Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2367/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedidos los recursos de casación articulados por la parte actora a fs. 714/726 vta. y por la parte demandada -San Antonio Internacional S.R.L.- a fs. 729/749, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 751 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2367/19-TSJ Interlocutorio N°: 3634 Actor: ALARCON VICTOR LUCAS Demandada: SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. Y OTROS Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 28-09-2021 Texto: TOMO XXXII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3634 FOLIO Nº 6336/6340 PROT. ELECT. TSS1 055 I.211
Río Gallegos, 28 de septiembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “ALARCON VICTOR LUCAS c/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. Y OTROS s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. N° A-16.493/13 (A-2367/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de los recursos de casación interpuestos por la parte actora por intermedio de sus letrados apoderados Dr. Paulo Luis Schmidt y Dra. Marta Soledad Quiroga (cfr. fs. 714/726 vta.) y por la parte demandada -San Antonio Internacional S.R.L.-, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Federico Ferreyra Amuchastegui (cfr. fs. 729/749), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 698/708 vta., que revocó parcialmente el pronunciamiento de Primera Instancia y, en consecuencia, declaró la procedencia del pago de los rubros derivados del despido incausado. Además, confirmó el rechazo del incremento indemnizatorio previsto en el artículo 2° de la Ley Nº 25.323 y de la indemnización contemplada en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. fs. 705 y vta. y 708).-
II. En lo que aquí interesa destacar, el Tribunal de Alzada acogió parcialmente el recurso de apelación del actor y, consiguientemente, entendió que el despido efectuado por la empleadora fue sin justa causa.-
Para así decidir, recordó que el caso sometido a examen guardaba estrecha conexión con el obrar de un compañero de trabajo del actor, que había modificado unilateralmente el lugar donde ambos cumplían tareas, trasladando los elementos de trabajo de una oficina a otra. Sobre esa base, destacó las similitudes y diferencias entre un caso y otro, precisando que la conducta imputada al accionante consistió en la omisión de comunicar ese hecho a sus superiores. Puntualizó, asimismo, que en el supuesto de autos el trabajador se mantuvo en el lugar físico asignado por la empresa para el cumplimiento de sus labores, sin que se haya acreditado que las haya descuidado (cfr. fs. 703 vta./704).- Así las cosas, consideró que la decisión rupturista de la empleadora aparecía como desproporcionada, máxime teniendo en cuenta que en el transcurso de doce (12) años el trabajador había tenido tan sólo una sanción disciplinaria menor (cfr. foja 704).-
Por otra parte, desestimó la pretensión del empleado tendiente a obtener un incremento indemnizatorio con sustento en el artículo 2° de la Ley Nº 25.323, apoyándose en el precedente “Murua” de este Alto Cuerpo (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 576, Folio N° 3279/3288) y declarando que el dependiente pudo haber recibido un llamado de atención (cfr. fs. 705 y vta.).-
Igualmente rechazó el pedido del actor dirigido a obtener la indemnización estipulada en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En tal sentido, dijo que este concepto no fue reclamado en concreto en el escrito de demanda, sino que fue mencionado al comienzo, ni tampoco fue incluido en la liquidación allí vertida. Por ello, concluyó que ese resarcimiento no fue debidamente reclamado (cfr. foja 705 vta.).-
III. Contra este pronunciamiento, el actor interpone recurso de casación, aduciendo violación de la ley, en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. foja 714); de su lado, la demandada San Antonio Internacional S.R.L. también articula el mismo recurso extraordinario provincial, alegando quebrantamiento de forma, errónea aplicación de la ley y violación de la doctrina legal, en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. foja 740 vta.).-
III.1. En su esquema recursivo, el accionante esgrime dos agravios: el primero, dirigido a cuestionar el rechazo de la indemnización contenida en el artículo 2° de la Ley Nº 25.323 y, el segundo, hace lo propio respecto al pedido denegado en torno al resarcimiento del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
En su agravio inicial, dice que se ha configurado el motivo de violación de la ley, en tanto que la Excma. Cámara de Apelaciones se ha apartado abiertamente de los antecedentes que rodean al caso en particular, basándose en una conclusión subjetiva y personal. Afirma que, de esta manera, se han infringido los presupuestos de procedencia que prevé el artículo 2° de la Ley Nº 25.323 (cfr. foja 715 y vta.).-
Manifiesta que el Tribunal de Alzada en todo caso debió reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio pero no rechazar in limine su proce-dencia, puesto que al momento de estudiar la causal de despido había sostenido que la empleadora actuó desproporcionadamente (cfr. foja 715 vta.).-
Califica de arbitraria, ilegitima y desproporcionada la decisión de la Excma. Cámara de Apelaciones, ya que en su opinión no se explica el hecho de que exima a la empleadora, bajo el argumento de que pudo haberlo sancionado, cuando en rigor la decisión patronal fue contraria a derecho (cfr. foja 716). Desde esta perspectiva, asevera que se está pasando por alto la buena fe laboral, resaltando que la empresa había hecho caso omiso a un reclamo administrativo previo (cfr. foja 716 vta.).- Aduce que se han vulnerado garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, el debido proceso, la defensa en juicio y la debida y suficiente fundabilidad de los pronunciamientos judiciales, contenidas en los artículos 16, 17, 18, 19, 28 y 32 de la Constitución Nacional (cfr. foja 716 vta.).-
Por último, se agravia ante el rechazo de la indemnización peticionada sustentada en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Postula que esta parcela del pronunciamiento aparece como arbitraria, al sostener que dicho rubro no fue objeto de reclamo concreto en la demanda. En punto a ello, precisa que el pronunciamiento aparece como incongruente y omite considerar a la demanda como de manera integral. Cita jurisprudencia de este Tribunal Superior de Justicia y expresa que se ha lesionado lo establecido en el artículo 36, inciso 4°, del CPC y C, de aplicación supletoria, en virtud de lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley Nº 1444 (cfr. foja 717).- Hace reserva del caso federal (cfr. foja 726).-
III.2. Por su parte, la demandada San Antonio Internacional S.R.L. se agravia de que el tribunal a quo considerara como injustificado el despido.-
Asevera que la Excma. Cámara de Apelaciones se equivoca al diferenciar la conducta de Alarcón con la de Olguín -su compañero de trabajo-, ya que en definitiva ambos eran radio operadores que desplegaron conductas injuriosas merecedoras de la máxima sanción disciplinaria; consiguientemente, añade que la sentencia en crisis deviene contradictoria y absurda (cfr. foja 743 vta.).-
Advierte que dos fueron los reproches que justificaron la decisión rupturista: no haber dado aviso a sus superiores y convalidar el inaceptable comportamiento de su compañero de trabajo. Indica que esta última conducta importa asumir como propio el comportamiento injurioso del otro trabajador y que, sobre esto, el órgano jurisdiccional de Alzada nada dijo (cfr. foja 744).-
Argumenta que mal puede sostener la sentencia cuestionada que el trabajador no descuidó sus labores, si la prueba testimonial confirma que en plena jornada laboral el actor no tenía todos los elementos de trabajo, es decir, teléfono fijo y computadora (cfr. foja 744 vta.).-
Sostiene que Alarcón convalidó y participó en la decisión de cambiar el lugar de prestación de servicios y redujo los medios de comunicación a uno solo (cfr. foja 746).-
Frente a la ausencia de proporcionalidad enunciada en el fallo en crisis, señala que la extensión del vínculo no obra como atenuante, sino que, por el contrario, aparece como un agravante (cfr. foja 746 vta.).-
Ratifica su reserva del caso federal (cfr. foja 748 y vta.).-
A foja 751 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisibles los recursos.-
Que pasan los presentes al Acuerdo en PE 89278-2021.-
IV. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad de los recursos intentados.-
Para realizar esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que los recurrentes desplieguen una técnica impugnativa adecuada, de modo que los escritos portadores de este tipo de recurso formulen una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúnan tal condición aquéllos que dejan incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
V. Por una cuestión de orden metodológico, se abordará en primer término el recurso de casación incoado por la demandada -San Antonio Internacional S.R.L.-.-
Las censuras sometidas a juzgamiento pretenden la revisión de cuestiones de hecho y prueba, ajenas al acotado margen por el que transita el andarivel recursivo de marras. En punto a ello, cabe destacar que las conclusiones que al respecto formulen los tribunales de mérito no devienen susceptibles de revisión ante esta instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre cabalmente la configuración del absurdo, lo que no ha acontecido exitosamente en el sub lite.- Evaluar la conducta de las partes con anterioridad a la rescisión del vínculo laboral para determinar la existencia o no de injuria legitimante del despido, es una potestad privativa de los jueces de grado y, como tal, no puede ser revisada en la instancia extraordinaria.
La transgresión del límite que encuentra tal facultad se constata sólo ante la evidencia de una apreciación absurda de los hechos y pruebas de la causa; o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley le exige (cfr. art. 242 de la LCT).- Este Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…las cuestiones de hecho y prueba -respecto de la causa del despido- resultan ajenas a la instancia extraordinaria, en tanto se encuentran reservadas a los jueces de grado; no pudiendo la discrepancia constituirse en fundamento para su habilitación, al no probarse que ese derecho con el cual disiente, haya sido aplicado en forma errónea, o que tal operación resulte violatoria a la ley (confr.
Tomo VIII, Sentencia, Reg. 294, Folio 1591/1594) y que '…'…La valoración de la existencia de injuria…y la conclusión acerca de la oportunidad en que cesó la relación laboral, son cuestiones de hecho irrevisables en casación...'...' (confr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 236, Folio 406/410). Igualmente, este Tribunal tiene expresado que la apreciación de las circunstancias que condicionan el despido, son cuestiones de hecho que escapan al recurso de casación articulado (confr. Tomo VI, Sentencia, Reg. 213, Folio 1145/1148) y que '…la apreciación de las circunstancias que condicionan el despido demostrando si es justo o no, es una cuestión de hecho…' (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1277, Folio 1690/1691; Tomo X, Interlocutorio, Reg. 1383, Folio 1924/1926.).” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2929, Folio 4681/4684).- Hallándonos, entonces, ante una típica conclusión de índole fáctica realizada por el Tribunal de Alzada en uso de sus facultades privativas, para que la invocación del absurdo tenga virtualidad invalidante, debe acreditarse que en la sentencia que se ataca existe un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Ello es así porque no cualquier error ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones lo ponen de manifiesto; resulta imperativo que se demuestre la existencia de un desarreglo elemental en la base del pensamiento exteriorizado por la Excma.
Cámara de Apelaciones, vale decir, una anomalía extrema.- La casacionista limita su embate recursivo a referencias que afirman una solución opuesta, a presentar criterios interpretativos diversos, a destacar su propio punto de vista, sin demostrar certeramente la incorrección de la evaluación llevada a cabo por la Excma. Cámara de Apelaciones y, por lo tanto, sin llegar a conmover los basamentos del decisorio impugnado.-
Como consecuencia de lo dicho, debe concluirse que la impugnante no logra evidenciar el vicio que denuncia con la sola exhibición de un criterio distinto al del juzgador en orden a la valoración del material probatorio aportado a efectos de acreditar la existencia o no de las causales invocadas y, por lo tanto, su recurso deviene inadmisible.-
VI. Ingresando en el examen de la impugnación articulada por el actor, se observa que el escrito portador del recurso evidencia endebles críticas no apontocadas en argumentos jurídicos y fácticos que permitan calificarlas de razonadas o fundadas, omitiendo rebatir las razones esenciales brindadas por los jueces de la Cámara. Por el contrario, la recurrente pretende discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que debió fallarse. Empero, omite desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado, resultando insuficiente para este cometido la cita de normas presuntamente infringidas, si no se justifica en el caso concreto cómo se produjo esa violación.- No resulta de recibo el agravio tendiente a revertir lo decidido en la instancia de grado en torno al incremento indemnizatorio plasmado en el artículo 2° de la Ley Nº 25.323.-
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha indicado que “…determinar si corresponde eximir al empleador -total o parcialmente- del pago del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, en tanto se vincula a la ponderación de circunstancias fácticas, corresponde privativamente al tribunal del trabajo, y la decisión que al respecto éste adopte no es revisable en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo...” (cfr. “Ortíz, Sebastián Leonel c/ Cattorini Hnos. S.A.I.C.F. e I. s/ Despido”, LP L. 119.161 S, del 13/6/2018).- En la misma senda, este Alto Cuerpo ha afirmado: “Con relación a la queja por la aplicación de la penalidad prevista en el artículo 2° de la ley 25323...nos hallamos ante una cuestión fáctica, circunstancia que impone la misma suerte adversa para la recurrente...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3079, Folio 5013/5016).-
Si bien la recurrente menciona como vicio estructural la violación de la ley, no logra demostrar en qué consiste concretamente. Se advierte que las conclusiones de la Excma. Cámara de Apelaciones no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error en la resolución cuestionada. Así, la recurrente tan sólo indica su discrepancia con la sentencia atacada pretendiendo una interpretación y una aplicación distintas de la normativa vigente, invocación que por sí sola no basta en el ámbito de la casación, dada la limitación extraordinaria de la instancia y, en especial por la exclusión del análisis de los hechos, materia exclusiva de los jueces de grado con las salvedades propias de la materia en orden al absurdo o a la arbitrariedad.- La mera expresión de una opinión discrepante no basta para acreditar -ante las cuestiones de hecho- que las definiciones que contiene a su respecto el pronunciamiento del tribunal de grado sean portadoras del vicio del absurdo.-
En tal sentido, este Tribunal Superior de Justicia ha señalado, reiteradamente, que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que solo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que esta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación. En la especie, los agravios remiten a materias propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia casatoria (cfr. Interlocutorio, Tomos VI, Reg. 893, Folio 1044/1046; XI, Reg. 1462, Folio 2044/2045, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de cuestiones de hecho y prueba, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (cfr. Interlocutorio, Tomos XXI, Reg. 2661, Folio 4030/4032; Reg. 2685, Folio 4097/4099; XXII, Reg. 2767, Folio 4301/4305), circunstancias estas últimas que no acontecen en el sub judice.- Idéntica suerte adversa debe correr la supuesta afectación de derechos o garantías de orden constitucional alegados por la recurrente, en la medida en que omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas que esa cláusula constitucional tutela. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).- Tampoco merece favorable recepción el agravio dirigido a desvirtuar lo decidido por el tribunal a quo en torno al rechazo de la indemnización contemplada en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
Este Alto Cuerpo ha afirmado, con cita del Máximo Tribunal bonaerense, que: “…'…la verificación de si en un caso dado se configuran -o no- los presupuestos fácticos para la procedencia de la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. ley 25.345), constituyen facultades privativas de los jueces de los tribunales del trabajo que no pueden ser revisadas por la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo que debe ser denunciado y eficazmente demostrado…' (cfr. 'Lezcano Maximiliano Martín contra Margobal SA s/ Despido', causas L. 119.685 del 09/08/2017,; y 'Giordano Julio César contra Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina s/ Despido', causa L. 114.166, del 15/07/2015).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3513, Folio N° 6022/6025).- El fundamento de esta tesitura radica en que, en principio, este Alto Cuerpo no está habilitado para revisar las cuestiones de hecho. Ello implica que la determinación y la valoración de las circunstancias fácticas propuestas por los justiciables -lo que incluye la apreciación de la prueba- escapa al control casatorio. De modo excepcional, este Tribunal Superior de Justicia entra a conocer sobre los hechos, si se demuestra que esa apreciación configura un absurdo, lo que supone “…'…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…'…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/ 3984, entre otros).- Cabe reiterar que la revocación de una sentencia por absurdo o arbitrariedad es un remedio excepcional para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica.-
El intento de la recurrente enderezado a demostrar una presunta arbitrariedad en la conclusión a la que arriba el órgano jurisdiccional de alzada deviene infructuoso. Ello, por cuanto no se advierte en la especie valoración absurda ni arbitrariedad manifiesta, como así tampoco un apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen el remedio excepcional y extraordinario de la Casación, puesto que la defensa particular basa su disenso en cuestiones de derecho procesal irrevisables en la instancia extraordinaria provincial (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VII, Reg. 1063, Folio 1311/1315), pretendiendo una interpretación diferente, como si se tratara de una tercera instancia común u ordinaria (cfr.
Hitters, Juan C.; en: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de Casación”, Ed. Platense, 1984, pág. 181, párrafo primero), dirigiendo así su esfuerzo hacia la apreciación crítica y el análisis lógico de las circunstancias meritadas, para tratar de demostrar la inexactitud de los juicios emitidos por la Excma. Cámara de Apelaciones directamente relacionados con el cuadro fáctico y la interpretación normativa. Obviamente, el planteo así traído no logra el acceso al ámbito de la casación, toda vez que las apreciaciones de índole procesal quedan normalmente detraídas de ella, salvo cuando se demuestre que la valoración intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, carece de bases aceptables que por tal circunstancia puedan afectar el derecho de defensa o del debido proceso que en autos han sido observados por los Jueces de mérito, ya que, tampoco es función de la casación el reexamen de los hechos establecidos en las instancias ordinarias, salvo que los jueces de grado hubiesen incurrido en absurdo o la hubiesen elaborado en forma irrazonable, no siendo suficiente que dicha valoración sea discutible, objetable o poco convincente, para abrir la instancia extraordinaria (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XV, Reg. 1949, Folio 2884/2888).- La aprehensión intelectual e interpretación del contenido de los escritos de constitución del proceso constituyen una cuestión de hecho que sólo puede ser objeto de censura en sede extraordinaria si se pone en evidencia que la conclusión impugnada es arbitraria y no responde a un razonamiento lógico elaborado. En este sentido, este Alto Cuerpo ha sostenido que por principio adentrarse en el análisis de los escritos constitutivos de la litis es una cuestión fáctica exenta de casación (cfr. Interlocutorio, Tomo XVI, Reg. 2091, Folio 3078/3080).- Por otro lado, cuadra destacar que resulta inapropiada la cita del precedente “Romero” (cfr.
Sentencia, Tomo XIII, Reg. 455, Folio N° 2474/2482) realizada por la recurrente a foja 723, por cuanto su doctrina fue elaborada sobre la base de hechos distintos a los verificados en la presente causa, sin que sea dable extrapolar sin más lo allí estipulado.-
En suma, se observa que la recurrente pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2701, Folio 4131/4135), lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
VII. Que en virtud de lo expuesto, los recursos de casación articulados por la parte actora a fs. 714/726 vta. y por la parte demandada -San Antonio Internacional S.R.L.- a fs. 729/749 no han logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlos mal concedidos y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 751 y vta., de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedidos los recursos de casación articulados por la parte actora a fs. 714/726 vta. y por la parte demandada -San Antonio Internacional S.R.L.- a fs. 729/749, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 751 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1055I.211 Tomo: XXXII Interlocutorio: 3634 Folio N°: 6336/6340 Secretaría: 1
Fin de la sentencia