Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2367/19-TSJ-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada en PE286776-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2367/19-TSJ-TSJ Interlocutorio N°: 482 Actor: ALARCON VICTOR LUCAS Demandada: SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. Y OTROS Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 17-05-2024 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 482 FOLIO Nº 1828/1831 PROT. ELECT. TSS1 008 O.241
Río Gallegos, 17 de mayo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “ALARCON VICTOR LUCAS c/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. Y OTROS s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. N° A-16.493/13 (A-2367/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la parte demandada -San Antonio Internacional S.A.-, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Federico Ferreyra Amuchastegui en PE286776-2021, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE262566-2021 por cuanto declara mal concedido el recurso de casación que interpusiera a fs. 729/749.- Al fundar su recurso, aduce que el pronunciamiento emitido por este Alto Cuerpo incurre en arbitrariedad (cfr. PE286776-2021, págs. 1 y 19).-
Inicialmente, sostiene que el plazo de diez días previsto por el artículo 7° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- se encontraba largamente transcurrido a la fecha del dictado de la resolución en crisis, por lo que resulta de aplicación la sanción de nulidad prevista en el artículo 168 del CPCyC (cfr. PE cit., págs. 20/22).-
En segundo lugar, postula que este Excmo. Tribunal Superior de Justicia violó el precitado artículo 7º del régimen de casación al incursionar en la materia debatida en el fondo de la cuestión, con la consiguiente trasgresión de la defensa en juicio y el debido proceso legal. Alega que asistimos a una actividad jurisdiccional dual y, por ende, contradictoria. A ello agrega que resulta indudable que este Alto Cuerpo, so pretexto de examinar la admisibilidad del recurso de casación, juzgó en realidad sobre su procedencia (cfr. PE cit., págs. 22/26).-
En tercer término y de manera subsidiaria, refiere que se ha incurrido en un exceso ritual manifiesto, procurando cerrar la vía recursiva local cuya admisibilidad y procedencia no pueden ponerse en tela de juicio ante el conjunto de desaciertos puestos de resalto al interponer y fundar el recurso de casación. Adicionalmente, señala que la sentencia de segunda instancia se ha estructurado sobre premisas falsas, al existir pruebas que conducían a una decisión diametralmente opuesta; alude, en este punto, a otro caso en el que se convalidó judicialmente el despido de un compañero de trabajo por idéntica situación a la del actor. Todo esto, a su juicio, ha sido groseramente desatendido por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia. Rememora, en este contexto, diferentes testimonios que confirman que el actor se negó a cumplir tareas, es decir, a recibir pedidos de servicios especiales en su condición de radio operador (cfr. PE cit., págs. 26/37).- Por último, asevera que se han afectado de manera directa e inmediata las garantías constitucionales de igualdad, propiedad, defensa en juicio, debido proceso y legalidad, consagradas en los artículos 14, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional (cfr. PE cit., pág. 37). En este tramo de su impugnación manifiesta que: “La arbitrariedad es evidente porque se decide que el despido del actor resultó injustificado cuando está acreditado (sic) la violación a las políticas de alcohol de la demandada, concretamente por tomar alcohol en sus instalaciones, omitir denunciar el consumo de su compañero y otorgarle el manejo de un camión de gran porte que transitaba por la ruta nacional N° 3 cuando tenía 1,73 g/l de alcohol, todo lo cual surge acreditado de las actuaciones de la fuerza de seguridad...” (cfr. PE cit., pág. 38).- Luego se ordena correr traslado del recurso extraordinario a la parte contraria (cfr. PE201094-2021), quien debidamente notificada, lo contesta en PE1187150-2023.-
Corrida la vista correspondiente al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, dicho funcionario dictamina, respecto del recurso impetrado y expresa que: “…la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE1230702-2024, pág. 3).- Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE756472-
2024.-
II. Analizando la presentación de la demandada recurrente y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/2012), corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011. Si bien se ha presentado en formato digital, en las propiedades del documento se advierte que lo ha deducido en tamaño A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo primero de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal, dado que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, ha sido escrita con letra claramente legible y no excede los renglones permitidos por la normativa citada (art. 1 del Reglamento).-
También se observa que cuenta con carátula en hoja aparte, dando cumplimiento con los recaudos establecidos en el artículo 2º.-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b). Pese a que realizó un relato de las circunstancias relevantes del caso, ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso, dado que omitió precisar la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional planteada (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Ediar, 2011, pág. 107).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c) de la Acordada Nº 4/2007, se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. aut. y ob. cits., págs. 108/109) sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.-
Un capítulo aparte debemos dedicar a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 148:60; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. autos: “Reynoso Edgardo R. c/ Borzi Celia T.”, publicado en E.D. 126-170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.-
Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).-
La recurrente funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14º de la Ley Nº 48 sin especificar en cuál de sus incisos. En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley Nº 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido, se declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada (cfr. PE262566-2021).-
Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (cfr. aut. y ob. cits., pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada, podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que, el litigio se resolvió en base a normas provinciales y de derecho común por tratarse de típicas cuestiones de hecho y prueba respecto de la conducta exhibida por las partes con anterioridad a la rescisión del vínculo laboral, en orden a determinar la existencia o no de una injuria legitimante del despido.- Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de derecho común y de índole procesal (cfr. arts. 75, inc. 12 y 121 de la CN), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones nacionales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.-
Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional.-
En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, la parte recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual el Máximo Tribunal ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad.
Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).-
En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el presentante realiza un análisis de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior de Justicia, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio del recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.-
En efecto, este Alto Cuerpo ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en la resolución se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).-
En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por el Máximo Tribunal en materia de recurso extraordinario federal, ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el recurrente debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 y 2421; 310:722; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.-
Corresponde concluir entonces, que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada en PE286776-2021.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1008O.241 Tomo: X Interlocutorio: 482 Folio N°: 1828/1831 Secretaría: 1
Fin de la sentencia