Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2570/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedidos los recursos de casación articulados por la parte actora en PE1038819-2023 y por la parte demandada -YPF S.A.- en PE1042556-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE1077832-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2570/23-TSJ Interlocutorio N°: 3818 Actor: ALANIS GUSTAVO ADOLFO Y OTROS Demandada: SERVIGEN S.R.L Y OTRO Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 27-06-2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3818 FOLIO Nº 6957/6961 PROT. ELECT. TSS1 032 I.241
Río Gallegos, 27 de junio de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “ALANIS GUSTAVO ADOLFO Y OTROS c/ SERVIGEN S.R.L Y OTRO s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº A-15.659/12 (A-2570/23-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y Dr. Fernando Basanta:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de los recursos de casación articulados por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Christian Alfonso Karanicolas (cfr. PE1038819-2023), y por la demandada -YPF S.A.-, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Leonardo Regensburger (cfr. PE1042556-2023), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial. En lo que aquí interesa, esta última admitió parcialmente los recursos de las demandadas; revocó parcialmente el punto segundo del fallo de Primera Instancia, en cuanto rechaza la multa del artículo 2º de la Ley Nº 25.323, el cálculo del SAC sobre el preaviso y la sanción del artículo 132 bis de la LCT; revocó la condena referida a la demanda interpuesta por el Sr.
De la Canal en contra de las demandadas por la multa fijada en el artículo 52 de la Ley Nº 23.551, del cual quedan eximidas; admitió el agravio en cuanto al pago realizado en forma parcial a los trabajadores, los que se tendrán en cuenta al momento de practicar la liquidación; y el agravio de YPF S.A. en cuanto a que no corresponde la sanción del artículo 80 de la LCT en forma solidaria; confirmó la sentencia en lo restante; e impuso las costas en el orden causado (cfr. PE1003221-2023).- Por su parte, la sentencia de Primera Instancia en su punto segundo, en lo que aquí interesa, había admitido parcialmente la demanda articulada por los actores contra Servigen S.R.L. e YPF S.A., condenando en forma solidaria a las mismas a pagar a los actores lo que resulte de las liquidaciones a practicarse por el Gabinete Contable, por despido sin causa (art. 245 LCT), diferencias de haberes mes de noviembre de 2011, indemnización sustitutiva de preaviso y su incidencia en el aguinaldo, vacaciones no gozadas, SAC sobre vacaciones no gozadas, SAC proporcional 2° semestre de 2011, y diferencias SAC 2° Semestre de 2010 y 1º semestre de 2011, sanción conminatoria del artículo 132 bis de la LCT, indemnización prevista en el artículo 2º de la Ley Nº 25.323, y la multa del artículo 80 de la LCT.
Además de los rubros mencionados, en lo específicamente referido al Sr. Víctor Zúñiga Hernández admitió el reclamo por indemnización del artículo 1° de la Ley Nº 25.323 y respecto al Sr. Néstor Fabián De la Canal admitió la demanda por indemnización prevista en el artículo 52 Ley Nº 23.551 (cfr. PE292986-2021, págs. 37/38).-
II. Que la parte actora funda su recurso en el carril impugnativo de la violación o aplicación errónea de la ley, con respecto a las normas jurídicas que rigen el caso (cfr. artículo 2º de la Ley Nº 25.323, arts. 103 y 132 bis de la LCT y art. 1º del Decreto Reglamentario Nº 146/01) y violación de la doctrina legal sentada por el Tribunal Superior de Justicia; y arbitrariedad (cfr. PE1038819-2023, págs. 2/3).-
Afirma que la sentencia atacada ha caído en un absurdo que merece rectificarse, atento que: “...ha resuelto la controversia planteada en torno a la indemnización del art. 2 de la ley 25.323, a la sanción conminatoria del art. 132 bis LCT y a la naturaleza salarial del ítem 'Acta Acuerdo 30/05/06' abonado a los trabajadores, en sentido contrario al indicado por el derecho aplicable a la materia, vulnerando tanto la letra de la ley como el espíritu del legislador con la interpretación y aplicación que el Tribunal hace de la normativa sancionada para desalentar y castigar la falta de pago íntegro y oportuno de las indemnizaciones debidas al trabajador (art. 2 ley 25.323), de las normas instituidas para prevenir la evasión y preservar el financiamiento del sistema de seguridad social (art. 132 bis LCT y art. 1° del decreto 146/01) y del precepto legal que consagra la definición de remuneración en nuestro ordenamiento positivo (art. 103 LCT).” (cfr. PE cit., pág.3.).- Entiende que la Cámara hace una errónea interpretación y aplicación al caso de la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en los autos “Murúa” en punto a la facultad judicial de reducción o eximición indemnizatoria prevista en el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley Nº 25.323. (cfr. PE cit., pág. 11).-
Agrega que también tuvo en cuenta para eximir a la patronal del pago del agravamiento indemnizatorio: “…el argumento de la codemandada YPF SA que señala que retuvo dinero de la empleadora para indemnizar parcialmente a los trabajadores…”. Esa circunstancia -sigue diciendo- tampoco puede constituir en este caso concreto una causa válida que justifique la conducta de la empleadora en los términos del segundo párrafo del artículo 2º de la Ley Nº 25.323, porque ese pago se produjo en contra de la voluntad de Servigen S.R.L., según ella misma lo expresara en su contestación de demanda. Además dice que el artículo citado no excluye a los casos de pagos indemnizatorios parciales, del agravamiento indemnizatorio allí normado y, sobre todo, cuando no hay imputación concreta de los pagos producidos (cfr. PE y pág. cits.).- Aduce que la eximición indemnizatoria ha beneficiado a un empleador que se condujo de manera desprolija y que despidió a trabajadores con conciencia de la manifiesta improcedencia de su proceder, desconociendo el principio jurídico general basado en la buena fe (cfr. PE cit., pág. 13).-
Argumenta que la sentencia recurrida decide revocar la sanción conminatoria sobre la base de un desarrollo argumental que hace una interpretación errónea del alcance del artículo 132 bis de la LCT, al rechazar la indemnización porque en la intimación cursada a la empleadora para que ingrese los aportes adeudados no se señala concretamente “cuáles serían dichos aportes y por qué períodos se adeudarían” (cfr. PE cit., pág. 14).-
Plantea que la norma citada no establece dicha exigencia. Por lo que considera que la Cámara introduce un requisito que la ley no prevé (cfr. PE cit., pág. 15).-
Afirma que: “Tampoco reconoce sustento en la correcta exégesis del texto del art. 132 bis LCT, la conclusión del sentenciante que atribuye al trabajador la carga de demostrar que el empleador no ingresó las retenciones efectuadas mensualmente con destino a los organismos de la seguridad social...” El recurrente considera que probada la retención de fondos y la existencia de deuda con el organismo destinatario de esos fondos, es el empleador quien tiene la obligación legal de acreditar el pago de lo adeudado (cfr. PE cit., pág. 16).- Sobre esta cuestión dice que: “...aún cuando no pesaba sobre esta parte actora sino sobre la empleadora la carga de demostrar que ingresó los aportes retenidos a los trabajadores, lo cierto es que de la prueba producida en la causa surge con nitidez la concreta existencia de deuda y que la demandada incumplió con aquella obligación, por lo que la sentencia recurrida incurrió en absurdo al arribar a la conclusión contraria de que 'no existen pruebas concretas y precisas de la deuda que se invoca'.” y que Servigen S.R.L realizó los aportes sindicales hasta el mes de octubre de 2011 (cfr. PE y pág. cits.).- Destaca que la propia patronal reconoció la existencia de deuda de aportes retenidos y que nunca entregó a los trabajadores las constancias de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social del artículo 80 de la LCT (cfr. PE cit., pág. 20).-
Argumenta, en atención a lo expuesto, que el sentido y alcance del artículo 132 bis de la LCT y de su norma reglamentaria (cfr. art. 1º del Decreto 146/01) ha sido completamente desvirtuado por el decisorio recurrido. Razón por la cual califica a la solución que ha brindado la Cámara al reclamo de la sanción conminatora del artículo citado como injusta, irrazonable y arbitraria (cfr. PE y pág. cits.).-
Asimismo, se queja que la sentencia impugnada decidió que el rubro “Acta Acuerdo 30/05/06”, abonado por la empleadora como ítem de carácter no remunerativo, no deba formar parte de la mejor remuneración mensual, normal y habitual a utilizarse como base de cálculo de la indemnización por despido arbitrario del artículo 245 de la LCT para ninguno de los actores. La Alzada llegó a esa conclusión por considerar que tal ítem no podía ser considerado como remunerativo por no tener los caracteres de habitualidad y normalidad para ninguno de los mandantes, sino que resultó ser de pagos extraordinarios, por meses aislados en algunos casos y por lapsos de tiempo determinado en otros (cfr. PE cit., pág. 22).- Opina que la conclusión de la Cámara contrasta de manera directa con lo que surge de los mismos recibos de haberes de la causa y de la pericial contable que reveló que varios de los actores percibieron el rubro de marras de manera continua e ininterrumpida durante todo el transcurso del último año de servicio (cfr. PE y pág. cits.).-
Entiende que se limita indebidamente el alcance amplio del artículo 103 de la LCT, que reconoce carácter remunerativo a lo que el trabajador percibe como contraprestación de su trabajo, salvo que se acredite alguna de las excepciones específicamente previstas por la ley (cfr. PE cit., pág. 23).-
III. Que en su recurso de casación, YPF S.A. plantea que la sentencia impugnada ha aplicado erróneamente el artículo 30 de la LCT y se alejó, además, de la doctrina legal emanada de nuestro Máximo Tribunal de la Nación. También la califica de arbitrario el pronunciamiento, toda vez que estima que no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. PE1042556-2023, pág. 2).- Entiende que no existió un adecuado y fundado análisis del presente caso a la luz del artículo de mención. Considera que a pesar de haber quedado demostrado que las tareas desempeñadas por los actores (tareas generales, administrativas, despachantes, operadores de autoelevadores, supervisores de playa, guincheros, gruistas; y porteros en los almacenes, depósitos y playas) no se trataban de actividades vinculadas al proceso de producción y comercialización de petróleo que realizaba YPF S.A. y, por lo tanto, no existió una unidad técnica de ejecución entre las empresas demandadas (cfr. PE cit., págs. 30). Plantea que los antecedentes “Aburto” y “Romero” de este Tribunal Superior de Justicia citados por la Cámara se aplican erróneamente configurando un absurdo (cfr. PE cit., pág. 33/34).- Considera que la Alzada incurrió en una equivocada subsunción respecto del artículo 30 de la LCT y en arbitrariedad cuando consideró que YPF S.A. debía responder solidariamente por aplicación de tal norma (cfr. PE cit., pág. 35).-
Afirma que si la actividad específica propia de YPF S.A. es la exploración y explotación petrolera no hay manera alguna de que el servicio prestado por Servigen S.R.L. de tipo administrativo, forme parte de su actividad específica y propia (cfr. PE cit., pág. 36).-
Argumenta que hacer responder solidariamente a YPF S.A. implicaría un absurdo y tiraría por la borda los efectos relativos de los contratos, en función del cual es sabido que no puede afectar a terceros, citando el artículo 1195 del Código Civil (cfr. PE cit., pág. 37).-
Expresa que: “...en autos resultaron afectadas las garantías de YPF S.A. de trabajar y ejercer industria lícita, igualdad, propiedad, defensa en juicio, debido proceso y legalidad, consagradas por los arts. 14, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional, por cuanto el fallo tal cual quedó explicado incurre en violación de la ley por incorrecta aplicación de la norma art. 30 LCT y manifiesta arbitrariedad, vulnerando de ese modo el adecuado Servicio de Justicia que debe imperar en toda República.” (cfr. PE y pág. cits.).- Aduce que la sentencia es nula y que carece de adecuada fundamentación; que ha prescindido de cuestiones oportunamente introducidas y conducentes para la decisión del pleito (cfr. PE y pág. cits.).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisibles los recursos de casación en PE1077832-2023.-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE689453-2023.-
IV. Que, en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad de los recursos intentados, se advierte que los mismos no alcanzan a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito de los recursos interpuestos, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que los recurrentes desplieguen una técnica impugnativa adecuada, de modo que los escritos portadores de los recursos formulen una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- A la luz de estas premisas, resulta dable afirmar que ninguna de las piezas recursivas obrantes en PE1038819-2023 y en PE1042556-2023 satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
Los argumentos delineados por ambos recurrentes pretenden recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021).-
Sus afirmaciones discurren, por el lado de los actores, libremente sobre la procedencia de la multa prevista en el artículo 2º de la Ley Nº 25.323 y de la sanción estatuida en el artículo 132 bis de la LCT; y sobre si el rubro “Acta Acuerdo 30/5/06” debe considerarse como ítem remunerativo a los fines de determinar la mejor remuneración mensual, normal y habitual a los fines de utilizarse como base de cálculo de la indemnización por despido incausado (cfr. art. 245 de la LCT). En el mismo sentido, YPF S.A. da su propia versión de porqué no se tendría que haber dispuesto la responsabilidad solidaria, junto con Servigen S.R.L., respecto de las deudas con los actores, en atención a lo estatuido en el artículo 30 de la LCT. Sin embargo sobre esta cuestión se omitió efectuar un desarrollo argumental que patentizara el yerro en el razonamiento revelado en la sentencia atacada.- Efectivamente, ningún cuestionamiento sustancial y convincente ha llegado al debate respecto de la revisión realizada por la Cámara de lo decidido sobre la atribución de responsabilidad ni sobre la procedencia de sanciones y la base de cálculo de indemnización.-
Los términos del recurso traslucen que en realidad lo cuestionado es -en esencia- la valoración que han efectuado los jueces de las instancias ordinarias respecto de los hechos y pruebas aportadas a la causa, cuestiones ajenas, por principio, al ámbito casatorio, máxime cuando prescinden atacar las valoraciones concretas realizadas por la Alzada (v. gr., bibliorato de Form 931 orig. plan de pago Afip).-
De este modo, se observa que la enunciación de reproches de los impugnantes sólo trasunta su mera disconformidad acerca de lo decidido por la Alzada, invocación que por sí sola no basta en el ámbito casatorio, dada la limitación extraordinaria de la instancia, desentendiéndose de los fundamentos del fallo atacado en relación a la materia en discusión.-
Los cuestionamientos de los recurrentes comprenden el análisis de cuestiones que escapan a esta instancia extraordinaria, por su indiscutible encuadramiento en circunstancias de hecho y prueba, salvo que mediare un supuesto de arbitrariedad manifiesta que invalide el acto jurisdiccional, el cual, sin embargo, contiene fundamentación suficiente como para quedar al abrigo de esa tacha. Al respecto este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “...para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'...” (cfr. Interlocutorio, Tomo IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788).- Recordemos que los jueces de grado son soberanos en la valoración de la prueba, por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo o arbitrariedad (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984); y que la selección y valoración de la prueba constituyen facultades privativas del Juez, que no puede ser reemplazada por el mero criterio divergente de los recurrentes, como aquí se pretende, salvo error o arbitrariedad manifiestos, los que no se avizoran en el caso bajo estudio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3541, Folio 6088/6092).-
V. Que en lo vinculado puntualmente al recurso de los actores, en cuanto al agravio referido a la sanción del artículo 2° de la Ley Nº 25323, cabe destacar que este Tribunal Superior de Justicia en sus precedentes, tal como lo ha expresado la Cámara, ha dicho que el incremento indemnizatorio previsto en dicha norma debe ser considerado con carácter restrictivo no solo en el caso citado en la sentencia atacada y objetada por la parte recurrente sino también en otros precedentes, por lo cual son inatendibles los pretensos agravios de la parte actora.- A mayor abundamiento y respecto de la cuestión objeto de impugnación, se ha dicho que: “… '…determinar si corresponde eximir al empleador -total o parcialmente- del pago del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, en tanto se vincula a la ponderación de las circunstancias fácticas, corresponde privativamente al tribunal del trabajo, y la decisión que al respecto éste adopte no es revisable en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo...” (SCBA, “Pellegrino M.
H. c/ Camino del Abra S.A.C.V s/ Diferencia de indemnización” LP 103879, S, 20/08/2014). (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 587, Folio 3.360/3.367).- Por otra parte, en lo referido al agravio de YPF S.A. sobre su responsabilidad solidaria, surge de las constancias de autos que también tal como se ha expresado precedentemente la materia en tratamiento comprende el análisis de cuestiones que escapan a esta instancia extraordinaria, por su indiscutible encuadramiento en circunstancias de hecho y prueba sin que se advierta en el recurso, intento de demostrar un supuesto de arbitrariedad manifiesta.- Desde otro cuadrante, tampoco la pretendida denuncia de violación de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional no es suficiente para habilitar esta vía extraordinaria; ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3573, Folio 6182/6185).- Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.
Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que impide la viabilidad del recurso intentado.-
VI. En mérito a las consideraciones expuestas, los recursos de casación articulados por la parte actora en PE1038819-2023 y por la parte demandada -YPF S.A.- en PE1042556-2023, no han logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlos mal concedidos y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE1077832-2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo votamos.- Voto de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Coincido con el voto de los colegas preopinantes en cuanto consideran que el recurso de casación interpuesto por la codemandada YPF S.A. en PE1042556-2023 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar parcialmente la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1077832-2023. No obstante, expreso mi disidencia con la solución propuesta en relación al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1038819-2023, por considerar que reúne -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, por lo que corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el término allí establecido. Así lo voto.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de la Sras. vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal Dr. Fernando Basanta y del Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani, y el voto en disidencia de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedidos los recursos de casación articulados por la parte actora en PE1038819-2023 y por la parte demandada -YPF S.A.- en PE1042556-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE1077832-2023.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1032I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3818 Folio N°: 6957/6961 Secretaría: 1
Fin de la sentencia