Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 28.670-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción interpuesto, con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
2Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N°5473/2010 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12197-626-2005, en cuanto intima a la firma aseguradora ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. al pago de los tributos correspondientes al total de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT 98001IT15000917R, cuyo monto asciende a la suma de Pesos Dieciocho mil seiscientos veintisiete con 73/100.- ($ 18.627,73), con más el Coeficiente de Estabilización de Referencia -CER- previsto en el art. 8° del Decreto N° 214/02, e intereses previstos en el art. 794 del CA hasta la fecha de su efectivo pago. Con costas a la actora (art. 1163 del Código Aduanero).
3Revocar parcialmente el artículo 3° de la citada resolución en cuanto incluyó en la liquidación el derecho adicional previsto en el art. 23 del Decreto N° 1439/96, el IVA adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias. Con costas por su orden.
4Declarar que la responsabilidad de ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., en su carácter de garante, queda limitada al monto asegurado mediante la Póliza N° 167.725, esto es, Dólares estadounidenses sesenta mil (USD 60.000), con más los intereses y accesorios que correspondan.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-93487623-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 24 de Septiembre de 2026 SEGUROS S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”; Exp. Nº 28.670-A El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 10/20 se presenta por apoderado la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 5473/2010, recaída en el expte. N° 12197-626- 2005, por medio del cual se la intima, en su carácter de garante de la obligación tributaria a cargo de la firma FAZIO HNOS S.A., al pago de la suma de $ 70.882,25 en concepto de tributos. Plantea la nulidad por falta de documentación, agrega que el sumario se inicia en 2005 sin contar la aduana con la documentación original de la DIT investigada. Impugna las impresiones de pantalla agregadas por la aduana. Desconoce la prorroga alegada por la aduana y expone que en este caso el inicio de sumario resulta extemporáneo. Se agravia de la aplicación del derecho adicional, cuestiona la aplicación del CER. Manifiesta el límite de la cobertura establecido por el monto asegurado mediante la póliza de seguro de caución. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se resuelva conforme a los planteos formulados.
II. Que a fs. 31/38 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una reseña de las actuaciones. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la actora que no fueran de su especial reconocimiento. Sobre la infracción al art. 970 sostiene que la actora no ha desvirtuado en autos la configuración de la infracción prevista en este artículo. Menciona que es la actora quien debe acreditar la cancelación de la DIT y que tal extremo no ha sido acreditado debidamente. Agrega que la finalidad del seguro de caución es eliminar el riesgo de la mora del deudor principal y la ejecutabilidad inmediata de la garantía ante el incumplimiento del tomador. Con respecto al planteo de prescripción, expresa que la interrupción de la prescripción se produjo con el auto de apertura de sumario y que este no requiere ser notificado. Ofrece prueba. Solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
III. Que, a fs. 39 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y se declara la apertura de la causa a prueba. A fs. 146 se certifica la producción de prueba. A fs. 147 se declara clausurado el período probatorio y se elevan los autos a conocimiento de esta Sala “E”, la que, a fs. 153, considera que no amerita poner los auots para alegar y dicta llamado de autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas N° 12197-626-2005 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia N° 147/05 respecto del importador FAZIO HNOS S.A. correspondiente a la DIT N° 98001IT15000917R con vencimiento 25/06/1999 y prorroga hasta el 19/06/2000, cuyas impresiones de pantalla de consulta SIM obran ensobradas a fs. 5. Que mediante Nota Nº 465/05 (SE PRTE) que luce a fs. 6, se formula denuncia contra la firma mencionada en los términos del art. 970 CA, con relación a la totalidad de la mercadería documentada mediante la mencionada DIT. Que a fs. 7, con fecha 03/11/2005, se dispone instruir sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA, y se envía a la División Verificación a fin de que se informen el valor en aduana, derechos de importación y demás tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción, la que es respondida a fs. 15/16.
Que a fs. 17 la aduana practica la liquidación de multa y tributos. A fs. 18 se glosa impresión de pantalla de la consulta de una garantía global o unitaria -identificador de la garantía 98001016841U-. Que a fs. 19 se corre vista de todo lo actuado a la firma imputada en los términos del ART. 1101 y cc. CA, citándose a la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en su carácter de garante de la obligación tributaria de la imputada mediante Póliza Nº 167.725, encontrándose ambas debidamente notificadas en forma fehaciente conforme constancias de fs. 22 y fs. 40. A fs. 30/38 contesta vista la aseguradora. A fs. 43 atento el tiempo transcurrido sin que la firma imputada haya comparecido a estar a derecho, se declara su rebeldía en los términos del art. 1105 CA.
Que a fs. 46/47 se dicta la resolución DE PRLA N° 5473/2010 confirmado la denuncia por la mercadería en infracción, importada al amparo de la DIT 98001IT15000917R. La que es notificada a la aseguradora el 01/10/2010 según constancia de fs. 49 V.- Que conforme las constancias obrantes en las actuaciones administrativas agregadas en soporte papel, mediante la DIT N° 98001IT15000917R, registrada el 29/06/1998 ante la Aduana de Buenos Aires, el importador FAZIO HNOS S.A. documentó la importación temporaria de 60.416,89 metros cuadrados de hojas de madera para contrachapado, al amparo del decreto 1439/96, que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial, debe ser reexportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual.
Que la Resolución ANA Nº 479/95 vigente a la fecha de oficialización de la destinación, enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.).
Que, para acceder a dicho beneficio, el decreto Nº 1439/96 impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo a las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que, al respecto, el art. 14 del citado decreto establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.), que emitirá la Secretaría de Comercio. Dicho certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas y/o pérdidas que conformen el producto y el mismo deberá ser presentado ante la Dirección General De Aduanas en oportunidad de tramitarse la Destinación Suspensiva de Importación Temporaria (D.S.I.T.) correspondiente.
En los términos y condiciones que determine la autoridad de aplicación, los beneficiarios deberán presentar un dictamen técnico acorde con el proceso de perfeccionamiento industrial con los requisitos que establezca dicha autoridad correspondiente a la tipificación que se solicite”.
Que en lo que se refiere a la importación temporaria, el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios del mismo, es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción, produce la inversión de la carga de la prueba.
VI. Que, sin perjuicio del planteo formulado por la actora, corresponde analizar la prescripción de la acción del Fisco para exigir los tributos reclamados.
Que, conforme lo dispuesto por los arts. 803 y 804 del Código Aduanero, la acción del Fisco para exigir tributos prescribe por el transcurso de cinco años, computados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado.
Que, si bien la recurrente desconoce la prórroga de la destinación temporaria involucrada, de la constancia extraída del Sistema Informático María obrante a fs. 5 de las actuaciones administrativas surge que el vencimiento de la DIT N° 98001IT15000917R fue prorrogado hasta el 19/06/2000.
Que, en consecuencia, el plazo de prescripción comenzó a correr el 1° de enero de 2001.
Que, con fecha 03/11/2005, se dispuso la apertura del sumario en los términos del art. 1090, inc. c), del Código Aduanero, acto que produjo la suspensión del curso de la prescripción conforme lo previsto por el art. 805, inc. a), del mismo cuerpo legal, hasta el dictado de la resolución que habilitó el ejercicio de la acción para percibir los tributos.
Que, en la especie, la Resolución DE PRLA N° 5473/2010 fue dictada el 06/08/2010.
Que, por lo expuesto, la acción del Fisco para exigir los tributos reclamados no se encontraba prescripta, razón por la cual corresponde rechazar la excepción opuesta, con costas.
VII. A continuación, corresponde a este Tribunal determinar si resulta ajustada a derecho la exigencia tributaria que fuera intimada a cancelar la firma FAZIO HNOS S.A., respecto de la DIT N° 98001IT15000917R por infracción al art. 970 del CA. Que la falta de acreditación de la cancelación total o parcial de la operación temporaria en trato, motivó que la aduana tramitara el sumario contencioso. Que, acaecido el vencimiento del plazo de permanencia, el servicio aduanero consideró configurada la infracción del art. 970 del CA de acuerdo a la Nota Nº 465/05 (SE PRTE) de fs. 6. Que, analizada la documentación obrante se concluye que la actora no aportó ningún elemento que permita probar la reexportación de la mercadería importada, ni al correrse vista en las actuaciones administrativas, ni en el recurso presentado ante este tribunal.
VIII. Del análisis de todas las constancias, se evidencia el incumplimiento de la obligación a cargo del importador temporario, en el caso sub-examine, siendo este un requisito excluyente para el goce de los beneficios otorgados como consecuencia del régimen previsto en una importación temporal, quedando configurado el siniestro del que surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente -arts. 274 y 638, inc. e), del CA. En este punto es importante recordar las condiciones que deben cumplirse a fin de importar temporariamente, las que, según las previsiones del Decreto N° 1439/96, la mercadería que ingresa al país para recibir un perfeccionamiento industrial, lo hace con la obligación de reexportarla para consumo a otro país bajo la nueva forma resultante, dentro del plazo autorizado, indicando la normativa aplicable, entre otras previsiones, la obtención del Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC). Recuerda que en el supuesto en análisis la importadora se acogió a un régimen especial, el del Decreto N° 1439/96. Que dicho régimen tiene como finalidad el perfeccionamiento industrial, y que derogó el régimen anterior de la Resolución N° 72/92 (MEYOSP). Que, con respecto al límite de la cobertura, corresponde indicar que el art. 453 inc. c) del CA, prevé que el seguro debe cubrir los “eventuales” tributos que correspondieren a la importación para consumo. Por su parte, el art. 255 del Código Aduanero indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, precisamente en el pago de los gravámenes aplicables al vencimiento del plazo de la importación temporaria.
Que resulta evidente que la interpretación adecuada a dichas normas consiste en considerar que la suma máxima por la que se otorga la póliza asegura la responsabilidad del importador temporario y, en el ámbito tributario, ésta no es otra que la de abonar los tributos que correspondan al momento en que el hecho imponible se configura, es decir, al momento del vencimiento del plazo del DIT, tal como surge del inc. e) del art. 638 y del art. 274 del CA. Que, asimismo, la determinación de la base imponible, tipo de cambio, régimen tributario y alícuotas deben ser los correspondientes a esa fecha. Los tributos garantizados son entonces, los vigentes al momento del vencimiento de la importación temporaria, con aplicación de los arts. 274, 638 y 639 del CA, desde que ello no sólo surge de la ley, sino que también es lo que cumple de manera más acabada con la finalidad del régimen de garantía, asegurando a la Aduana el cobro de los tributos vigentes, en el caso de que no se cumpliere con la obligación de reexportación en el plazo otorgado a tales efectos.
IX. Que, cabe señalar que la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A otorgó la póliza 167.725 mediante la cual garantizó la operación documentada por la destinación DIT N° 98001IT15000917R. Que se ha sostenido a lo largo de abundantes antecedentes jurisprudenciales que el garante asume las obligaciones de un codeudor, convirtiéndose en liso, llano y principal pagador de la obligación tributaria que garantiza mediante la expedición de una póliza de caución, motivo por el cual la Aduana puede dirigir la acción contra la importadora o la aseguradora o ambas partes. En este orden de ideas, también cabe destacar que en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (C.N.Com., Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA.
DE SEGUROS c/ GIROGIETTI Alejandro H. Y otro, La Ley 1997-E, 1011). Asimismo, surge de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado, que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este "tipo" de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (C.N.Com., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza de derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
La Aduana, en su carácter de asegurado o acreedor frente al incumplimiento del tomador del seguro -importador- no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento. La responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución oportunamente otorgado. Por otra parte, y tratándose el seguro de caución de un contrato consensual, y en atención a la calidad profesional del asegurador, que lo obliga a un obrar diligente en la evaluación del riesgo o medida del daño que está garantizando, los argumentos expuestos en su defensa, que pretenden desconocer las consecuencias de las obligaciones libremente asumidas al otorgar la garantía, resultan contrarios a la doctrina de los actos propios.
La firma importadora de la mercadería bajo el régimen de importación temporaria garantizó el pago de los tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme a lo previsto en al art. 453, inc. c), del CA y utilizó a ese fin el "seguro de caución" contemplado en el art. 455 del CA, otorgado por la aquí recurrente, quien se obligó al pago de una suma estipulada ante el mero vencimiento de una obligación del tomador, conviniéndose en segundo deudor en "paridad de grado". Por último, cabe señalar que la fianza constituye una relación accesoria de un contrato ya celebrado y no está subordinada a un evento dañoso e incierto, sino a la simple eventualidad de la falta de cumplimiento de la obligación pactada por parte del deudor (Morandi, J.C., "Lecciones Preliminares sobre el Contrato de Seguros", 1963, p. 28 y sgtes.).
En este orden de ideas, conforme surge de la póliza de seguro de caución obrante a fs. 56/57 de autos, la aquí recurrente ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A, garantizó al servicio aduanero el pago de las sumas de dinero por eventuales obligaciones respecto de la operación de importación temporaria involucrada en estos autos por la suma de USD 60.000,00. La finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26-981, INDESA S.A. cf APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-13, 416, E.D. 97-588; CNfed. Civil y Com., Sala IH, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. C / AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549).
El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom., Sala A, precedente citado). Ello así, y habiendo quedado configurada la infracción endilgada a la importadora, prevista y penada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante de los tributos adeudados como consecuencia de la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente.
X. Que, sentado ello, corresponde analizar la eficacia probatoria de las constancias del Sistema Informático María, hoy Sistema Informático Malvina (SIM) acompañadas en autos a fin de determinar si resultan idóneas para acreditar, en este caso, la regularización invocada por la actora.
Al respecto, cabe señalar que las impresiones extraídas del SIM, en tanto provienen del sistema informático oficial utilizado por el servicio aduanero para el registro y seguimiento de las destinaciones, constituyen elementos aptos de convicción, aun cuando no obren agregados los originales documentales, siempre que no hayan sido concreta y eficazmente desconocidas, redargüidas de falsedad o desvirtuadas por prueba en contrario. El material probatorio extraído del Sistema Informático María (SIM), erigido como Registro Único y Oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA), constituye prueba documental legalmente idónea para la sustentación de la instrucción sumarial. Dicha validación se impone en el marco de la transformación digital y la eficacia administrativa ("paperless") que rige a los servicios aduaneros modernos, reconociendo en el SIM, la fuente primigenia de la información oficial y garantizando a la constancia certificada por el funcionario, su pleno valor probatorio y eficacia jurídica.
En consecuencia, las impresiones del SIM acompañadas en autos pueden ser consideradas a los fines de verificar la operatoria cuestionada y determinar, junto con el resto del material probatorio, el alcance de la regularización invocada por la recurrente.
XI. Que, en relación al agravio relativo a la aplicación del derecho adicional previsto en el art. 23 del Decreto N° 1439/96, y sin perjuicio de compartir la opinión expuesta por el Dr. Basaldúa en cuanto a la naturaleza y procedencia de dicho concepto, por razones de economía procesal y seguridad jurídica corresponde revocar la exigencia fiscal en este aspecto, por aplicación al caso de autos del criterio establecido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/DGA”, sentencia del 14/08/2013, en la que se aplicó y remitió, en lo pertinente, a las consideraciones expuestas en la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/DGA”, también fallada el 14/08/2013, en cuanto se revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la Resolución MEyOSP N° 72/92, limitando su procedencia a los supuestos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente.
XII. Que, en relación con la inclusión en la liquidación del IVA adicional y de la percepción del Impuesto a las Ganancias, corresponde señalar que, por razones de economía procesal y seguridad jurídica y por aplicación de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/DGA”, sentencia del 26/11/2019, corresponde revocar la exigencia de dichos conceptos.
Que, en dicho precedente, el Alto Tribunal dispuso que “…cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
Que, en consecuencia, corresponde excluir de la liquidación exigida a la aseguradora, el IVA adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden, en virtud de que dicho pronunciamiento es de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación -06/08/2010- y a la interposición del presente recurso -22/10/2010-.
XIII. Que corresponde tratar el agravio de la recurrente referido a la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia -CER- previsto en el Decreto N° 214/02.
Que, conforme surge de lo expuesto precedentemente, el hecho imponible se configuró al vencimiento de la destinación suspensiva de importación temporaria, esto es, el 19/06/2000, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 274 y 638, inc. e), del Código Aduanero. A esa fecha deben determinarse el régimen tributario, las alícuotas, la base imponible y demás elementos necesarios para establecer la obligación tributaria. Que, a su vez, el art. 20 de la Ley N° 23.905 dispone que los derechos de importación, los derechos de exportación y los demás tributos que gravaren las importaciones y exportaciones se determinarán en dólares estadounidenses, pudiendo efectuarse su pago en moneda nacional conforme al tipo de cambio aplicable. En consecuencia, al momento de configurarse el hecho imponible la obligación tributaria nació determinada en dólares estadounidenses.
Que dicha obligación se encontraba existente y pendiente de cancelación al tiempo de sancionarse la Ley N° 25.561. El Decreto N° 214/02 dispuso la transformación a pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en moneda extranjera existentes a esa fecha y, específicamente, su art. 8° estableció que las obligaciones expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera no vinculadas al sistema financiero debían convertirse a razón de un dólar estadounidense (U$S 1) igual a un peso ($ 1), con aplicación del régimen previsto en el art. 4° del mismo decreto, relativo al Coeficiente de Estabilización de Referencia –CER-. Que, por lo tanto, la circunstancia de que la liquidación practicada por el servicio aduanero haya sido expresada en pesos, utilizando la relación cambiaria vigente al momento de configuración del hecho imponible, no modifica la naturaleza ni el origen de la obligación tributaria, nacida con anterioridad a la Ley N° 25.561 y determinada en dólares estadounidenses conforme al art. 20 de la Ley N° 23.905. La posterior expresión de su importe en moneda nacional constituye consecuencia del régimen de conversión aplicable y no obsta a la aplicación del CER prevista por el Decreto N° 214/02.
Que la obligación asumida por la aseguradora mediante la póliza de caución sigue, en este aspecto, la suerte de la obligación tributaria garantizada. En efecto, la garantía prevista en los arts. 453, inc. c), y 455 del Código Aduanero tiene por objeto asegurar el pago de los eventuales tributos que gravaren la importación para consumo ante el incumplimiento del régimen suspensivo, sin perjuicio del límite cuantitativo de la cobertura contratada. En el caso, la Póliza N° 167.725 garantiza hasta la suma máxima de dólares estadounidenses sesenta mil (USD 60.000), conforme surge de las constancias de autos.
Que, en consecuencia, encontrándose la obligación tributaria alcanzada por el régimen de conversión establecido por el Decreto N° 214/02, corresponde rechazar el agravio de la recurrente y mantener la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia –CER- sobre los tributos cuya exigencia se confirma, con el alcance que surge de la garantía constituida.
XIV. Que, en virtud de lo expuesto, cabe reliquidar los tributos exigibles, modificando la exigencia tributaria surgida de las liquidaciones realizadas por el servicio aduanero a fs. 17 de las actuaciones administrativas, conforme se detalla a continuación:
XV. Que, en consecuencia, y conforme a lo expuesto cabe confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N° 5473/2010 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12197-626-2005, por la cual se la intima, al pago de Pesos Dieciocho mil seiscientos veintisiete con 73/100.- ($ 18.627,73), en concepto de tributos, con más el Coeficiente de Estabilización de Referencia -CER- previsto en el art. 8° del Decreto N° 214/02, hasta la fecha de su efectivo pago, e intereses previstos en el art. 794 del CA, respecto del DIT N° 98001IT15000917R XVI.- Que corresponde señalar que la aseguradora responde únicamente hasta el límite del importe asegurado y respecto de los tributos alcanzados por la cobertura del seguro de caución constituido en garantía de la DIT en infracción, por lo que la aseguradora no puede volver contra sus propios actos.
Que el siniestro a que se refieren las pólizas, en el caso de autos, es la importación para consumo en forma irregular de la mercadería, y la Aduana en los términos del art. 4° de las condiciones generales puede exigir el pago de los tributos garantizados, dado que no está previsto en la misma el beneficio de excusión, ni la responsabilidad subsidiaria, sino que la aseguradora es deudora principal y solidaria con la importadoratomadora.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de prescripción interpuesto, con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
2. Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N°5473/2010 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12197-626-2005, en cuanto intima a la firma aseguradora ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. al pago de los tributos correspondientes al total de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT 98001IT15000917R, cuyo monto asciende a la suma de Pesos Dieciocho mil seiscientos veintisiete con 73/100.- ($ 18.627,73), con más el Coeficiente de Estabilización de Referencia -CER- previsto en el art. 8° del Decreto N° 214/02, e intereses previstos en el art. 794 del CA hasta la fecha de su efectivo pago. Con costas a la actora (art. 1163 del Código Aduanero).
3. Revocar parcialmente el artículo 3° de la citada resolución en cuanto incluyó en la liquidación el derecho adicional previsto en el art. 23 del Decreto N° 1439/96, el IVA adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias. Con costas por su orden.
4. Declarar que la responsabilidad de ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., en su carácter de garante, queda limitada al monto asegurado mediante la Póliza N° 167.725, esto es, Dólares estadounidenses sesenta mil (USD 60.000), con más los intereses y accesorios que correspondan.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto precedente.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Rechazar el planteo de prescripción interpuesto, con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
2. Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N°5473/2010 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12197-626-2005, en cuanto intima a la firma aseguradora ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. al pago de los tributos correspondientes al total de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT 98001IT15000917R, cuyo monto asciende a la suma de Pesos Dieciocho mil seiscientos veintisiete con 73/100.- ($ 18.627,73), con más el Coeficiente de Estabilización de Referencia -CER- previsto en el art. 8° del Decreto N° 214/02, e intereses previstos en el art. 794 del CA hasta la fecha de su efectivo pago. Con costas a la actora (art. 1163 del Código Aduanero).
3. Revocar parcialmente el artículo 3° de la citada resolución en cuanto incluyó en la liquidación el derecho adicional previsto en el art. 23 del Decreto N° 1439/96, el IVA adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias. Con costas por su orden.
4. Declarar que la responsabilidad de ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., en su carácter de garante, queda limitada al monto asegurado mediante la Póliza N° 167.725, esto es, Dólares estadounidenses sesenta mil (USD 60.000), con más los intereses y accesorios que correspondan.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos aduaneros, remítanse en devolución a la DGA las actuaciones administrativas. Archívese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación (conf. art. 1162 del C.A. y art. 52 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación.
Date: 2026.09.24 15:56:52 ART Date: 2026.09.24 17:21:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.24 17:22:09 -03:00
Fin de la sentencia