Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la repetición intentada, en lo relativo a los períodos 08/2003 a 11/2004 y 05/09/2001 a 31/03/2005 (cfr. Considerandos VII –tercer párrafo- y VIII).
2Hacer lugar a la acción de repetición, en referencia al período comprendido entre el 01/02/2000 a 04/09/2001 (cfr. Considerandos VII –cuarto párrafo- y IX).
3Ordenar a la AFIP-DGI para que en el término de treinta (30) días practique la reliquidación de Resolución N° 11/2009 (cfr. Considerandos VII –cuarto párrafo- IX y X).
4Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-121624984-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 10 de Noviembre de 2022 En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal subrogante de la 3° Nominación), Edith Viviana Gómez (Vocal subrogante de la 1° Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal titular de la 2° Nominación) y a efectos de resolver la causa N° 33.191-I caratulada: “AKZO NOBEL COATINGS S.A. s/recurso de apelación”.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 31/50 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 11/2009 (DV REGN), de fecha 26/03/2009, en virtud de la cual se dispone rechazar el reclamo de repetición formulado el día 22/08/2005 al amparo del artículo 81 y concordantes de la ley de rito, a fin que sea restituido el pago ingresado en concepto de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural –períodos fiscales 02/2000 a 03/2005 y 08/2003 a 11/2004-
Manifiesta que la empresa Akzo Noble Coatings S.A. se dedica a la fabricación de pinturas en general, entre ellas pinturas para la industria automotriz, teniendo entre sus líneas de producción algunos productos destinados al acabado de servicios de pintura y repintura de automóviles, los que tienen por finalidad especifica la dilución de pinturas y barnices, como también la limpieza de las superficies a ser pintada.
En este punto, pone de relieve que los diluyentes y thinners no pueden ser utilizados como combustibles debido a que no presentan propiedades químicas adecuadas, siendo su aplicación exclusivamente para la dilución y limpieza de componentes automotrices.
Indica que a los efectos de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nacional N° 23.966, Título III (B.O. 20/08/1991) y su reglamentación –Decreto 74/98, B.O. 27/01/1998- abonó los pagos a cuenta del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Gas Oil por todas las operaciones de importación ingresadas bajo la posición arancelaria 3814.00.00 (Diluyentes y Thinners).
Remarca que en la primera presentación realizada en la instancia administrativa acompañó –en lo que se refiere a los pagos a cuenta ingresados-: detalle de todos los productos incluidos en los despachos de importación que oblaron el impuesto sobre los combustibles líquidos entre los períodos 02/2000 a 03/2005; un listado de los productos incluidos en esos despachos que pagaron el impuesto referido, estando – a su criterio- excluidos del gravamen; y una certificación contable que –a su parecer- acredita que el impuesto abonado no fue trasladado sino absorbido por su parte. Mientras que en la segunda -vinculada con el impuesto neto cancelado- adjunta: copia de las declaraciones juradas presentadas –períodos 08/2003 a 11/2004- y de los comprobantes de pago del impuesto neto resultante; un detalle mensual de todos los productos por los cuales se pagó el impuesto neto incluyendo los litros, el valor neto, el precio de venta, el promedio aplicado, el pago por importación y el neto resultante pagado; y una certificación contable idéntica a la mencionada en la presentación anterior. Dice que también adjunto, a las mencionadas presentaciones, un informe técnico que –a su juicio- demuestra el rango de destilación de los productos importados, conforme lo especificado en la norma ASTDM D 86, se encuentran fuera de la definición contemplada en el artículo 4° del Anexo del Decreto 74/98, por lo que se trata de una exclusión de objeto, pues la hipótesis fáctica condicionante no se produce.
Seguidamente explica en que consiste la norma ASTM D 86 y concluye que, de acuerdo a la legislación vigente, las características técnicas presentadas en los productos importados y las pruebas presentadas no debió ingresar tributo alguno.
Agrega que el artículo 2° del Decreto N° 548/03 sustituyó el segundo párrafo del artículo 3° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 74/98, a efectos de disponer que los importadores –que no estén comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 3° de la ley del tributo-, serán sujetos del impuesto cuando comercialicen los productos importados y responsables del pago en oportunidad de la venta. Asimismo, destaca que dicha modificación faculta a la AFIP, en su calidad de autoridad de aplicación, a dictar las normas para su determinación e ingreso. Sostiene que desde el momento en que sancionó la modificación del artículo 3° de la ley del tributo a través del Decreto 548/03 (B.O. 11/08/03), hasta la emisión la Resolución 1766/2004 (B.O. 11/11/2004), mediante la cual el organismo Recaudador comenzó a ejercitar las facultades reglamentarias delegadas, la norma rigió sin reglamentación alguna por lo que debió ingresar el impuesto neto –esto el monto que debió ingresarse en concepto del impuesto al momento de la venta de los productos menos el pago a cuenta efectuado al momento de importación- sin facturar dicho tributo a los adquirentes por las operaciones comprendidas entre el 08/2003 y el 11/2004.
Entiende que el artículo 6° de la Resolución General 1766/04 -que dispone su aplicación a los hechos imponibles perfeccionados a partir del día 1 de agosto de 2003, inclusive- no puede tener efectos retroactivos sobre la facturación comprendida entre el 08/2003 y el 11/2004, porque los comprobantes respaldatorios de las operaciones se emitieron al tiempo de la venta (cfr. Art 4 del Decreto 548/03) sin incluir el monto del impuesto, ya que la resolución en cuestión no existía. Por ende –concluye- que al no existir un procedimiento como el que viene a instrumentar la Resolución General 1766/2004 y siendo sujeto obligado, procedió a pagar el importe neto del tributo por las ventas de productos supuestamente gravadas, encontrándose imposibilitada de incluir en el precio de venta de los productos los montos oblados (cfr. Artículo 3 del Decreto 74/98 modificado por el artículo 2° del Decreto 548/03).
En este marco, señaló que la Resolución General N° 4247 (DGI), sus modificatorias y complementarias, no regulaba tal procedimiento, sino que implementaba el mecanismo para que los sujetos pasivos del gravamen efectúen su liquidación, y por tanto no puede ser considerada reglamentación del artículo 3° del Decreto 74/98, reformado por el Decreto 548/03.
Tras relatar los argumentos que fundaron la repetición solicitada, señala que el Fisco Nacional, luego de recibir tres (3) prontos despachos, ordenó como medida para mejor proveer la producción de la prueba informativa consistente en el libramiento de oficio a la “Secretaría de Energía y Minería del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación”, a fin que informe si las pruebas y determinación del rango de destilación que resultan del mentado informe técnico se ajusta a lo especificado en la norma ASTDM D 86.
Sobre este punto expresa que la citada Secretaría en su respuesta deja constancia que a los efectos de poder expedirse acerca del tema consultado es necesario efectuar ciertas pruebas en presencia de técnico veedores que la certifiquen, o en un laboratorio debidamente equipado que permita compara los resultados obtenidos. Como consecuencia de ello, añade que ofreció la reiteración de dicha prueba ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Aclara que también había tramitado la producción de la misma prueba en la República Federativa de Brasil, cuyo resultado se encuentra pendiente.
Menciona que de las constancias del informe del INTI surge que todos los productos analizados presentan un punto seco mayor a 150° C, excepto en el caso del “PLUS REDUCER FAST” cuya temperatura dl evaporado ascendió de 141.4 C° -mientras que el informe acompañado en la repetición exponía una temperatura de 157° C-. Luego de exponer los hechos que sirvieron de base para la repetición intentada y transcribir parte de la resolución apelada, expresa los agravios que a su entender le causaron dicho acto.
En este plano, observa que artículo 4° del Anexo Decreto 74/98 inequívocamente establece bajo qué condiciones –esto es, punto de ebullición- los solventes están sujetos al tributo establecido por la Ley 23.966. De tal disposición legal, asevera que aquellos solventes que no reúnan las características mencionadas se reputan excluidos del objeto. Asimismo, aclara que el Anexo II de la Resolución General 1766/2004 dispone lo mismo. Bajo tales normas, hace hincapié que no puede interpretarse –como lo hizo el Fisco, fundando su posición en el informe de la Secretaría de Energía- que deben considerarse ambos puntos de destilación -correspondientes a los solventes y aguarrás- en un rango conjunto para determinar qué hidrocarburos están alcanzados por el hecho imponible, ya que el legislador estableció individualmente y en forma separada las condiciones necesarias para que cada componente sea gravado o no.
Por todo ello afirma que el rango correcto a considerar para la curva de destilación no es de 40° a 260° c., sino que, como surge del informe aportado como prueba por su parte, es de 40° a 150° c. para solvente, y de 145° c. a 260° c. para aguarrás.
Esgrime que resulta absurdo sostener que por encontrarse las definiciones de “solvente” y “aguarrás” a continuación una de la otra, el rango a considerar debe ser conjunto.
En esa línea, dice que la norma ASTM D 86 –que el decreto reglamentario cita en su artículo 4° del Anexoabarca un rango de destilación de 40° c. a 150° c., lo que coincide con la mayoría de los puntos de ebullición que presentan los productos en el informe agregado, cuyo cuadro expone a los efectos de una mayor ilustración. A su vez, agrega que el “Removedor Pastoso” no puede ser encuadrado dentro de la definición de “solvente”, debido a su composición química.
También, se agravia de las citas que realiza el acto en crisis relacionadas con los artículos 23 y 24 del decreto 74/98, según texto sustituido por el Decreto 1129/2001 (B.O. 04/09/2001), ya que tales disposiciones definen a los thinners y diluyentes y las condiciones que deben cumplirse para que puedan resultar exentos (cfr. artículo 7 inc. c) de la Ley 23.966), cuando el motivo por el que corresponde hacer lugar a la repetición no es una exención sino una exclusión de objeto.
Sobre el particular destaca que a partir de la errónea interpretación que el ente fiscal realiza sobre el rango de destilación y no de las normas, es que arriba a la conclusión que no se trataría de un supuesto de no sujeción tributaria sino de una exención, la cual no aplica por el supuesto incumplimiento de ciertos requisitos para su procedencia.
Argumenta que el Organismo Recaudador no acredito la existencia de otros hidrocarburos para considerar una curva de destilación mayor, sino que basó su criterio en una interpretación “contra legem” de la norma aplicable. Por otra parte, insiste que las definiciones de diluyentes y thinners (cfr. Art. 23 y 24 del Decreto 74/98, según texto sustituido por el Decreto 1129/2001) no estaban vigentes durante todos los períodos, dado que el reclamo de restitución abarca desde el período 02/2000 mientras que el Decreto 1129/2001 recién fue publicado en el Boletín Oficial el 04/09/2001, con vigencia desde el día siguiente al de su publicación (cfr. Art. 3°); violando así el principio de reserva de ley que proscribe la aplicación retroactiva de normas en materia tributaria. Advierte que la resolución apelada se equivoca al sostener que el rango de destilación a ser considerado emana de la dependencia con competencia técnica en la materia, toda vez que es el Poder Ejecutivo y no la Secretaría de Energía quién tiene la competencia técnica para definir, a los efectos fiscales, cuáles son hidrocarburos y derivados de hidrocarburos y las respectivas curvas de destilación.
Añade que en el presente caso se vulnera el derecho a la propiedad, el principio de legalidad y la garantía de razonabilidad, citando fallo que entiende apoyan su postura.
Como corolario, teniendo en cuenta los resultados de los informes técnicos practicados, tanto por su parte como por el INTI, la respuesta positiva brindada por la Secretaría de Energía en lo que fuera exclusivamente materia del oficio cursado –es decir, si el procedimiento se ajustaba a la norma ASTDM D 86- y los argumentos expuestos, deduce que las sumas ingresadas en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos representan un enriquecimiento sin causa a favor del Fisco Nacional, en atención a que no fue trasladado al precio de venta de los productos comercializados.
En cuanto al requisito de empobrecimiento del pagador como condición de procedencia para la repetición de impuestos indirectos, resalta que recién a partir de la sanción de la Ley 25.795 (B.O. 17/11/2003) se modifica el artículo 81 de la Ley 11.683, al que se incorpora un último párrafo que dice: “…Los impuestos indirectos sólo podrán ser repetidos por los contribuyentes de derecho cuando éstos acreditaren que no han trasladado tal impuesto al precio, o bien cuando habiéndolo trasladado acreditaren su devolución en la forma y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.”
Por tal motivo aclara que sobre las operaciones comprendidas entre el 08/2003 y el 16/11/2003 –ambos inclusiveno resulta exigible el requisito mencionado, puesto que una inteligencia contraría implicaría aceptar una aplicación retroactiva de la norma modificada.
Respecto de los restantes períodos -17/11/2003 a 03/2005- entiende que tampoco es aplicable la modificación de la ley de rito, toda vez que su vigencia está supeditada a la reglamentación que fijará la forma y condiciones de la devolución de los impuestos indirectos a los contribuyentes que soportaron su pago por efecto de la traslación en el precio de los bienes o servicios; reglamentación que no existía.
Sin perjuicio de ello, recalca que la no traslación del impuesto se encuentra cabalmente acreditada en todos los períodos.
Por último, solicita que se haga lugar recurso interpuestos –con costas- adicionando los intereses resarcitorios contemplados en el artículo 37 de la Ley Procedimental, ofrece prueba documental y una pericia técnica y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 60/70 la representación fiscal contesta el recurso introduciendo como cuestión previa la falta de constancias que acrediten el ingreso de los pagos que se pretende repetir, relativos al período 02/2000 a 03/2005. Sin perjuicio de ello, a continuación, reitera las razones de hecho y derecho vertidas en la resolución recurrida, peticiona se rechace el planteo de la apelante, con costas, acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 88 se abrió la causa a prueba, declarándose su clausura a fs. 689; a través de la PV-2022-84293676- APN-VOCIII#TFN se elevaron los autos a consideración de la Sala “A”; por medio del IF-2022-88709966-APN- VOCIII#TFN la causa se pone a disposición de las partes a fin de que se produzcan sus respectivos alegatos, obrando a fs. 218/224vta. el alegato de la actora y a fs. 226/227vta. el correspondiente al Fisco Nacional. Finalmente, con el IF-2022-118207402-APN-VOCII#TFN se pasaron los autos a sentencia.
IV. Que corresponde, en forma previa, resolver si se ajusta a derecho el recurso por denegatoria de repetición interpuesto por la actora en los términos del artículo 81 de la ley de rito, con el fin de percibir el reintegro de las sumas perseguidas.
En primer lugar, debe destacarse que el objeto de la acción de repetición es restablecer la situación patrimonial existente al momento en que se efectuó el pago indebido, además de resarcir adecuadamente por la privación del uso del capital. (Excma. Cámara, Sala I 30/06/1986 “Damler Benz AG”).
Por otra parte, cabe advertir que el art. 81 de la ley 11.683 se refiere a la acción de repetición de los tributos y accesorios que se hubieren abonado de más, mención ésta que, interpretada a la luz del último párrafo del mismo artículo (en su anterior redacción), tiene el alcance de comprender a aquellos pagos cuya improcedencia se vincula necesariamente con el "concepto o hecho imponible" al que la ley alude, y que, al involucrar una discusión acerca de la causa legal del pago, esto es de la existencia o medida de la obligación, excede el marco de una simple y rápida devolución y necesita del procedimiento administrativo y, en su caso, del proceso jurisdiccional, que el mismo ordenamiento establece. Este alcance concuerda con el otorgado por la Corte Suprema a los preceptos que rigen la acción de repetición, al expresar que "...Se observa que los textos transcriptos hacen mención a lo que `hubieren abonado de más' y a la medida en que `el impuesto abonado es excesivo'. Estas expresiones, traducidas a términos usuales en derecho, han de entenderse referidas al pago indebido, o sea, al efectuado sin causa -en sentido lato- por no haberse verificado el hecho generador de la obligación" (Fallos – 297:500).
De lo expuesto se desprende que dos son los requisitos a los que la ley supedita la procedencia de la acción: en primer lugar, el enriquecimiento del accionado (AFIP) representado por el pago que se intenta repetir -en este caso los importes abonados en concepto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural por lo períodos detallados-; y en segundo lugar, falta de causa jurídica, esto es, que el pago haya sido realizado sin arreglo a la ley respectiva.
En función de lo expuesto y del análisis de la cuestión planteada, surge que los extremos enunciados se encuentran acreditados, por lo que el remedio procesal intentado es procedente.
Vale aclarar que con la sanción de la Ley 25.795 (B.O. 17/11/2003) se modificó el artículo 81 de la ley procesal, incorporando un último párrafo que dispone: “Los impuestos indirectos sólo podrán ser repetidos por los contribuyentes de derecho cuando éstos acreditaren que no han trasladado tal impuesto al precio, o bien cuando habiéndolo trasladado acreditaren su devolución en la forma y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.”
Si bien este requisito es sólo exigible para los períodos fiscales posteriores a su promulgación, lo cierto es que la actora acompaño en las presentes actuaciones una certificación contable que acredita la no traslación de los tributos al precio de venta, hecho que no fue controvertido por el Fisco Nacional, por lo que su tratamiento aquí resulta inoficioso.
V. Que por una cuestión de lógica precedencia corresponde expedirse, en primer lugar, sobre la supuesta falta de pago del impuesto reclamado en los períodos 02/2000 a 03/2005, alegada por el profesional interviniente en representación del Fisco Nacional.
Del análisis de las actuaciones administrativas surge, con claridad y en repetidas ocasiones, que los inspectores tuvieron a su disposición los legajos de compra realizadas a los proveedores del exterior y los respectivos despachos de importación, adjuntando en cada una de las actas, que así lo demuestran, los papeles de trabajo confeccionados (vide fs. 72/72vta., 92/92vta., 95/95vta., 108/108vta, 114/114vta, 118/118vta, 125/125vta, 129/129vta, 134/134vta. y 139/139vta. Anexo I 1er. Cuerpo).
Por otra parte, del informe agregado a fs. 455/458 (de acuerdo con el Anexo II 3er. Cuerpo) bajo el Cargo N° 190/05, la auditoría no verifica ninguna irregularidad en las tareas de fiscalización llevadas a cabo sobre la documentación, ni tampoco lo hace el juez administrativo al momento del dictado del acto discutido. Es por todo ello que el planteo introducido en esta instancia no resulta atendible.
VI. Que la cuestión principal comprometida en la resolución apelada se centra en determinar si pagos ingresados en concepto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural establecido por el Título III de la Ley N° 23.966 como consecuencia de las operaciones de importación bajo la posición arancelaria 3814.00.00 (diluyentes y thinners), carecen de causa por tratarse –dichos componentes- de aquéllos previstos por la norma como supuestos de no sujeción, basándose en la curva de destilación correspondiente a los “solventes”, contemplada en el artículo 4° del Decreto N° 74/98.
Que sentado lo expuesto, y a efectos de resolver la presente causa corresponde citar las normas aplicables al caso. La ley 23966 (t.o. 1998), fue modificada por las leyes 24.698 (BO – 27/09/96), 25.063 (BO - 30/12/1998), 25.239 (BO - 31/12/1999), 25.345 (BO - 17/11/2000), 25.361 (BO - 12/12/2000) y por tres decretos en 2001 y otros dos en 2002. Además, se reglamentó lo que concierne al tributo que se analiza, mediante el decreto 74/1998 (BO - 27/1/1998) que también fue reiteradamente modificado.
En lo que aquí interesa, el art. 4 del Título III, apartados g) y h) de la ley 23.966 dispuso gravar -con el referido impuesto- la transferencia a título oneroso o gratuito de solventes y aguarrás, respectivamente. Este mismo artículo señala que es potestad del Poder Ejecutivo Nacional determinar las características técnicas de los productos gravados, no pudiendo dar efecto retroactivo a dicha categorización.
Dicha facultad reglamentaria fue recién ejercida con el dictado del Decreto 1129/2001 (B.O. 04/09/2001) modificatorio del reglamento (decreto 74/1998), donde se redefinieron, entre otras cosas, las formulaciones que debían observar los diluyentes y thinners; indicándose en el art. 3º que sus disposiciones entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Por otro lado, el decreto reglamentario (74/1998) en su artículo 4° determina, sólo a los efectos fiscales, los hidrocarburos y sus derivados comprendidos en la ley del impuesto; debiendo atenderse –en lo que hace al nudo de la controversia aquí debatida- a las definiciones otorgadas sobre los solventes y el aguarrás, cuya condición para ser considerados como tales queda supeditada –más allá de las descripciones técnicas que fueron modificadas por el Decreto 1129/2001 posteriormente- al rango de sus curvas de destilación, las que oscilan entre los cuarenta centígrados (40°C) a ciento cincuenta grados centígrados (150°C) y ciento cuarenta y cinco grados centígrados (145°C) a doscientos sesenta grados centígrados (260°C), respectivamente –conforme método ASTM D 86 o IRAM-IAP NA 6600-.
Que de la lectura del acto recurrido se evidencia que el Fisco sustenta su posición en las conclusiones arribadas por el informe técnico emitido por Subsecretaría de Combustibles, dependiente de la Secretaría de Energía, mediante Notas Nros. 0769 y 0770 del 20/2/2008 (fs. 209/210 Cuerpo Principal y 471/472 Anexo II 3er. Cuerpo) la cual expresó: “…la presentación no toma en cuenta el Decreto N° 1129/2001, que en su artículo 4° define “SOLVENTE” con un rango de destilación de 40° c. a 150° c. y al “AGUARRÁS” con un rango de 145° c. a 260° c., es decir, todos los hidrocarburos comprendidos en ese rango deben tributar el impuesto. Los solventes y aguarrás son conceptualmente productos diferentes de los thinners y diluyentes; los primeros son materias primas obtenidas directamente por destilación de petróleo (hidrocarburos), en tanto que los thinners y diluyentes son productos finales, elaborados a partir de los solventes (hidrocarburos) derivados del petróleo y otros solventes con origen en distintos procesos (alcoholes, ésteres, cetonas, etc.), mezclados en proporciones adecuadas a su aplicación.
Con respecto al Decreto mencionado precedentemente, en sus artículos 23 y 24 define los thinners y diluyentes, tanto en su aspecto técnico como en las condiciones que deben cumplirse para que puedan ser exentos…” “Con relación a los productos mencionados ut supra, si son utilizados para limpieza no gozan de exención, como así también los removedores, que no están contemplados en el Régimen de Exención”.
Tal criterio fue ratificado por la misma dependencia al momento de expedirse sobre las pruebas realizadas en el Instituto de Tecnología Industrial –agregadas a fs. 491/496 Anexo II 3er. Cuerpo- al decir: “… se desprende que todos los productos presentados destilan dentro de los rangos que el régimen legal considera como hidrocarburos que deben tributar el impuesto: el rango 40 a 150° c que corresponde a la denominación de “Solventes” y el rango de 145 a 260° c que se denomina “Aguarrás”. En consecuencia, cualquier hidrocarburo presente en la formulación de dichos thinners y/o diluyentes por estar su rango de destilación comprendido entre 40°c y 260° c debe pagar el ITC.
Se enfatiza que el rango a considerar es de 40°c a 260° c y no de 40° c a 150° c… a partir del año 2001, tratándose de thinners y/o diluyentes (como son los productos presentados por la contribuyente), el marco legal que corresponde considerar es el del Decreto 1129/2001, encontrándose en los artículos 23 y 24 definidos de manera precisa lo que se entiende por thinner y por diluyente. Tanto en su aspecto técnico como en las condiciones que deben cumplirse para que puedan ser esos productos exentos: Los requisitos para la exención, en esencia son: a) que la formulación química del thinner y/o diluyente sea aprobada técnicamente por la Secretaría de Energía; b) que el productor o importador esté inscripto en el Registro de Exentos Sección 2; c) que el consumidor de thinner y/o diluyente esté inscripto en el Registro de Exentos, en la Sección 6 y su actividad deber ser la aplicación de pinturas, adhesivos o tintas, exclusivamente. Se hace notar que Akzo Nobel Coatings S.A…. no fue inscripta como importador de thinners y/o diluyentes en el Registro de Exentos. Las formulaciones de los productos elaborados y/o importados por la contribuyente, no fueron aprobados (no se ha realizado el trámite correspondiente ante la Secretaría de Energía). No hay empresas consumidoras inscriptas en la Sección 6 del Registro de Exentos que apliquen dichos productos.” (vide fs. 215/216 Cuerpo Principal).
VII. Que fijado el marco legal en que se desenvuelve la actividad de la recurrente, corresponde señalar que recién al dictarse la ley 25345 (BO - 17/11/2000) y más tarde el decreto 1129/2001 (BO - 4/9/2001) modificatorio del reglamento (decreto 74/1998), se establecen definiciones y proporciones que en ningún momento anterior habían existido. Tal el caso de los textos nuevos que sustituyeron a los de los artículos 23 y 24 del reglamento, relativos a diluyentes y thinners, respectivamente.
La mencionada circunstancia surge también de los considerandos del Decreto 1129/2001, al expresar: “…a los mismos efectos tributarios, resulta conveniente puntualizar la definición de los denominados genéricamente diluyentes, por cuanto dicha terminología no expresa por sí misma de qué productos se trata, así como determinar el alcance de dicha denominación en relación con su uso específico en aplicaciones inequívocas… por las mismas razones expuestas anteriormente, es necesario definir el alcance del término "thinners".” Siendo las cosas así, de la reseña efectuada se advierte que los informes remitidos por la Secretaría de Energía- Subsecretaría de Combustibles- adquieren un carácter vinculante recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1129/01, por lo que resultan aplicables para los períodos fiscales 08/2003 a 11/2004 y las operaciones producidas a partir del 05/09/2001 hasta el 31/03/2005.
En lo atinente a los períodos comprendidos desde 01/02/2000 hasta 04/09/2001 –inclusive- el criterio fiscal basado en el informe técnico antes citado, carece de debida fundamentación. Va de suyo, que generar una obligación tributaria fundada en una definición técnica (no fiscal) que hace a la naturaleza de los productos comercializados, o citar disposiciones cuya vigencia es posterior a las circunstancias analizadas, resulta en un accionar carente de asidero legal y contrario al principio jurídico de irretroactividad que rige en materia tributaria.
VIII. Que en cuanto a la pericia técnica –vide fs. 130/134 y 135/144- de su análisis se desprende que el rango de destilación, perteneciente al producto denominado “PLUS REDUCER FAST”, fue de 117,1°C – 141,7°C. Asimismo, el “INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA” del INTI dejó constancia que “…los resultados se corresponden con los informados oportunamente el 21/05/2008.” (ver en ese sentido el informe glosado a fs. 491/496 del Anexo II 3er. Cuerpo).
En base a los resultados obtenidos en ambos informes y a la luz del marco normativo aplicable, se concluye que el aludido producto se encuentra en todos los casos -sin importar el rango de la curva de destilación que se utilice como referencia- gravado por el impuesto estudiado; en consecuencia, corresponde detraer de las sumas a repetir los conceptos relacionados con dicha cuestión, conforme el detalle valorizado e informado por la inspección fiscal (vide fs. 505/510 Anexo II 3er. Cuerpo).
IX. Que, por último, en lo pertinente al “Removedor pastoso (para pinturas automotivas)” cabe destacar que no resulta pasible de gravamen, en atención a la observación efectuada por el INTI en su “Informe de Ensayo” (obrante a fs. 496 del Anexo II 3er. Cuerpo).
X. Que en relación a los agravios introducidos por la actora respecto a los intereses que deben liquidarse, corresponde aplicar el Fallo Plenario de este Tribunal "Dálmine Siderca S.A.I.y.C s/demanda de repetición", Expte. 6831-I, del 27/12/1993.
XI. Que por la forma en que se resuelve la presente causa, no corresponde referirse al resto de los planteos introducidos por la actora.
En virtud de todo lo expuesto, voto por no hacer lugar a la acción de repetición interpuesta, en lo relativo a los períodos 08/2003 a 11/2004 y 05/09/2001 a 31/03/2005, debiéndose restituir de tales sumas el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural abonado por el producto denominado “Removedor pastoso (para pinturas automotivas)”; todo ello en concordancia con lo dispuesto en los Considerandos VII –tercer párrafo- y VIII. A su vez, en lo que se refiere a los pagos realizados durante el período transcurrido desde 01/02/2000 hasta 04/09/2001 –inclusive- voto por hacer lugar a la repetición intentada, debiéndose sustraer de tales sumas el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Naturas ingresado por el producto denominado “PLUS REDUCER FAST”; de acuerdo a lo expresado en los Considerandos VII –cuarto párrafo- y IX.
Por lo tanto, corresponde ordenar a la AFIP-DGI practique las respectivas liquidaciones conforme a las pautas indicadas precedentemente.
XII. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
Las Dras. Gómez y Guzmán dijeron:
Que adhieren al voto del vocal preopinante.
En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. No hacer lugar a la repetición intentada, en lo relativo a los períodos 08/2003 a 11/2004 y 05/09/2001 a 31/03/2005 (cfr. Considerandos VII –tercer párrafo- y VIII).
2. Hacer lugar a la acción de repetición, en referencia al período comprendido entre el 01/02/2000 a 04/09/2001 (cfr. Considerandos VII –cuarto párrafo- y IX).
3. Ordenar a la AFIP-DGI para que en el término de treinta (30) días practique la reliquidación de Resolución N° 11/2009 (cfr. Considerandos VII –cuarto párrafo- IX y X).
4. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.11.10 16:17:20 -03:00 Date: 2022.11.10 17:47:15 -03:00 Edith Viviana Gomez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.10 18:44:17 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.10 18:44:18 -03:00
Fin de la sentencia