Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3° la Resolución DEPRLA nº 9541/2014, en cuanto le exige el pago de los tributos adeudados por el DIT n° 08 001 IT14 003146E a la firma ALBA CIA.
ARGENTINA DE SEGUROS S.A., declarando que el importe de los tributos asciende a ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DOLAR (u$s 11.948,95); que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 27/11/14 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 97.600) -monto asegurado mediante la póliza n ° 536523- o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 27/11/14, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
3Costas por su orden en relación a los rubros del IVA Adicional y Ganancias.
Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos los que se estiman en un 57% a cargo de la actora y en un 43% a cargo del Fisco nacional.
4Declarar que el fisco deberá computar al momento de generar el LMAN, los pagos efectuados por la importadora, quien se acogió al Régimen de Facilidades de Pago a fs. 21 (refoliado) de las actuaciones administrativas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-10753997-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 3 de Febrero de 2022 Tribunal Fiscal de la Nación En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “F”, Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expte. N° 36.162-A El Dr. Licht dijo:
I. La recurrente se presenta, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA n° 9541/14, mediante la cual se la intima a abonar el importe de los tributos con más los intereses, en su carácter de garante de la obligación tributaria emergente del DIT n° 08 001 IT14 003146E. En primer término, plantea la excesiva duración del sumario y solicita se declare la extinción de la obligación tributaria. Subsidiariamente, destaca la accesoriedad de la responsabilidad de la aseguradora. Agrega que su obligación se encuentra limitada a los tributos que gravan la importación para consumo. Asimismo, impugna la liquidación tributaria por entender que es errónea la alícuota del 11% para la Percepción del Impuesto a las Ganancias. A su vez, plantea la inconstitucionalidad e improcedencia del derecho adicional. Asimismo, alega que debe responder hasta el límite económico de la garantía otorgada mediante la póliza. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba y finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
II. De su lado, el organismo aduanero defiende lo actuado en sede administrativa. Efectúa una breve reseña de los hechos. Destaca que finalidad de las imposiciones del régimen de importación temporaria es desalentar la introducción para consumo, ya sea regular e irregular, de mercadería que se autorizó importar con la finalidad de ser reexportada. Agrega que la importadora no cumplió con las obligaciones a su cargo; por lo que se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Destaca que la importadora se acogió al régimen de facilidades de pago de la RG AFIP n° 3451/2013 en sede aduanera; lo que implica su total allanamiento a la pretensión fiscal originada en la resolución condenatoria apelada. Cita jurisprudencia. Agrega que la actora resulta garante de las operaciones cuestionadas por el servicio aduanero, ya que su obligación es responder como garante de la obligación tributaria ante el incumplimiento del pago del deudor principal. Finalmente, solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 33 se abre la causa a prueba. A fs. 40/44 obra la contestación de oficio de la DGA. A fs. 52 se declara cerrado el período probatorio, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen autos para alegar. A continuación se agregan los alegatos de las partes y se ponen autos a sentencia.
IV. En lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas n° 13289-13833-2009 se inician con el Acta de Denuncia nº 1042/09 por la presunta infracción tipificada en el art. 970 del C.A. para las destinaciones 08 001 IT14 003482H y 08 001IT14003146E. A fs. 5/6 obran en sobre contenedor los DIT. A fs. 10/19 obra la liquidación tributaria. A fs. 20 con fecha 10/7/2013 se instruye sumario por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. y se corre vista a la importadora ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS CAVANNA SACIFI y se cita a las aseguradoras ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. (garante del DIT 08 001 IT14 003146E) y a CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. (garante del DIT 08 001 IT14 003482H). A fs. 21 (refoliado) la importadora se acoge al plan de facilidades de pago previsto por la RG AFIP Nº 3451/2013 con fecha 30/5/2013. A fs. 24/28 (refoliado) la importadora manifiesta la modificación al plan de pago, y acompaña el detalle de imputación de cuotas y el Formulario 408/NM. A fs. 32/34 obra el print de pantalla del Régimen de facilidades de Pago de la AFIP (Plan Nº G632918). A fs. 35/36 obra la póliza 613051 (que garantiza el DIT 08001IT14003482H -aseguradora: CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.) y a fs. 37/38 la póliza 536523 (que garantiza el DIT 08 001 IT14 003146E -aseguradora ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A.). A fs. 39/40 se notifican ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. y CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. del auto de apertura de sumario dictado junto con la corrida de vista con fecha 12/11/2014. A fs. 41/48 contesta la vista conferida ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. y a fs. 53/57 vta. CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. A fs. 58/59 vta. obra la Resolución apelada en autos (nº 9541/2014), dictada con fecha 22/12/14. A fs. 63 se notifica la importadora con fecha 8/6/2014 y la aseguradora ALBA el 4/6/2015.
V. En primer término, corresponde preguntarnos si: ¿se encuentra prescripta la acción del fisco para percibir los tributos?
La acción fiscal tributaria prescribe, conforme lo establecido en los arts. 803 y 804 del C.A., por el transcurso de 5 años computados desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. De acuerdo a ello, el cómputo del plazo prescriptivo bajo examen, se inició el 01/01/10 (fecha de vencimiento del DIT 19/04/09) y, de no constatarse causales suspensivas o interruptivas, el mismo, hubiese operado el 31/12/14.
VI. Según el art. 805 inc. a) del C.A., la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos se suspende “desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”.
Consecuentemente, en el caso de autos, el plazo prescriptivo quedó suspendido desde el día 12/11/14 (fecha en que, conforme constancia de fs. 39 de las actuaciones administrativas, se le notificó a la actora vía SICNEA el auto de apertura del sumario que fue dictado conjuntamente con la corrida de vista) permaneciendo en ese estado aún en la actualidad toda vez que, encontrándose apelada ante este tribunal la resolución aduanera y en consideración de lo previsto en los arts. 1134 y 1172 del CA, no se ha dictado aún, en esta causa, la “decisión que habilitare el ejercicio de acción” a la que refiere la norma.
VII. Sentado lo que antecede, cabe añadir que, en consonancia con el criterio que sostuve al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación” y EX- 2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación” en las que interpreté que la notificación de la apertura del sumario es conditio sine qua non para que procedan la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., y por las mismas razones que allí expuse, debo consignar que, el efecto suspensivo previsto en la última norma señalada, se mantiene hasta la "notificación" de la decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión. Ello es así, habida cuenta que el acto administrativo es, por definición, una decisión ejecutoria y, por consiguiente, ningún efecto directo puede deparar hasta el momento de su notificación.
VIII. En esta misma línea de pensamiento, se ha sostenido que “si la publicidad aparece exigida por el ordenamiento jurídico y no se cumple con tal requisito, es evidente que el acto como tal, no habrá nacido” (Cfr. GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo, t. III, 9ª ed., Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2007, p. X-5-7 y COMADIRA, Julio Rodolfo – MONTI, Laura (colab.), Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, anotada y comentada, t. I, La Ley, Buenos Aires, 2002, ps. 212 y 229.)
Asimismo, conforme explica el Dr. Cassagne, “la pretendida falta de eficacia del acto administrativo no indica otra consecuencia que la comprobación de que él no ha nacido, en razón de que no ha producido aún efectos jurídicos directos con relación a terceros, lo cual exige que el acto, en principio se dado a publicidad” (Cfr. CASSAGNE, Juan Carlos, El acto administrativo, 1ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2012, p. 250).
IX. Como consecuencia de todo lo expuesto, cabe concluir que, el curso de la prescripción de que se trata, mantiene su suspensión hasta que la autoridad administrativa esté en condiciones de librar la boleta de deuda pertinente con sustento en la decisión ejecutoria que determina la obligación tributaria. Ello con sustento en que, por encima de la literalidad de la norma, debe primar una interpretación de la ley que compute la totalidad de los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 182:486; 184:258; 200:165; 281:147; 296:22; 297:142; 301:460; 304:794) y, asimismo, en consideración de que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma (Fallos: 257:99; 259:63; 271:7; 302:973).
X. Por las razones expuestas, entiendo que corresponde rechazar la excepción de prescripción tributaria opuesta por la actora.
XI. Sentado lo ello, corresponde a continuación, preguntarnos si: ¿se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.?; para lo cual, corresponde aclarar que el único DIT involucrado en autos es el garantizado por la aseguradora ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A., única recurrente en autos, mediante la póliza nº 536523 –DIT n° 08 001 IT14 003146E-.
Mediante este DIT, registrado el 22/04/08 ante la Aduana de Buenos Aires, la firma ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS, documentó la importación temporaria de 10.000 kgs. De “Los demás- Caucho con adición de negro de humo o de sílice CAUCHO MEZCLADO SIN VULCANIZAR, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS”, P.A. 4005.10.90.000E.
En tales condiciones, se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 360 días, operando su vencimiento el 19/04/09.
Por el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la importadora ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS, la mercadería así documentada quedó sometida desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de ser exportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. art. 250 del C.A.-, o, eventualmente, a convertirse, en forma regular, su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del C.A. En lo que aquí interesa, la importadora a fs. 21 (refoliado) de las actuaciones administrativas se acogió al plan de facilidades de pago previsto por la RG AFIP 3451/2013; por lo que, tal como entiende el servicio aduanero, debe entenderse la adhesión formulada como un allanamiento a la imputación formulada. Así las cosas, y teniendo en cuenta las constancias obrantes en autos, no surge que se halla acreditado el cumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria; por lo que se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., toda vez que no se ha regularizado la mercadería importada temporariamente.
XII. En virtud de lo expuesto, ha quedado configurado el hecho generador de la obligación tributaria y corresponde expedirse respecto de la responsabilidad que se le imputa a la actora ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en su carácter de garante de la obligación tributaria emergente del DIT nº 08 001 IT14 003146E.
A los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde pronunciarse sobre la procedencia de la inclusión del derecho adicional, del que se agravia la actora.
Por razones de economía procesal y seguridad jurídica corresponde revocar el derecho adicional que exige la aduana, por aplicación al caso de autos del fallo recaído in re “IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la resol ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente.
XIII. Por otro lado, debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Teniendo en cuenta ello, no corresponde pronunciarse respecto del agravio vinculado a la alícuota de la percepción del Impuesto a las Ganancias.
Sentado lo expuesto, a continuación, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
Valor en aduana u$s 31.000 Derecho de Importación (14%) u$s 4.340 Estadística (0,5%) u$s 155 BASE IVA u$s 35.495 IVA(21%) u$s 7.453,95 Total de tributos: u$s 11.948,95 más intereses Conforme surge de la reliquidación que antecede el importe de los tributos asciende a ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DOLAR (u$s 11.948,95) en concepto de derecho de importación, Tasa de Estadística e IVA; con más los intereses del art. 794 del C.A.
XIV. Con relación a la responsabilidad de la actora, cabe señalar que mediante la póliza de seguro de caución n° 536523, cuya copia obra a fs. 37 de las actuaciones administrativas, aseguró a la AFIP-DGA hasta la suma máxima de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 97.600), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A., que resulte obligado a efectuarle la importadora, como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. n° 08001IT14003146E aquí involucrado.
Según la reliquidación efectuada por este Tribunal, el monto debido en concepto de tributos asciende a ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DOLAR (u$s 11.948,95) en concepto de derecho de importación, tasa de estadística e IVA. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
En consecuencia, el importe que podrá exigirse a ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. es el monto máximo garantizado mediante la póliza número 536523; o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DOLAR (u$s 11.948,95), convertidos al tipo de cambio anterior al de la fecha de pago, si este último resultare inferior. Todo ello, con más los intereses del art. 794 del C.A.
XV. Los intereses adeudados por la aseguradora son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez días desde la notificación de la corrida de vista del sumario de fecha 12/11/14 (fs. 39 de las actuaciones administrativas), por lo cual los intereses deben computarse a partir del 27 de noviembre de 2014.
XVI. Por otro lado, el suscripto considera pertinente aclarar que atento al acogimiento al Régimen de Facilidades de Pago efectuado por la importadora a fs. 21 (refoliado) de las actuaciones administrativas, se hace saber al fisco que los pagos efectuados deberán ser computados por el servicio aduanero al momento de generar el LMAN.
XVII. Finalmente, en cuanto a la imposición de costas, corresponde aclarar que respecto de los rubros de derechos de importación, tasa de estadística, derecho adicional e IVA, corresponde imponerlas según sus vencimientos, las que se estiman en un 57% a cargo de la actora y en un 43% a cargo del fisco. Por su parte, respecto de los rubros de IVA adicional y adelanto de ganancias, teniendo en consideración lo novedoso del fallo de la Corte Suprema “CLADD ITA S.A. c/ EN–DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, corresponde imponerlas por su orden.
Por ello, VOTO POR:
1.-Confirmar parcialmente el art. 3° la Resolución DEPRLA nº 9541/2014, en cuanto le exige el pago de los tributos adeudados por el DIT n° 08 001 IT14 003146E a la firma ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A., declarando que el importe de los tributos asciende a ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DOLAR (u$s 11.948,95); que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 27/11/14 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 97.600) -monto asegurado mediante la póliza n ° 536523- o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 27/11/14, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
3. Costas por su orden en relación a los rubros del IVA Adicional y Ganancias.
Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos los que se estiman en un 57% a cargo de la actora y en un 43% a cargo del Fisco nacional.
4. Declarar que el fisco deberá computar al momento de generar el LMAN, los pagos efectuados por la importadora, quien se acogió al Régimen de Facilidades de Pago a fs. 21 (refoliado) de las actuaciones administrativas.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que sin perjuicio de mi opinión en relación a la interpretación que cabe otorgar al artículo 937, inciso a), del Código Aduanero, corresponde adherir, en lo sustancial, al voto del Juez preopinante, atento el modo en que se decide la cuestión prescriptiva.
No obstante, corresponde dejar sentado que en la especie la solución que se adopta respecto a la exclusión del Derecho Adicional de Importación resulta conforme a los fundamentos que expuse en la sentencia dictada en los autos “La Mercantil Andina Compañía de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, expediente Nº 23.469-A, Sala “E”, sentencia de fecha 31/07/12, en donde declarara la inconstitucionalidad de dicho derecho Adicional y a los cuales me remito en mérito a la brevedad, toda vez que el decreto 1439/96 resulta insanablemente nulo por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria y al claro precepto del art. 99, inc. 3), de la Constitución Nacional, y que, por ende, se encuentra privado de todo efecto jurídico, en tanto emana de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación a la Ley Fundamental.
En efecto, este Tribunal Fiscal ostenta plenas facultades para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y reglamentaciones tributarias aduaneras, toda vez que el principio de supremacía constitucional contemplado en el art. 31 de nuestra Carta Magna le plantea el desafío imperativo de desplazar la prohibición del art. 1164 del Código Aduanero, por ser contrario a nuestra Ley Fundamental (en el mismo sentido vide Spisso, Rodolfo: "Acciones y Recursos en materia tributaria", de. Lexis Nexis, segunda edición, pág. 35), siendo que una interpretación en sentido contrario sólo puede fundarse en una exégesis irrazonable de la norma, que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que se le estaría otorgando una indebida preeminencia a lo dispuesto en el texto aduanero por sobre los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, dejándola parcialmente inoperante, lo que resulta contradictorio con el orden jurídico, tanto convencional como constitucional.-
Por lo tanto, no cabe más que concluir en que el Tribunal Fiscal de la Nación no puede estar impedido de declarar la inconstitucionalidad, antes bien, está obligado a ello (confr. Giuliani Fonrouge, Carlos M.: "Derecho Financiero", 4ta. Edición, págs. 833/834); por lo que corresponde remover los obstáculos legales que impiden tal decisión, en virtud de que el artículo 1164 del Código Aduanero deviene inconstitucional, por resultar violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).-
Admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” – Paniagua Morales vs. Guatemala –, consid. 149 y ss., del 08/03/98; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” – Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú –, consid. 66 y ss., del 31/01/01; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, consid. 129 y ss., del 02/02/01; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, consid. 100 y ss., del 06/02/01; “Gelman c/ Uruguay”, consid. 193, del 24/02/11), que deviene vinculante – conf. art. 68 de la C.A.D.H. – para los distintos poderes del Estado Nacional.
ASI LO VOTO.-
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere en lo sustancial a lo propuesto por el Dr. Licht.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 3° la Resolución DEPRLA nº 9541/2014, en cuanto le exige el pago de los tributos adeudados por el DIT n° 08 001 IT14 003146E a la firma ALBA CIA.
ARGENTINA DE SEGUROS S.A., declarando que el importe de los tributos asciende a ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DOLAR (u$s 11.948,95); que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 27/11/14 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 97.600) -monto asegurado mediante la póliza n ° 536523- o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 27/11/14, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
3. Costas por su orden en relación a los rubros del IVA Adicional y Ganancias.
Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos los que se estiman en un 57% a cargo de la actora y en un 43% a cargo del Fisco nacional.
4. Declarar que el fisco deberá computar al momento de generar el LMAN, los pagos efectuados por la importadora, quien se acogió al Régimen de Facilidades de Pago a fs. 21 (refoliado) de las actuaciones administrativas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Suscriben la presente los Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2022.02.03 03:41:53 -03:00 Date: 2022.02.03 11:40:57 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.03 15:10:19 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.03 15:10:20 -03:00
Fin de la sentencia