Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 33660-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar desierto el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 3/25 de esta Cámara.
13157/2024 “AIRES DEL SUR SA (TF 33660-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de agosto de 2025.- TAR Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que, mediante sentencia de fs. 62/63, el Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F, resolvió revocar el art. 2 de la resolución 278/2013 (AD USHU) -dictada en las actuaciones SIGEA 12800-11-2012, con costas.
Para decidir de tal modo, comenzó por reseñar las actuaciones administrativas, destacando que éstas se habían iniciado a partir de haberse detectado inconsistencias respecto a la mercadería amparada en la destinación 1206712TR040004J, consistente en compresores y componentes de instalación de compresores. Se había dispuesto así la instrucción de sumario contencioso por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954, apartado 1, inc. c del Código Aduanero (en adelante, CA), imputación por la que finalmente la empresa fue condenada. Por su parte, la firma se allanó a dicha sanción, reconociendo que la diferencia había obedecido a un error material. Empero, respecto al cargo tributario, sostuvo su improcedencia, alegando que los productos se encontraban exentos del pago de tributos por aplicación de la ley 19.640.
En base a tales circunstancias, el Tribunal señaló que la Aduana no había demostrado en la causa ningún fundamento o sustento legal que impidiera la aplicación del especial régimen tributario establecido en la ley 19.640 -norma que, entre otras disposiciones, creó un Area Aduanera Especial (AAE) en el territorio de la Isla Grande de Tierra del Fuego-.
Asimismo, descartó la tesis postulado por el Fisco, según la cual admitir que la comisión de una infracción de este tipo no conllevase la pérdida de los beneficios tributarios otorgados por un régimen especial implicaría una afectación al derecho de igualdad, consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional. Por el contrario, recordó que, conforme ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho de igualdad ante la ley no impide que la legislación contemple distinto tratamiento para diferentes situaciones, siempre que tales diferenciaciones no resulten arbitrarias.
II. Que contra dicho pronunciamiento apeló la demandada a fs. 70 y vta. y expresó agravios a fs. 73/78 vta., los cuales fueron contestados por la actora a fs. 82/85.
III. Que, en el memorial de marras, la accionada alega que la sentencia recurrida realiza un análisis incorrecto de la infracción en trato y la procedencia del reclamo tributario efectuado, resolviendo “…revocar una resolución que cuenta con suficientes argumentos de hecho y derecho para condenar por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A.” (el énfasis corresponde al original).
Seguidamente, dedica el resto de su memorial a demostrar la configuración de los elementos objetivo y subjetivo de la conducta tipificada en la norma infraccional.
Finalmente, esgrime que “[l]a posición de la contraria por la que pretende desligarse de responsabilidad, se torna en una argumentación huérfana de todo fundamento fáctico y legal” y concluye que “[n]o puede legitimarse bajo ningún aspecto que el incumplimiento de las obligaciones quede impune y debe por consiguiente, exigirse el pago de los tributos adeudados por la diferencia detectada”.
IV. Que, ello sentado, corresponde poner de especial relieve que, tanto el recurso presentado ante el Tribunal Fiscal de la Nación como el pronunciamiento de fs. 62/63, versan exclusivamente respecto al cargo por tributos adeudados, formulado en el punto segundo de la parte dispositiva de la resolución 278/2013 13157/2024 “AIRES DEL SUR SA (TF 33660-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
(AD USHU). En efecto, no solamente la parte actora ha expresado reiteradamente que consintió y abonó la multa impuesta en el apartado primero del aludido decisorio aduanero, sino que estas aseveraciones encuentran correlación con lo expresado en el formulario F4 -obrante a fs. 1 de la presente causa- y la constancia agregada a fs. 7.
Por lo tanto la controversia suscitada en este proceso siempre se ha visto limitada a determinar si resulta procedente el reclamo efectuado por tributos adeudados, respecto de mercaderías alcanzadas por la exención establecida en la ley 19.640.
V. Que, a partir de lo expresado, cabe recordar que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio y razonado de la resolución cuestionada y que sea idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho o la inadecuada valoración de las pruebas producidas, ya que el mero hecho de disentir con la interpretación dada en el pronunciamiento apelado, sin suministrar las bases fácticas y jurídicas del distinto punto de vista, no alcanza para sostener un recurso. De tal modo que el mero desacuerdo manifestado por el recurrente y, en definitiva, la omisión de impugnar los fundamentos esenciales de la instancia anterior, sella la suerte de la cuestión materia de apelación (conf. esta Sala, expte. nro. 9008/23, “Imagen e Información SA (TF 93165229-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 1/4/2025 y sus citas.).
En tal sentido, se ha señalado que “no constituyen expresiones de agravios idóneas las afirmaciones genéricas sobre la solución acordada al juicio, omitiéndose precisar el yerro o desacierto en que incurrió el juez en sus argumentos sobre aquella; el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista; la mera disconformidad con la sentencia por considerarla equivocada o injusta o las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia apelada” (conf. Palacio, Enrique Lino, “Derecho Procesal Civil” -Tomo V-, Buenos Aires, Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 2005, pág. 262).
En definitiva, esa crítica concreta y razonada debe ser autosuficiente en relación con el pronunciamiento apelado y debe constituir un estudio de los razonamientos contenidos en aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas (cfr., esta Sala, in rebus: “Santoro, Jorge Alberto Antonio c/ SEGEMAR s/ Empleo Público”, Causa Nº 38.452/17, del 3/2/2022; “Caro, Jorge Enrique y Otros c/ EN- M Defensa – EMGA s/ Proceso de Conocimiento”, Causa N° 7.119/15, del 30/5/2019; “Agencia Marítima Silversea SA (TF 14813-A) c/ DGA”, Causa Nº 160156/02, del 9/8/2011; y en la actual integración, expte. nro. 5462/21 “Mirre Federico c/EN-AFIP-Ley 20628 y otro s/proceso de conocimiento”, del 30/04/2024).
Por último, aun cuando corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios que se corresponda con el derecho de defensa, ello no puede conducir al extremo que implique en los hechos derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe contener la expresión de agravios (art. 265 CPCCN; y esta Sala, causa CAF 39.303/11, “Servicios Buenos Aires SA (TF 33906-I) c/ DGI”, del 07/02/13; causa CAF 31.393/14, “Banbest SA c/ Dirección General Impositiva”, del 21/04/15; causa CAF 32.782/17, “Incidente Nº 1 Ramallo, Gustavo Hipólito y otros c/ En-M Seguridad-PNA s/ Inc. Ejecución de Sentencia”, del 18/02/2020; causa CAF 31.077/11, “Leiva, Néstor Claudio Y Otros c/ EN-M° Defensa-Armada”, del 18/11/2020; y –en su actual 13157/2024 “AIRES DEL SUR SA (TF 33660-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
integración–: “Silva, Carlos Marcelo c/EN-AFIP-Resol 682/20 s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 2341/22 y “Saporiti SA c/DGA s/ Dirección General de Aduanas”, Causa CAF 14654/19, ambas del 21/5/2024; y “Zambito Ruben Hugo y otra (TF 35343-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 39606/23, del 25/6/2024).
VI. Que, sobre la base de tales premisas, corresponde señalar que el contenido de los agravios presentados por la parte recurrente constituye una mera discrepancia con lo resuelto en la sentencia de primera instancia, desde que no rebate el fundamento esencial de esa decisión y, por ende, no satisface debidamente lo requerido por los arts. 265 y 266 del Código Procesal.
Ciertamente, si bien es cierto que en la impugnada resolución 278/13 la Aduana había aclarado, respecto al punto en cuestión, que ponderando “…el carácter excepcional de la exención tributaria ‘sub examine’, se entiende que el ordenamiento normativo no puede sostener un beneficio a quien incumple con los lineamientos del régimen que le brinda” (cfr. fs. 9) y que, al responder el recurso interpuesto por la firma actora ante el Tribunal a quo, agregó que “los beneficios instaurados por la ley 19.640 ameritarían, a la luz d otras normas de la misma especie, una revisión respecto de su situación ante la constatación de un ilícito” (cfr. fs. 31 vta., el subrayado corresponde al original), ninguno de dichos planteos ha sido sostenido ante esta Alzada.
Sin perjuicio de lo indicado, no es ocioso recordar que este Tribunal, al rechazar idéntico planteo, ha expresado que “… no puede dejar de advertirse que lo peticionado por la recurrente no consiste en otra cosa sino en sustituir el criterio adoptado por el legislador, al sancionar la Ley 19.640, por aquel que la entidad aduanera encuentra más conveniente, aduciendo una supuesta laguna en dicha norma, la cual infiere merced a la solución adoptada en otra legislación de similar naturaleza” (cfr. esta Sala, Causa Nº 7.818/15, “Mirgor SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 27/10/2015). En relación a ello, se recordó que no les corresponde a los jueces decidir sobre la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (C.S.J.N., Fallos: 318:785); ni pronunciarse sobre la oportunidad o discreción en el ejercicio de aquéllas (C.S.J.N., Fallos: 224:810), ni imponer su criterio de eficacia económica o social al Congreso de la Nación (C.S.J.N., Fallos: 311:1565).
VII. Que, en punto a las costas correspondientes a esta instancia, no se advierten razones para apartarse del principio objetivo de la derrota sentado en el art. 68 CPCC, por lo que las mismas deben ser impuestas al recurrente, en tanto ha resultado vencido.
En mérito de lo expuesto SE RESUELVE:
declarar desierto el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia