Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 25028-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y; por ende, revocar la Resolución n° 819/2008, con costas de ambas instancias al Fisco (artículo 68, 1° párrafo del CPCCN).
2Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación del Fisco;
3Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
40163/2025 ALBA COMPAÑIA ARGENTINA D E SEGUROS SA (TF 25028-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de abril de 2026.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, mediante la resolución de fs. 94/96vta, el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la compañía aseguradora y revocó parcialmente la Resolución DEPRLA n° 819/08, mediante la cual le habían sido exigidos tributos por la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 973 del Código Aduanero, en su carácter de garante de la destinación n°01 001 TR06 000268 J.
Indicó que en el caso no se hallaba controvertida la configuración de la infracción prevista y penada en el artículo 973 del Código Aduanero, respecto de la mercadería por la que se había documentado la destinación suspensiva de tránsito de importación. Sin embargo, declaró extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar la percepción del Impuesto a las Ganancias y el IVA adicional contenida en la liquidación tributaria. Ello, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, del 26 de noviembre de 2019.
En tales condiciones, reliquidó los tributos adeudados en la suma de $7.542,34. Afirmó que los referidos tributos debían ser ajustados con el CER, toda vez que la obligación había sido contraída en dólares y, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la ley 23.095, era pagadera en esa divisa y, además, resultaba exigible y aún se hallaba pendiente de pago al momento del dictado del Decreto 214/02. En Alta en sistema: 08/04/2026 consecuencia, señaló que la obligación había quedado convertida a pesos el 3 de febrero de 2002 por imperio de lo dispuesto en los artículos 1º, 4º y 8º del Decreto 214/02.
Por otra parte, indicó que los intereses previstos en el artículo 794 del Código Aduanero debían devengarse sobre el capital actualizado por el CER.
Aclaró que la responsabilidad de la compañía aseguradora debía limitarse a la suma máxima garantizada, convertida a razón de un dólar = un peso más CER, es decir, a $19.000 más CER (póliza n° 270987); todo ello más los intereses previstos en el artículo 794 del Código Aduanero.
Impuso las costas conforme los respectivos vencimientos.
II. Que el Fisco apeló y expresó sus agravios a fs. 106/117, los que fueron replicados por la actora a fs. 153/156vta. El apelante expresa que las obligaciones asumidas por el importador y por las aseguradoras no son las mismas. En tal sentido, afirma que lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Cladd” lo fue respecto de la exigibilidad de la obligación tributaria respecto de la firma importadora y no así a la empresa aseguradora. Sostiene que la relación que tiene la aseguradora con el Fisco no es de índole tributario y consiste en afianzar las obligaciones del importador temporario; es decir, aquellas obligaciones que hubiese correspondido cancelar ‘antes’ (como condición sine qua non para importar) pero que quedaron en ‘suspenso’ y se garantizaron mediante un contrato. Por ello, considera que debe pagarle al Fisco en las condiciones establecidas en el contrato de seguro, los tributos garantizados que se mantuvieron en “suspenso” para el caso de producirse el siniestro. Considera que el importador adeuda las percepciones como consecuencia de una obligación que resulta del derecho público tributario y que, por ende, cerrado el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de tales tributos, se extingue la facultad de la DGA Alta en sistema: 08/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V para requerir su pago; mientras que, en el caso del asegurador, “…lo único que debe ponderarse es la existencia de un contrato (póliza) y que el hecho generador de la obligación, efectivamente, se haya producido (la importación definitiva a consumo)”.
En diferente orden de ideas, afirma que resultan exigibles los intereses devengados respecto de las percepciones, por aplicación de lo establecido en el artículo 37, de la Ley n° 11.683. Sostiene que “…los intereses subsistieron (autónomamente), lo que caducó (eventualmente) es la facultad del Fisco (DGA – Aduana) para exigirlo como ‘percepciones’, por el transcurso del tiempo … que no se pueda exigir a la importadora, no implica que no se le pueda exigir al garante de la deuda, porque -los debe- en virtud de la póliza”.
III. Que, la parte actora también apeló la resolución indicada en el primer considerando y expresó sus agravios a fs. 118/130vta, los cuales fueron replicados por el Fisco a fs. 139/152. En primer término, afirma que se halla prescripta la acción del Fisco para exigir el pago de tributos.
Además, afirma que el plazo de duración del proceso se extendió en términos irrazonables y que esa circunstancia afectó su derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas. Explica que el examen de los supuestos de interrupción y de suspensión del plazo para el ejercicio de la acción, tanto para imponer penas como para exigir el pago de tributos, debieron ser interpretados a la luz de la doctrina sentada por la Corte federal en las causas “Losicer” y “Bossi y García S.A.” y la garantía convencional del plazo razonable. En ese sentido pone de resalto la injustificable duración del procedimiento, iniciado por el incumplimiento de una destinación temporaria documentada en el año 2001, el posterior dictado de una resolución aduanera en el año 2008 y el reciente dictado (2025) de una resolución por el Tribunal Fiscal. Cita jurisprudencia que –a su entender– respalda su postura.
Alta en sistema: 08/04/2026 Además, señala que en el caso resulta inaplicable el Coeficiente de Estabilización de Referencia y además, cuestiona la aplicación de intereses sobre el monto de tributos actualizado con ese coeficiente desde el vencimiento del plazo de diez días contados a partir de que fue notificada de la corrida de vista.
IV. Que, en este estado de las actuaciones, corresponde examinar primeramente el recurso interpuesto por la parte actora respecto del planteo de prescripción fundado en la irrazonable duración del proceso, toda vez que una decisión favorable al respecto tornaría insustancial el tratamiento de los restantes agravios propuestos en su escrito recursivo al igual que los propuestos por el Fisco.
IV.1. En tales condiciones, corresponde examinar las constancias de autos a la luz del estándar fijado por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 335:1126 (“Losicer”), en la inteligencia de que la garantía de un plazo razonable –prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos– también resulta de aplicación al ámbito tributario (esta Sala, in re nº 55643/17 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA”, sentencia del 27/06/2017; entre otros).
Al respecto, el Alto Tribunal, a fin de evaluar si la tramitación del sumario administrativo se ha excedido del plazo razonable (directriz que emerge del art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrante de bloque de constitucionalidad federal, art. 75 inc. 22 CN), ha seguido un test tomado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez ha seguido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho test abarca los siguientes aspectos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) el análisis global del procedimiento. Tales pautas tienen como fin dar un contenido concreto a la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas, que se vincula con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN). El Alto Tribunal ha aclarado que la vigencia de esta garantía no Alta en sistema: 08/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V podía traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos 330:3640, citado en “Losicer”).
IV.2. Ahora bien, en el caso de autos el hecho que dio origen al procedimiento, respecto de la compañía aseguradora, tuvo lugar en el año 2001 atento haberse detectado el incumplimiento de la operación de tránsito de importación n° 01 001 TR06 000268 J y la apertura del sumario se dispuso el 25/02/2003 (cfr. fs. 24 de las actuaciones administrativas). Posteriormente, fue citada la firma importadora y la compañía aseguradora, el 05/11/2007 (cfr. fs. 60 y vta. de las actuaciones administrativas) habiendo presentado su descargo la firma “Alba” el 28/11/2007 (cfr. fs. 71/78vta. de las actuaciones administrativas). Luego, el 18/12/2007 se proveyó la prueba ofrecida por todas las partes (cfr. fs. 107 de las actuaciones administrativas). Finalmente, el 25/02/2008, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dictó la Resolución nº 819/2008 mediante la cual fue impuesta una multa a la firma importadora y fueron determinados los tributos adeudados por dicha empresa y por la compañía aseguradora garante de la destinación suspensiva de tránsito de importación involucrada en autos (cfr. fs. 111/112vta. de las actuaciones administrativas). Aquella fue notificada a la compañía aseguradora el 12/08/2008 (cfr. fs. 122 y vta. de las actuaciones administrativas).
Con posterioridad, y en cuanto aquí interesa, la firma Alba Compañía Argentina de Seguros SA recurrió ante el Tribunal Fiscal de la Nación el 04/09/2008 (cfr. fs. 1). El Fisco contestó el recurso el 09/08/2010 (cfr. fs. 28/38). Asimismo, el 31/03/2011 se abrieron a prueba las actuaciones (cfr. fs. 40); y el período probatorio se dio por clausurado el 25/11/2024 (cfr. fs. 64). Ese mismo día fueron puestos los autos para alegar (cfr. fs. 68).
Finalmente, el Tribunal Fiscal de la Nación dictó la decisión que en este acto se apela el 24/02/2025 (cfr. fs. 94/96vta).
IV.3. En tales condiciones, se verifica en autos una demora irrazonable en el procedimiento administrativo. Tal situación Alta en sistema: 08/04/2026 infringe garantías constitucionales expresas, como las que derivan del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) y de duración razonable en los procesos (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). En efecto, se observa que entre la configuración de los hechos que motivaron el inicio de las actuaciones administrativas y el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación transcurrieron casi 24 años, lo cual constituye un plazo excesivo de duración del procedimiento. En este sentido el Alto Tribunal sentó en el precedente “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/ BCRA s/ Resol. 178/93” (sentencia del 19/11/2013) la regla según la cual el “análisis global del procedimiento” en este tipo de casos, debe necesariamente comprender tanto el sumario como la instancia revisora.
Según puede advertirse, las demoras no se deben a la complejidad que pudiera presentar el asunto ni a la actividad procesal de la sumariada, sino al hecho de que la actuación procesal estatal ha sido poco diligente, teniendo en cuenta la nula actividad verificada en determinados períodos en sede aduanera, que han alcanzado lapsos superiores al año. A la luz de estos extremos de hecho, y de conformidad con el precedente “Losicer” del Alto Tribunal, se estima que se ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al “plazo razonable” en la duración de los procesos, sin que ello implique ingresar a considerar si los hechos imputados en su oportunidad tenían sustento fáctico o jurídico (esta Sala, causas nº 55643/17 “Alba”, ya citada; y nº 30452/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” Buenos Aires, del 2/05/2019; entre otras).
IV.4. Que, además de lo expuesto, cabe destacar que la Ley 27.742 a través de su artículo 25 incorporó en el artículo 1º bis, inciso a), apartado (iv) de la Ley 19.549 -aplicable supletoriamente en la especieel “Derecho a un plazo razonable”, comprendido dentro del principio de “Tutela administrativa efectiva” en el sentido de: “…que los procedimientos administrativos tramiten y concluyan en un plazo razonable, por decisión escrita y expresa. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos Alta en sistema: 08/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V cualquiera sea su forma de iniciación” (cfr. esta Sala V en la causa n° 2.001/24, caratulada “HTI Cono Sur (TF 20538084-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 21 de agosto de 2025 y causa n° 10.775/2024 “HTI Cono Sur (TF 62161222-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3 de julio de 2025 y causa n° 20.899/2024 “Compañía de Seguros La Mercantil SA (TF 121517942-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 22 de abril de 2025, entre otras ).
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la firma aseguradora, revocar lo decidido por el Tribunal Fiscal y; por ende, revocar la Resolución DE PRLA n° 819/08.
V. Que, en virtud de la manera en que se decide resulta inoficioso el tratamiento de los restantes agravios propuestos por la compañía aseguradora así como también del recurso de apelación interpuesto por el Fisco.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y; por ende, revocar la Resolución n° 819/2008, con costas de ambas instancias al Fisco (artículo 68, 1° párrafo del CPCCN). 2) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación del Fisco; 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse.
Pablo GALLEGOS FEDRIANI Guillermo F. TREACY Alta en sistema: 08/04/2026
Fin de la sentencia