Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución Sumario M/227/03, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en las sumas de $43.183, por la representación procesal, y $66.436 por el patrocinio letrado, teniendo para ello en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, las tareas realizadas, y demás pautas establecidas por los arts. 7, 9 19,37 y 38 la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, y por la ley 27.423 vigente respecto de montos mínimos. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-31824423-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 27 de Marzo de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 23.235-I caratulado “Airsys S.A. s/ recurso de apelación”. La Dra. O’Donnell dijo:
I. Airsys S.A. interpone el recurso de apelación que establece el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución dictada en el Sumario M/227/03 en la División Jurídica de la Dirección Regional Norte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se le aplicó una multa de $125.773,63, imputándole haber presentado las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado sin declarar débitos y créditos fiscales (en cero) a pesar de haber constatado el desarrollo actividad comercial, por los períodos fiscales 2/98, 3/98 a 10/99, 12/99 a 12/01, 4/02 a 7/02, 9/02 a 11/02. Ello, con sustento en el art. 46 y presumiendo el dolo en su conducta por aplicación del art. 47, inc. a), de la misma ley (t.o. en 1998).
II. En su presentación ante esta instancia, Airsys S.A. expresa que la instrucción del Sumario fue motivada por la diferencia existente entre las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado originalmente presentadas con saldo cero y los datos registrados en los libros IVA Compras, IVA Ventas, que fueran exhibidos a los inspectores. Aclara que a instancias de la Inspección en curso, rectificó dichas declaraciones.
A continuación trascribe el descargo efectuado al momento de ejercer su derecho de defensa en los términos del art. 71, ley 11.683. Allí se dijo que Airsys S.A. es una sociedad familiar constituida por el matrimonio del Sr. Oscar Ricardo Suarez y la Sra. Alicia Rosario Ferlauto -quien se presenta ante este Tribunal como apoderada de la empresa- dedicada a la elaboración e instalación de productos para sistemas de acondicionamiento de aire.
También, se hace especial hincapié en que, fallecido el Sr. Suarez, la Sra. Ferlauto, por no contar con conocimientos suficientes y por quedar a cargo de su familia, que en ese momento la componía 4 menores de edad, delegó las tareas contables y fiscales de la sociedad en el contador José María Saborida. Se agrega que la evolución de los negocios fue negativa y que la crisis vivida en el país en el 2001 no hizo más que empeorarla. Tal es así, que tuvo complicaciones para cobrar deudas y prueba de ello son las presentaciones que debió realizar en los procesos concursales de sus deudores. Se reconoce allí también que la Sra. Ferlauto no desconocía la existencia de deudas fiscales por el impuesto al valor agregado pero —se asegura— desconocía “los aspectos formales de la relación con el Fisco Nacional” y que puso a disposición de la Inspección toda la documentación contable de la empresa. Dice que declaraba puntualmente todas las operaciones realizadas pero que “simplemente, se omitía el pago del I.V.A. por carecerse de los recursos para hacerlo efectivo”.
Surge también que la Sra. Ferlauto desconoció las declaraciones juradas originales presentadas y le atribuyó su falsedad al contador Saborida, a quien hizo responsable de los incumplimientos fiscales de Airsys S.A. y de retener los libros societarios (que previamente la inspección fiscal había compulsado en su estudio contable) lo que la llevó a efectuar una denuncia penal en su contra. Todo ello, afirma, demostraría la falta de dolo en el obrar de la Sra. Ferlauto. Ante este Tribunal, se agravia de que todo lo antedicho no se haya considerado, además de que se le haya negado la posibilidad de producir las pruebas ofrecidas. Por ello, es que invoca la inexistencia del elemento subjetivo que configura, en parte, a la sanción prevista en el art. 46 e insiste en la responsabilidad que le cabe a su asesor contable, aun cuando - aunque erradamente- se considere que su encuadre sea en las figuras de dependiente, factor, agente u otras similares, por quien Airsys S.A., entonces, deba responder.
Ofrece prueba informativa para que se indique si en los concursos de dos de sus clientes fueron verificados créditos a su favor y al Juzgado de Instrucción para que se remita la causa penal mencionada, también pericial contable, testimonial, documental, pericial caligráfica, scopométrica y química. Por último, solicita se deje sin efecto la sanción, con costas.
III. A su turno, el Fisco Nacional, por las mismas razones esgrimidas en el acto apelado, solicita que se lo confirme, con costas.
IV. El expediente se abre a prueba y se hace lugar a la informativa al Juzgado de Instrucción N° 29, en el cual tramitara la causa “Saborida, José María s/ Defraudación” (Expte. N°69509/03), a la testimonial y a la pericial caligráfica, scopométrica y química, se rechaza la informativa y se tiene por desistida de la pericial contable.
Se produjeron los testimonios de los Sres. Cavallero (fs. 108), Nava (fs. 116), Rocchi (fs. 117), Molteni (fs. 122), Moran (fs. 123) y a fs. 147 consta la recepción de la causa penal.
V. A fs. 213 se le requirió a las partes para que informen y en su caso acrediten, el cumplimiento de la obligación principal que diera origen a la multa apelada.
A fs. 214 el Fisco Nacional informa que las obligaciones referidas al impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 5/99 a 9/99 fueron acogidas a los beneficios establecidos por el Decreto 93/00, aunque el plan caducó ante la falta de pago de las cuotas adheridas.
Asimismo, informó que no se verificaron pagos, ni compensaciones ni acogimientos a otros planes de pagos por los restantes períodos fiscales y que el 25 de octubre de 2006 se decretó la quiebra de Airsys S.A.
La recurrente a fs. 215 aclaró que la quiebra de Airsys S.A. fue solicitada por el Fisco Nacional, precisamente, según dice, por la deuda objeto de estas actuaciones y que la deuda que motivara la aplicación de la sanción, a ese momento, se hallaba impaga. Agrega que sus bienes fueron objeto de regular liquidación.
A fs. 235 se presenta el Síndico designado para intervenir tanto en el Concurso Preventivo como en la posterior Quiebra de Airsys S.A. y puso en conocimiento que el 28 de noviembre de 2008 se clausuró la quiebra por distribución final, de acuerdo con el art. 230 de la ley 24.522 y se dispuso su archivo.
A fs. 258 se clausura el período probatorio. A fs. 261/262 presentó su alegato la representación fiscal, no habiendo la recurrente hecho uso de ese derecho.
Como medida para mejor proveer, a fs. 263 se les requiere a las partes para que informen sobre el estado de la deuda principal sobre lo que el Fisco Nacional contesta que los montos adeudados en las declaraciones juradas rectificativas fueron insinuados y verificados (arts. 32 y 36 de la LCQ) en el proceso concursal devenido en quiebra de Airsys S.A. más no informa sobre su regularización ni cancelación, ni ello surge de otras piezas del Expediente.
A fs. 290, en virtud del régimen sancionado por la ley 27.743, se requiere al Fisco Nacional para informe si la obligación fue cobrada en el marco del proceso de quiebra, el que informa a fs. 299/300 que no se registran pagos respecto de la referida deuda.
A fs. 284 se cita a Airsys S.A. para que tome intervención bajo apercibimiento de declararla en rebeldía y a fs. 287, el 2 de agosto de 2024, se hace efectiva la misma, notificándose la decisión en el domicilio denunciado.
A continuación, se ponen los autos a consideración de los Vocales de esta Sala y a fs. 301 quedan en estado de dictar sentencia.
VI. Corresponde entonces resolver sobre la legitimidad de la multa aplicada en la Resolución, para lo cual debe examinarse si se configuran los presupuestos que la ley dispone, en el caso en el art. 46, que es la figura en la que ha sido encuadrada la conducta de Airsys S.A., al haber presentado sus declaraciones juradas originales en cero y que fueran luego rectificadas a instancias del inicio de la fiscalización.
Con relación al elemento objetivo que la compone, no caben dudas que se encuentra configurado a partir del incumplimiento por parte de Airsys S.A. de ingresar el tributo en forma oportuna, quien, además, lo reconoce en su presentación ante este Tribunal alegando que estaba informada por su contador de la existencia de la deuda, pero que no tenía los recursos para hacerlo.
Respecto al elemento subjetivo, el juez administrativo se valió de la presunción de dolo que contempla el inc. a) del art. 47 de la misma ley, al considerar que mediaba una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surgían de las declaraciones juradas originales presentadas todas ellas con saldos en cero. Y, frente a ello, es que la recurrente debía proponer y ofrecer pruebas en contrario de su culpabilidad, lo que así hizo y corresponde analizar a continuación.
Su defensa se resume en el modo al que accede a la conducción de la empresa, la falta de experiencia para hacerlo que poseía a dicho momento y, como consecuencia de ello, la confianza depositada en el asesor contable que eligiera para llevar los asuntos contables y fiscales de la empresa luego de la muerte de su esposo que, según afirma, era quien gerenciaba y administraba la empresa.
Así, en esta instancia se ofrecieron como prueba los testimonios de cinco personas que manifestaron conocer a la empresa y a la Sra. Ferlauto y coincidieron en que aquélla era docente y que no poseía conocimientos suficientes a los fines de asumir la dirección de Airsys S.A. y que debió hacerlo por el fallecimiento de su esposo. Dicen que, menos aún, contaba con experiencia en materia contable y fiscal (fs. 108/124).
Consta que su oficio antes de ello, era de docente (v. fs. 108) e incluso que al ser sus hijos menores de edad a la época en la que comienza a dirigir la empresa familiar “fue un caso de fuerza mayor” y “para continuar con la fuente de ingresos de la familia” (v. fs. 116 y 124). También que no era experta en el tema y “que solo tenía la voluntad de sacar la empresa familiar adelante” (v. fs. 122). También, surge en común de los testimonios ofrecidos, la contratación de un profesional y la confianza depositada en él de todo “el manejo contable de la empresa” (v. fs. 122 vta.).
Ahora bien, el ajuste que se propusiera a Airsys S.A. durante la fiscalización fue advertido al comparar los libros contables IVA Compras e IVA Ventas que la empresa puso a disposición del Fisco Nacional, sobre los cuales no formuló más observaciones que la existencia de operaciones por las cuales correspondían tributar y, como consecuencia de ello, en ese momento se presentaron las declaraciones juradas rectificativas.
A ello se suma que, se le requirió al Fisco Nacional a que aportara las declaraciones juradas originales a fin de producir la pericia caligráfica ofrecida por la recurrente a fin de acreditar la falsedad que sobre ellas invocara en su presentación. Pero éste cumplió parcialmente dicho requerimiento y aportó algunas de dichas declaraciones que constan agregadas a fs. 173/180. Debe decirse que en ellas se observan distintas firmas, sin aclaración, y justificadas como “Autorizado” o “Encargado”, lo que si bien no acredita per se la falsedad invocada, tampoco habilitan sin más a presumir el dolo en la conducta de la recurrente.
Resta decir que la causa penal también ofrecida como prueba, fue iniciada contra quien fuera el contador de la empresa en los períodos fiscalizados ante la supuesta retención indebida de los libros societarios de la empresa (Libro de actas de directorios, de actas de asamblea, Diario General, de Inventarios y Balances y de Sueldos y Jornales), hecho que si bien no se relaciona con esta actuaciones, demuestra por lo menos el conflicto presente y la situación de desorden comercial que transitaba la empresa. Por lo demás, surge que concluyó con el sobreseimiento del profesional por falta de mérito. Cabe recordar, entonces, el criterio que en esta materia pusiera de manifiesto la Cámara que ejerce de Alzada de este Tribunal al fallar in re "Desartex S.A.", sentencia del 18/7/2019 oportunidad en la que expresó que “… la figura de la defraudación -tipificada en el artículo 46 de la Ley N° 11.683- requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Ello, en la medida en que no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error en la víctima de defraudación (in rebus "Carlos Romero Hijos y Cía. S.Á. ", del 02/05/05; y "Sacks, Santiago (TV 20.669-1) c/ DGI", del 15/09/10).
De la misma manera, dijo la Cámara que “Esto es así, en tanto la figura descripta por el art. 46 de la L.P.T. exige al ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también demostrar el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos (cfr. esta Sala, in re, “Frigorífico 101 La Estrella S.A. c/D.G.I.”, del 29/06/2017).” conf. sentencia en “Intercafé SA” del 19/5/2020. Y que, “… para que la figura dolosa de la defraudación fiscal del artículo 46 resulte procedente, debe verificarse la realización del tipo objetivo, la inexistencia de causales de justificación, que el sujeto sea imputable y que se compruebe en forma directa la presencia del dolo en su accionar. Para la aplicación de dicha figura se debe contar con el sustento de otros elementos que acrediten la existencia de una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del Fisco, ya que no resultan suficientes los mismos que han sido tenidos en cuenta a efectos de determinar el impuesto omitido (…) No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (…).”conf. sentencia en “Auxiliarte 24 hs. S.A”, del 5/02/2019.
En el caso, de los elementos de prueba obrantes en este Expediente se desprende que dicho ardid o artificio no surge debidamente acreditado en la conducta de Airsys S.A., ya que no permiten afirmar con la fuerza que exige la figura defraudatoria del art. 46 de la ley 11.683 la maniobra intencionalmente cometida por la empresa al declarar en cero sus obligaciones fiscales, máxime cuando a la misma vez sus registraciones eran correctas. Por ello, corresponde en este caso, revocar la Resolución recurrida, con costas.
El Dr. Martín dijo:
I. Que comparto el relato de los hechos efectuado en el voto de la Vocal Instructora, pero disiento con la solución adoptada en el mismo.
II. Que en autos se aplicó a la recurrente una sanción encuadrada en los términos de los arts. 46 y 47 inc. a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 2/98, 3/98 a 10/99, 12/99 a 12/01, 4/02 a 7/02, 9/02 a 11/02 con sustento en la presentación en cero de las declaraciones juradas no obstante haberse corroborado de su propia contabilidad el desarrollo de actividad comercial, dejando de ingresar el gravamen en su justa medida al omitir declarar los débitos fiscales correspondientes.
III. Que el artículo 46 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.), vigente a los hechos, disponía que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, perjudicare al Fisco, con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”. A su turno, el artículo 47 establecía, en su parte pertinente “…Que se presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando:… a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11.”
Que no se encuentra en discusión que el ajuste fiscal fue conformado con la consiguiente presentación de las declaraciones juradas rectificativas a instancia de la inspección, por lo que de esta manera se configura el aspecto objetivo de la infracción imputada al quedar en evidencia que las anteriores declaraciones no se ajustaban a la realidad. Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que en el caso bajo análisis el ente fiscal aplicó la presunción prevista en el inc. a) del art. 47 de la ley de procedimiento fiscal, sin que ante esta instancia se hayan aportado elementos probatorios que permitan contradecir la tesis fiscal, ya que las manifestaciones esgrimidas en su defensa se limitan a sostener que no hubo intención dolosa de su parte, y si bien se ordenó la producción de la prueba ofrecida los elementos reunidos devienen insuficientes para sustentar sus dichos.
IV. Que, en virtud de las circunstancias expuestas, corresponde confirmar la multa apelada, con costas. La Dra. Gómez dijo:
I. Que corresponde referirse a la procedencia de la multa aplicada en autos.
Que respecto al art. 46 de la ley de rito, la Sala IV de la Alzada in re “MG Promociones SRL” (sentencia del 9/09/2014) ha dicho que “... la configuración del ilícito tipificado en el art. 46 de la ley 11.83 requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de los siguientes tres elementos: a- la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b- un error de la víctima del ilícito; y c- la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito.”
“De manera tal que la figura tipificada en el art. 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco”.
“Ese elemento intencional se debe exteriorizar en una acción antijurídica por comisión o por omisión y necesariamente se debe acompañar con un elemento material que se traduce en engaño”.
Del acto apelado surge que en la declaración primitiva del Impuesto al valor agregado de los períodos 2/1998, 3/1998 a 10/1999, 12/1999 a 12/2001, 4/2002 a 7/2002, 9/2002 a 11/2002 , consignando monto “cero”, rectificando posteriormente ello a instancias de la fiscalización y declarando gravamen a ingresar.
Al respecto, cabe señalar que tal declaración inicial era inexacta, en virtud de que en ella no se reflejaba la situación económica real del contribuyente con relación al impuesto referido y, por otra parte, es del caso aclarar que las infracciones de esta naturaleza el dolo consiste en el ánimo o la intención deliberada de no pagar el impuesto, o de pagarlo en una medida menor que la debida.
Que el artículo 47 establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. esta Cámara, Sala V, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”). En el caso concreto se invocan los incisos a) y b) de ese artículo: “a) medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11 b”.
Sin perjuicio de ello, estimo pertinente traer a colación lo expuesto por la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al resolver la causa “Italiano, Antonio Alberto”, con fecha 12/02/2008, donde (voto del Dr. Alemany) se expuso que “En el precedente "Mazza, Generoso" la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314” (…) “ En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados” para luego agregar que no existe una prohibición absoluta de aplicar las presunciones de dolo previstas en el citado artículo 47, en la medida en que éstas resulten intrínsecamente razonables, y se encuentren acreditados los hechos que determinan su aplicación, remarcando que la intención defraudatoria -indemostrable en cuanto estado psicológico condicionante de la voluntad del sujeto- "sólo puede evidenciarse mediante datos objetivos o manifestaciones externas que la pongan de manifiesto, que resultan ser aquellas a las que la ley atribuye ese significado..." (cfr.
Sala V de la Alzada in re "Las Pirguas SRL” sentencias del 31 de agosto de 2007 y en igual sentido la Sala IV in re "Yuviet SA c/Dirección Gral. Impositiva" sentencia del 9 de junio de 2005). Sentado ello, la conducta endilgada a la aquí recurrente comprensiva del elemento intencional puede considerarse probada en autos si se atiende a que la actora presentó sus declaraciones juradas primitivas en cero, no resultando atendible su alegación respecto de que no tuvo intención de defraudar, puesto que de no haber sido fiscalizado, probablemente jamás las hubiera rectificado, por lo que no se puede considerar que su obrar haya sido espontáneo. En efecto, la imputación se ajusta claramente a lo previsto en el art. 46 de la ley 11.683 (cfr.
Sala IV de la CNACAF, “Di Iorio, Salvador Pablo c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 28 de marzo de 2019).
Por lo expuesto, corresponde confirmar la multa aplicada con costas.
En atención al resultado de la votación que antecede, por mayoría
SE
1. Confirmar la Resolución Sumario M/227/03, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en las sumas de $43.183, por la representación procesal, y $66.436 por el patrocinio letrado, teniendo para ello en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, las tareas realizadas, y demás pautas establecidas por los arts. 7, 9 19,37 y 38 la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, y por la ley 27.423 vigente respecto de montos mínimos. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese.
Date: 2025.03.26 13:45:46 -03:00 Date: 2025.03.27 08:41:49 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.27 11:07:06 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.27 11:07:07 -03:00
Fin de la sentencia