Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-15395348-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución n° 78/2016 (AD TUCU), recaída en el expte. n° 12723-382- 2009, respecto a la firma ALBA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS SA, declarando que el importe de los tributos asciende a la suma de u$s 5.178,44 (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 30/3/12 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($ 53.000) -monto asegurado mediante la póliza n° 541.388- o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 30/3/12, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
3Declarar que los intereses del art. 794 del C.A., deberán calcularse conforme lo señalado en el considerando XI del voto del Dr. Licht desde el 30/3/12 hasta la fecha del total y efectivo pago.
4Costas por su orden en relación a los rubros del IVA Adicional y Ganancias.
Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos los que se estiman en un 58% a cargo de la actora y en un 42% a cargo del Fisco nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-11819048-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 7 de Febrero de 2022 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F”, Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. Gonzalez Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, expte. nº 36.970-A.
El Dr. Licht dijo:
I. A fs. 10/29 se presenta por apoderada la firma ALBA CIA ARGENTINA DE SEGUROS SA, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA n° 078/2016 (AD TUCU), recaída en el expte. n° 12723-382-2009, por medio del cual se la intima, en su carácter de garante de la obligación tributaria, al pago de tributos, con más intereses. Todo ello, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del CA, por la firma CITROMAX –no recurrente en estos autos-. Aduce que se ha reexportado la totalidad de la mercadería importada temporariamente. Hace referencia al carácter accesorio de su responsabilidad. Señala que no resulta responsable por todos los tributos que adicionalmente percibe o retiene el servicio aduanero, sino únicamente por aquellos que gravan la importación para consumo. Especialmente, excluye el IVA adicional y el adelanto de Impuesto a las ganancias. Seguidamente, impugna la liquidación tributaria, señalando que el tributo debe convertirse a pesos a la fecha de vencimiento del plazo para reexportar, conforme arts. 651 y 637 a 639 del CA. Se agravia, asimismo, de los intereses aplicados sobre una base imponible que considera ilegalmente actualizada por la aplicación del art. 20 de la ley 23.905. Solicita que, en caso de corresponder el pago de tributos, se realice nueva liquidación en pesos. Plantea la inconstitucionalidad e improcedencia del derecho adicional. Solicita que el reclamo se limite al monto máximo garantizado en la póliza. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 39/44 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Realiza una breve síntesis de lo acontecido en sede administrativa. Seguidamente, efectúa una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la recurrente. En primer lugar, señala que el siniestro se configura con el incumplimiento de la obligación principal, sin que sea necesario demostrar la insolvencia del tomador, bastando el mero vencimiento de la deuda, salvo que se haya pactado el beneficio de excusión, lo que no ha acontecido en el caso. Destaca que es precisamente el contrato de fianza el que expresamente establece que la compañía de seguro responde en los mismos términos que el importador. En relación a la moneda en que se realizó la liquidación señala que, los tributos aduaneros se expresan en dólares estadounidenses a los fines de su determinación, conforme art. 20 de la ley 23.905. Acompaña las actuaciones administrativas y finalmente, solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 45, se abre la causa a prueba, las que son producidas a fs. 58/68, 69/73, 75/89 y 99/143. A fs. 149 se certifica la prueba, se dispone el cierre del período probatorio, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen para alegar, derecho del que hizo uso la actora mediante RE-2021-106280650-APN-SGSAD#TFN y la demandada mediante RE-2021-106469685-APN-SGSAD#TFN. Con posterioridad se ponen autos a sentencia.
IV. En lo que aquí interesa se inician las actuaciones n° 12723-382-2009 por nota de la Sección Registros de la Aduana de Tucumán informando que respecto de la destinación n° 08 074 IT16 000005 H, se encuentra el plazo de permanencia vencido, no habiéndose reexportado la totalidad de la mercadería importada y existiendo un saldo de 11.603 cajas en infracción. A fs. 2/7 obra el DIT mencionado previamente. A fs. 8, con fecha 29/9/09 obra el acta de denuncia correspondiente a la operación del caso. A fs. 13, con fecha 27/5/11 se instruye sumario contra la firma importadora y el despachante de aduana y se corre vista de lo actuado, resultando notificada la firma CITROMAX SACI el dia 15/3/12 –conf. constancia de fs. 16-. A fs. 17/18vta. contesta vista la firma importadora. A fs. 49, con fecha 22/9/14, se corre vista a la firma aseguradora aquí recurrente, la cual resultó notificada el día 26/9/14, -conf. constancia de fs. 51-. A fs. 52/61 (refoliado) contesta vista la firma aseguradora. A fs. 68 obra copia de la póliza n° 541388. A fs. 94/98, con fecha 22/3/16, se dicta la resolución n° 78/2016 (AD TUCU), aquí apelada, notificada a la aquí actora el 31/3/2016.
V. Sentado lo expuesto, corresponde, en primer término, preguntarnos si: ¿se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.?
Mediante el DIT nº 08 074 IT16 000 005 H, oficializado el día 10/6/2008, se importó en forma temporaria, el total de 14.400 unidades de mercadería clasificada en la P.A. 4819.10.00.110X, correspondiente a cajas, sacos, bolsas, y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, al amparo del régimen previsto en el decreto n° 1330/04.
En tales condiciones, se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 360 días, operando su vencimiento el 7/6/09.
Por el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la importadora, la mercadería así documentada quedó sometida desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de ser exportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. art. 250 del C.A.-, o, eventualmente, a convertirse, en forma regular, su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del C.A.
Las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del D.I.T. que nos ocupa, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos P.E En lo que aquí interesa, la firma recurrente sostiene que dicha operación fue cancelada por medio de los PE nros. 09 008 EC03 000656 P y 09 060 EC07 000173 L, descargando éste último, la exportación de mercaderías en consignación, documentada por medio del PE n° 08 060 ES01 000361 T que, a su vez, cancelaría parte de la operación temporaria del caso.
Por medio del PE n° 09 008 EC03 000656 P, oficializado el día 6/4/2009 –ver fs. 29/31 del expte. adm.- el servicio aduanero tuvo por canceladas 2.797 unidades de mercadería importada temporariamente por medio del DIT del caso.
Sin embargo, consideró que quedaba un saldo de 11.603 unidades (del total de 14.400 unidades importadas temporariamente por medio del DIT del caso), sin reexportar, por cuanto no se podría constatar en el SIM la descarga de la operación temporaria en el PE n° 09 060 EC07 000173 L -ver fs. 36 de las actuac. adm.-.
De la compulsa de la documentación agregada al expediente administrativo y a la presente causa, como resultado de la producción de la prueba, se observa:
-Copia del PE n° 09 060 EC07 000173 L, -ver fs. 102/106 de autos- oficializado en fecha 11/2/09, por medio del cual se exporta a consumo mercadería en consignación, por un total de 12.600 unidades correspondientes a la PA n° 0805.50.00.920W, declarándose en la hoja de descarga como operación a cancelar aquella que lleva el n° 08 060 ES01 000361 T, esto es, una exportación en consignación, cuya copia también obra agregada en el presente expediente -ver fs. 114/117 de la presente causa-. En dicha operación, oficializada el 11/8/2008, se observa la exportación en consignación de 12.600 unidades de mercadería de la PA n° 0805.50.00.920W, de las cuales la recurrente pretende adjudicar 11.603 al DIT n° 08 074 IT14 000005 H pero, sin embargo, dicha operación de importación temporaria no se ve mencionada en el despacho de exportación de mercadería en consignación.
Cabe señalar que se observa que en una hoja adicionada al PE de mercaderías en consignación, se menciona a los DIT nros: 08 001 IT14 005258 K, 08 074 IT16 000006 X y 08 074 IT16 000007 J, que en nada se vinculan con el DIT que se pretende cancelar.
A mayor abundamiento, en la hoja de descarga del PE n° 09 060 EC07 000173 L en el que se hace referencia a la operación en consignación, no se declara número de CTC alguno, ni se indica el DIT que la actora pretende tener por descargado, ni tampoco la cantidad de insumo cancelada, ni la PA ni descripción del mismo, ni el ítem ni subítem involucrados.
Asimismo, en el CTIT n° 3733/08 acompañado en autos, se indican distintas relaciones insumo-producto para la misma PA, y ninguna de las descripciones allí contenidas coincide completa e inequívocamente con la descripción de la mercadería contenida en el PE, por lo que resulta imposible identificar la relación I-P adecuada a la operación del caso.
Ello, así, no puede considerarse que se hayan reexportado en tiempo y forma las 11.603 unidades de mercadería restante, como pretende la recurrente; configurándose, en consecuencia, la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto de esta cantidad de mercadería.
VI. Entonces, al haber quedado configurado el hecho generador de la obligación tributaria, corresponde, a continuación, preguntarnos acerca de la responsabilidad que se le imputa a la actora ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en su carácter de garante de la obligación tributaria emergente del DIT en trato; para lo cual se debe analizar la liquidación aduanera.
Corresponde señalar la reciente doctrina emanada de los argumentos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir tanto el importe exigido en concepto de IVA adicional como aquel exigido en concepto de percepción de impuesto a las ganancias.
Teniendo en cuenta esta doctrina, no corresponde pronunciarse respecto del agravio vinculado al IVA Adicional y anticipo de impuesto a las ganancias.
VII. Seguidamente, corresponde tratar el agravio relativo a la improcedencia de la inclusión del derecho adicional en la liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero.
Por razones de economía procesal y seguridad jurídica corresponde revocar el derecho adicional que exige la aduana, por aplicación al caso de autos del fallo recaído in re “IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la resol ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente.
VIII. A continuación debemos preguntarnos si: ¿le asiste razón a la actora en su planteo vinculado a que el tributo originalmente determinado en dólares resulta exigible al tipo de cambio vigente a la fecha en que se generó el hecho gravado?
El capital adeudado ha sido correctamente expresado y mantenido en dólares estadounidenses por el servicio aduanero, toda vez que, contrariamente a lo sostenido por la actora, no resulta de aplicación al caso de autos, a los efectos de convertir en moneda de curso legal la liquidación de los derechos de importación que grava la operación de importación que nos ocupa, los arts. 638 y 639 del C.A. Ello por cuanto el art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991) modificó, en lo que aquí respecta, al art. 638 y 639 y concordantes del C.A., siendo que por el segundo párrafo del mencionado art. 20 se estableció que, para el pago de los derechos de importación y de exportación, así como los demás tributos que gravan la importación y la exportación (para consumo, en este caso), correspondería aplicar el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago -esto es, la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor al cierre del día anterior al del efectivo pago-.
En cuanto a la supuesta determinación en pesos de los tributos fundada en la ley 23.928 -ley de Convertibilidad-, cabe señalar que no existe disposición alguna en dicha norma que establezca que los tributos aduaneros deban liquidarse en moneda nacional.
En virtud de lo expuesto, corresponde a este Tribunal modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
Liquidación tributos Valor en aduana mercadería en infracción(11.063 unidades) u$s 12.641,14 Derechos de importación 16% u$s 2.022,58 Estadística 0,5% u$s 63,21 Base I.V.A. u$s 14.726,93 I.V.A. 21% u$s 3.092.65 Total de Tributos en u$s: u$s 5.178,44 En consecuencia, el importe de los tributos adeudados por el item 1 arroja un total de u$s 5.178,44 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, e IVA. Ello, con más los intereses del art. 794 del CA.
IX. Entonces, siendo ese el importe de los tributos emergentes del DIT en trato -con más intereses-, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué importe garantizó la aquí actora?
Mediante la póliza de seguro de caución n° 541.388, cuya copia certificada obra a fs. 68 de las act. adm., aseguró a la AFIP-DGA hasta la suma máxima hasta la suma máxima de cincuenta y tres mil pesos ($ 53.000), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del CA, que resulte obligado a efectuarle la importadora, como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. aquí involucrado.
Según la reliquidación efectuada por este Tribunal, el monto debido en concepto de tributos asciende a la suma de u$s 5.178,44 (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, e IVA. Ello, con más los intereses del art. 794 del CA.
En consecuencia, el importe que podrá exigirse a ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. es el monto máximo garantizado mediante la póliza número 54.1388; o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DOLARES (u$s 5.178,44), convertidos al tipo de cambio anterior al de la fecha de pago, si este último resultare inferior. Ello, con más los intereses del art. 794 del C.A.
X. Los intereses adeudados por la aseguradora son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez días desde la notificación de la corrida de vista de sumario a la firma CITROMAX SA el día 15/3/2012 –conf. constancia de fs. 16 del expte. adm.-, por lo cual los intereses comenzaron a devengarse a partir del día 30/3/2012.
XI. A continuación, corresponde analizar el planteo de la actora vinculado a la posibilidad de morigerar la tasa de interés aplicable.
Advierto que ello podría hacerse sin declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación aplicable y sin necesidad de violentar la norma procesal que limita las facultades jurisdiccionales de este organismo administrativo jurisdiccional.
Como dije al fallar en la causa: “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA c/ DGA s/recurso de apelación”, EX-2020-15395348- -APN-SGASAD#TFN (sentencia del 18/02/21), este Tribunal no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma ley asimilándose a los jueces de la Constitución y brincando con juegos interpretativos la máxima que impone el sometimiento de la administración a la ley. No obstante ello, también advertí que ese obstáculo legal no encorsetaba la posibilidad de resolver el caso sometido a decisión mediante una justa ponderación de los principios aplicables y sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de norma alguna.
En ese orden de ideas, hice hincapié en que la limitación legal tenía exclusiva relación con los casos que demandaban su solución mediante una subsunción de los hechos en las normas aplicables. Añadiendo que solamente ante los casos de ausencia de complejidad sustancial, en donde el control de constitucionalidad debía ser directo, no podía prescindirse de resolver el caso sino mediante una declaración de inconstitucionalidad que me estaba prohibida realizar.
En sentido contrario, advertí que no era menester la declaración de inconstitucionalidad si la resolución del caso demandaba recurrir a la ponderación de los valores, principios y normas con incidencia en la situación examinada.
Así fue que, recientemente, el pasado 30 de abril de 2020, en la sentencia dictada in re “C., J. C. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército s/ daños y perjuicios”, ED-CMXIX-139, Revista de Derecho Administrativo, mayo 2020 - Número 5, la Corte Suprema declaró inaplicable el régimen de ejecución de sentencias de condenas monetarias contra el Estado Nacional, regulado en el art. 22 de la Ley 23.982, respecto del crédito de una persona mayor de 70 años de edad, discapacitada, y con serios problemas de salud. Así lo hizo el Alto Tribunal al encontrar que el caso del actor no estaba exceptuado normativamente del régimen general para la cancelación de créditos no consolidados en contra de un organismo del sector público, que implica una serie de trámites y plazos de espera para su percepción, considerándose entonces en el voto principal a la situación planteada como un “caso no previsto” que, por razones de equidad, debía ser resuelto por aplicación de normas análogas. En cuanto aquí es de específico interés, debe hacerse notar que el voto principal (suscripto por los Dres. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti) evita expresa e intencionalmente declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 23.982, siquiera en cuanto a su aplicación al caso concreto. A todas luces es significativo que en este nuevo pronunciamiento el Alto Tribunal elija apartarse de la declaración de inconstitucionalidad y se incline directamente por la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto.
En ese marco interpretativo, debe considerarse que la Corte Suprema no ha hecho otra cosa que prescindir de la norma aplicable cuando conduce ocasionalmente a un resultado injusto en su aplicación concreta a un caso particular, en función de sus particularidades, a veces imprevisibles para el propio legislador. En estos supuestos, corresponde prescindir de la letra de la norma y priorizar el espíritu del legislador, resolviendo el caso como este lo hubiera hecho de haberse representado las circunstancias del mismo, aun cuando esto implique dejar de lado el texto de la previsión normativa aplicable al caso. En este sentido, corresponde hacer lugar al planteo de la actora y, en consecuencia, reducir la tasa de interés aplicada por la AFIP-DGA y ordenar que se practique una nueva liquidación aplicando la tasa de interés correspondiente a las obligaciones en dólares prevista en la Resolución ME n° 21/91 – a título referencial-, que era del uno por ciento mensual (1%) y hasta el 1/08/19, fecha en que por imperio de la Resolución N° 598/19 (B.O. 18/07/19), que derogó la Resolución n° 314/04, y sus modificatorias, entre las que se encuentra la Resolución 50/19 del ex Ministerio de Economía y Producción, comenzó a regir la nueva tasa para intereses resarcitorios del 0,83% nominal mensual en aquellas obligaciones nominadas en dólares estadounidenses.
XII. Finalmente, en cuanto a la imposición de costas, corresponde aclarar que respecto de los rubros de derechos de importación, tasa de estadística, derecho adicional e IVA, corresponde imponerlas según sus vencimientos, las que se estiman en un 58% a cargo de la actora y en un 42% a cargo del fisco. Por su parte, respecto de los rubros de IVA adicional y adelanto de ganancias, teniendo en consideración lo novedoso del fallo de la Corte Suprema “CLADD ITA S.A. c/ EN–DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, corresponde imponerlas por su orden.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución n° 78/2016 (AD TUCU), recaída en el expte. n° 12723-382- 2009, respecto a la firma ALBA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS SA, declarando que el importe de los tributos asciende a la suma adeudada por la misma asciende a u$s 5.178,44 (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 30/3/12 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($ 53.000) -monto asegurado mediante la póliza n° 541.388- o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 30/3/12, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
3. Declarar que los intereses del art. 794 del C.A., deberán calcularse conforme lo señalado en el considerando XI del presente voto desde el 30/3/12 hasta la fecha del total y efectivo pago. 4.-Costas por su orden en relación a los rubros del IVA Adicional y Ganancias.
Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos los que se estiman en un 58% a cargo de la actora y en un 42% a cargo del Fisco nacional.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
Que habida cuenta el modo en que se decide y los fundamentos esbozados por el suscripto -en disidenciain re “Alpemar S.R.L.”, del 21 de diciembre de 2018, adhiero en lo sustancial, al voto del Dr. Miguel Licht.
No obstante, en atención a lo señalado en el Pto. IX del voto que antecede, corresponde dejar sentado que, de plena conformidad con la postura que vengo adoptando desde mi voto como Juez Subrogante de la Sala E en la causa “La Mercantil Andina S.A.” de fecha 31/7/2012 -y a los cuales me remito en mérito a la brevedad-, resulta ajustado a derecho declarar la inconstitucionalidad del Derecho Adicional de Importación, toda vez que el decreto 1439/96 resulta insanablemente nulo por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria y al claro precepto del art. 99, inc. 3), de la Constitución Nacional, y que, por ende, se encuentra privado de todo efecto jurídico, en tanto emana de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación a la Ley Fundamental.
En tal sentido, también se ha decidido en la referida litis que este Tribunal Fiscal ostenta plenas facultades para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y reglamentaciones tributarias aduaneras, toda vez que el principio de supremacía constitucional contemplado en el art. 31 de nuestra Carta Magna le plantea el desafío imperativo de desplazar la prohibición del art. 1164 del Código Aduanero, por ser contrario a nuestra Ley Fundamental (en el mismo sentido vide Spisso, Rodolfo: "Acciones y Recursos en materia tributaria", de. Lexis Nexis, segunda edición, pág. 35), siendo que una interpretación en sentido contrario sólo puede fundarse en una exégesis irrazonable de la norma, que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que se le estaría otorgando una indebida preeminencia a lo dispuesto en el texto aduanero por sobre los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, dejándola parcialmente inoperante, lo que resulta contradictorio con el orden jurídico, tanto convencional como constitucional.
Por lo tanto, no cabe más que concluir en que el Tribunal Fiscal de la Nación no puede estar impedido de declarar la inconstitucionalidad, antes bien, está obligado a ello (confr. Giuliani Fonrouge, Carlos M.: "Derecho Financiero", 4ta. Edición, págs. 833/834); por lo que corresponde remover los obstáculos legales que impiden tal decisión, en virtud de que el artículo 1164 del Código Aduanero deviene inconstitucional, por resultar violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).-
Admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” – Paniagua Morales vs. Guatemala –, consid. 149 y ss., del 08/03/98; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” – Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú –, consid. 66 y ss., del 31/01/01; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, consid. 129 y ss., del 02/02/01; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, consid. 100 y ss., del 06/02/01; “Gelman c/ Uruguay”, consid. 193, del 24/02/11), que deviene vinculante – conf. art. 68 de la C.A.D.H. – para los distintos poderes del Estado Nacional.
ASI LO VOTO.-
El Dr. González Palazzo dijo:
Que me adhiero a lo propuesto por el Dr. Licht con excepción a lo sentado en el punto III respecto de cómo deberán calcularse los intereses adeudados por la recurrente, en tanto morigera la tasa de interés a aplicar.
Cabe recordar en tal sentido que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Neumáticos Goodyear S.A.” ha resuelto que “Uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su coherencia con el resto del sistema del que forma parte es la consideración de sus consecuencias” (Fallos 323:3412).
Justamente, la Corte fue contundente en “Orazio Arcana” al señalar que “resulta obvio el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que –por otra parte– no beneficia a personas determinadas sino a la comunidad toda” (Fallos 308:284) criterio ratificado en adonde sentó que “Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42)
El criterio cimero ha sido recientemente ratificado en “Desarrollos al Costo C/ Buenos Aires, Provincia de S/ Acción declarativa de inconstitucionalidad” (CSJ 311/2013 Rta.02/05/19), adonde refiriéndose a la citada doctrina destacó que “los réditos deben ser liquidados de conformidad con las tasas fijadas en las resoluciones dictadas al efecto por el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía” Sentado ello, cabe destacar que la norma cuestionada por la recurrente era conocida al momento de asumir su obligación frente a la Aduana y consecuente -y sistémicamente- aceptada pues, claro está, el giro de sus negocios se encuentra vinculado a la operatoria del comercio exterior. Esa actividad supone un riesgo, que fue asumido y aceptado. Ese riesgo sólo devendría irrazonable si fuere el mismo Estado el que por inacción procesal o una acción abusiva deliberada, actual y concreta pusiera en crisis la tutela judicial efectiva de sus derechos, lo que obligaría al operador judicial a asumir un temperamento proactivo acorde a los requerimientos constitucionales –que comprende a los convencionales- por lo que, no verificándose en la especie tales extremos, el agravio recogido por mi colega de grado no puede prosperar en sentido positivo.
No puede soslayarse en tal sentido que la reclamante no ha siquiera intentado demostrar empíricamente lesividad concreta que la norma en crisis genere a sus derechos, por lo que en definitiva “no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad” (“Provincia de Santa Cruz” Fallos 316:42).-
Concretamente, el juego sistémico entre la Resolución 841/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Resolución General AFIP 3271/12 y la voluntad del legislador plasmada en lo normado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415) se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicado máxime cuando su validez no ha sido tachada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ponerlo en crisis por la vía que propuesta implicaría socavar indebidamente la estanqueidad divisoria de los poderes que el constituyente plasmó en nuestra Carta Magna y a cuya custodia nos conmina a todos los operadores judiciales de la República. (CSJN, Fallos: 155:248; 272:231; 273:418; 310:112; 311:2580) Lo dicho encuentra eco en lo resuelto por la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo Federal en “Procesadora de Boratos C/ DGA” (Expte. 21840/2012, TF 28.181-A) adonde con meridiana claridad expone que “acceder a esta altura de la causa, sin mediar producción de prueba idónea, a la descalificación de las tasas de interés fijada por las Resoluciones 492/06 (MEyP) y 841/10 (MEyFP), a aplicar una tasa no vigente (v. gr: la tasa prevista en la Resolución ME 21/91), implicaría sustituir a la Administración en su ámbito de discrecionalidad sin sustento fáctico y jurídico suficiente. En efecto la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que nos son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 308:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas)…” concluir sentando que “resulta razonable que los intereses superiores a aquellos por los cuales puedan los particulares obtener créditos en el mercado financiero, ya que “de no ser así, los contribuyentes podrían contemplar la alternativa –claramente perniciosa para el bien común- de obtener un financiamiento por la vía de dejar de cumplir puntualmente sus obligaciones tributarias..” dando pautas claras y contundentes de la improcedencia e inconveniencia de lo propuesto por el vocal preopinante.-
En el caso traído a debate no se verifica una injustificada e irrazonable demora del aparato estatal en la resolución de una cuestión que no presenta significativa complejidad, ni omisión o acción actual y concreta por parte de quienes lo integran que permitiera identificar el cercenamiento de garantías constitucionales –ora convencionales- con el juego sistémico normativo en crisis, motivo por el cual me encuentro convencido de que no se colige razonabilidad jurídica suficiente que permitan a este Tribunal de justicia receptar de modo alguno el agravio de la actora.
A modo de colofón, estimo pertinente expresar que, este juzgador no es ajeno a la espasmódica fluctuación de la moneda nacional ni desconoce la demora que se evidencia –desde antaño- en la tramitación de reclamos como el aquí ventilado (germinando una patología perniciosa para el Estado), por lo que resulta necesario que las autoridades competentes generen acciones concretas que mitiguen las disvaliosas consecuencias que pudieren acaecer en contextos macro económicos que pudieren abonar incertidumbre –y eventualmente perjuicio- a los operadores del comercio exterior.
Por ello, voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N°78/2016 (AD TUCU) recaída en el expte SIGEA N°12723- 382-2009, respecto de la firma ALBA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., declarando que el importe de los tributos adeudados por ella asciende a la suma de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (u$s 5.178,44) que deberán convertirse al tipo de cambio vendedor, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art.794 del C.A., que deberán calcularse desde el 30/3/12 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Declarar que el monto exigible a la actora es el de CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($ 53.000) -tal lo consignado en la póliza N°541.388- o el importe de los tributos, si éste último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 30/3/12 en los términos de lo establecido en los arts. 794,1101 y 1103 del C.A.
3. Costas por su orden en relación a los rubros del IVA Adicional y Ganancias que por este pronunciamiento se revocan.
4. Costas por sus mutuos vencimientos respecto a los demás rubros, los que se estiman en un 58% a cargo de la actora y 42% a cargo del Fisco nacional.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución n° 78/2016 (AD TUCU), recaída en el expte. n° 12723-382- 2009, respecto a la firma ALBA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS SA, declarando que el importe de los tributos asciende a la suma de u$s 5.178,44 (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 30/3/12 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($ 53.000) -monto asegurado mediante la póliza n° 541.388- o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 30/3/12, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
3. Declarar que los intereses del art. 794 del C.A., deberán calcularse conforme lo señalado en el considerando XI del voto del Dr. Licht desde el 30/3/12 hasta la fecha del total y efectivo pago. 4.-Costas por su orden en relación a los rubros del IVA Adicional y Ganancias.
Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos los que se estiman en un 58% a cargo de la actora y en un 42% a cargo del Fisco nacional.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Miguel Nathan Lich (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2022.02.04 18:16:46 -03:00 Date: 2022.02.07 13:06:47 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.07 15:55:23 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.07 15:55:24 -03:00
Fin de la sentencia