Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 30.664-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución DE PRLA N°7841/11, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12198-481-2005.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-53376345-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 29 de Mayo de 2026 acum. N° 30.674-A; FLORIDA DEL TUPUNGATO S.A.
En Buenos Aires, los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, se reúnen para resolver en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente 30.664-A y su acumulado “FLORIDA DEL TUPUNGATO S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación” – Expediente N° 30.674-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución DE PRLA N°7841/11, la autoridad aduanera impuso a la firma FLORIDA DEL TUPUNGATO una sanción consistente en una multa y emitió el cargo correspondiente en forma solidaria con la aseguradora al determinar que incurrió en la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero (“CA”). La imputación encontró fundamento en el incumplimiento del régimen de importación temporal, en tanto la firma FLORIDA DEL TUPUNGATO SA habría omiticdo cancelar en su totalidad la mercadería importada temporariamente mediante la destinación de importación N° 02001IT14002919F.
II. Contra dicho pronunciamiento, la firma ALBA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA interpone recurso de apelación, observando que la importadora cumplió con la exportación de la totalidad de la mercadería ingresada bajo el régimen de importación temporal. Considera que su responsabilidad es accesoria y diferente a la del tomador. Señala la improcedencia del reclamo de derecho adicional al monto liquidado por el servicio aduanero. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se resuelva conforme los planteos formulados.
III. Por su parte, en el expediente acumulado N°30.674-A, obra a fs. 39/44 el recurso de apelación interpuesto por la firma FLORIDA DEL TUPUNGATO SA contra la misma resolución. En síntesis, los argumentos de la parte se orientan a acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y a sostener la inaplicabilidad de las percepciones adicionales reclamadas por el servicio aduanero. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
IV. De su lado, a fs. 62/67, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de las apelaciones planteadas. Luego de efectuar la negativa genérica de rigor, destaca que la actora no ha demostrado el cumplimiento íntegro del régimen al que se acogió. En lo que respecta a la responsabilidad de la aseguradora, recuerda que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal y la ejecutabilidad inmediata de la garantía ante el incumplimiento del tomador de la póliza, por lo que la DGA no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento. Considera plenamente válida la inclusión de impuesto a las ganancias y derecho adicional en la liquidación efectuada por el servicio aduanero. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
V. En esas condiciones, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del CA, con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante la Destinación de Importación N° 02001IT14002919F.
VI. Así las cosas, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del CA, es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII. A la luz de lo enunciado, se observa que la mercadería importada temporariamente se encuentra parcialmente reexportada, tal como se detalla del análisis de la descarga de insumos realizada conforme la documentación obrante en autos:
PE CANTIDAD 03038EC03000097L 420 03038EC03000101U 960 03038EC03000770J 2.460 03038EC03001280G 1.200 03038EC03001438Z 990 03038EC03002633J 240 03038EC03002843M 3.456 03038EC03003674P 12.000 03001EC03020206S 1.260 03038EC03004036X 4.050 03038EC03005922N 480 03038EC03006373Y 8.064 TOTAL 35.580 PERMISOS QUE NO DESCARGAN LA DIT
PE CANTIDAD Motivo 03001EC03008423C 120 No acompaña hoja de descarga IT A CANCELAR CANTIDAD CANCELADO UNIDADES EN INFRACCIÓN 02001IT14002919F 35.700 35.580 120 VIII.- Conforme surge del análisis realizado, de las 35.700 unidades correspondientes a los insumos importados temporalmente mediante la Destinación de Importación N° 02001IT14002919F se desprende que solo se han reexportado 35.580 unidades mediante los Permisos de Embarque detallados en la descarga efectuada, quedando pendientes de cancelación 120 unidades. El saldo remanente no ha sido acreditado con la documentación analizada por este Tribunal, ni ha sido debidamente justificado por la actora. En consecuencia, no se ha demostrado el cumplimiento íntegro del régimen en relación con una parte de la mercadería importada temporalmente, lo que da lugar a los efectos tributarios e infraccionales previstos por la normativa aplicable (arts. 274 y 970 del CA).
IX. Sentado lo que antecede, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF Latinoamericana S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “Fisher S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME Nº 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art.970 del CA. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto Nº 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
X. En relación con los conceptos IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN – DGA, Resol. 2590/06 (expte n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998), y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos 285:177). En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(…) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XI. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos IX y X, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
VALOR EN ADUANA POR UNIDAD VALOR EN DESTINACIÓN VALOR EN ADUANA (USD) CANTIDAD DE UNIDADES ADUANA POR UNIDAD 02001IT14002919F 3.248,70 35.700,00 0,09 UNIDADES EN INFRACCIÓN BASE DE CÁLCULO (VALOR DESTINACIÓN CANTIDAD DE UNIDADES EN ADUANA)
02001IT14002919F 120 10,80 DIT 03001IT14001052Z
Concepto % Importe (USD)
Base Imponible 10,80 Derechos de Importación 17,5 1,89 Tasa de Estadística 0.50 0,05 Base IVA 12,74 IVA 21 2,67 TOTAL 4,61 En mérito a lo expuesto, y de conformidad con la liquidación practicada por el servicio aduanero a fs. 8 de las actuaciones administrativas —efectuada a razón de 1 USD = $2,94—, el importe adeudado en concepto de multa asciende a $13,55. Por su parte, y de conformidad con el criterio adoptado ut supra, el monto de los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de $13,55, sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA.
XII. Todo lo anterior resulta revelador acerca de la falta de entidad patrimonial que posee la pretensión fiscal en este caso. En consecuencia, por razones de prudencia y a modo excepcional, se decide dejar sin efecto lo ordenado por el acto administrativo apelado.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución DE PRLA N°7841/11, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12198-481-2005.
2. Costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución DE PRLA N°7841/11, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12198-481-2005.
2. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.05.21 08:24:58 ART Date: 2026.05.21 13:10:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.29 11:42:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.29 11:43:36 -03:00
Fin de la sentencia