Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución DE PRLA N° 7568/08, dictada en las actuaciones N° 12039-1038-2008 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-46408452-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Abril de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 25.837-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 11/20, la aseguradora “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.” se presenta por apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 7568/08, dictada en las actuaciones N° 12039-1038-2008 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la cual se la intima a abonar la suma de $11.708,62 en concepto de tributos + CER por encontrarse incursa en la infracción tipificada por el art. 970 la mercadería amparada mediante la DIT N° 4746-5/96. Explica que la acción del fisco para reclamar el cobro de los tributos se encuentra prescripta, ya que considera la falta de notificación de la apertura de sumario como un hecho que torna ineficaz al acto administrativo hasta tanto este sea notificado, haciendo que la interrupción de la prescripción no ocurra en este caso. Plantea que su responsabilidad en el caso de marras es accesoria, puesto que la Resolución General 17.047 prohíbe la emisión de pólizas que constituyan al asegurador en “liso, llano y principal pagador” de las obligaciones asumidas por el tomador de la póliza. Se agravia de la resolución apelada en tanto la misma no se ha considerado su responsabilidad como garante de las obligaciones de un tercero, siendo distinto el alcance con el que debe responder ante el incumplimiento de su asegurada, por lo que se encuentra limitada en este caso a los tributos de importación y no comprende “todos” los tributos y gravámenes que adicionalmente percibe o retiene el servicio aduanero. Desestima la aplicación del CER con el fundamento principal de que el importe correspondiente a los conceptos declamados por la aduana se encuentra expresado en pesos y no en dólares estadounidenses u otra moneda. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 27/35, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la apelación planteada por la actora. Luego de efectuar una negativa genérica, rechaza los argumentos de la apelante sobre la prescripción de la acción del fisco para cobrar los tributos, sosteniendo que la legislación aduanera es clara al establecer que el plazo se interrumpe con la apertura del sumario y en ningún momento se habla de la supuesta necesidad de notificar para que dicho acto administrativo produzca sus efectos jurídicos. Menciona que la aseguradora acude a legislación alternativa para fundamentarse, ignorando el principio de especialidad en lo que hace a la jerarquía de las leyes y, fundamentalmente, su correcta aplicación. Explica que la actora garantizó por el régimen general “todo”, por lo que no corresponde ahora pasar por alto el temperamento que surge de las propias actuaciones, pretendiendo evadir parte de la carga tributaria garantizada al servicio aduanero. Expresa que la actora garantizó la totalidad de la carga tributaria, por lo que dicha situación configura una conducta jurídicamente relevante, no pasible de desconocimiento posterior. Responde los agravios de la incoada respecto de la aplicación del CER, entendiendo que, atento la paridad cambiaria de ese entonces, la liquidación practicada se expresaba en pesos, aunque lo adeudado era en dólares. Concluye que sostener lo contrario implica desconocer la normativa vigente al momento de producirse el hecho generador de la obligación tributaria, toda vez que se estaría confundiendo la paridad cambiaria con una supuesta pesificación que no es tal. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera apelada, con costas.
Primera Cuestión III.- De lo expuesto, corresponde examinar si, como plantea la recurrente, la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada. En efecto, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en precedentes anteriores, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado el 09/12/2003, no advirtiéndose en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado. De eso se sigue que el incumplimiento de la notificación, el acto de apertura sumarial carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A. En este orden de ideas, es de advertir que iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/1999 – en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 27/07/1998 - la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2003 (todo ello cfme. arts. 934, 935, 937, 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 13/11/2008).
En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX- 2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX- 2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
De lo expuesto, se desprende que el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del C.A. Por los motivos señalados, considero que la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de los tributos reclamados se encontraba prescripta al momento del dictado de la resolución apelada. Segunda Cuestión IV.- Sentado lo anterior, y en virtud del criterio mayoritario de la Sala G, corresponde analizar los demás agravios planteados por la recurrente, con especial consideración en si la resolución dictada, en cuanto condena a la importadora solidariamente con la aseguradora por el incumplimiento de reexportar la mercadería amparada mediante la DIT 4746- 5/96, resulta ajustada a derecho.
V. Teniendo en cuenta los agravios esgrimidos por la apelante con relación a su responsabilidad diferente y accesoria de la del tomador, debemos destacar que no se encuentra controvertido en autos que el despacho de importación en crisis se encuentra asegurado por la actora mediante la Póliza N° 104.079, del 23/07/1996, mediante la cual se aseguró a la A.F.I.P-D.G.A. el monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTISIETE MIL (USD 27.000.-), con más la que pudiere resultar en exceso por la aplicación del art. 1122 del CA, a que resulte obligada la firma importadora ROA S.R.L., como consecuencia de la operación de importación de “UN CAMIÓN CHEVROLET 3500, MODELO 1995 – PROCEDENCIA URUGUAY – TRANSPORTE FERRILINEAS – DESPACHANTE AVILA & CIA – CUIT 30-
57916901-6”. En las condiciones indicadas, surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de las mercaderías importadas.
VI. En tal entendimiento, el núcleo de la cuestión radica en determinar la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
VII. Dicho esto, debo decir que no concibo la posibilidad de que el Estado tenga capacidad para entablar relaciones jurídicas que se desarrollen al amparo del derecho privado. En efecto, si bien el legislador tiene un cierto margen de discrecionalidad para hacer actuar a los órganos estatales bajo modalidades privadas, lo cierto es que esa opción regulatoria es meramente instrumental, en tanto por la naturaleza misma de las cosas, el Estado siempre está sometido a exigencias jurídicas que le son impuestas por las razones que justifican su existencia. En consecuencia, las eventuales normas de derecho privado que pudieran regir la actividad de la empresa aseguradora son meros accidentes de la sustancial relación jurídica entre el servicio aduanero y la aseguradora que voluntariamente decidió incursionar en una disciplina regida por las normas, principios y valores que rigen las cuestiones públicas. Si no se reconociera esta elemental cuestión, el problema se encontraría mal planteado y discurriría en un recuento de las cláusulas contractuales entre el asegurado y la compañía aseguradora.
VIII. En ese estado de cosas, corresponde señalar que el art. 453 inc. c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del mismo cuerpo normativo indica que la garantía debe otorgarse a los fines de "asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone", las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al momento de la oficialización de la importación.
Más aún, podemos citar los dichos de la Alzada en la causa “COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA c/EN – DGA s/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS”, Sala V, sentencia del 17/09/2019, donde expresa que “…La aseguradora, en virtud de la garantía dada, responde 'conceptualmente’, por todos los tributos, adeudados por la importadora, que gravaban la importación para consumo de la mercadería al tiempo de producirse el siniestro, esto es al tiempo del incumplimiento infraccional de la importadora y/o realización del hecho gravado irregular (arts. 274, 638 inc. e y 639 del CA). De modo que si el importe que, producido el siniestro - importación para consumo irregularmente producida correspondía abonar por tributos hubiera sido inferior (por reducción de las alícuotas, por haberse derogado tributos, o por cualquier otra razón) o igual al liquidado por tributos al tiempo de la temporaria, debería abonarse el nuevo importe liquidado en consecuencia del siniestro, con más los accesorios correspondientes; y aun si hubiera sido mayor (por aumento de las alícuotas, por nuevos tributos, o por cualquier otra razón) pero menor o igual a la suma máxima establecida. En cambio, si el nuevo importe derivado del siniestro (sin accesorios) fuera mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes (cfr. esta Sala V en la causa n° 77.468/2016, caratulada 'La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo', del 4 de abril de 2017, 'Argentina de Seguros S.A. (TF 20.324-A) c/DGA', expediente n° 46.311/2012, del 16 de mayo de 2013, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G, en los autos caratulados 'Chubb de Fianzas y Garantías S.A.', expediente n° 16.636-A, del 14 de noviembre de 2008 y Sala F, en los autos caratulados 'STP S.A. c/DGA y su acumulado', expediente n° 20.369-A, del l6 de agosto de 2006, entre muchos otros)”.
En consecuencia, el importe que podrá exigirse a la aseguradora será el monto máximo garantizado por la póliza, convertido al tipo de cambio del día anterior al de la fecha de pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados arriba indicado, si este último resultare inferior. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A.
IX. En otro orden de ideas, corresponde determinar si en el caso procede la aplicación del C.E.R., con respecto a los tributos adeudados por no haber acreditado la reexportación en término de la mercadería amparada mediante la DIT N°4746-5/96. Para ello, cabe poner en manifiesto que, atento a que la deuda tributaria fue expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 214/02, resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 4 y 8 del mismo. Así las cosas, la conversión de la deuda a razón de UN PESO ($1) con más el C.E.R. correspondiente a la fecha de pago, viene impuesta legalmente de conformidad con el criterio sentado por la C.S.J.N. en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica” (17/4/07), en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 214/02, el C.E.R. es inescindible del capital adeudado.
A mayor abundamiento, cabe resaltar que el art. 1 del Decreto 214/02 dispone que, a partir de la fecha de entrada en vigencia del mismo (3.2.02) quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS, estableciendo el art. 8 que las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el Artículo 4° del presente Decreto, esto es, el Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina y que se aplicará a partir de la fecha del dictado del referido decreto.
Del hilo de las ideas esbozadas precedentemente, se concluye que el ajuste mediante el C.E.R. resulta ajustado a derecho.
X. Como consideración final, resulta dable expedirse en torno a si el sindicado como responsable ha cometido la infracción prevista en el art. 970 del CA. En tal sentido, cabe indicar que no resulta controvertido que el importador se obligó a reexportar la mercadería importada temporalmente y que pesaba sobre él la carga de la prueba del cumplimiento de la debida reexportación. Es que, en efecto, es criterio reiteradamente expuesto que es suficiente para el servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Ahora bien, de la compulsa de las Actuaciones Administrativas, surge que el servicio aduanero corre vista a la firma importadora para que ejerza sus defensas como consecuencia del supuesto incumplimiento al régimen de importación temporal, debiendo presentar las pruebas necesarias a efectos de acreditar la reexportación de la mercadería amparada por la DIT N° 4746-5/96. A fs. 96 se declara la rebeldía de la importadora por no haberse presentado a contestar la corrida de vista anteriormente mencionada, por lo que el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros dicta la Resolución DE PRLA N° 7568/08, condenando a la firma al pago de multa y tributos, estos últimos solidariamente con la aseguradora. Ante dicho pronunciamiento, la aseguradora interpone recurso de apelación ante este tribunal, solicitando la apertura a prueba con la finalidad de librar oficio a la DGA para que informe si la DIT en trato registra eventos cancelatorios desde su oficialización hasta la actualidad. Ello, con el objetivo de acreditar el cumplimiento por parte de la importadora de la reexportación en tiempo y forma de la mercadería. A fs. 41 se abre a prueba la causa, delegando en la apelante el diligenciamiento del oficio requerido. A fs. 89 obra el oficio dirigido a la DGA, solicitando que informe si la DIT en trato registra eventos cancelatorios y acompañe un listado detallado de las destinaciones documentadas por la firma importadora desde la oficialización del DIT hasta la actualidad. A fs. 97 obra contestación de dicho oficio, informando que no hay importaciones a consumo, ni operaciones de importación para la firma del asunto registradas desde la fecha de oficialización de la DIT. Ante esta respuesta, a fs. 100 se solicita el libramiento de un nuevo oficio, en virtud de que la respuesta brindada no hacía mención respecto de las operaciones de exportación, las cuales se consideran como operaciones cancelatorias. A fs. 105 obra oficio reiteratorio, donde se solicita a la DGA que informe si la DIT registra operaciones de exportación desde la fecha de oficialización hasta la de su vencimiento. A fs. 109 obra respuesta de la Oficina Tramitación de Oficios, donde se indica que no surge información obrante en la base de datos.
Del análisis de los antecedentes detallados ut supra, no parece haber prueba alguna que acredite el cumplimiento de la reexportación de la mercadería amparada mediante la DIT 4746-5/96, siendo que, como fue expresado anteriormente, la carga de la prueba recae exclusivamente en el importador. Por lo expuesto, no caben dudas de que se ha configurado en autos la infracción tipificada en el art. 970 del CA, correspondiendo confirmar la resolución apelada.
Por todo ello, voto por:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA N° 7568/08, dictada en las actuaciones N° 12039-1038-2008 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA N° 7568/08, dictada en las actuaciones N° 12039-1038-2008 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.04.25 13:48:28 ART Date: 2023.04.25 14:02:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.25 14:57:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.25 14:57:35 -03:00
Fin de la sentencia