detalle de los vuelos realizados, con el fin de poder determinar el uso dado a la aeronave. A fs. 128/146 se incorporan imágenes y descripciones del helicóptero. A fs. 147/156 se agregan nuevas capturas de pantalla del sistema EFISCO y a fs. 157/169 Facturas tipo A emitidas por la actora. A fs. 170/174 obra la disposición 14/20 de la Dirección Nacional de Seguridad Operacional, por la cual se autoriza a la actora a realizar trabajos aéreos en la actividad de propaganda, fotografía e inspección y vigilancia, y se extiende el certificado de explotador de trabajo aéreo.
A fs. 180/182 se instruye sumario contencioso. A fs. 184 se ordena la interdicción sin derecho a uso sobre el helicóptero y a fs. 189/190 luce el acta de interdicción. A fs. 192 se realiza el aforo de la mercadería. A fs. 195 se ordena correr vista de lo actuado. A fs. 206/210 se adjunta registro de movimientos históricos del helicóptero. El 17.10.22 la actora se notifica de la instrucción de sumario contencioso. A fs. 217/246 la actora contesta la vista y a fs. 249 acompaña nueva documentación. A fs. 251/264 la actora amplia descargo. A fs. 269/272 la actora acompaña certificación contable y a fs. 275/359 acompaña nueva documentación. A fs. 360 se realiza nuevo aforo de la mercadería. A fs. 363/369 la actora acompaña documental.
A fs. 374 se ordena correr nueva vista. A fs. 385/423 la actora contesta la nueva vista. A fs. 439 se levanta medida de interdicción que pesaba sobre el helicóptero. A fs. 463 luce listado de empresas de trabajo aéreo titulares de certificado de explotador de trabajo aéreo, entre las que se encuentra la actora. A fs. 467/473 se emite el dictamen técnico, que concluye que corresponde dictar resolución condenatoria. Finalmente, a fs. 474/481 se dicta la resolución RESOL-2025-457-E-ARCA- ADMEND#SDGOAI, apelada en autos.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -457/25-, en cuanto condena a AIRELUZ S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 965 inc. b) del CA y le reclama el pago de los impuestos internos y las percepciones del impuesto a las ganancias, se ajusta a derecho.
La Aduana imputó la infracción en trato respecto de la destinación 19038IC01000028Y, mediante la cual la actora documentó la importación a consumo de un helicóptero marca AIRBUS H130, modelo EC130T2, matrícula LV-IYU, clasificado en la PA 8802.11.00.000K, por un valor FOB de U$S3.939.465,35; habiendo declarado que se trataba de un bien de uso, que sería afectado a la explotación de servicios aéreos comerciales. Por tal motivo, la operación se encontró exenta del pago de los impuestos internos y de las percepciones de impuesto a las ganancias e IVA adicional.
V.1. La infracción en trato se encuentra regulada en el Capítulo Noveno, del Título Tercero del Código Aduanero, “Transgresión de las obligaciones impuestas como condición de un beneficio”, indicando expresamente que “El que no cumpliere con la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento de: …b) una exención total o parcial de tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe actualizado de los tributos dispensados”.
Al oficializar la destinación 19038IC01000028Y, se declaró en los códigos GANANCIASOP3 = BDUSO, IVAADICIONAL = IVAAD2 e IMINTX = IMI013, lo que eximió a la actora del pago del 11% de percepción del impuesto a las ganancias, 10% de percepción de IVA adicional y 20% de los impuestos internos. La Aduana consideró que la aeronave importada no cumplió con la finalidad declarada y le reclama a la actora el pago de los impuestos internos y las percepciones del impuesto a las ganancias. Asimismo, por considerar que no cumplió con la obligación que condicionó las citadas exenciones, le impuso una multa equivalente a 1 vez el importe de los referidos tributos, en los términos del citado inc. b) del art. 965 del CA.
V.2. Aclarado ello, corresponde expedirse en primer lugar sobre el reclamo relativo a los impuestos internos. El impuesto interno, tal como está implementado en nuestro país, es de etapa única: grava únicamente a nivel industrial (al que deben ser asimiladas las importaciones), siendo ésta la primera etapa de incorporación del bien al ciclo de comercialización y el momento en que se lo libera para su consumo en el mercado interno. En consecuencia, el impuesto interno no es acumulativo. El impuesto interno al consumo es además monofásico, ya que grava el producto final (Lilian N. Gurfinkel De Wendy, “Impuestos Internos”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2001).
En lo que aquí interesa, conforme las modificaciones introducidas por la ley 27.430 (BO: 29.12.17), el art. 38 de la ley de impuestos internos –ley 24.674 (BO: 16.08.96)- establece que están alcanzados por las disposiciones del Capítulo IX, “Vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves”, los siguientes bienes: …f) Las aeronaves, aviones, hidroaviones, planeadores y helicópteros concebidos para recreo o deportes. Asimismo, el art. 39 indica que dichos bienes deberán tributar el impuesto que resulte por la aplicación de la tasa del 20% sobre la base imponible respectiva.
En la operación bajo análisis, la actora declaró el código IMINTX = IMI013, ya que el helicóptero en cuestión sería afectado a la explotación de servicios aéreos comerciales. Prueba de ello es la disposición DI-2020-14-APN- DNSO#ANAC, emitida por la Administración Nacional de Administración Civil (ANAC), mediante la cual autorizó a la actora a realizar trabajos aéreos en la actividad de propaganda, fotografía e inspección y vigilancia, extendiendo el correspondiente certificado de explotador de trabajo aéreo (CETA). La citada disposición indica que la empresa deberá desarrollar la actividad utilizando las aeronaves y los tripulantes consignados en el Anexo I –aeronaves afectadas- y Anexo II –tripulantes afectados-. La aeronave consignada en el Anexo I es la que lleva la matrícula LV-IYU, objeto de autos, en tanto que el piloto autorizado en el Anexo II es el Sr. Oviedo Gabriel Alejandro (ver fs. 170/174 de las act. adm.).
El servicio aduanero, en su informe de fs. 31/33 de las act. adm., indica que la actora contrató en 2019 una persona en relación de dependencia, que se trata de un piloto de helicópteros con experiencia y fue quién ingresó la aeronave al país. Más adelante, en el E-MAIL 65/22 (DV OPME), de fs. 116/118 de las act. adm., señala que quién figura como empleado en relación de dependencia desde el 2019 es el Sr. Oviedo Gabriel Alejandro, piloto autorizado por ANAC. Para probar sus dichos, respecto a la finalidad con la que fue importada la aeronave, la actora acompañó: (i) informes de horas en que fue utilizado el helicóptero, en virtud de distintas cartas ofertas (fs. 233/234 de las act. adm.); (ii) 4 notas de pedido de asistencia emitida por Defensa Civil de Calamuchita, Córdoba, en los años 2019, 2020, 2021 y 2022, mediante la cual solicitan la posibilidad de contar con el helicóptero a efectos de utilizarlo para combatir fuego, trasladar bomberos y evacuar personas en condición de riesgo (fs. 235/238 de las act. adm.); (iii) cartas oferta y respuestas de aceptación relativas al uso prioritario del helicóptero para traslado de personas, efectuadas con KONRAD SOMMERER SAROBA (fs. 239/246 de las act. adm.); (iv) acta de constancia de prestación de servicio emitida por el área de Defensa Civil de Calamuchita, Córdoba, que da cuenta de la puesta a disposición del helicóptero (fs. 249 de las act. adm.); (v) carta oferta y respuesta de aceptación relativas al uso prioritario del helicóptero para traslado de personas, y facturas tipo A emitidas con motivo del referido contrato, todo ello con la empresa SIGFRID S.A.
(fs. 252/264 de las act. adm.); (vi) certificación de contador público independiente sobre la composición del saldo que SIGFRID S.A. adeuda a la actora (fs. 269/272 de las act. adm.); (vii) carta oferta y respuesta de aceptación relativas al uso del helicóptero celebradas con vecinos de Santa Rosa de Calamuchita, planilla con fechas y horas de uso, informes de trabajo de vigilancia realizados en el helicóptero y facturas tipo A emitidas con motivo del referido contrato (fs. 287/303 de las act. adm.); (viii) planilla con fechas y horas de uso e informes de uso de helicóptero relativas a Defensa Civil de Santa Rosa de Calamuchita (fs. 308/318 de las act. adm.); (ix) planilla con fechas y horas de uso, pedidos de uso de aeronave e informes de uso emitidos por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de Calamuchita (fs. 319/331 de las act. adm.); (x) planilla con fechas y horas de uso, reportes de trabajo aéreo de vigilancia emitidos por SIGFRID S.A. y nuevas facturas emitidas a SIGFRID S.A.
(fs. 332/357 de las act. adm.); (xi) comprobantes de pago de depósitos efectuados por los servicios prestados a los vecinos de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba (fs. 364/369 de las act. adm.); y (xii) cartas oferta emitidas para la prestación de servicio del helicóptero dirigidas a QUEBRADA DE YATAN S.A. (fs. 403/410 de las act. adm.).
Por su parte, la Aduana descarta la totalidad de la prueba aportada, bajo el fundamento de que se trata de documentación que solo emana de controles internos, como serían las cartas ofertas, solicitudes de asistencia y actas o constancias de prestaciones de servicio (ver fs. 470 último párrafo y 477 último párrafo de las act. adm.). Señala que respecto de varias de las facturas comerciales acompañadas no se ha podido corroborar su validez a través de los sistemas, en tanto que en otros casos existe una deficiente descripción de la actividad prestada. A su vez, señala que las cartas oferta no reflejan un contrato, en sentido comercial, ya que según refiere no se sabe si la otra empresa ha aceptado dicho ofrecimiento (ver fs. 470 vuelta y 477 vuelta de las act. adm.). Al respecto se recuerda, tal como se indicó supra, que la actora acompañó también las respuestas de aceptación de las ofertas, con la excepción de la oferta enviada a QUEBRADA DE YATAN S.A.
En cuanto a los servicios contratados por la empresa SIGFRID S.A., sostiene que la actividad declarada no se condice con los servicios contratados, a la vez que los integrantes de dicha sociedad participan como accionistas, administradores y directores suplentes de la empresa actora. Sobre la documentación relativa a los bomberos voluntarios de Santa Rosa de Calamuchita, cuestiona que la prestación realizada no ha sido objeto de facturación, por haber sido de objeto comunitario. Respecto a los servicios requeridos por los vecinos de Santa Rosa de Calamuchita, refiere que la factura no ha sido de posible comprobación en los sistemas, cuestiona su cronología y señala que la actividad declarada por uno de los vecinos no sería conducente con los servicios contratados.
A partir de las consideraciones expuestas, concluye que la documental aportada resulta legalmente insuficiente para probar la actividad para la que la aeronave ha sido importada (ver dictamen técnico y resolución apelada de fs. 467/480 de las act. adm.). Finalmente, el servicio aduanero hace hincapié en la respuesta brindada por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) a fs. 207 de las act. adm., en cuanto informa el registro de movimientos del helicóptero para el año 2022, indicando que se registraron 13 vuelos privados nacionales.
Sentado lo que antecede, se observa de todo lo relatado que tanto la imputación infraccional, como el reclamo tributario efectuado, son realizadas sobre la base de presunciones, según las cuales la actora no habría podido demostrar el uso dado al helicóptero o las actividades con él realizadas. En efecto, véase que tanto en el informe técnico como en la resolución apelada se indica expresamente que el sumario fue iniciado a partir de presunciones, a la vez que refieren que el análisis efectuado sobre una parte de la documental aportada no importa un juicio emitido, sino dudas razonables, que permiten concluir que dicha documentación es inocua. Asimismo, a partir de considerar que la actora no pudo probar la actividad declarada, sostiene que se ha estado utilizando el vehículo aéreo con otros fines, pero sin indicar cuales. En esta línea, amén de considerar que los elementos acompañados por la actora podrían considerarse insuficientes para acreditar la actividad invocada, no puede pasarse por alto que la Aduana tampoco ha aportado ningún elemento que permita dilucidar un uso recreativo o deportivo de la aeronave en cuestión, presupuesto ineludible –condición positivapara que la importación de marras se encuentre alcanzada por los impuestos internos.
A mayor abundamiento, debe señalarse que si bien en algunos casos resulta razonable el criterio esbozado por el servicio aduanero, en cuanto a que la documental aportada podría no resultar suficiente para acreditar los servicios prestados; lo cierto es que en otros, el desconocimiento no se encuentra debidamente justificado, como cuando señala que las cartas oferta no reflejan un contrato en sentido comercial, por no saber si la otra empresa habría aceptado dicho ofrecimiento, siendo que las respuestas de aceptación de las ofertas fueron debidamente incorporadas a las actuaciones administrativas. Por otro lado, respecto a lo informado por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), en cuanto indica que se registraron 13 vuelos privados nacionales, corresponde señalar que tal registro corresponde únicamente al año 2022, a la vez que el hecho de que la clase de vuelo sea privado tampoco alcanza para considerar que se trataron de vuelos de recreo o deportes. Del mismo modo, la facturación defectuosa o su misma ausencia no prueban, en sí mismo, que no se hayan prestado los servicios para los que fue importado el helicóptero.
En este caso, no puede perderse de vista que la actora declaró el código IMINTX = IMI013 ya que el helicóptero sería afectado a la explotación de servicios aéreos comerciales, lo cual fue debidamente autorizado por la Administración Nacional de Administración Civil (ANAC), quién le extendió el certificado de explotador de trabajo aéreo (CETA). Aquí, debe aclararse que la ANAC regula los usos posibles de los helicópteros -aeronaves de alas rotativas- a través de las diferentes Partes de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), cuerpo normativo técnico operativo dictado en el marco del Código Aeronáutico (Ley 17.285). Bajo este marco, los usos de estas aeronaves son definidos a través de los requisitos operativos exigibles para cada operación, reconociéndose los siguientes: (i) uso privado, cuando se trata de operaciones de aeronaves civiles en general -RAAC Parte 91-; (ii) transporte aéreo comercial no regular (taxi aéreo) - RAAC Parte 135-. Para desarrollar este tipo de actividad es necesario obtener un certificado de explotador de servicios aéreos (CESA); y (iii) trabajos aéreos y operaciones especiales -RAAC Parte 133 y 137-. Para desarrollar estas actividades es necesario obtener un certificado de explotador de trabajo aéreo (CETA). Para obtener el CETA es necesario acreditar que el objeto social de la empresa contempla el trabajo aéreo, capacidad técnica y económica, acompañar toda la documentación relativa a la aeronave, pólizas de seguro y toda la información relativa a la tripulación, con sus licencias y habilitaciones correspondientes.
Lo expuesto me permite considerar que una empresa que obtiene un CETA no se trata, en principio, de un particular que utiliza el helicóptero con fines recreativos y deportivos, toda vez que previo a su emisión la autoridad competente debió verificar y certificar la afectación comercial del bien, mediante actos que gozan de presunción de legitimidad. De tal forma, la afectación real y jurídica al comercio de un bien de capital desnaturaliza el hecho imponible del impuesto interno, el cual busca gravar el consumo suntuario.
A partir de la obtención del CETA se traslada a la Aduana la carga de la prueba de que la aeronave en cuestión ha sido utilizada o concebida en realidad para recreo o deportes, presupuesto exigido por la ley para el pago de los impuestos internos. En consecuencia, si la Aduana consideraba que la importación debía estar alcanzada por los impuestos internos, atento a haber sido concebida para recreo o deportes, debió aportar algún elemento de prueba que permita validar tal postura, que vaya más allá de la mera descalificación de la documentación aportada por la actora.
En tal inteligencia, puede observarse que es la propia Aduana quien luego de determinar que la aeronave no habría sido utilizada para los fines declarados, indica que ha sido utilizado en el territorio nacional, pero desconociendo la finalidad. Así, al no existir en la ley de impuestos internos presunción alguna que permita considerar que en determinada ocasión un helicóptero es concebido para recreo o deportes, corresponde considerar que la importación en análisis se encuentra fuera del objeto del impuesto.
Finalmente, si bien el hecho de que la importación se encuentre fuera del objeto del impuesto resulta suficiente para revocar la imputación infraccional, es preciso añadir que, a pesar de que las presunciones puedan ser suficientes para fundar una determinación impositiva, lo que ya se aclaró no ocurre en autos, lo cierto es que sus consecuencias no pueden extenderse al campo del ilícito tributario sin otros elementos de prueba que permitan acreditar la presencia del elemento subjetivo en su ejecución (Fallos: 312:447). Vale aclarar que nuestro sistema punitivo sanciona conductas, que además deben ser hechos ciertos y objetivos (art. 18 de la CN); no es un derecho penal de autor, que permita incriminar en base a sospechas o presunciones.
V.3. Resuelto lo anterior, resta expedirse sobre el reclamo formulado en concepto de percepciones del impuesto a las ganancias. Al respecto, se recuerda que en virtud del criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas” no corresponde incluir en el cálculo efectuado por el servicio aduanero las percepciones del impuesto a las ganancias, dado que, según dicho precedente, al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
No obstante ello, también es preciso señalar que tal reclamo se funda en la improcedencia, a juicio del servicio aduanero, de declarar al helicóptero importado como un bien de uso. Sobre este punto, no resulta ocioso señalar, de modo general, que la aplicación de percepciones en el IVA y ganancias cuando se trata de importaciones de bienes de cambio tiene un elemental racional económico que finca en que la comercialización -inmediata o mediata- de tales bienes de cambio permite una recuperación financiera del impuesto percibido por la Aduana, en similares términos temporales. Por oposición, cuando se trata de la importación de bienes de uso la carga impositiva de las percepciones no reconoce tal racional -propio de la comercialización-; en consecuencia, las normas liberan a los importadores de tales productos de las percepciones de impuestos Según las normas contables e impositivas los bienes de uso presentan las siguientes características: 1) son tangibles, de carácter físico y no se consumen con el primer uso; 2) existe intención de utilizarlos en el desarrollo de la actividad, es decir, que deben estar afectados al cumplimiento del objeto principal del ente; 3) su permanencia dentro del activo de la empresa debe ser relativamente constante e inmovilizada en general; superior a un año; 4) se lo debe haber adquirido o producido con la intención de ser utilizado dentro de la empresa y no con la intención de su reventa; 5) están incluidos aquellos bienes que aún están siendo utilizados, en construcción, tránsito o montaje; y 6) También son considerados bienes de uso los “anticipos a proveedores” por este tipo de bienes.
Por su parte, los bienes de cambio son aquellos que se destinan directa o indirectamente a la comercialización, considerándose como tales a todos los que se adquieren o desarrollan para su posterior distribución, a los que están en proceso de producción o a aquellos que se consumen para producir los bienes a vender. La clave para determinar este tipo de bienes está dada por la comercialización, tanto los bienes que se comercializan como los que se consumen para producirlos son considerados bienes de cambio.
Los bienes de cambio se distinguen de los bienes de uso en que estos últimos no están involucrados en la comercialización, no se incorporan en el bien final producido, ni se consumen para que este se produzca. En contraste, los bienes de cambio suelen ser el núcleo del negocio y de la actividad comercial e ingresos de una empresa. A su vez, otra distinción fundamental está dada por la permanencia de los bienes de uso dentro del activo de la empresa, por lo que se los llama activos fijos.
Bajo tal marco, resulta por demás claro que el helicóptero importado cumple con las características propias de un bien de uso, toda vez que es un bien tangible, no se consume con su primer uso, es utilizado en el desarrollo de la actividad y afectado al cumplimiento del objeto principal, y fundamentalmente, se lo ha adquirido con la intención de ser utilizados dentro de la empresa y no para su reventa. En oposición, la reventa o comercialización, a la que evidentemente no está destinada la aeronave objeto de litigio, resulta ser la nota característica que deben verificar los bienes de cambio, siendo además el elemento fundamental en el que se basa la aplicación de las percepciones en el IVA y ganancias; solo su posterior comercialización permitirá la recuperación financiera del impuesto percibido por la Aduana.
En consecuencia, toda vez que la Aduana no ha aportado elemento alguno que permita considerar que la aeronave importada se trata en realidad de un bien de cambio, es que corresponde revocar, también sobre este punto, la resolución apelada.
V.4. Atento el modo en que se resuelve resulta inoficioso expedirse respecto del resto de los planteos jurídicos introducidos por la actora.
En consecuencia, VOTO POR:
1. Revocar la resolución RESOL-2025-457-E-ARCA-ADMEND#SDGOAI, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17445-98-2022, en cuanto condena a AIRELUZ S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 965 inc. b) del CA y le reclama el pago de los impuestos internos y las percepciones del impuesto a las ganancias.
2. Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 del CA).
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Comparto la solución propiciada por el Sr. Vocal instructor y adhiero a la revocación de la resolución apelada. Sin embargo, considero oportuno efectuar algunas consideraciones adicionales, pues el caso trasciende largamente la situación particular de la recurrente y obliga a reflexionar acerca de los límites que deben regir el ejercicio de las potestades de control, determinación tributaria y sanción en el ámbito aduanero.
La cuestión sometida a decisión no consiste simplemente en determinar si la documentación aportada por la actora resultó suficiente para acreditar la explotación comercial de la aeronave importada.
Planteada de ese modo, la controversia quedaría reducida a una mera cuestión probatoria.
A mi juicio, el problema es anterior y más profundo.
Lo que corresponde examinar es si la Aduana de Mendoza se encontraba jurídicamente habilitada para construir la consecuencia tributaria y sancionatoria que finalmente adoptó sobre la base de una obligación que nunca fue expresamente incorporada al régimen jurídico aplicable y respecto de una circunstancia cuya existencia jamás llegó a ser comprobada.
La observación no es menor.
Porque el ejercicio legítimo de la potestad sancionadora no comienza con la valoración de la prueba sino con la identificación del deber jurídico cuyo incumplimiento se reprocha.
Como enseñara Mario Alsina al analizar la estructura de las infracciones aduaneras, toda imputación sancionatoria exige la previa determinación de la obligación concreta que integra el supuesto normativo cuya violación se atribuye al administrado. La sanción no puede construirse sobre expectativas, inferencias o comportamientos ideales; requiere la existencia de un deber jurídicamente identificable cuyo incumplimiento pueda ser objetivamente constatado. Y es precisamente allí donde encuentro la principal dificultad de la resolución recurrida.
La aeronave objeto de autos fue sometida a una destinación definitiva de importación para consumo y librada a plaza luego de verificarse el cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen vigente.
No existía una destinación suspensiva.
No existía una comprobación de destino.
No existía obligación periódica alguna de rendir cuentas ante la Aduana respecto de la utilización posterior del bien. No existía un mecanismo normativo de seguimiento.
Y tampoco existía una condición expresa cuyo mantenimiento quedara sometido a verificación ulterior por parte del servicio aduanero.
Sin embargo, años después, la Aduana de Mendoza actuó como si la operación hubiera permanecido sometida a una suerte de condición resolutoria implícita cuya existencia nunca fue incorporada al régimen jurídico aplicable. Dicho de otro modo, la resolución termina sancionando el incumplimiento de una obligación que jamás fue formalmente impuesta.
Ello resulta particularmente problemático desde la perspectiva del principio de legalidad.
Como ha señalado Ricardo Xavier Basaldúa al desarrollar la autonomía del Derecho Aduanero y la necesidad de preservar sus categorías propias, la actuación de la Administración debe desenvolverse dentro de los límites estrictamente establecidos por el ordenamiento jurídico que regula el tráfico internacional de mercaderías.
La legalidad no sólo exige que la sanción se encuentre prevista por la ley. Exige también que el deber jurídico cuyo incumplimiento se reprocha exista efectivamente.
Lo contrario implicaría admitir que la Administración puede construir retrospectivamente obligaciones que nunca integraron la relación jurídica aduanera para luego reprochar su incumplimiento.
A partir de allí aparece la segunda cuestión.
Aun admitiendo —por hipótesis— la validez de la construcción ensayada por la Aduana de Mendoza, subsiste una pregunta cuya respuesta no encuentro en las actuaciones:
¿Qué comprobó efectivamente la autoridad administrativa?
La pregunta resulta decisiva porque, como recuerda Daniel Zolezzi al examinar las figuras vinculadas a declaraciones inexactas, el presupuesto de la reacción sancionadora reside en la diferencia entre lo declarado y lo que resulte de la comprobación, no entre lo declarado y la valoración posterior efectuada por la Administración.
Y la respuesta es evidente.
La Aduana de Mendoza no comprobó que la aeronave hubiera sido utilizada para fines recreativos o deportivos. No comprobó la inexistencia de actividades comerciales.
No comprobó la falsedad de la documentación aportada.
No comprobó que la aeronave hubiera sido afectada a un destino distinto del invocado por la recurrente. Lo que hizo fue considerar insuficiente la prueba producida y, a partir de allí, inferir la configuración del hecho gravado cuya existencia pretendía afirmar.
Pero la insuficiencia de una explicación no constituye prueba del hecho contrario.
Como bien señala Horacio Alais, el núcleo estructural de las infracciones aduaneras exige una divergencia efectivamente comprobada y no una mera reconstrucción presuntiva elaborada por la autoridad administrativa.
La cuestión adquiere una dimensión aún más significativa cuando se advierte que la actividad cuya realidad la Aduana de Mendoza pone en duda se encontraba sometida al control de la Administración Nacional de Aviación Civil. No se trata aquí de afirmar que la existencia de un Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo convierta automáticamente en legítima cualquier actuación posterior del administrado.
La cuestión es otra.
Si la Aduana de Mendoza entendía que la aeronave era utilizada en contradicción con las condiciones que justificaron la autorización emitida por la ANAC, correspondía poner tales antecedentes en conocimiento de la autoridad específicamente competente para verificar esa circunstancia y evaluar las consecuencias regulatorias que eventualmente pudieran derivarse de ella.
Pero ello no ocurrió.
La Administración asumió por sí misma la conclusión de que la afectación comercial declarada no había sido acreditada y, sobre esa sola premisa, edificó una consecuencia tributaria y sancionatoria.
Y allí aparece una inconsistencia adicional.
Porque la propia lógica utilizada por la autoridad administrativa parece conducir a una hipótesis distinta de la finalmente escogida.
Si la finalidad comercial nunca existió y fue invocada únicamente para obtener un tratamiento tributario más favorable, entonces el problema ya no sería el incumplimiento posterior de una condición.
La cuestión se trasladaría al momento mismo de la destinación.
Naturalmente, no corresponde a este Tribunal formular imputaciones que ninguna autoridad competente ha sostenido. Pero sí corresponde señalar que la propia lógica desarrollada por la Aduana de Mendoza resulta difícilmente conciliable con la figura finalmente aplicada.
La Administración oscila entre afirmar que la finalidad declarada nunca existió y sostener que fue posteriormente incumplida.
Y ambas hipótesis responden a presupuestos fácticos incompatibles entre sí.
En definitiva, el problema central del caso no radica únicamente en que la Aduana de Mendoza no logró acreditar el hecho gravado ni la infracción imputada.
Radica, principalmente, en que todo el procedimiento fue construido sobre una cadena de inferencias que terminó sustituyendo la comprobación exigida por la ley. Y ello resulta incompatible con los principios de legalidad, tipicidad, congruencia, proporcionalidad y seguridad jurídica que informan el Derecho sancionador aduanero.
Por tales fundamentos, adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal instructor.
Así lo voto.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la resolución RESOL-2025-457-E-ARCA-ADMEND#SDGOAI, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17445-98-2022, en cuanto condena a AIRELUZ S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 965 inc. b) del CA y le reclama el pago de los impuestos internos y las percepciones del impuesto a las ganancias.
2. Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 del CA).
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.08.04 12:56:44 ART Date: 2026.08.04 13:47:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.04 16:15:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.04 16:16:48 -03:00
Fin de la sentencia