Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 39.461-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la Resolución n° 5722/18 recaída en las actuaciones administrativas n° 12197-56-2011.
2Costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-130607794-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 2 de Diciembre de 2022 GENERAL DE ADUANAS s/ APELACIÓN”, expediente n.° 39.461-A;
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, el Dr. Christian M. González Palazzo (Vocal Titular de la Vocalía de la 17a Nominación) y la Dra. Cora M. Musso (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación), a fin de resolver en los autos caratulados “AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ APELACIÓN”, expediente n.° 39.461-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I.— Que, a fs. 136/149 vta. se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución n.º 5722/2018 (DE PRLA), recaída en el expediente administrativo SIGEA n.º 12197-56-2011, por la que se le formuló un cargo en concepto de tributos adeudados y se dispuso archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General n.° 9/17 (D.G.A.), ello en relación a la Destinación 08 001 IT14 009590 N. Se refiere a los antecedentes del sumario contencioso, plantea la nulidad de la resolución, que el servicio aduanero no le notificó la corrida de vista y con ello afectó su derecho de defensa. Sostiene que la mercadería importada temporariamente se regularizó en tiempo y forma. Realiza consideraciones respecto de la exigencia tributaria y de la tasa de interés resarcitorio en dólares. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II.— Que, a fs. 159/167 vta., se presenta la representación fiscal, contesta el traslado que le fue conferido y ofrece las actuaciones administrativas correspondientes a la causa las cuales acompaña a fs. 167 vta. Formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la contraria. Se refiere a los hechos y antecedentes de la causa. Realiza consideraciones respecto de los planteos de la contraria referidos a la nulidad de la resolución, sobre el cumplimiento de la destinación temporaria y la ilegalidad de la tasa de interés en dólares. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III.— Que, a fs. 173, en fecha 19/12/2018 se abrió a prueba la causa y a fs. 272 se certifica por Secretaría de Vocalía que la misma obra producida a fs. 181/215 y 234/252. A fs. 273, se declara clausurado el período probatorio. A fs. 277, se elevan los autos a la Sala “F” y, a fs. 278 se ponen para alegar. A fs. 283/283 vta., se agrega el alegato de la demandada y, 285/287 vta., el de la actora. A fs. 290, los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV.— Que, de la compulsa del expediente administrativo SIGEA n.° 12197-56-2011, surge que el mismo inicia con la citación a la importadora para que se presente y acompañe todas las constancias que acrediten la reexportación de la destinación objeto de autos en fecha 20/08/2010. A fs. 2, se presenta por apoderado la firma AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. —anteriormente denominada S.A. ALBA Fábrica de Pinturas, Esmaltes y Barnices— y, en cumplimiento de lo ordenado, acompaña la totalidad de la documentación.
A fs. 7 obra el acta de denuncia labrada por la presunta transgresión al régimen de destinación suspensiva de conformidad con el art. 970 del C.A.. respecto de la Destinación 08 001 IT14 009590 N.
Que, a fs. 8, se realiza la pertinente liquidación de tributos y multa, y a fs. 13 se dispone la instrucción de sumario en fecha 12/06/2011 en los términos del art. 1090 inc. c del citado cuerpo normativo.
Que, a fs. 19, se informa la no existencia de antecedentes registrados computables a la importadora en los términos de la I.G. n.° 9/17 (D.G.A.).
A fs. 20 se dicta la Resolución n.° 5722/2018, conforme la cual se dispone archivar las actuaciones en los términos de la I.G. n.° 9/17 (DGA), formular cargo a la firma del epígrafe y a la aseguradora en concepto de tributos adeudados y dejar constancia del antecedente en el Registro de Causas Archivadas.
V.— Que, sentado lo precedente, corresponde a este Tribunal resolver el planteo de nulidad incoado por la actora en su presentación liminar.
Que, tal como fue expuesto precedentemente, las actuaciones inician con la citación de la importadora para que acompañe las constancias que acrediten la reexportación de la destinación de importación temporaria. Que la firma da cumplimiento e informa la cancelación de la destinación acompañando el listado de operaciones y el correspondiente C.T.C. Como consecuencia de dicha presentación, el servicio aduanero decide formular el acta de denuncia N° 35/2011 en fecha 04/01/2011 por la presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero y, posteriormente, realiza la liquidación de tributos y de la multa.
En fecha 21/08/2018, el DE PRLA dicta la resolución definitiva apelada en autos, por la cual se dispone archivar las actuaciones iniciadas por presunta comisión de la infracción al art. 970 del C.A., formular cargo en concepto de tributos aduedados a la firma importadora y su garante e ingresar el antecedente en el registro de sumarios.
Para poder comprender la decisión adoptada por la Administración y analizar, consecuentemente, si la misma es ajustada a derecho, considero necesario examinar cada uno de los puntos decididos.
Que, en el artículo 1 del resolutorio se decidió “archivar sin más trámite las presentes actuaciones en los términos de la Instrucción General n.° 9/17 (D.G.A.)”. La citada instrucción tuvo su origen en la I.G. n.° 01/98, reformulada por la I.G. n.° 02/07. Las mismas tuvieron como finalidad evitar el dispendio innecesario de recursos materiales y humanos de la Administración, disponiendo en ese sentido el archivo de las actuaciones que importen la posible aplicación de las sanciones previstas para las infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornaban antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro. Para ello, la Administración determinó los casos alcanzados por la I.G. n.° 9/17, dentro de los cuales se encontraban las denuncias por la transgresión al art. 970 del C.A., cuya comisión es cuestionada en autos, y estableció que el presunto infractor no debía tener antecedentes de casos archivados durante los últimos 12 meses anteriores a la supuesta infracción. A su vez, se fijó el monto en concepto de multa mínima, el cual no debía ser alcanzado para poder resultar aplicables los términos de la instrucción. Este monto fue actualizado posteriormente por la Administración mediante el dictado de sucesivas instrucciones, llegando a fijar la suma de $30.000,00 en tal concepto (I.G. n.° 9/17).
Por otra parte, en el artículo 3 de la resolución apelada el servicio aduanero decidió formular cargo a la importadora y a la garante de la operación aduanera en concepto de tributos adeudados, ello respecto de la operación de importación temporaria oficializada mediante el despacho 08 001 IT14 009590 N.
Ahora bien, si hacemos un repaso por los inicios de las actuaciones administrativas, las mismas principiaron con la citación a la importadora por parte de la Administración para que acompañe las constancias que acreditaran la cancelación de la destinación y que, ante el cumplimiento de lo ordenado por la firma, ello suscitó los diversos actos administrativos dictados a continuación: el acta de denuncia; la liquidación de los tributos y la multa; la instrucción de sumario y la resolución definitiva.
Hemos aquí un procedimiento que comenzó siendo de naturaleza infraccional, pero que culminó con el archivo de las actuaciones –en lo que hace a la pretensión punitiva- y la formulación de un cargo por tributos adeudados, motivados en el hecho de que la pena impuesta al presunto infractor —llámese “multa mínima”— era inferior a los $30.000,00, exactamente $2.387,87; y la inexistencia de antecedentes computables a la importadora. En tal sentido, el servicio aduanero, en su pronunciamiento, consideró implícitamente el incumplimiento al régimen de importación temporaria según lo previsto en el art. 274 del C.A.
VI.— Que, el art. 1101 del citado cuerpo normativo establece que “cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)”.
Conforme lo expuesto en el considerando V.—, una vez dispuesta la instrucción de sumario, el servicio aduanero no consideró necesaria la intervención del presunto infractor en el procedimiento infraccional incoado, motivo por el cual la parte no tuvo oportunidad alguna de evacuar sus defensas y poder acompañar, en caso de corresponder, la documentación que acreditaría el cumplimiento de las obligaciones emanadas del régimen de importación temporaria, tal como lo prevé la norma citada ut supra.
Del análisis del expediente administrativo SIGEA n.° 12197-56-2022 surge que la única notificación que se cursó a la aquí recurrente se realizó a mero efecto de poner en su conocimiento el dictado de la resolución apelada en autos y para exigir el pago de los tributos que el servicio aduanero consideró adeudados. Está claro que el juzgador administrativo no tuvo en consideración lo normado en el art. 1101 del C.A.
A su vez, otra norma que merece ser citada es el art. 1012 del Código Aduanero, el cual dispone que “sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos con alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites; [...] c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados; [...]”.
Resulta indiscutible que el servicio aduanero no dio cumplimiento a los recaudos exigidos por la normativa aduanera que regula el procedimiento a seguir para las infracciones —comprendidas entre los arts. 1080 a 1117 del C.A.—. Al omitir notificar la corrida de vista a la importadora aquí recurrente, a fin de que esta se defienda y aporte la documental que considerase idónea para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, el servicio aduanero no sólo afectó el derecho de defensa, sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
En consecuencia, no cabe duda alguna que la omisión incurrida desnaturaliza el proceso y no puede considerarse rectificada ulteriormente con la notificación de la resolución apelada.
VII.— Que, en el marco de este análisis, otra de las cuestiones que no puede ser obviada es el carácter de la infracción imputada en autos.
Que, tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer el archivo del sumario con fundamento radicado en el bajo monto por el que hubiere prosperado la sanción —conforme los términos de la I.G. n.° 9/17 (D.G.A.)—, el servicio aduanero debía determinar en forma fehaciente si se ha configurado la infracción imputada a la importadora, la que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que eventualmente se exigieron a la parte. Ello, por cuanto la facultad de disponer el archivo de la denuncia por parte del servicio aduanero, recién nacería cuando la infracción haya quedado acreditada y, en consecuencia, fijado el monto de la sanción.
Entiéndase, es la verificación de la configuración de la infracción la que da lugar a la sanción y conlleva la aplicación de una multa por la comisión de la transgresión endilgada.
En ese sentido, es indiscutible que no procede exigencia tributaria alguna, por cuanto la misma sólo nace como consecuencia del incumplimiento al art. 970 del Código Aduanero, circunstancia que no fue constatada en las actuaciones administrativas, debido a que el proceso no se ajustó a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del citado cuerpo normativo; como tampoco es procedente la decisión de archivar la causa por el bajo monto de la multa, cuando tal pena se determina una vez verificada la configuración de la infracción aduanera.
Por todo lo expuesto, la omisión de notificar la corrida de vista que dispone el art. 1101 del C.A. en el sumario administrativo que diera origen a esta causa, torna nulos todos los actos procesales posteriores a la instrucción de sumario, siendo que carecen del sustento legal y fáctico suficiente, ya que se basaron en una imputación que no sólo no fue comprobada, sino también fue dictada sin que el imputado, quién resultó condenado (amén de que se dispone el archivo de esa imputación), pudiera participar en el proceso y defenderse.
Por ello, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo resuelto a continuación del auto por el cual se instruyó el sumario en la Resolución DE PRLA n.° 5722/18, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
VIII.— Que, en virtud de todo lo analizado y las particularidades que presenta el caso traído al conocimiento de este Tribunal, considero que las costas del proceso deben ser impuestas al Fisco.
Las autoridades competentes, deberían analizar la conveniencia del modus en que sistemáticamente aplica la resolución que habilita el “archivo” (que no extingue la acción penal). Pues verifícase en esta Sala un cúmulo de casos sustancialmente análogos al aquí analizado, con el mismo resultado adverso al interés del Fisco. Ello se traduce en un atentado a la pretendida celeridad y economía ante la condena en costas, aumento de litigiosidad y demora en la sustanciación de los procesos que, ante las nulidades decretadas, deben sustanciarse adecuadamente en sede Aduanera. IX.— Por la forma en que se resuelve el presente caso, no corresponde tratar los demás agravios vertidos por la recurrente.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de la Resolución n° 5722/18 recaída en las actuaciones administrativas n° 12197-56-2011.
2. Costas al Fisco.
Así lo voto.-
La Dra. Musso dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de la Resolución n° 5722/18 recaída en las actuaciones administrativas n° 12197-56-2011.
2. Costas al Fisco.
Suscriben la presente el Dr. Christian M. González Palazzo (Vocal Titular de la Vocalía de la 17a Nominación) y la Dra. Cora M. Musso (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación) en los términos del art. 59 de la AA840/1993 T.F.N.
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.12.01 17:46:09 -03:00 Date: 2022.12.02 16:43:35 -03:00 Cora Marcela Musso Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.02 16:43:36 -03:00
Fin de la sentencia