Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 33538-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar el decisorio del 7/10/2019 del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas en ambas instancias a la demandada (art. 68 del CPCCN).
2Dejar sin efecto la regulación de honorarios del 25/11/19 del Dr. Alejandro J. Villanueva, en atención a la forma en que se resuelve, por lo que deviene inoficioso el tratamiento de su apelación de honorarios.-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
ALBA CIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 33538-A ) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de junio de 2021.-
VISTOS Y
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por decisorio del 7/10/19, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la Resolución Nº 9161/2012, dictada por el Jefe de Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el Expediente SIGEA Nº 12402-1141-2008, en cuanto se le formularon cargos a la firma Alba Cía. Argentina de Seguros S.A., en su calidad de garante de la operación de importación temporaria Nº 00 001 IT 14 004574 C, por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del C.A., exigencia tributaria que se redujo a la suma de $233.063,13 en concepto de derechos específicos, tasa de estadística, IVA, IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias, con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A, devengados desde el 25/09/12 hasta la fecha del efectivo pago, con costas conforme los respectivos vencimientos en un 67,3% a cargo de la actora y en un 32,7% a cargo del Fisco Nacional. El 25/11/2019 se regularon los honorarios del letrado patrocinante y apoderado de la parte actora.-
II.-Que el 22/11/19 apeló y expresó agravios la AFIP-DGA, los que fueron contestados por su contraria el 4/02/20. El día 20/12/19 apeló el Dr. Alejandro Villanueva sus honorarios por bajos. El 20/12/19 apeló la actora, quien expresó agravios el 4/02/20, los que fueron contestados por su contraria el 2/03/20. El 17/05/21 dictaminó el Sr. Fiscal General y el 21/05/21 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que se agravia la actora respecto de la prescripción rechazada y también plantea nuevamente la inconstitucionalidad del artículo 805 del C.A. Sobre el punto y a los fines de desestimar tales agravios cabe remitirse al fundado dictamen del Sr. Fiscal General del 17/05/21.-
IV.-Que la actora se agravia del tiempo transcurrido entre el acaecimiento de los hechos y el dictado de la resolución en sede del Tribunal Fiscal de la Nación, y solicita la aplicación del precedente “Losicer” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.- V.-Que en el caso sub examine, las importaciones temporarias que oportunamente aseguró la aquí actora datan del año 2002, respecto de las que se dictó la resolución DPRLA Nro 9161 del 18/12/12, por la cual se formularon los respectivos cargos a la empresa aseguradora.-
VI.-Que contra aquella resolución, el 11/07/2013 la firma actora interpuso recurso de apelación, el que fue decidido por resolución del 7/10/2019.-
VII.-Que cabe recordar que la causa “Losicer” citada por la parte actora se refería a multas por infracciones a las normas del derecho. Sin perjuicio de ello, entiendo que el aspecto central ponderado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en aquel precedente se refería a la inusual duración del proceso.-
En esa causa, el Alto Tribunal analizó la razonabilidad de la duración de la tramitación de un sumario administrativo –que se extendió hasta casi veinte años después de acaecidos los hechos- a la luz de la garantía de defensa en juicio (art. 18 C.N.) y al derecho a obtener una decisión dentro de un plazo razonable (art. 8, inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya jerarquía constitucional está reconocida en el art. 75 inc. 22 de la C.N.).- Entendiendo que el carácter administrativo del procedimiento no obsta a la aplicación de los derechos y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V garantías anteriormente citados y que el Estado (y todos sus órganos), en tanto es parte de la mencionada Convención, está obligado a tomar resoluciones que se ajusten a las garantías del debido proceso, la CSJN analizó distintas pautas para la determinación de un plazo razonable.- Finalmente concluyó, al considerar que no existía ninguna pauta que justificara la dilación que tuvo el sumario, que la duración del referido fue irrazonable siendo incompatible con el derecho al debido proceso (art. 18 de la CN y art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).-
Más allá de la autoridad moral y no obligatoria de las decisiones de la CSJN que son para el caso concreto y particular, las consideraciones allí vertidas deben tenerse en cuenta al momento de analizar la razonabilidad de la duración del plazo del procedimiento por ante el organismo jurisdiccional administrativo.- VIII.-Que en el caso sub examine, los plazos excesivos de duración en la tramitación tanto en sede administrativa como ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentran acreditados conforme la reseña efectuada en los considerandos anteriores.-
IX.-Que el art. 1143 del CA establece que: “El Tribunal Fiscal impulsará de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria…”.- La presente disposición se aparta del sistema dispositivo, adoptándose el impulso de oficio y la facultad de resolver la controversia, independientemente de lo alegado por las partes. Así, en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conveniente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada (Alsina Mario A.; Barreira, Enrique C; et al., “Código Aduanero Comentado”, Tomo III, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2011, pag. 674). En base a lo expuesto y toda vez que la impulsión ante ese organismo es, en principio, de oficio, se concluye que la inactividad le es imputable al Tribunal Fiscal de la Nación.-
X.-Que cabe agregar que las atribuciones del Tribunal Fiscal de la Nación, tanto en materia aduanera como impositiva, superan las propias del juez contencioso administrativo ya que, entre otras facultades, puede resolver sobre cuestiones que no han sido planteadas por las partes y su creación se debió a la necesidad de obtener una resolución rápida en un organismo especializado, propio de la Administración Pública; lo que obviamente no se da en el caso de autos.- XI.-Que en efecto le corresponde al Poder Judicial de la Nación ejercer un control, de la actividad jurisdiccional administrativa por encima de simples cuestiones formales o procesales; debiéndose destacar, en este caso, las razones por las cuales la Dirección General de Aduanas y el Tribunal Fiscal de la Nación, en conjunto, se demoraron desde el año 2002 en que se efectuó la importación hasta el año 2019 para resolver la cuestión en debate.-
XII.-Que por lo antes expuesto, y habiendo esta Sala resuelto en términos coincidentes encausas sustancialmente análogas a la presente (conf. “Cosena Seguros SA c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, sentencia del 11/2/2021; “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A c/ DGAs/ Recurso Directo de Organismo Externo”, expteNro 3065/2020, sentencia del 6/05/21), corresponde: 1) Hacer lugar al recurso de la parte actora y, en consecuencia, revocar el decisorio del 7/10/2019 del Tribunal Fiscal de la Nación. 2) Imponer costas en ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 del CPCCN). 3) Dejar sin efecto la regulación de honorarios del 25/11/19 del Dr. Alejandro J. Villanueva, en atención a la forma en que se resuelve, por lo que deviene inoficioso el tratamiento de su apelación de honorarios. ASÍ VOTO.-
El Señor Juez de Cámara, Dr. Jorge F.
Alemany dijo:
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
I.-Que, en cuanto al relato de los hechos, me remito a lo manifestado por el Dr. Pablo Gallegos Fedriani en los considerandos I a IV de su voto.
II.-Que de manera preliminar, corresponde recordar que los jueces no se hallan obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones expuestas, sino tan sólo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso.
En consecuencia, corresponde examinar en primer término los agravios planteados por la parte actora relativos a que el proceso se habría extendido excediendo el “plazo razonable”, de modo tal que a su entender no correspondería que le fueran exigidos los tributos que se debaten en la presente causa.
Al respecto, corresponde señalar que el principio del “plazo razonable” de duración de los procesos es aplicable a toda índole de procedimientos pero, sobre todo, al proceso penal con la finalidad de que el sujeto que se encuentra bajo tratamiento legal no permanezca largo tiempo bajo acusación y asegurar que la causa se decida prontamente.
Dicho concepto fue asimismo aplicado a los procedimientos infraccionales y; en tal sentido, se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de L. 216 XLV “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA” del 26 de junio de 2012, respecto del procedimiento ante el Banco Central de la República Argentina y; en el precedente de Fallos 334:1264, en cuanto al procedimiento infraccional ante el servicio aduanero, que en ese caso se había extendido durante 23 años.
En los presentes autos, no se halla controvertido que la compañía aseguradora está obligada a responder por los tributos derivados del incumplimiento del régimen de importación temporaria y que asumió esa obligación en la póliza respectiva (n° 245.336). En consecuencia, si no requirió ningún pronunciamiento sobre la apelación presentada por ella ante el Tribunal Fiscal (en el año 2013), ni instó ese procedimiento, esa obligación subsiste.
No cabe concluir lo contrario so pretexto de que el Tribunal Fiscal “…impulsará de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos…”, de conformidad con lo establecido en el artículo 1143 del Código Aduanero. En tal sentido, y a contrario de lo expresado por el juez preopinante, considero que la violación a la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable no surge de la constatación automática con un plazo “ideal” determinado, sino del examen particularizado de las circunstancias de cada caso, y eso impide, precisamente, convalidar las conductas omisivas de la parte interesada en obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable, que desnaturalizan el procedimiento.
Al respecto, en el Dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 338:1538 se ha expresó que “…la determinación judicial de que en un caso concreto se ha violado el derecho fundamental de una persona a ser juzgada en un plazo razonable no es el resultado de una simple contrastación con un término elegido en abstracto. Antes bien, ella exige una indagación detallada de los pasos de tramitación concretos que explican el retraso del procedimiento a fin de evaluar si el acusado ha sido víctima de ‘la injusticia de una indefinición que atenta contra la garantía constitucional de la defensa enjuicio’ (cf. Fallos: 327:327; el texto citado corresponde a la disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano en Fallos: 322:360, considerando 20)”.
Precisamente, y al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia”, del 27 de noviembre de 2008 (entre otros) estableció que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales. En lo que al presente caso respecta, se advierte que la compañía aseguradora interpuso recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación en el año 2013 y no tuvo, con posterioridad a ello, intervención alguna en el procedimiento, excepto como consecuencia CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V de haberse puesto los autos para alegar, en el año 2019 luego de haber sido agregadas las actuaciones administrativas por parte del servicio aduanero ante el libramiento de dos requerimientos por parte del Tribunal a quo. Por ende, la interpretación propiciada en el voto precedente, en la que se afirma que la duración del procedimiento habría excedido las pautas de “plazo razonable” implicaría, en los hechos, la convalidación de conductas omisivas por parte del interesado, lo que resulta inadmisible.
Por lo demás, la conducta activa en materia procesal que se le exige al interesado, únicamente encuentra una excepción en las imputaciones penales, toda vez que el interesado no debe estar requerido a demostrar su inocencia, por el contrario, el Estado tiene la obligación de probar su culpabilidad o inocencia dentro de un plazo razonable, extremo que no se verifica en la presente causa, en la medida en que, tal como se indicó en párrafos anteriores, se trata de dilucidar la procedencia de un reclamo estrictamente tributario respecto de la compañía aseguradora.
III.-Que, asimismo, cabe señalar que no le asiste la razón a la compañía aseguradora en cuanto sostiene que el Fisco debió, de manera previa, haberse presentado a verificar el crédito que pretende en el marco del concurso de la firma importadora. Al respecto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 24.522, los procesos de conocimiento en trámite, por causa o título anterior a la presentación del concurso, no se encuentran alcanzados por el fuero de atracción, y deben continuar con su tramitación en el Tribunal de su radicación. Asimismo, una vez concluido ese proceso, el acreedor podrá presentarse a verificar su crédito ante el Juez del concurso, y es éste quien debe determinar si efectivamente, el pedido mediante el cual el acreedor pretende verificar su crédito de manera tardía ha sido deducido o no, en forma temporánea (cfr. artículo 56, ley 24.522). En tal sentido, cabe señalar que el procedimiento de apelación ante el Tribunal Fiscal, y ante esta Cámara es un proceso de revisión plena de los tributos determinados por el Fisco Nacional, así como para la investigación y juzgamiento de las infracciones impuestas en virtud de ese régimen, y como tal un “juicio de conocimiento” en los términos del artículo 21 de la ley de concursos, por lo que su procedimiento no puede verse afectado por lo dispuesto en la ley 24.522 (Fallos 326:1774; 326:2146 y 333:2335).
Asimismo, y con relación al planteo de prescripción de la acción del Fisco para exigir el pago de tributos e imponer penas, con base en el estado concursal de la importadora, cabe señalar que la presencia de regulación específica en el Código Aduanero sobre el régimen de la prescripción obsta la aplicación de normas supletorias, dado que el asegurador, como obligado solidario, no puede ampararse en las leyes que resguardan al insolvente y al fallido.
IV.-Que, en tales condiciones, y concretamente con relación a los denominados “Tributos Aduaneros” (derechos específicos y tasa de estadística) cabe señalar que, tal como fue expuesto por el Señor Fiscal General en el dictamen del 17 de mayo 2021, el régimen de prescripción aplicable es el establecido en el artículo 803 y sucesivos del Código Aduanero.
En tales condiciones, cabe concluir que en el caso la acción del Fisco para percibir tributos no se hallaba prescripta al momento del dictado de la resolución apelada, en la medida en que el hecho imponible ocurrió el 18 de agosto de 2002 (DIT 00 001 IT14 004574 C), el cómputo del plazo de prescripción inició el 1 de enero de 2003 (artículo 804 del Código Aduanero), la resolución que dispuso la instrucción del sumario fue dictada el 26 de diciembre de 2007, es decir, con anterioridad a que venciera el plazo quinquenal y la resolución definitiva fue dictada el 18 de diciembre de 2012 (artículos 803 y 805 del Código Aduanero).
V.-Que, en diferente orden de ideas, corresponde analizar el planteo de la parte actora tendiente a afirmar que se halla prescripta la acción del Fisco para percibir los denominados “Tributos no Aduaneros” (IVA adicional y Ganancias), sobre la base de considerar aplicable el régimen de prescripción establecido en la Ley 11.683. Al respecto, esa parte afirma que toda vez que las leyes que crearon a los mencionados impuestos establecen expresamente que se rigen por esas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V disposiciones; su aplicación, no es susceptible de ser reemplazada por el régimen establecido en el Código Aduanero debido a la mera circunstancia de que, por razones de eficacia administrativa, se haya encomendado a la Aduana actuar como agente de percepción de los mismos.
En lo que a este aspecto respecta, considero que corresponde atenerse a las conclusiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 26 de noviembre de 2019. (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582, entre otros; Bianchi, Alberto: “De la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema [Una reflexión sobre la aplicación del staredecisis]”, Revista El Derecho Constitucional, El Derecho, Buenos Aires, 2000-2001, pág. 340). En el mencionado precedente, cuyas circunstancias resultan análogas a las que se presentan en esta causa, se concluyó que la Aduana carece de facultades para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias, conforme lo establecido en las Resoluciones Generales DGI n° 3431/91 y 3543/92, “luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resulten computables esos tributos”. Asimismo, se puso de manifiesto que, de conformidad con lo dictaminado en la causa CSJ 312/2009 (45-V) / CS1 “Volkswagen Argentina S.A.(TF 22.179-A) c/DGA”, y al que se remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 23 de agosto de 2011, las percepciones referidas “…al impuesto a las ganancias de la ley 20.628 constituye una forma de anticipar la futura –y eventual- gabela que pudiera nacer en cabeza del contribuyente por todas sus rentas obtenidas y sujetas a dicho gravamen. Y, por el otro, que la percepción de la resolución general 3431/91 (y sus normas modificatorias) está relacionada con un adelanto de IVA que deberá tributar oportunamente el importador de bienes muebles, pero por mercaderías que luego sean objeto de comercialización en el mercado interno”.
En tales condiciones, se destacó que a partir del momento en que venció el plazo para presentar las declaraciones juradas, la Aduana perdió la facultad para exigir el pago de las percepciones de ambos impuestos, en razón, precisamente, de que cesó la función que ellas cumplen en el sistema tributario ya que en esa oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal.
Por ende, cabe concluir que al momento del dictado de la Resolución n° 9161/2012 (18 de diciembre de 2012) se hallaban vencidos los plazos para la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, respecto de los cuales correspondía practicar las percepciones reclamadas, dado que la operación de importación temporaria involucrada en la presente causa se convirtió en definitiva al vencer el plazo de permanencia de los bienes importados en el país el 18 de agosto de 2002, de modo tal que la Aduana carecía de facultades para requerir el pago de los referidos conceptos.
En sentido concordante con el precedentemente expuesto, se expidió la Sala III de esta Cámara en la causa n°18.074/2016 caratulada “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 29.720-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, el 27 de febrero de 2020 y lo he puesto de manifiesto al votar en las causas n° 80.072/18 “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” y n° 38.429/19 “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, ambos del 6 de agosto de 2020, entre muchos otros.
Cabe señalar que si bien el mecanismo y cómputo del plazo de prescripción de las percepciones de IVA y de Ganancias no se adapta adecuadamente al régimen de importación temporal, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V de la Nación en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, ya referida, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y revocar la sentencia apelada en lo que a este aspecto respecta. Sin perjuicio de ello, es dable destacar que la lógica de las percepciones de IVA y de Ganancias en operaciones aduaneras como modo de adelantar un impuesto luego exigible con motivo de la renta que pudiera nacer en cabeza del contribuyente o bien en razón de la comercialización de la mercadería en el mercado interno no guarda relación con el esquema de importación temporal devenido en definitivo de manera irregular por vencimiento del plazo de admisión temporal sin la debida acreditación de la reexportación de la mercadería comprometida. Ello, toda vez que tales importaciones temporarias, por definición, no están sujetas a la imposición de tributos (artículo 256 del Código Aduanero), los cuales son garantizados al momento de registro de la operación. Por ende, en supuestos como el de autos, en los que el hecho imponible ocurre con el vencimiento del plazo de admisión temporal, no resulta claro, en los términos del precedente de Corte citado supra, al vencimiento de qué plazo alude para la presentación de las declaraciones juradas de IVA y de Ganancias relativas a tales operaciones atento a que, como se expresó, no son operaciones que se hallen gravadas. De modo que el contribuyente no las incluirá en sus declaraciones y, la exigibilidad de tales impuestos es precisamente lo que se debate en el marco de estas causas sobre la base de corroborar si efectivamente se incumplió el régimen o no.
VI.-Que en virtud de la manera en que se decide la cuestión relativa a las percepciones de IVA y de Ganancias, se torna inoficioso el tratamiento de los agravios planteados por el Fisco tendientes a que tales sumas le sean exigidas a la compañía aseguradora en dólares estadounidenses.
VII.-Que, finalmente, y con relación a los agravios planteados por el Fisco tendientes a cuestionar la revocación del derecho adicional, corresponde poner de manifiesto que lo resuelto por el Tribunal Fiscal se ajusta a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente I.49.XLII, “IEF Latinoamericana S.A. (TF 19.912- A) c/DGA”, del 14 de agosto de 2013, que resulta sustancialmente análogo a la cuestión debatida en la presente causa, de manera tal que corresponde rechazar los agravios planteados en tal sentido.
VIII.-Que en virtud del modo en que se decide, se torna inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto a fs. 146, respecto de la regulación de honorarios obrante a fs. 133 y vta, la que es dejada sin efecto.
Por todo lo expuesto, VOTO POR: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la compañía aseguradora y revocar la sentencia apelada de conformidad con lo expresado en el considerando V del presente voto. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco. 3) Imponer las costas de ambas instancias conforme los respectivos vencimientos (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 3) Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 133 y vta. y diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente, del conformidad con lo resuelto en el presente voto.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F.
Treacy dijo:
I.-Que en cuanto a la descripción de los hechos y a la solución propuesta, adhiero al voto del Dr. Pablo Gallegos Fedriani.
II.-Que en tal sentido, corresponde señalar que conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Losicer” (Fallos:335:1126) y “BonderAaron” (Fallos: 336:2184), en el caso de autos el procedimiento administrativo excedió todo parámetro de razonabilidad de duración, incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el artículo 18 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V de la Constitución Nacional y por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En efecto, en el sub lite la importación que oportunamente aseguró la actora y respecto de la cual se formuló el Acta de Denuncia Nº 276/03 y se efectuó el cargo en cuestión tuvo lugar en el año 2002. Dicho cargo, fue impugnado por la firma actora, dando inicio a la actuación SIGEA Nº 12402-1141-2008. Con fecha 18/12/12, el Jefe de Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dictó la Resolución DE (PRLA) Nº 9161/08, mediante la cual se resolvió formular cargo a la firma Plisatex SA y a la garante Alba Compañía Argentina de Seguros SA, por el pago de la suma de $346.512,25. Asimismo, se intimó a la compañía aseguradora en su carácter de garante de la obligación tributaria al pago de la suma adeudada en concepto de tributos con más sus intereses.
Contra aquella disposición, el 11/07/2013 la firma actora interpuso recurso por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el que fue resuelto el 7/10/2019. En tales condiciones, se observa que entre el inicio de las actuaciones administrativas y el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación transcurrieron más de diecisiete años, lo cual constituye un plazo excesivo de duración del procedimiento, teniendo en cuenta los parámetros que el Alto Tribunal, recogiendo la jurisprudencia interamericana, ha utilizado para establecer si la garantía del plazo razonable de duración de los procesos (art. 8.1 CADH) ha sido respetada. Concretamente la Corte se refirió a los siguientes parámetros: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) el análisis global del procedimiento (Fallos 335:1126, especialmente considerando 10).
Si bien en el precedente mencionado se trataba de la aplicación de sanciones administrativas, la garantía del artículo 8.1 CADH resulta aplicable “en la sustanciación de cualquier acusación penal”, pero también “para la determinación de […] derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole”, lo cual resulta elocuente en cuanto a la extensión de la garantía. Bajo tal comprensión del ámbito de aplicación del estándar del plazo razonable, y tal como se indicó en el voto del Dr. Gallegos Fedriani, la duración del presente proceso apreciado globalmente resulta incompatible con esa garantía que integra el bloque de constitucionalidad federal (arts. 18 y 75.22 CN y art. 8.1 CADH).
No se trata de la mera apreciación de la objetivamente dilatada duración del trámite en sede administrativa y judicial, sino de que no hubo demoras imputables a la interesada. En efecto, en el precedente “BonderAaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/ BCRA s/ Resol. 178/93” (Fallos 336:2184) la Corte Suprema recordó que el “análisis global del procedimiento” comprende tanto la instancia administrativa como la etapa judicial de revisión. En efecto, el trámite de las actuaciones revela períodos significativos de dilación o inactividad, lo cual es enteramente imputable a la administración. En efecto, conforme surge de las constancias de la causa, con fecha 08/04/2015, el Tribunal Fiscal de la Nación ordenó la apertura a prueba por el plazo de 60 días (v. fs. 50) y, sin embargo, declaró cerrado dicho período probatorio con fecha 7/08/2019 (v. fs. 105).
Según puede advertirse, las demoras no se deben a la complejidad que pudiera presentar el asunto ni a la actividad procesal de la sumariada, sino al hecho de que la actividad del Fisco en el procedimiento no ha sido diligente, teniendo en cuenta la nula actividad verificada en determinados períodos, que han alcanzado lapsos superiores a los dos años, lo cual merece especial atención en tanto que ese tribunal administrativo debe impulsar de oficio el procedimiento (conf art. 1143 del Código Aduanero).
Cabe concluir entonces, a la luz de estos extremos de hecho, y de conformidad con los precedentes “Losicer” (Fallos: 335:1126) y “Bonder Aaron” (Fallos: 336:2184) del Alto Tribunal, que se verifica en autos una demora irrazonable en el procedimiento administrativo para la imposición del cargo aquí cuestionado. Tal situación infringe garantías constitucionales expresas, como las que derivan del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) y de duración razonable en los procesos (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos), sin CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V que ello implique ingresar a considerar si los hechos imputados en su oportunidad tenían sustento fáctico o jurídico.
Por ello, corresponde: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar el decisorio del 7/10/2019 del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas en ambas instancias a la demandada (art. 68 del CPCCN);2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios del 25/11/19 del Dr. Alejandro J. Villanueva, en atención a la forma en que se resuelve, por lo que deviene inoficioso el tratamiento de su apelación de honorarios.-
ASI VOTO.
En atención al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría SE
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar el decisorio del 7/10/2019 del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas en ambas instancias a la demandada (art. 68 del CPCCN). 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios del 25/11/19 del Dr. Alejandro J. Villanueva, en atención a la forma en que se resuelve, por lo que deviene inoficioso el tratamiento de su apelación de honorarios.-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Jorge Alemany (en disidencia parcial)
Fin de la sentencia