Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2019-112544550-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nro. 5235/11, dictada en el expediente SIGEA 608514- 186-2004, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 10.507,46), con más el CER aplicable a la fecha de pago, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 30/03/2011 hasta la fecha de total y efectivo pago. Con costas a la actora.
2Revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, y la aplicación del CER sobre tales rubros. Con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-103151552-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 16 de Septiembre de 2025 s/recurso de apelación”
Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “E”, Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “ALBA CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, Expte. Nº 33.293-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 13/33 se presenta la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nro. 5235/11, dictada por el Jefe del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros, en el expediente Nº 608.514-186-2004, mediante la cual se condenó a la firma “MARQUIE VAPLAS S.A.” por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A., y se intima a su parte - en carácter de aseguradora de la firma imputada- al pago de la suma de $ 24.130,13 en concepto de tributos. Hace referencia a los antecedentes del caso. Plantea la prescripción de la acción del cobro de tributos por parte del Servicio Aduanero, habida cuenta que la primer notificación de las actuaciones administrativas por la que tomó conocimiento de la apertura del sumario de marras, ha sido en fecha 12/05/2011, en tanto que el presunto hecho imponible por el que se imputan los tributos reclamados, habría acaecido el 01/05/2001.
Invoca el plazo de prescripción reglado en el CA en su artículo 803 y ss. Manifiesta que la firma importadora se encontraría en quiebra, encontrándose en trámite dicho proceso, en tal sentido el vencimiento de la temporal seria de fecha anterior y por lo tanto se encontraría alcanzado por el concurso. Agrega que la aduana debe encargarse de verificar su crédito en forma oficiosa para acreditar la existencia, legitimidad y monto, así como para resguardar su derecho a la garantía subsidiaria prestada. Cita jurisprudencia. Asimismo, se refiere al art. 56 de la LCQ, atento que al haber transcurrido el plazo de dos años previstos para verificar el crédito se procede a prescribir la acción de la AFIP por el crédito que ostentaría en concepto de impuestos por nacionalización.
Así las cosas, la extensión de la obligación principal provocará la extinción de la obligación accesoria. Concluye que el término de prescripción dispuesto en la LCQ es aplicable a las obligaciones fiscales, por lo que la obligación del garante se encuentra extinguida y no puede ser exigida por la Aduana. En subsidio, plantea la accesoriedad de su responsabilidad, aun cuando la obligación pueda considerarse solidaria, tal circunstancia no convierte al garante en deudor directo de la obligación. Agrega que su responsabilidad se encuentra limitada a los tributos de importación y no comprende “todos” los tributos y gravámenes que “adicionalmente” percibe o retiene el Servicio Aduanero, independientemente de que el importador deba mucho más a la Aduana.
Plantea la improcedencia del Derecho Adicional y del CER. Ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 43/49 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Formula negativa genérica. Sostiene que los argumentos expuestos por la contraria no han podido desvirtuar la configuración de la infracción dispuesta por el art. 970 del CA, ni mucho menos de las obligaciones asumidas. En cuanto a la supuesta prescripción de la acción del fisco, considera que no procede, atento que con el dictado de la instrucción del sumario se interrumpió la prescripción, el cual no requiere ser notificado, concluyendo que no ha operó le prescripción, lo que lleva al rechazo, en ese sentido, del agravio opuesto por la contraparte. Expresa que la DGA en su carácter de Asegurada o acreedora frente al incumplimiento del Tomador del seguro no se encuentra obligada a cumplir con otro requisito más que la determinación de dicho incumplimiento. Agrega que la garantía contenida en la póliza en cuestión se presta a requerimiento de la firma importadora, constituyendo a la actora en fiadora, lisa, llana y principal pagadora. Cita y transcribe lo dispuesto por el art. 274 del CA. Añade, que en el caso, el Servicio Aduanero liquidó los tributos como correspondientes a la importación para consumo de la mercadería en cuestión, y por ende con aplicación del régimen tributario vigente en la documental en trato, por lo que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. En cuanto al planteo de la contraria, sobre la improcedencia del derecho adicional argumenta que cabe extender la aplicación del “derecho adicional del 30%” establecida por la Resolución 72/92, no solo a los supuestos de importaciones a consumo “autorizadas”, sino también al supuesto “irregular” previsto en el citado art. 274. Asimismo, respecto de las manifestaciones relacionadas a la falta de verificación por parte la DGA del crédito fiscal en el supuesto proceso concursal de la importadora, remarca lo resuelto por la CSJN en reiterada jurisprudencia en cuanto a que no existe norma legal alguna, que imponga al acreedor, la obligación de verificar su crédito en la quiebra del importador, como requisito previo a reclamar su crédito de la firma garante o aseguradora. Ofrece como prueba el expediente administrativo vinculado a la presente causa, y solicita que se confirme el fallo aduanero, con expresa imposición de costas a la contraria.
III. Que a fs. 50 se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 69/75, 85/91, 110 y 277/278 habiéndose, a fs. 245, tenido por desistida a la parte actora de la producción de la prueba informativa ordenada en los puntos 6 y 9 del auto del fs. 50. A fs. 284 se declara cerrado el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 288 se ponen los autos para alegar, agregándose a fs. 294/313 el alegato presentado por la actora, a fs. 314 se deja constancia que el fisco nacional no hizo uso del derecho conferido. A fs. 315 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación Nro. 608514-186-2004 se inicia con el Acta de Denuncia Nro. 1816/04 formulada contra el importador “MARQUIE VAPLAS S.A” por la presunta comisión de la infracción tipificada en los arts. 970 y 972 del C.A. en relación con la destinación Nro. 00 001 IT14 02357W. A fs. 7 se glosa la carpeta del DIT involucrado, oficializado ante la Aduana de Buenos Aires (capital) el 05/05/2000, por el que se documentó la importación temporal de mercadería al amparo del Dto. Nro. 1439/96, por el plazo de 360 días, cuyo vencimiento operaba el 01/05/2001. A fs. 10, el 18/08/2006, se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. y se da intervención a la División Comprobación de Destino a fin de que se proceda a efectuar la Interdicción sin derecho a uso de la mercadería en trato con las formalidades de rigor, en los términos del art. 263 CP. A continuación se glosa el ALCANCE Nro. 608514-186-2004/1 y mediante el Informe nº 2925/05 (DV CODE) la División Comprobación de Destino informa que no se pudo cumplir con la medida cautelar dispuesta por el Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros. A fs. 23 se practica el aforo de la mercadería a la fecha de infracción. A fs. 24 obra determinación de base de tributos y multas. A fs. 25/26 se glosa print de pantalla de Consulta de una Garantía Global o Unitaria. A fs. 27, con fecha 04 de abril de 2011, se corre vista de todo lo actuado a la importadora en los términos del art. 1001, 1010, y 1101 del C.A. y se cita a la firma “ALBA CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS” en su carácter de garante de la obligación tributaria -aval póliza N° 234.030-, notificada a la importadora (Sindico) el 28/04/2011 (fs. 37) y a la aseguradora el 12/03/2011 (fs. 62). A fs. 38 se presenta el síndico de los autos caratulados “MARQUIE VAPLAS SA s/ QUIEBRA” y hace saber que en caso de imponerse una sanción patrimonial contra la importadora, la misma deberá ser objeto de verificación en los autos de quiebra. A fs. 46/61 la aseguradora presenta su descargo. A fs. 63 se tienen por presentadas a las partes y se provee la prueba ofrecida, no haciéndose lugar. A fs. 66/71 la actora Alba Cia. Argentina de Seguros SA, plantea revocatoria y solicita se ordene la producción de la prueba por ella ofrecida. A fs. 72 se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto. A fs. 76/81 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 5235, apelada en autos.
Primera Cuestión:
V-. Por razones de orden lógico, corresponde examinar, en primer término, si la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada. Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción -relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 establece que “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del CA). Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 01/05/2001, y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción comenzó a correr el 01/01/2002 y vencía el 31/12/2006.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a)- desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 18/08/2006 (fs. 10 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 7 meses y 18 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 4 meses y 12 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 18/08/2006) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que la norma hace referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA N° 5235 dictada el 09/08/2011.
Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 18 /08/2006 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 09/08/2011 (fecha del dictado de la resolución). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 10/08/2011. Es decir, que desde allí comenzó a correr los 4 meses y 12 días, que restaban para completar el plazo prescriptivo. Que, dicho plazo (4 meses y 12 días) se cumplió el 22/12/2011, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). Que, cabe destacar que el único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación -al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos; en armonía, a su vez, con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A.). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria -prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.- forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, la aludida “notificación de la liquidación tributaria” se efectuó en fecha 18/04/2013 (ver fs. 87 de las act. Adm.), es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo.
Que en tal sentido, el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 894/2017) dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN-SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (18/08/2006) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 09/08/2011- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 18/04/2013, cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que dicha interpretación ha sido confirmada por la Sala I de la CNCAF en autos “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 92393683-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo” del 26/03/2024, donde puntualizó que-en lo que respecta al inc. a) del art. 805 del C.A.-“…de acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (…)”.
Que, por lo expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos. Con costas.
Segunda cuestión VI.- Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala "E", corresponde analizar si la Resolución DE PRLA Nro. 5235/11, dictada por el Jefe del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros, por el que se formula cargo a la aseguradora “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” en concepto de tributos con más los intereses del art. 794 del C.A., en su carácter de garante de las obligaciones emergentes de la Destinación Nº 00 001 IT14 002357-W, por la que el importador “MARQUIE VAPLAS S.A.” habría cometido la infracción tipificada en el art. 970 del CA, se ajusta a derecho. Que cabe analizar el planteo de la recurrente, en cuanto cuestiona el hecho de que la aduana le exija el pago de tributos sin haber previamente verificado su crédito en el concurso de la importadora.
Que debe señalarse que el concurso o quiebra del importador no condiciona la responsabilidad del asegurador al cumplimiento por parte de la Aduana de una eventual presentación o verificación de su crédito en el concurso o quiebra del importador asegurado, ni sujeta el cobro del tributo a la realización de gestión alguna previa por la Aduana ante el Juez del concurso, sino que la finalidad es más bien, en sentido inverso al pretendido por la actora, la de asegurar a la Aduana, ante la falta de ingreso de los tributos por el importador, la posibilidad de cobro de los mismos, ante cualquier eventualidad, incluida la quiebra o concurso del importador.
Que puede afirmarse que no existe norma legal alguna, que imponga al acreedor (en el caso la Dirección General de Aduanas), la obligación de verificar su crédito en el concurso o quiebra del importador, como requisito previo a reclamar su crédito de la firma Aseguradora.
En otras palabras, una buena razón, que pudo tener en cuenta el legislador, para exigir una garantía y así tener un garante solvente, con el objeto de cobrar la deuda garantizada, es cubrir la posibilidad -que en el caso de autos se dio- de que el deudor principal sea insolvente y/o quiebre o se concurse preventivamente.
En suma, dada la responsabilidad de la actora aseguradora, desde el punto de vista de su responsabilidad frente a la aduana como garante de la obligación tributaria de la importadora, y también desde el punto de vista de la producción del siniestro dados el carácter de aseguradora de aquélla y el riesgo asegurado, tal responsabilidad es tal sin que ninguna relevancia pueda tener, ni ningún obstáculo pueda constituir, para efectivizar la aduana el cobro de los tributos a la actora, el concurso o quiebra de la firma importadora.
Por lo demás, de cualquier modo, todos los procedimientos contenciosos aduaneros (de obvio contenido patrimonial, específicamente en cuanto en ellos está en juego la aplicación de multas y/o la exigencia de tributos) y con su eventual secuela recursiva, quedan excluidos de la suspensión de su trámite y del fuero de atracción del concurso (preventivo o quiebra), dispositivos establecidos por la Ley 24.522, aunque en dicha ley -en la que taxativamente se indican los juicios excluidos al respecto- no se excluyen expresamente aquéllos. La aludida exclusión obedece a un lógico y natural sentido de especialidad y practicidad, en orden a la forzosamente preliminar determinación tributaria -o de su improcedencia-, función del organismo recaudador y en su caso de la pertinente vía recursiva, y a la razonable necesidad de que el proceso penal concluya hasta sus últimas posibilidades de juzgamiento, criterio éste que fue establecido jurisprudencialmente.
En efecto, ya la C.S.J.N. había expresado (en vigencia de la Ley 19.551), por sentencia del 9/4/87 en autos “COSIMATI, Gregorio G. s/Conc. merc. preventivo”, que el art. 22 de dicha Ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable “... toda vez que la misma –la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”. En el mismo sentido se ha expedido nuevamente la C.S.J.N. en la causa “SUPERCANAL S.A.”, sent.
Del 2.6.03, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, “... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que - recién- se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas”. Finalmente, con posterioridad, la C.S.J.N. se ha pronunciado en la causa “GAUCHAT, Enrique”, sent. del 4.7.03, yendo aún más adelante en la vía recursiva y precisamente contemplando los supuestos -esta vez- en que la sentencia del Tribunal Fiscal fuese apelada, haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador General en el sentido de que “... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso.
Consecuentemente ... hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la Sala IV de la C.N.A.C.A.F. y, en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso”.
VII. Así las cosas, de la compulsa de los antecedentes administrativos resulta que la firma “MARQUIE VAPLAS S.A.”, documentó mediante el DIT N° 00 001 IT14 002357-W, oficializado ante la Aduana de Buenos Aires (capital) el 05/05/2000 la importación temporaria de mercadería, con vencimiento del plazo de permanencia el 01/05/2001, dando garantía por los tributos (liquidados en el aludido DIT) que en el momento del referido registro habrían gravado la importación para consumo de la mercadería, garantía extendida mediante la póliza de seguro de caución N° 234.030 emitida por la firma Alba Compañía Argentina de Seguros S.A., por la suma de dólares estadounidenses (U$S) 35.000 (ver fs. 25/26 de las act. adm.).
Que ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA, condenándose a la firma importadora - mediante la resolución aduanera apelada en autos- al pago de una multa y, asimismo, por el mismo hecho se condenó a la importadora y a la aseguradora recurrente, al pago de los tributos por la importación para consumo de la mercadería de dicho DIT.
Que para así resolver, el servicio aduanero consideró que -de conformidad con la denuncia de fs. 1 de las actuaciones administrativas- se encontraba en infracción la mercadería ingresada temporalmente a través del DIT en cuestión, en razón de que la firma importadora no acreditó haber cumplido con las obligaciones a su cargo, ya sea reexportando o nacionalizando la mercadería involucrada en autos. A fs. 46/71. de las actuaciones administrativas la aseguradora formuló su descargo, no surgiendo del trámite del expediente administrativo la cancelación del DIT en trato.
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto N° 1439/96 (Res. 72/92) -a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos-, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en él o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar "...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y "cantidad" de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria".
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo ("descarga" del D.I.T. —eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida— en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaria de Industria.
Que, al respecto, establecen: "El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)". (Art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. N° 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracci6n bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del N° de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. SIC. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que existiendo, un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos. Mermas. Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"(conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. N° 1439/96) establece que: "La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de tipificación y Clasificación (CTC) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen".
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: "A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9° de la Resolución ME y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaria cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9°, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaria de Industria y Comercio.".
X. Que tratándose la cuestión debatida en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 inc. c) y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco, en dicho Código, la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor, (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la Aduana asegurada) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (conforme art. 1587 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada "responsabilidad" de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C. Civil y Comercial, Ley 26.994). Que según surge del art. 462 del Código Aduanero el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
XI. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa para verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación del DIT bajo análisis. Que del análisis de la documentación obrante en las actuaciones administrativas y de la prueba producida en esta instancia no surge la cancelación del DIT en trato. Como consecuencia de ello, se han producido los efectos tributarios e infraccionales legalmente previstos al respecto (arts. 274 y 970 del C.A.).
Que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de los tribunales, en el sentido de que la carga de la prueba en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo del importador, o de su garante en su caso.
Que a mayor abundamiento, se observa que en el auto de apertura a prueba de fs. 50 se ordenó librar oficio a la DGA a fin de que remita el original de la póliza de seguro de caución Nº 234.030. En la referida contestación de oficio obrante a fs. 85/91 de autos, el servicio aduanero informó “…que la gtia. asociada a la destinación 00001IT14002357W se encuentra en estado ENTREGADO con la operatoria CANCELADA”. Asimismo, del print de pantalla “Consulta de una Garantía Global o Unitaria” glosada a fs. 90 de autos, se extrae la siguiente información: identificador de la garantía 00 001 015729 H, importador: TECNOLOGIA ARGENTINA EN CINTAS, despachante: GO?I VANINA ISABEL, Nº ext. de garantía 236.760, código de garante: “ALBA CIA. ARG. SEG SA” por la suma de DOLARES 45.500, estado: ENTREGADA, liquidación: 00 001 IT14 002357W, estado de la destinación. En tales condiciones, cabe destacar que no hay correspondencia entre los datos aportados por la contestación de oficio con los datos de la constancia de Consulta de una Garantía Global o Unitaria, obrante a fs. 25/26, de las actuaciones, por lo que corresponde desestimarla.
XII. Que sentado lo precedente corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada en autos. Que, en cuanto a la incorporación del derecho adicional en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas, corresponde estar a lo dispuesto en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Codorniu Argentina S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo" (CAF 30796/2016/CA1-CS1) del 26/12/2017.
Que, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (…) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal ...” (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo, del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria - ”nacionalización ficta”, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Que en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así -tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177). 10) Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XIII. Que por lo tanto, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el impuesto a las ganancias, en virtud de lo expuesto en el Considerando anterior. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación efectuada a fs. 24 de las actuaciones administrativas.
Valor en Aduana: $ 22.939,57 Dchos. 20% $ 4.587,91 Estadística 0,5% $ 114,69 Base IVA $ 27.642,18 IVA 21% $ 5.804,85 Total tributos adeudados: $ 10.507,46 XIV.- Que en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), se formulan las siguientes consideraciones.
Que el decreto 214/02, en su artículo 8, dispone: “Las obligaciones de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el artículo 4 del presente decreto”. El artículo 4, al que dicha norma remite establece que a dichas deudas “se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.
Que tratándose, la de autos, de una deuda u obligación generada por un hecho anterior a la entrada en vigencia de la Ley 25.561 -importación para consumo irregular de fecha 10/05/2000 -esa suma debió liquidarse conforme el art. 20 de la ley 23.905, en dólares (U$S). En el caso, el importe exigido en la corrida de vista de fs. 23 en fecha 11/03/2010 (notificada a la aseguradora el 25/03/2010, fs. 34), fue expresados en pesos, cuando ya $ y U$S no eran equivalentes (pues se había derogado la ley 23.928 no encontrándose vigente la paridad cambiaria $ 1 - U$S 1), y se efectuó después del Decreto 214/02. La deuda tributaria quedó así “pesificada” por el Decreto 214/02 (con la paridad 1 a 1), es decir “en virtud” de dicho decreto (y no había sido pesificada -por la Aduana- antes de dicho decreto). Por eso no es aplicable al caso el criterio de la C.S.J.N. sentado en el caso “Editorial Perfil”, sent. del 12/08/2008, y sí es aplicable el criterio de dicha C.S. sentado en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica”, sent. del 17/04/2007, en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Dec. 214/02 el CER es inescindible del capital adeudado.
En conclusión, la obligación tributaria nació expresada en dólares estadounidenses al tiempo de registro del DI en cuestión, por aplicación del art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991), subsistiendo como tal a la fecha en que entró en vigencia la ley de emergencia 25.561, por lo cual no cabe duda que resulta alcanzada por la pesificación dispuesta por el Decreto N° 214/02, del 3/2/2002.
Que, en consecuencia, la aseguradora adeuda, en su carácter de garante, el importe de los rubros derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más el C.E.R. aplicable a la fecha de pago, sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
XV. Que, por aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N. ya referida, el C.E.R. es inescindible del capital adeudado, por lo que procede su inclusión a los efectos del cómputo de los intereses (sobre los rubros en que se determinó procedente).
XVI. Que en cuanto al tope máximo de responsabilidad deberá resultar de convertir el monto asegurado por la póliza (U$S 35.000), en la relación U$S 1 = $ 1, con más el CER que corresponda al día anterior al pago (U$S 1 = $ 1, en los términos del art. 8° del dec. 214/02, con la aplicación del CER previsto en el art. 4° dec. 214/02, por tratarse de una obligación contraída en dólares con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto).
XVII. Que en lo que respecta a la limitación de su responsabilidad, la actora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar (al importe de dicho monto límite, si fuera que los tributos que adeuda la importadora lo superan) los accesorios que correspondan. Esa suma máxima era, según lo expresamente pactado y según lo establece el art. 1578 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994 (disposiciones sobre la fianza supletoriamente aplicable al caso), el tope hasta donde podía resultar obligada la aquí actora aseguradora, sin perjuicio, claro está, de los accesorios, aún si con ellos se excediese dicha suma. Lo dicho, se recalca, cualquiera fueran o hubieran sido las razones para determinar ese límite o suma máxima. De modo tal que, si el importe derivado del siniestro (sin accesorios) es mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes.
Que el importe nominal de los tributos $ 10.507,46 con más el CER determinado en los Considerandos XII.- y XIII.- queda comprendido dentro del límite garantizado (U$S 35.000), a razón $ 35.000 con más el CER; por lo que es por ese importe que, como importe nominal, debe responder la aseguradora, y es a ese importe al que aquí se le deben adicionar los correspondientes accesorios.
XVIII. Que en lo atinente a los intereses, la jurisprudencia es pacífica respecto de que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal (cfr. art. 1580 Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994), y también, por los intereses de su propia mora, cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal. En el caso de autos, la aseguradora fue citada el 12/03/2011 (fs. 62 y vta. de las act. adm), es decir con anterioridad a la fecha de notificación de la firma importadora que se notificó el 28/04/2011 (fs. 37 act. adm.). Por lo tanto los intereses corren, en el caso, desde el 30/03/2011 (diez días posteriores al 12/03/2011), según el art. 794 del C.A..
XIX. Que en consecuencia, corresponde confirmar parcialmente la resolución aduanera, en relación a los rubros derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más el CER y los intereses devengados desde el 30/03/2011 hasta la fecha de total y efectivo pago (art. 794 del C.A.); y revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, y la aplicación del CER sobre tales rubros. Con costas conforme los respectivos vencimientos.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nro. 5235/11, dictada en el expediente SIGEA 608514- 186-2004, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 10.507,46), con más el CER aplicable a la fecha de pago, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 30/03/2011 hasta la fecha de total y efectivo pago.
2. Revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, y la aplicación del CER sobre tales rubros.
3. Costas conforme los respectivos vencimientos.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto de la Vocal preopinante salvo en cuanto a la imposición de costas dispuesta en el punto 3 de la parte resolutiva de su voto, toda vez que entiendo que las mismas deben imponerse “por su orden” en relación al Derecho Adicional, las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias, atento que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A)
c/DGA”, del 14/08/13, y “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13 y “CLADD ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN – DGA RESOL. 2590/06 - EXPTE. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, de fecha 26/11/19), que fijan los criterios interpretativos respecto de su aplicación, son de fecha posterior al dictado de la Resolución objeto de apelación (09/08/2011) y de la fecha de interposición del presente recurso (09/05/2013). El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nro. 5235/11, dictada en el expediente SIGEA 608514- 186-2004, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 10.507,46), con más el CER aplicable a la fecha de pago, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 30/03/2011 hasta la fecha de total y efectivo pago. Con costas a la actora.
2. Revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, y la aplicación del CER sobre tales rubros. Con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese a la actora en los CUIT 20-92016182-1 y 27-24903541-1 y al fisco nacional en el CUIT 33-69345023-9 y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis – Vocal Subrogante-, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (Art. 1.162 CA).
Date: 2025.09.16 13:41:47 ART Date: 2025.09.16 14:39:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.16 17:19:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.16 17:19:41 -03:00
Fin de la sentencia