Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 39547-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
Alba Cia. Argentina de Seguros SA (TF 39547-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo Buenos Aires, 10 de agosto de 2021.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que con fecha 25/09/2019 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del artículo 2° de la resolución DE PRLA n° 103/2018 en cuanto intimó al pago de tasas y tributos a la recurrente, con costas Para así decidir sostuvo que del cotejo de las actuaciones administrativas resultaba que las mismas se habían iniciado con la denuncia efectuada por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del C.A., en relación al DIT 13017IT060004V, emitiéndose posteriormente la nota n° 177/2013 informando que se habría comprobado que existían ítems con saldos, incumpliendo el régimen otorgado.
Precisó que adjuntada la documentación y previo aforo de la mercadería, con fecha 28/05/2013 se instruyó el sumario en los términos del artículo 1090 inc. c) del C.A. Relató que posteriormente se agregó la liquidación de la multa y los tributos, el print de pantalla de la consulta de una garantía global o unitaria y, luego se emitió dictamen y se resolvió.
En dicho contexto, consideró que frente a la obligación legal, conforme artículo 1012 inc. b) del C.A., que pesa sobre la Aduana de notificar siempre el acto de apertura del sumario, obligación cuyo incumplimiento impide -conf. art 11 de la ley 19.549- que tal acto administrativo produzca efectos legales propios (e.g.: suspensión del plazo de la prescripción de las facultades de la aduana para determinar tributos e interrumpir el plazo de prescripción de las facultades del servicio aduanero para imponer sanciones), la omisión de correr la vista a la aseguradora, como a la importadora y de la intimación que se les cursara para acompañar la documentación cancelatoria de la operación, había imposibilitado, por parte de la aseguradora, del ejercicio de su derecho de defensa, tutelado por el artículo 18 de la C.N.
Hizo hincapié en que la omisión mencionada no podía ser subsanada ante esa instancia, toda vez que la misma había conllevado la violación del debido proceso adjetivo debiendo destacarse que la recurrente recién tomó conocimiento de la existencia del sumario instruido por la Aduana con fecha 19/09/2018 mediante el sistema de comunicación y notificación electrónica aduanera, SICNEA, es decir, casi cinco años después de que organismo demandado labre el acta de denuncia.
Ponderó que la Aduana en el sumario administrativo se había limitado a dictar la resolución apelada en la causa sobreseyendo a la importadora, Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, conforme artículo 910 del C.A. y condenándola solidariamente con la aquí recurrente al pago de los tributos que gravan la importación a consumo de la mercadería en infracción.
Finalmente, concluyó que dado que el servicio aduanero se había apartado del procedimiento reglado por el Código Aduanero para los procedimientos instruccionales no cabía más que declarar la nulidad del artículo 2° de la resolución apelada respecto de la compañía aseguradora, en cuanto la intimaba al pago de tasas y tributos.
II. Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 14/11/2019 la parte demandada interpuso recurso de apelación, expresando agravios el 6/12/2019, los que fueron replicados por la contraria con fecha 4/02/2020.
Sostiene la recurrente que, contrariamente a lo resuelto en esta oportunidad, el Tribunal Fiscal de la Nación se ha expedido respecto de la nulidad planteada reiteradamente, en el entendimiento de que si el recurrente tuvo oportunidad suficiente de ofrecer y producir las pruebas de las que se habría visto privado en sede administrativa y asimismo, de formular las defensas relativas a su descargo, invalidar lo actuado carece de finalidad práctica y trascendencia, e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos, 320:1611; 325:1649; 324:1564; 322:507, entre otros).
Cita jurisprudencia favorable a su postura.
Añade que la parte actora no describe cómo se vería lesionado su derecho de defensa, atento que tampoco en esa instancia acreditó pruebas que permitan deslindar la de su responsabilidad.
Asimismo, se refiere al contenido de la instrucción general n° 09/2017 en la cual se establece un archivo provisorio de la denuncia formulando cargo por los tributos adeudados.
Aduce que, en ese sentido, no deberá perderse de vista la finalidad de la referida instrucción y el carácter provisorio de la resolución apelada, pues la misma no reviste carácter de definitiva siendo que para el cuestionamiento del cargo formulado por tributos existen procedimientos reglados en el Código Aduanero.
III. Que, desde ya corresponde adelantar que el recurso intentado no podrá prosperar.
En este sentido, conviene recordar que esta Sala ha sostenido reiteradamente que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado (arg. art. 265 del C.P.C.C.N.).
Dicha exigencia, implica el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. De ahí que se haya podido sostener que el respectivo memorial constituye un acto de petición, destinado específicamente a desvirtuar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal revisor.
A su vez, la exigencia concerniente a la crítica concreta se refiere a la precisión que implica señalar específicamente el agravio vertido, mientras que el requerimiento de que aquella sea razonada, alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, el cual debe demostrar en qué reside el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (conf. Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado”, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1983, pp. 834/837).
IV. Que en el sub examine mientras el núcleo de la decisión del organismo jurisdiccional administrativo para declarar la nulidad del art. 2° de la resolución n° 103/2018, se sustentó en que conforme se desprendía de las actuaciones administrativas, la aseguradora no había sido notificada del acto de apertura del sumario, ni tampoco se le había corrido vista de las actuaciones, lo que determinaba la violación de su derecho de defensa, así como de principio del debido proceso legal; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo decidido, sin esgrimir un solo fundamento suficiente para revertir la sentencia en crisis. En este contexto, cabe señalar que lo alegado por el Fisco Nacional en cuanto a la posibilidad subsanar las eventuales deficiencias del procedimiento administrativo en la etapa judicial posterior para cuestionar la resolución aduanera, lo que obstaría la posibilidad de declarar la nulidad, resulta improcedente, pues no se puede privar a las partes de ejercer su derecho de defensa. En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso intentado, en cuanto ha sido materia de agravio.
V. Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el art. 1101 del C.A. dispone: “[c]umplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”. La vista contemplada en dicho artículo tiene por objeto proporcionar el debido fundamento de los cargos que se formulan y permitir la defensa en el procedimiento administrativo, por lo que es una pieza fundamental para el ejercicio del derecho de defensa de los presuntos responsables. Así pues, no puede soslayarse que su omisión implica una directa violación al derecho de defensa, pues es la única posibilidad que otorga la ley para su ejercicio. En este mismo sentido, se ha dicho que resulta ineludible el respeto del derecho a ser oído antes de la emisión del acto que se refiere a derechos subjetivos o intereses legítimos de los interesados, y que el incumplimiento por parte de la administración de esa garantía fundamental no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia pues, al ser requisito esencial para la validez del acto, el concretar los procedimientos pertinentes -en el caso, el debido proceso adjetivo- aquél queda ya fulminado por un vicio esencial (confr. Sala I in re: “Schneck Silvio c/A.N.A. s/A.N.A.”, expte. nº 24.800/93, sent. del 31/10/02).
La defensa en juicio requiere indispensablemente, aún en juicios especiales, como los de faltas, que se oiga al acusado y se le dé alguna oportunidad para producir su prueba de descargo (Fallos: 198:467); ello es así por cuanto esa garantía constitucional impone que los derechos de los habitantes no sean definitivamente dilucidados sin que se oiga a sus titulares y se les permita invocar y demostrar los hechos que se consideren conducentes a su defensa. La doctrina de la subsanación judicial del acto administrativo ha de tener un campo de aplicación limitado a casos extraordinarios, pues lo contrario llevaría a los jueces a tener como función normal suplir la voluntad de la administración, exorbitando sus atribuciones, las que son de control, para transformarse en administradores con evidente violación al principio de división de poderes (Sala IV, in re: “Hsien Yuzh S.A. -T.F. 9852-A c/ D.G.A.”, del 19/11/99).
En tales condiciones, siendo la aseguradora uno de los presuntos responsables que marca la ley, ninguna duda cabe de que no debió sustanciarse el sumario sin su debida intervención pues, el incumplimiento de dicho trámite esencial, generó un estado de indefensión que no puede ser subsanado con posterioridad, aunque existan instancias posteriores.
VI. Que, en atención al modo en que se resuelve, corresponde imponer las costas a la demandada vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
Por ello, este Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia