Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución apelada en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-62460923-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 13 de Junio de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación), Armando Magallón (Vocal Subrogante de la 1° Nominación) y Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 47.903-I caratulada “ALABI NESTOR RUBEN s/recurso de apelación”;
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 41/58 el recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 27/2017 (DV MRRI), de fecha 16/02/2017 dictada por la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó su responsabilidad personal y solidaria respecto de la deuda de la firma GUBA S.A., en su carácter de Presidente del Directorio, por los saldos impagos de las declaraciones juradas presentadas para el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 12/2012 y 01/2013, con más intereses resarcitorios y se le aplicó una multa equivalente al 70% del impuesto dejado de ingresar con sustento en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
En primer lugar relata que se desempeñó por seis meses como director rentado de la firma GUBA S.A. y que al momento de su retiro, el 31/12/2012, fue aprobada su gestión, con los alcances y efectos previstos por el art. 275 de la Ley General de Sociedades. Luego de ello la sociedad continuó bajo la dirección de un nuevo órgano de administración que fue designado el 02/01/2013. Resalta al respecto que habiéndose inscripto tal resolución el 01/02/2013 en la Inspección General de Justicia de la Nación, ésto resulta oponible a la totalidad de los terceros. Agrega que el Fisco Nacional le ha iniciado un procedimiento de determinación como Responsable Solidario sobre obligaciones cuyos vencimientos aún no habían operado al momento de su cese como administrador de la sociedad, situación que juzga improcedente y contraria a derecho.
Afirma que en la etapa administrativa no se le permitió introducir prueba alguna violando los principios contitucionales de justicia y defensa en juicio.
Opone la nulidad del acto apelado arguyendo que no se le corrió traslado de las actuaciones administrativas con anterioridad al dictado de la Resolución, impidiéndole oponer su defensa y violando los principios constitucionales de igualdad, defensa en juicio, regularidad de los actos administrativos, propiedad, juez natural, etc.
Niega cualquier tipo de responsabilidad en el hecho que se le imputa, pues la obligada al pago de la obligación tributaria es la persona jurídica y no el administrador del ente societario que ha cesado en su función por designación de un nuevo directorio. Agrega que el ente fiscal no ha demostrado haber compelido al pago de forma judicial a la sociedad y que se le ha atribuido la responsabilidad por un simple acto de intimación, situación que carece de asidero legal y resulta arbitraria, improcedente y contraria a derecho.
En este sentido, indica que para determinar la responsabilidad solidaria es necesario que se inicie el proceso de determinación de oficio, lo que discute no ha acontecido y sólo se le ha corrido vista de un proceso de determinación en su contra, sin siquiera notificarle el inicio del mismo ni requerido prueba alguna. Continúa argumentando que la responsabilidad por deuda ajena nace luego de tramitarse el procedimiento de determinación de oficio contra el deudor principal y ante su incumplimiento, luego de haber sido intimado y ejecutado, pues lo contrario resulta violatorio de la ley 19.550 y sus modificatorias.
Agrega que la responsabilidad solidaria no es objetiva, no siendo suficiente para su procedencia el hecho de ocupar el cargo de Director, sino que el ente fiscal debe probar la culpa o dolo en la conducta del socio ante el incumplimiento de la empresa y que en el presente caso no existe prueba alguna al respecto, por lo que no se encuentra configurado el elemento subjetivo necesario para la imputación.
Expresa que, dada su naturaleza penal la responsabilidad solidaria, requiere del elemento culpa y que hasta el momento de su cese como administrador, la sociedad cumplió con la exteriorización de todos y cada uno de los tributos, conforme derecho corresponde, por lo que no exite ningún tipo de dolo o culpa en su obrar.
Por todo ello, concluye que el acto apelado es infundado, que no cumple con los requisitos esenciales exigidos por la ley de procedimientos administrativos, carece de motivación y causa. Por ello solicita que se declare nulo todo lo actuado y la nulidad absolunta e insanable de la Resolución bajo estudio, de conformidad con lo normado por los arts. 14 y 17 de dicha norma. Indica en el mismo sentido que el acto ha nacido irregular por falta de causa, motivación, violación del orden legal aplicable, debido proceso adjetivo y finalidad que inspiró su dictado, por lo que debe ser revocado.
Por último, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 75/93 la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, y en orden a las razones que expone solicita que se confirme la resolución apelada, con costas a la parte actora. Hace reserva del caso federal y acompaña los antecedentes administrativos.
III. Que a fs. 114 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la prueba pericial contable. A fs. 124/147 obra agregado el informe profesional.
A fa. 170 se clausura el período probatorio oportunamente dispuesto y se elevan los autos a consideración de la Sala “A”. A fs. 171 se ponen a disposición de las partes para que produzcan los respectivos alegatos. Obra agregado a fa. 177/178 el alegato del Fisco Nacional, no habiendo hecho uso de su derecho el actor. A fs. 180 se pasaron los autos a sentencia.
IV. Que en primer lugar cabe aclarar que a lo largo de su escrito de apelación el recurrente informa que apela la Resolución N° 129/2016 (DV RRCO) y toda vez que dicho acto corresponde a la vista corrida en sede administrativa, a fin de no conculcar el derecho de defensa del actor y en un todo en correspondencia con los agravios esgrimidos a fs. 41/58, a pesar de las incorrectas manifestaciones realizadas se considerará la Resolución N° 27/2017 (DV MRRI), acompañada a fs. 19/40, como el acto apelado en los presentes actuados.
V. Que aclarado lo anterior, por lógica precedencia, debe darse tratamiento a la excepción de la nulidad opuesta por el actor con fundamento en que no se le habría corrido traslado de las actuaciones administrativas con anterioridad al dictado del acto que se recurre y no se le habría permitido producir prueba alguna en sede administrativa.
Es necesario mencionar que para la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a una indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo ademas ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. C/ BuenosAires, Provincia de y otros S/Amparo", CSJN, 05/10/1995, T. 324, P. 1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", CSJN, 06/02/01, T.324, P.151; "Simijosky Juan c/E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. Y de Seg. Causa: 31.321/94", C.NAC.CONTADM.FED., SAIA II, 09/10/96, entre otros).
La recurrente invoca la falta de causa y motivación del acto recurrido, así como la violación de los principios constitucionales de igualdad, defensa en juicio, regularidad de los actos administrativos, propiedad, juez natural, etc., resultando por tanto nulo de nulidad absoluta, lo que adelanto no puede prosperar, pues lo alegado carece de los fundamentos legales suficientes para sustentar la pretensión.
Ello así, el primer agravio nulidificante referente a que no se le habría corrido traslado de las actuaciones administrativas con anterioridad al dictado del acto en recurso, no merece mayor análisis para su desestimación, toda vez que de las constancias de autos surge que el organismo fiscal le corrió vista de las mismas el 18/07/2016, la que fue notificada el 28/07/2016 y contestada por el apelante el 23/08/2016 (cfr. fs. 242/264 Cuerpo II A/A). Ahora bien, en lo atinente a los defectos en el procedimiento que argumenta la actora por entender que no se tuvieron en cuenta las medidas de prueba ofrecidas por su parte en sede administrativa viéndose afectado por ello su derecho de defensa en juicio, cabe destacar que la nulidad importa la privación de efectos de los actos que adolecen de algún vicio en sus elementos esenciales y que por ello carecen de aptitud para cumplir con el fin al que se hallan destinados.
La no admisión de las pruebas ofrecidas en sede administrativa, no puede considerarse causal de nulidad si se tiene en cuenta que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en la alzada por prueba que no ha sido admitida en primera instancia (art. 260 C.P.C.C.N.). Ello es también valedero en la instancia de este Tribunal, toda vez que las partes pueden ofrecer ante el mismo la prueba que hubiera sido denegada en sede administrativa, de acuerdo con lo que se establece en los arts. 173 y 174 de la ley de procedimiento fiscal -t.o. en 1998- (doctrina de este Tribunal en la causa "Carboquímica S.A.C.I.M.", fallo del 5/7/77), lo que está corroborado en la presente causa, en donde la recurrente ha tenido ocasión de proponer las medidas que estimó conducentes para esclarecer los hechos controvertidos, habiendo producido prueba pericial a fs. 124/147.
Por otro lado, en lo que se refiere a la invocación de falta de motivación en la resolución apelada, así como también respecto de una supuesta falta de fundamentación violatoria del derecho de defensa, debe recordarse que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el organismo fiscal, no resulta fundamento válido la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo, es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación.
Conforme se desprende de autos, el acto recurrido contiene los elementos jurídicos formales necesarios para declarar su validez, invoca la normativa legal tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, sin que ello implique prejuzgar sobre la pertinencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar su defensa.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de nulidad planteada por la actora.
Cabe señalar que toda vez que los planteos fueron articulados como defensas contra el acto apelado y no en los términos del art. 171 de la Ley de rito, no merece un pronunciamiento autónomo en materia de costas. Es dable recordar que en tal sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Bolland y Cia SA (TF 21.122-I) C/DGI" de fecha 21/02/2013 en el que expresó que "tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal, ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. Fs. 132) lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. Sentencia de cámara, considerando V, fs.735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia".
VI. Que sentado lo anterior, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan solo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: "Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas", sentencia del 12/2/87, "Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario", sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re "Werner Tomas M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento", sentencia del 27/4/98 y "Congelados Macchaiavello y Cia. S.A." del 26/4/2007, entre otros).
VII. Que ello así, corresponde ahora a este juzgador expedirse respecto de la procedencia de la extensión de la responsabilidad personal del Sr. Nestor Rubén Alabi, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma GUBA S.A.
Del acto apelado y de las actuaciones administrativas acompañadas, surge que el caso bajo análisis tiene su origen en la falta de pago de obligaciones autodeclaradas por la firma GUBA S.A., para el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 12/2012 y 01/2013, respecto de las cuales el organismo fiscal emitió la correspondiente boleta de deuda y obtuvo sentencia favorable en la ejecución fiscal inciada para su cobro ante el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°1, en el Expediente N° 26741/2014, el 18/07/2014 (cfr. fs. 67/72 Cuerpo I A/A).
Así, existiendo deuda intimada y no ingresada por el responsable principal del tributo, el Fisco Nacional inició el proceso para establecer la responsabilidad solidaria del actor en su carácter de Presidente del Directorio de la firma.
En la tarea de auditoria desarrolada por el ente recaudador surgió de sus bases de datos que el Sr. Nestor Rubén Alabi revestía el carácter de Presidente del Directorio de la sociedad y que se encontraba incluido como apoderado, firmante o representante legal en cuentas bancarias titularidad de la misma (cfr. fs. 31/37 Cuerpo I A/A).
Ello así, el organismo fiscal circularizó a las distintas entidades bancarias respecto de las cuentas titularidad de Sociedad. De la documentación remitida por el Banco Finansur S.A. se desprende que el recurrente ha suscripto la misma invocando su caracter de Presidente del Directorio de Guba S.A. el 08/08/2012, que presentó en dicha entidad los Estados Contables al 31/12/2011 de GUBA S.A. firmados por él como Presidente y el Acta de Asamblea General Ordinaria del 22/05/2012, en la que fue designado para el cargo de Director Titular y Presidente del Directorio (cfr. fs. 12 a 19, 73/76, 98/100 y 148/2013 Cuerpo I Circularización Bancaria A/A). En tanto que el Banco Macro S.A. informó que figuraba como Representante Legal con firma a partir 07/08/2012, el Banco Credicoop Coperativo Limitado que se encontraba autorizado para operar en la cuenta corriente y el Banco Julio S.A. que revestía la calidad de “Presidente firmante”, desde el 08/08/2012 hasta el cierre de la misma el 16/04/2013 (Cfr. fs. 215, 385, 497 a 513 Cuerpos II y III Circularización Bancaria A/A).
Asimismo, el Banco de la Nación Argentina comunicó que dentro de los autorizados al retiro de fondos se incorporó en el año 2012 el Sr. Alabi en el cargo de Presidente, el que se encontraba vigente al momento de cierre de la cuenta el 12/04/2013 (Cfr. fs. 576/638 Cuerpo III Circularización Bancaria A/A).
En este contexto, el organismo recaudador entiende que hasta el 02/01/2013 ejerció su cargo de Presidente y que tenía simultáneamente la representación de la sociedad y la disposición de sus fondos en diciembre de 2012 y sólo la disposición de fondos de la empresa a partir del 03/01/2013, extendiéndole la responsabilidad sobre los saldos impagos antes mencionados, con más sus intereses resarcitorios y le aplicó una multa equivalente al 70% del impuesto dejado de ingresar en los términos del art. 45 de la ley 11.683.
VIII. Que cabe recordar que el artículo 8° de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) establece que: "Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los puntos a) a e), del inciso 1), del artículo 6 cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no regularizaran su situación fiscal dentro de los quince (15) días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente.” En esta inteligencia, debe señalarse que surge de las presentes actuaciones que el Fisco Nacional ha intimado de pago al deudor principal mediante notificación de fecha 28/03/2014 y el deudor principal no ha realizado el pago dentro de los quince días hábiles de notificadas (cfr. fs. 70/71 Cuerpo I A/A ).
En tales condiciones, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, pues la intimación de pago cursada al deudor principal de los saldos de las declaraciones juradas a favor de la Administración, sin que éste acreditara cumplimiento de las mismas, fue notificada como mínimo 2 años antes de la resolución que extiende la responsabilidad del Sr. Néstor Rubén Alabi, vencido así largamente el plazo otorgado al deudor principal.
IX. Que, sentado ello, corresponde ahora analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente.
Debe recordarse que la responsabilidad no es objetiva, es decir, impuesta por el mero hecho de haber sido apoderado o respresentante de una sociedad, ni deriva de la simple vinculación entre los responsables y el deudor del tributo. Por el contrario, el presupuesto legal de la responsabilidad a título personal es el incumplimiento de sus deberes, por ello, no basta que exista incumplimiento, es necesario, además, que el mismo le sea imputable. Ello en concordancia con el art. 8 de la ley de rito en cuanto dispone que “No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente.”
En este sentido, atañe al apelante aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar el principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva.
Ante todo el recurrente controvierte el hecho de que detentaba el cargo de Presidente del Directorio de GUBA S.A., durante el vencimiento de las obligaciones reclamadas -IVA 12/2012 y 01/2013-, al que habría renunciado el 28/12/2012 y según informa dicha renuncia fue aceptada por la Asamblea de socios el 02/01/2013 e inscripta el 01/02/2013 ante la Inspección General de Justicia, alegando su oponibilidad a terceros.
Como he sostenido en la causa “Manlla Dure Cristian Jonatan s/recurso de apelación”, del 13/07/2023, de la Sala “B” que integro como Vocal titular, respecto a la responsabilidad aquí discutida, la ley de rito (inciso a- del art.8) autoriza a atribuirla a los sujetos designados con tal responsabilidad cuando “no abonaran oportunamente el debido tributo” ante la no regularización del deudor principal. Es por ello entiendo que, lo que determina la responsabilidad en crisis, es la falta de pago del impuesto debido. “Una posición contraria conllevaría a que un director que se desvinculó del deudor principal (en términos formales y materiales) con posterioridad al cierre del periodo fiscal pero antes de la confección, presentación y pago de la declaración jurada respectiva, resulta obligado a responder –en los términos del art. 6° y 8° de la ley 11.683 –por la eventual decisión de un tercero (por ejemplo, el director que lo sucedió en el cargo) de no incluir en la determinación del tributo de la sociedad parte de las rentas generadas en el ejercicio económico, con el fin de disminuir la carga tributaria de la compañía” (sentencia de la CCAF, Sala IV de fecha 28/03/23 en la causa “71.680/2022 COLUCCI, ARIEL ALEJANDRO (TF 49707-I) c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”)
Entrando en el análisis de la cuestión a resolver, cabe recordar que el art. 60 de la ley 19.550 establece que “Toda designación o cesación de administradores debe ser inscripta en los registros correspondientes e incorporada al respectivo legajo de la sociedad. También debe publicarse cuando se tratare de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad por acciones. La falta de inscripción hará aplicable el artículo 12, sin las excepciones que el mismo prevé.”. En tanto que el art. 12 dispone que “Las modificaciones no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes. Son inoponibles a los terceros, no obstante, estos pueden alegarlas contra la sociedad y los socios, salvo en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada.”
En este sentido, debo señalar que las afirmaciones del apelante se encuentran acreditadas por la escritura número 5 del 23/01/2013, en la que se transcribe la fs. 173 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio N° 1, correspondiente al Acta de Directorio de fecha 28/12/2012, donde se trató la renuncia al cargo presentada por los directores titulares y suplentes y síndicos titulares y suplententes, entre ellos el Sr. Néstor Rubén Alabi y se llama a asamblea ordinaria de accionistas. Y el Acta de Asamblea del 02/01/2013, en la que por unanimidad se aceptan las mencionadas renuncias, se aprueba la gestión de los directores y síndicos en los términos de los arts. 59 y 274 de la ely 19.550 y se designan las nuevas autoridades. Este documento fue presentado ante la Inspección General de Justicia, bajo el trámite número 2137191, habiéndose cumplido por tanto con el requisito de inscripción ante el Registro de Sociedades por Acciones bajo el número 1934 del libro 62 el 01/02/2013 (cfr. fs. 269/278 Cuerpo II A/A).
Estos hechos no se encuentran controvertidos por la contraparte, sin embargo, el Fisco Nacional consideró que hasta el 02/01/2013 -fecha en que fue aceptada la renuncia- el apelante detentaba simultánemante la administración de la Sociedad y la disposición de fondos sociales y que con posterioridad a dicha fecha sólo continuó con la disposición de fondos de la empresa. Y resalta que “en el mes de diciembre de 2012 y enero de 2013 se produjeron los hechos imponibles que generaron la obligación determinada en cabeza del deudor principal, más allá de la fecha de vencimiento para su ingreso en este Organismo.”
Ahora bien, esta última apreciación no resulta acertada por parte del juez administrativo toda vez que el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso de los saldos resultantes fue establecido el 23/01/2013, para el perído fiscal 12/2012, y el 22/02/2013, para el período fiscal 01/2013. Nótese que ambos vencimientos operaron con posterioridad 02/01/2013, fecha en que el propio organismo recaudador entiende finalizada la representación del apelante, y que además las declaraciones juradas fueron efectivamente presentadas por la empresa el 19/11/2013.
Como ya se dijo anteriormente, la responsabilidad bajo estudio no resulta imputable de forma objetiva, y menos aún por el simple perfeccionamiento del hecho imponible como conjetura el ente fiscal, sino que el factor de atribución subjetiva para la responsabilidad personal en cuestión descansa en el incumplimiento de los deberes fiscales achacable al administrador o representante de la persona jurídica a título de culpa o dolo. Sobre la base de tales premisas, mal puede entenderse que el apelante posee responsabilidad alguna respecto del incumplimiento de deudas tributarias cuando ya no se encontraba en ejercicio de su cargo al momento de que operaran tales vencimientos.
Sentado ello, cabe analizar ahora el segundo fundamento utilizado por el Fisco Nacional relativo a la continuidad del apelante en el manejo de los fondos societarios luego de su renuncia como Presidente del Directorio. El ente recaudador afirma que llega a esta conclusión a raíz de lo informado por las entidades bancarias, sin que el responsable hubiera ofrecido alguna prueba que acredite que dejara de manejar o disponer de dichos fondos. Sin embargo, analizados los indicios referenciados por el Juez Administrativo, en la totalidad de la documentación agregada en los Cuerpos Circularización Bancaria donde el apelante ha firmado en carácter de Presidente del Directorio de GUBA S.A. se advierte que sus fechas resultan coincidentes con el período de su mandato -del 22/05/2012 al 02/01/2013-, sin observarse ninguna presentación posterior (cfr. fs. 5/213 Cuerpo I Circularización Bancaria A/A).
A su vez, el Banco Macro S.A. informa al actor como representante legal desde 07/08/2012, pero no indica hasta que fecha ejerció esta representación. Además, al ratificar el número de cuenta, informa que GUBA S.A. “operó”, lo que permitiría inferir que dicha cuenta se encuentra cerrada, pero no informa ni acompaña documentación alguna que permita concocer la fecha de baja (Cfr. fs. 215/291 Cuerpo II Circularización Bancaria A/A). Similar situación se ve para el Banco Julio S.A., pues indica que revestía la calidad de “Presidente Firmante” desde el 08/08/2012 hasta el cierre de la cuenta el 16/04/2013, sin especificar las personas que lo habrían solicitado (Cfr. fs. 385/496 Cuerpos II y III Circularización Bancaria A/A).
Mientras que Banco de la Nación Argentina reporta que en el año 2012 se incorpora al Sr. Néstor Rubén Alabi en el cargo de Presidente, el cual se encontraba vigente al momento del cierre de la cuenta el 12/04/2013, también sin ofrecer mayores detalles (Cfr. fs. 576/638 Cuerpos III y IV Circularización Bancaria A/A).
En este sentido, debo destacar que en los oficios remitidos a los bancos el ente fiscal ha solicitado las aperturas de cuentas y la documentación aportada, detalle de los titulares y/o representantes de la empresa autorizados a retirar fondos, estados contables, manifestaciones de bienes, garantías, avales e ingresos declarados y que se ratifique o rectifique los datos de las cuentas. Pero no ha requerido que se informe el estado de la cuenta, si poseen movimientos, quienes los realizan o, en el caso en que estuvieran cerradas, su legajo de cierre. Así las cosas, debo concluir que el mantenimiento del manejo y disposición de los fondos sociales por parte del recurrente luego de la renuncia a su cargo como Presidente del Directorio, no se encuentra debidamente acreditado por el Fisco Nacional.
Por todo ello, voto por revocar la Resolución apelada en todas sus partes, con costas.
El Dr. Magallón dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
La Dra. Guzmán dijo:
Que se adhiere al relato de los hechos y a la solución propiciada en su voto por el Dr. Porporatto con excepción de las costas en la defensa de nulidad.
En efecto, entiendo que las costas deben ser soportadas por la excepcionante toda vez que los argumentos que sustentan su defensa están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el artículo 171, inc. h) de la ley de rito, pues reposan –como quedó dicho- en la falta de causa del acto, agravio que acarrea inexcusablemente aquélla declaración. Asimismo, su planteo mereció réplica concreta por parte de la apelada, por lo que no advierto razones para apartarme de la aplicación del artículo 68 del C.P.C.C.N.
Resulta oportuno recordar que como señalara la C.S.J.N. in re “Bolland y Cía. S.A.” la exención de costas procede cuando el planteo –de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto no es el de autos.
En definitiva, el tratamiento de cuestiones incidentales como la de autos no puede encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
En mérito a lo expuesto, por mayoría, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2024.06.12 12:23:43 ART Date: 2024.06.13 11:11:21 -03:00 Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.13 12:20:45 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.13 12:20:46 -03:00
Fin de la sentencia