Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 20.178-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución-Fallo N°1772/04, dictada en el expediente Nº 604.171/00, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS ($3.975,03), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 14/05/2003 hasta la fecha de total y efectivo pago; y revocarla en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
2Costas conforme los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-137239565-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 22 de Diciembre de 2022 ADUANAS s/ recurso de apelación” - Sentencia.-
Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura (por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht), a fin de resolver en los autos “ALBA CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expte. Nº 20.178-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 9/18 se presenta la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución-Fallo N°1772/04, dictada por el Jefe (Int.) del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros, en el expediente Nº 604.171/00, mediante la cual se condenó a la firma “GODECO S.A.I.C.” por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A., y se intima a su parte -en carácter de aseguradora de la firma imputada- al pago de la suma de $ 12.232,48 en concepto de tributos. Relata que la aduana formuló denuncia contra la importadora por no haber acreditado la reexportación de la mercadería importada por el DIT 98001IT14004505N cuyo vencimiento operó el 12/07/2000. Indica que el 11/04/2000 la importadora solicitó la apertura de concurso preventivo (radicado ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación Nº 4 de San Francisco, provincia de Córdoba) y precisa que la aduana debió verificar su crédito en el juicio universal con el carácter de “eventual” hasta tanto se encuentre firme y ejecutoriado. Se agravia de que la aduana impidió a la recurrente acudir al concurso dentro del plazo de prescripción previsto en el art. 56 de la LCQ, atento que recién la anotició sobre la existencia del sumario en mayo de 2003. Refiere a la naturaleza jurídica del seguro de caución. Agrega que, conforme la jurisprudencia de la CSJN en el fallo “Supercanal S.A.”, la falta de verificación de la AFIP-DGA en el concurso de la deudora principal, hace inoponible dicho crédito a la recurrente, puesto que no se ha demostrado su existencia. Expresa que el derecho adicional es un concepto que no fue garantizado -ni previsto como concepto garantizable- en la póliza de caución. Invoca jurisprudencia. En subsidio, plantea la inconstitucionalidad del art. 23 del Dto. 1439/96. Plantea la limitación de la responsabilidad hasta las sumas garantizadas. Ofrece prueba. Hace reserva de plantear el caso federal. Solicita que se revoque la resolución apelada.
II. Que a fs. 28/42 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Formula negativa genérica. Efectúa una reseña de las actuaciones y de los agravios vertidos por la recurrente. Señala que en el caso la obligación tributaria se rige por la legislación aduanera que es la norma específica que prevalece. Explica que la situación falencial del importador no cambia la situación contractual por la que la aduana reclama su crédito contra la aseguradora-actora. Menciona que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal. Expresa que la D.G.A., en su carácter de asegurada o acreedora frente al incumplimiento del tomador del seguro (importador), no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento. Señala que la quiebra del importador en modo alguno veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias y/o la aplicación de sanciones, cuestiones que no resultan atraídas por la quiebra. Indica que ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporal amparado por el DIT Nº 98001IT14004505N, habiéndose configurado el siniestro que autoriza a la asegurada a reclamar el pago pertinente por parte de la aseguradora. Menciona que según el artículo 3° de las Condiciones Generales de la póliza, la Aduana tiene derecho a requerir del Tomador o del asegurador el pago pertinente. Cita el articulado del Código Aduanero y concluye que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Alude al art. 794 del C.A. Estima que procede en el caso la aplicación de los arts. 4° y 8° del decreto 214/02, ello así por cuanto, tanto a la liquidación del DIT como a la irregular importación para consumo y aún la consecuente liquidación de tributos, por sus fechas les era aplicable lo establecido por el art. 20° de la ley 23.905, es decir que las liquidaciones de los tributos aduaneros debieron efectuarse en dólares estadounidenses. Concluye que lo que se aseguró es un monto definitivo y determinado, y de la sola confrontación con la documental surge que se ha garantizado el derecho adicional del que se queja. Cita jurisprudencia. Solicita que, oportunamente, se confirme el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 43/44 se abre la causa a prueba y a fs. 173 se cierra el período probatorio. A fs. 235 se elevan los autos a la Sala “G”, a fs. 236 se ponen a alegar, agregándose a fs. 247/254 el alegato presentado por el fisco y a fs. 255/271 el alegato presentado por la actora. A fs. 273 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación Nº 12034-226-2005 se inicia con el Acta de Denuncia DV REIM Nro. 1107/01 formulada contra el importador “GODECO S.A.I.C.y F.” por la presunta comisión de la infracción tipificada en los arts. 970 y 972 del C.A. en relación con la destinación Nro. 98001IT14004505N (fs. 1). A fs. 2 se glosa la carpeta del DIT involucrado oficializado ante la Aduana de Buenos Aires el 22/07/1998 con su documentación complementaria. A fs. 4/5 se informa la clasificación arancelaria y la valoración de la mercadería, indicándose que la mercadería no era de importación prohibida por el régimen general. A fs. 6/9 se liquidan tributos. A fs. 11/13 se glosan prints de pantalla de Consulta de una Garantía Global o Unitaria, y Afectación de garantías. A fs. 14, el 12/06/2002, se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 17 se corre vista de todo lo actuado a la importadora en los términos del art. 1001, 1010, y 1101 del C.A. y se cita a la firma “ALBA CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS” en su carácter de garante de la obligación tributaria –aval póliza N° 203910/170033-, notificado a la importadora el 28/04/2003 (fs. 32) y a la aseguradora el 06/05/2003 (fs. 33/vta.). A fs. 23/31 la aseguradora presenta su descargo, y a fs. 35/37 ref. lo hace la importadora. A fs. 57/58 obra glosada Consulta de Juicios Universales. A fs. 59/vta. la Secretaría de Actuación Nº 1 del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros remite Nota DVSAPLA 1 Nº 78/04 a la Sección Cancelaciones y Deudas a los fines de la confección del certificado provisorio de deuda, la que contesta a fs. 67 informado que las actuaciones fueron remitidas a esa área fuera de término por cuanto la fecha de apertura del Concurso de la empresa en trato es el día 11/04/2000. A fs. 68 obra glosada la impresión de pantalla de la consulta al Registro General de Infractores. A fs. 69/71 se dicta la resolución -apelada en autos-. A fs. 72/73 la aseguradora acredita la interposición de recurso ante esta instancia.
V. Que corresponde analizar si la Resolución 1772/04, dictada por el Jefe (Int.) del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros, por el que se formula cargo a la aseguradora “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” en concepto de tributos con más los intereses del art. 794 del C.A., en su carácter de garante de las obligaciones emergentes de la Destinación Nº 98001IT14004505N, por la que el importador “GODECO S.A.I.C.” habría cometido la infracción tipificada en el art. 970 del CA, se ajusta a derecho.
Que en primer término corresponde analizar el planteo en el que la recurrente centra sus agravios, y cuestiona el hecho de que la aduana le exija el pago de tributos sin haber previamente verificado su crédito en el concurso de la importadora.
Que debe señalarse que el concurso o quiebra del importador no condiciona la responsabilidad del asegurador al cumplimiento por parte de la Aduana de una eventual presentación o verificación de su crédito en el concurso o quiebra del importador asegurado, ni sujeta el cobro del tributo a la realización de gestión alguna previa por la Aduana ante el Juez del concurso, sino que la finalidad es más bien, en sentido inverso al pretendido por la actora, la de asegurar a la Aduana, ante la falta de ingreso de los tributos por el importador, la posibilidad de cobro de los mismos, ante cualquier eventualidad, incluida la quiebra o concurso del importador.
Que puede afirmarse que no existe norma legal alguna, que imponga al acreedor (en el caso la Dirección General de Aduanas), la obligación de verificar su crédito en el concurso o quiebra del importador, como requisito previo a reclamar su crédito de la firma Aseguradora.
En otras palabras, una buena razón, que pudo tener en cuenta el legislador, para exigir una garantía y así tener un garante solvente, con el objeto de cobrar la deuda garantizada, es cubrir la posibilidad -que en el caso de autos se dio- de que el deudor principal sea insolvente y/o quiebre o se concurse preventivamente.
En suma, dada la responsabilidad de la actora aseguradora, desde el punto de vista de su responsabilidad frente a la aduana como garante de la obligación tributaria de la importadora, y también desde el punto de vista de la producción del siniestro dados el carácter de aseguradora de aquélla y el riesgo asegurado, tal responsabilidad es tal sin que ninguna relevancia pueda tener, ni ningún obstáculo pueda constituir, para efectivizar la aduana el cobro de los tributos a la actora, el concurso o quiebra de la firma importadora.
Por lo demás, de cualquier modo, todos los procedimientos contenciosos aduaneros (de obvio contenido patrimonial, específicamente en cuanto en ellos está en juego la aplicación de multas y/o la exigencia de tributos) y con su eventual secuela recursiva, quedan excluidos de la suspensión de su trámite y del fuero de atracción del concurso (preventivo o quiebra), dispositivos establecidos por la Ley 24.522, aunque en dicha ley -en la que taxativamente se indican los juicios excluidos al respecto- no se excluyen expresamente aquéllos. La aludida exclusión obedece a un lógico y natural sentido de especialidad y practicidad, en orden a la forzosamente preliminar determinación tributaria -o de su improcedencia-, función del organismo recaudador y en su caso de la pertinente vía recursiva, y a la razonable necesidad de que el proceso penal concluya hasta sus últimas posibilidades de juzgamiento, criterio éste que fue establecido jurisprudencialmente.
En efecto, ya la C.S.J.N. había expresado (en vigencia de la Ley 19.551), por sentencia del 9/4/87 en autos “COSIMATI, Gregorio G. s/Conc. merc. preventivo”, que el art. 22 de dicha Ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”. En el mismo sentido se ha expedido nuevamente la C.S.J.N. en la causa “SUPERCANAL S.A.”, sent. del 2.6.03, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, “... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que - recién- se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas”.
Finalmente, con posterioridad, la C.S.J.N. se ha pronunciado en la causa “GAUCHAT, Enrique”, sent. del 4.7.03, yendo aun más adelante en la vía recursiva y precisamente contemplando los supuestos -esta vez- en que la sentencia del Tribunal Fiscal fuese apelada, haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador General en el sentido de que “... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso. Consecuentemente ... hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la Sala IV de la C.N.A.C.A.F. y, en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso”.
VI. Que sentado ello, corresponde señalar que de la compulsa de los antecedentes administrativos resulta que la firma documentó el 22/07/1998 ante la Aduana de Buenos Aires mediante la destinación N° 98001IT14004505N, la importación temporaria de mercadería con vencimiento del plazo de permanencia el 18/07/1999, dando garantía por los tributos (liquidados en el aludido DIT) que en el momento de su registro habrían gravado la importación para consumo de la mercadería garantía extendida mediante las pólizas de seguro de caución Nros. 170.033 y 203.910, emitidas por la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” en fechas 17/07/1997 y 09/06/1999 por las sumas de u$s9.200 y u$s2.127 -respectivamente- (ver las copias certificadas de las pólizas de caución en cuestión, obrantes a fs. 59 y 60 de autos).
Que ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA, condenándose a la firma importadora - mediante la resolución aduanera apelada en autos al pago de una multa y, asimismo, por el mismo hecho se condenó a la importadora y a la aseguradora recurrente al pago de los tributos por la importación para consumo de la mercadería de dichos DIT.
Que para así resolver, el servicio aduanero consideró que -de conformidad con la denuncia de fs. 1 de las actuaciones administrativas- se encontraba en infracción la mercadería ingresada temporalmente a través de los DIT en cuestión, en razón de que la firma importadora no acreditó haber cumplido con las obligaciones a su cargo, ya sea reexportando o nacionalizando la mercadería involucrada en autos. A fs. 23/31 de act. adm. la aseguradora formuló su descargo y a fs. 35/37 ref. de act. adm. lo hizo la importadora, no surgiendo del trámite del expediente administrativo la cancelación del DIT en trato.
VII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que la referida carga de la prueba de los beneficiarios del régimen se manifiesta en la obligación de solicitar la cancelación de las importaciones temporales, dando a conocer mediante una declaración adecuada los permisos de embarque por los que la mercadería ha sido reexportada, y/o las destinaciones de importación por las cuales se hubiera nacionalizado -total o parcialmente- la mercadería importada temporalmente, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Que en el caso de autos, la actora no ofreció prueba en esta instancia a fin de acreditar la reexportación o regularización de la mercadería amparada por el citado D.I.T. Consecuentemente, se han producido los efectos tributarios e infraccionales legalmente previstos al respecto (arts. 274 y 970 del C.A.), correspondiendo por ende confirmar la resolución apelada, en cuanto exige los tributos adeudados respecto de la mercadería documentada en el D.I.T. de autos.
Que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de los tribunales, en el sentido de que la carga de la prueba en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo del importador, o de su garante en su caso.
VIII. Que las pólizas en virtud de las cuales la Aduana funda su exigencia a la firma aseguradora son las Nros. 170.033 y 203.910 (ver al respecto las copias certificadas de las pólizas obrantes a fs. 59 y 60 de autos) extendidas por “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” a favor de la Aduana, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada por la firma “GODECO S.A.I.C.” mediante el DIT involucrado.
Que tratándose la cuestión debatida en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 inc. c) y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco, en dicho Código, la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor, corresponde considerar a la mentada aseguradora como un fiador (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (asegurado) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (conforme art. 1587 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de las pólizas el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. No existe beneficio de excusión alguno para el Asegurador.
Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de las pólizas (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente su derecho de defensa.
IX. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada a la actora.
Que corresponde expedirse sobre la incorporación del derecho adicional en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas, lo cual fue motivo de agravio a fs. 13vta. del recurso de apelación de autos. Que así las cosas, corresponde estar a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Codorniu Argentina S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (CAF 30796/2016/CA1-CS1) del 26/12/2017.
Que, ello así, y por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA” en la cual remitió a la doctrina sentada en la causa “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, donde sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria – “nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
X. Que asimismo, en relación con las percepciones de IVA adicional y Ganancias que se reclaman en estos autos, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sent. del 26/11/2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
“Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En el citado precedente, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que en tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XI. Que por lo expuesto precedentemente corresponde reliquidar los tributos exigibles en relación a la mercadería del despacho de importación temporal no regularizada, teniendo en consideración la liquidación practicada por el servicio aduanero (ver fs. 6/9 de las act. adm.):
Liquidación de Tributos (fs. 6 de las act. adm.):
Valor en Aduana: $ 327,44 Derechos 23% $ 75,31 Estadística 0,5% $ 1,64 Base IVA $404,39 IVA 21% $84,92 Total tributos adeudados: $161,87 Liquidación de Tributos (fs. 7 de las act. adm.):
Valor en Aduana: $240,97 Derechos 21% $50,60 Estadística 0,5% $1,20 Base IVA $292,77 IVA 21% $61,48 Total tributos adeudados: $113,28 Liquidación de Tributos (fs. 8 de las act. adm.):
Valor en Aduana: $73,52 Derechos 21% $15,44 Estadística 0,5% $0,37 Base IVA $89,33 IVA 21% $18,76 Total tributos adeudados: $34,57 Liquidación de Tributos (fs. 9 de las act. adm.):
Valor en Aduana: $8.219,09 Derechos 19% $1.561,63 Estadística 0,5% $41,10 Base IVA $9.821,82 IVA 21% $2.062,58 Total tributos adeudados: $3.665,31 Que por ello, el total de los tributos adeudados es de $3.975,03.
XII. Que en lo que respecta a la limitación de su responsabilidad, la actora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar (al importe de dicho monto límite, si fuera que los tributos que adeuda la importadora lo superan) los accesorios que correspondan. Esa suma máxima era, según lo expresamente pactado y según lo establece el art. 1578 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994 (disposiciones sobre la fianza supletoriamente aplicable al caso), el tope hasta donde podía resultar obligada la aquí actora aseguradora, sin perjuicio, claro está, de los accesorios, aún si con ellos se excediese dicha suma. Lo dicho, se recalca, cualquiera fueran o hubieran sido las razones para determinar ese límite o suma máxima. De modo tal que, si el importe derivado del siniestro (sin accesorios) es mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes.
Que cabe determinar el importe máximo de la responsabilidad de la aseguradora teniendo en consideración que: * La póliza Nº 170.033 fue emitida por “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” con fecha 17/07/1997 para garantizar las obligaciones emergentes del DIT Nº 98001IT14004505N hasta la suma de u$s9.200.
*La póliza Nº 203.910 fue emitida por “ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” con fecha 09/06/1999 para garantizar las obligaciones emergentes del DIT Nº 98001IT14004505N hasta la suma de u$s2.127.
Que la Resolución AFIP 1528/03 (y modif.) en el art. 4° dispone que las garantías expresadas en dólares estadounidenses constituidas con anterioridad a la fecha de sanción del Dto. 214/02 y que se hallaban pendientes a dicha fecha se considerarán convertidas a pesos a razón de u$s1=$1 y sobre el monto resultante se aplicará el CER.
Que, por los motivos expuestos, el importe nominal de los tributos $3.975,03 determinado en el Considerando XI.- queda comprendido dentro de la suma total de $11.327+CER garantizada por “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” con las mencionadas pólizas por los tributos adeudados por el DIT Nº 98001IT14004505N.
XIII. Que en lo atinente a los intereses, la jurisprudencia es pacífica respecto de que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal (cfr. art. 1580 Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994), y también, por los intereses de su propia mora, cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal. En el caso de autos, la aseguradora fue citada el 06/05/2003 (fs. 33/vta. de las act. adm), es decir con posterioridad a la fecha de notificación a la firma importadora que fue practicada en fecha 28/04/2003 (fs. 32 de las act. adm.). Por lo tanto, los intereses corren desde el 14/05/2003 (art. 794 del C.A.).
XIV. Que en consecuencia, corresponde confirmar parcialmente la resolución aduanera, en relación a los rubros derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados desde el 14/05/2003 hasta la fecha de total y efectivo pago (art. 794 del C.A.); y revocarla en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas conforme los respectivos vencimientos.
Por lo expuesto, voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución-Fallo N°1772/04, dictada en el expediente Nº 604.171/00, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS ($3.975,03), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 14/05/2003 hasta la fecha de total y efectivo pago; y revocarla en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
2. Costas conforme los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución-Fallo N°1772/04, dictada en el expediente Nº 604.171/00, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS ($3.975,03), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 14/05/2003 hasta la fecha de total y efectivo pago; y revocarla en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
2. Costas conforme los respectivos vencimientos.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht (conf. art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2022.12.21 20:19:33 ART Date: 2022.12.22 01:19:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.22 01:19:55 -03:00
Fin de la sentencia