Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar las resoluciones apeladas en todas sus partes. Con costas.-
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-103005319-APN-TFN#MEC CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 26 de Octubre de 2021 En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 34.070-I, caratulado “AKEEN SA s/apelación” y su acumulado Nro. 36.106-I de igual carátula. La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 548/567 y fs. 1602/1618 se interponen sendos recursos de apelación contra las resoluciones suscriptas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI, de fechas 9 de agosto de 2010 y 23 de marzo de 2012, respectivamente. Por medio de dichos actos, Resoluciones 83/2010 y 82/2010 , se determinó de oficio la obligación tributaria de la recurrente frente a los impuestos a las ganancias (períodos fiscales 2006 y 2007) y al valor agregado (períodos fiscales 02/06 a 07/08), respectivamente. En ambos casos se liquidan intereses resarcitorios.
Asimismo, a través de las Resoluciones N° 373/12 y 374/12, se aplican sendas multas a la contribuyente en relación con los impuestos a las ganancias períodos fiscales 2006 y 2007 y al valor agregado relativo a los períodos fiscales 02/06 a 07/08, en los términos del artículo 45 de la ley 11.683. En primer lugar, la recurrente efectúa una descripción de la tarea desarrollada por los inspectores en sede administrativa que diera lugar al dictado de las resoluciones apeladas. Señala que la fiscalización observó una serie de pagos efectuados en efectivo por montos superiores a $ 1000, realizó un relevamiento de las facturas respectivas, para posteriormente impugnar los créditos fiscales derivados de las facturas de proveedores que superaban dicho importe, así como también impugnó las compras y gastos efectivizados mediante dicho medio de pago como costo.
Afirma que ambas impugnaciones se fundaron exclusivamente en el incumplimiento de las disposiciones de la ley antievasión, más en modo alguno se cuestionó la existencia y veracidad de dichas operaciones.
Puntualiza que la propia AFIP-DGI mediante formularios N° 8520 denominados “Detalles de Compras pagados en efectivo según Libro Compras” adjuntó el nombre del proveedor, número de comprobante, fechas de pago de las mismas y el impuesto ingresado, reconociendo la realización de las operaciones.
Con relación al ajuste efectuado en el impuesto al valor agregado se listaron las retenciones obrantes en las bases de datos de la AFIP-DGI, de lo que se colige que al momento del pago de dichas compras se efectuaron las retenciones de IVA correspondientes.
Enfatiza que dicha situación reafirma que las operaciones impugnadas corresponden a gastos que efectivamente se hicieron para mantener, conservar y obtener la ganancia gravada en los términos de la ley de impuesto a las ganancias.
En otro orden de ideas señala que la finalidad perseguida por la ley 25.345 denominada “ley antievasión” ha sido la de otorgar transparencia a las operaciones comerciales realizadas por los contribuyentes y responsables, de modo de habilitar el seguimiento de los pagos efectuados y la consecuente identificación de los destinatarios de éstos.
Entiende que no puede advertirse a plena vista que la finalidad de la norma en el caso de autos no se ha vulnerada, toda vez que como surge de los antecedentes administrativos, la contribuyente colaboró ampliamente con la inspección, las operaciones se encontraban asentadas en los libros contables, se suministró información fehaciente sobre las facturas y recibos entregados y se pudo circularizar a los proveedores quienes confirmaron su existencia y validez de las operaciones cuestionadas.
Seguidamente plantea la inconstitucionalidad de la ley 25.345 por cuanto la norma en análisis al impedir el cómputo del crédito fiscal y la deducción del costo que representan dichas operaciones aun cuando se prueba la veracidad de las mismas, impone una presunción iure et de iure que opera como una sanción indirecta y encubierta al contribuyente. La ley asume, dice, sin posibilidad de defensa alguna, que las compras efectuadas en efectivo resultan inexistentes, situación que se opone a lo previsto en el artículo 80 de la ley de impuesto a las ganancias y en el artículo 12 de la ley de IVA.
Mediante la utilización de la herramienta prevista por el artículo 2 de la ley antievasión, el Estado Nacional exige un pago que carece de sustento, ya que no se desprende ni de la capacidad contributiva del contribuyente, ni de la obligación tributaria fijada por la ley, lo que conlleva un enriquecimiento sin causa equiparable a una confiscación de bienes, prohibida por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Subsidiariamente plantea la nulidad de las resoluciones apeladas por no contar con el dictamen jurídico previo exigido por el artículo 7 de la ley de procedimiento administrativo. En lo que respecta a las sanciones aplicadas, entiende que no se ha acreditado la materialidad del hecho, toda vez que las determinaciones de oficio respecto a los impuestos y períodos por los que se aplica multa fueron apelados ante este Tribunal y este último no se ha expedido sobre la exactitud o inexactitud de las declaraciones juradas oportunamente presentadas por la contribuyente.
Seguidamente señala que la interpretación del artículo 2° de la ley 25.345 a la luz del artículo 34 de la ley de procedimiento tributario ha generado posiciones doctrinarias y juridisprudenciales diversas, muchas de ellas a favor de la posición que plantea la empresa.
Agrega que las diversas posturas existentes configuran un error excusable, toda vez que el contribuyente ha obrado conforme al derecho que lo ampara y en consonancia con el criterio de la realidad económica que pregona la ley procedimental.
Cita jurisprudencia, ofrece prueba documental, informativa y pericial contable, peticiona solicita que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas al Fisco Nacional y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 580/587vta. y 1632/1638 la representación fiscal contesta el traslado de los recursos, solicita, por los argumentos de hecho y derecho que expone, se confirmen los actos apelados.
III. Que a fs. 201/203vta. se resuelve rechazar las excepciones de incompetencia y nulidad formuladas por el ente fiscal y por la actora en el Expediente N° 34.070-I.
A fs. 1644 se resuelve acumular el expediente Nº 36.106-I al que lleva el Nº 34.070-I.
A fs. 1726 se clausura el período probatorio, se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y se ponen los autos para alegar, habiendo hecho uso del derecho acordado a fs. 1738/1739vta el Fisco Nacional, no habiendo hecho uso de su derecho la actora. Finalmente, a fs. 1742 se pasaron los autos a sentencia IV.- Que debe examinarse entones la procedencia del ajuste efectuado por el organismo recaudador, originado en la impugnación de operaciones con determinados proveedores que el recurrente habría abonado en infracción a lo dispuesto por los artículo 1° y 2° de la ley 25.345, comúnmente denominada “ley antievasión”.
Al respecto, del informe de inspección agregado a fs.407/413 del Cuerpo N° 3 de Impuesto al Valor Agregado, surge que durante el transcurso de la fiscalización, los inspectores procedieron a verificar los importes más significativos incluidos por la firma en el Subsidiario IVA Compras período 01/06 a 07/08 con el respectivo respaldo documental, resultando sin observaciones.
Asimismo, el personal fiscalizador recabó información respecto de los medios de pago utilizados para cancelar las facturas superiores a $ 1000 y las cancelaciones en efectivo. Sobre el particular, la contribuyente informó que los pagos a proveedores se realizan en efectivo ya que la firma carece de cuentas bancarias a su nombre.
Por otra parte el ente fiscal circularizó a ciertos proveedores, los que -en su mayoríarespondieron que habían realizado operaciones con la fiscalizada, quien canceló las operaciones en efectivo (Frigovac S.R.L., HMG S.A., Areco Consignaciones S.R.L. y Aves del Talar S.R.L.)
Con los datos aportados se procedió a confeccionar un listado donde se detallaron cada una de las facturas que corresponde impugnar por la utilización de medios de pago no autorizados, procediéndose en consecuencia a impugnar la deducción en el impuesto a las ganancias y el crédito fiscal en el IVA, de conformidad con lo dispuesto en la ley 25.345 (vide. planilla Anexa “Detalle de Compras Pagadas en Efectivo Según Libro IVA Compras” obrante a fs. 351/361del cuerpo antes mencionado obrante en los antecedentes administrativos).
V. Que una vez reseñado los antecedentes fácticos que originaron la controversia que este Tribunal se encuentra llamado a resolver, y en particular, respecto de la aplicación de la ley 25.345, la suscripta ha tenido la oportunidad de expedirse sobre el tema en la causa “Otero, Norberto Fabián” de fecha 28/06/19 en donde se sostuvo que “… corresponde recordar que con fecha 19 de marzo de 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en autos "Mera, Miguel Ángel c/ DGI", declarando la inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 25.345.
En este sentido, dijo: "...cabe recordar que esta Corte ha establecido que las presunciones "requieren un uso inteligente, concreto y racional" y que su utilización debe limitarse "a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifique" (conf. "Hermitage", Fallos: 333:993, considerando 12). Asimismo hizo notar en el citado precedente -para declarar la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta en un caso en el que se había demostrado que el contribuyente no había obtenido ganancia alguna en el período examinado- que el legislador no había dado "fundadas razones para impedir la prueba de que, en un caso concreto, no se ha obtenido la ganancia presumida por la ley" (considerando 14), y concluyó en que "el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura, no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso" (considerando 16).
"15) Que ese mismo orden de consideraciones lleva a coincidir con el a quo en cuanto a la inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 25.345, máxime cuando en el caso en examen la norma impugnada prohíbe lisa y llanamente el cómputo de las operaciones cuyos pagos hayan sido efectuados por medios distintos de los mencionados en ese ordenamiento, lo que equivale a establecer una ficción legal que pretende desconocer o privar de efectos a operaciones relevantes para la correcta determinación de la base imponible y cuya existencia y veracidad ha sido fehacientemente comprobada.
"16) Que, por otra parte, es indudable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas -y que constituyen gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y créditos fiscales en el IVA- por motivos estrictamente formales importa prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez (confr. Fallos: 312:2467; 314:1293, considerando 4°, y sus citas); de manera que también, desde esta perspectiva, se concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada…”.
VI. Que, bajo esas pautas, cabe destacar que tanto de los antecedentes administrativos de la causa –informe final de inspección obrante a fs. 407/413 Cuerpo N° 3 del Impuesto al Valor Agregado- como de las propias resoluciones apeladas, se desprende que el Fisco Nacional en ningún momento ha formulado objeción alguna que ponga en duda las operaciones concertadas con los proveedores en cuestión, sino que basó la impugnación únicamente en el incumplimiento de las disposiciones previstas en el art. 2° de la ley 25.345, circunstancia que a la luz del análisis expuesto ut-supra y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia citada, resulta inhábil para sustentar la impugnación efectuada.
Por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los restantes agravios de la recurrente.
En virtud de lo expuesto, corresponde revocar las Resoluciones N° 82/10 y 83/10 en cuanto determinan los impuestos a las ganancias y al valor agregado por los períodos 2006 y 2007 y 02/06 a 07/08, respectivamente, con más los intereses resarcitorios. Con costas.
VII. Que a idéntica conclusión cabe arribar con respecto a las resoluciones N°373/12 y N° 374/12, que aplicaron sendas sanciones, en atención al resultado al que se arriba en los Considerandos precedentes sobre el ajuste principal que originara las multas aplicadas. Con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.-
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar las resoluciones apeladas en todas sus partes. Con costas.-
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el art. 59 del RPTFN por encontrarse en uso de licencia el vocal de la 3era Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2021.10.26 16:58:17 -03:00 Date: 2021.10.26 19:08:36 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.10.26 19:08:37 -03:00
Fin de la sentencia