Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 25.927-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 6 de la citada resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de tributos asciende a $1.920,67, con más CER e intereses. Revocar con relación a los conceptos de Derecho Adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
2Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante las póliza N°149.508, en relación $1=U$S1, con más el CER que corresponda aplicar al día anterior a la fecha del pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior, con más los intereses del art. 794 del CA.
3Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-81626085-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Agosto de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Nº 25.927-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución DE PRLA N°4425/08, la autoridad aduanera condenó a la firma CURTIDURIA FUENTES SRL al pago de una multa y, a su vez, le formuló un cargo por los tributos adeudados, haciéndolo extensivo en forma solidaria a la aseguradora, en relación con la Destinación de Importación Temporal N° 98001IT14000025G, al considerar configurada la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero (CA).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA interpone recurso de apelación, señalando en primer término la prescripción del crédito fiscal por no haberse presentado la aduana a verificar su crédito en el concurso preventivo de CURTIDURIA FUENTES SRL. Invoca la clausula quinta de la póliza de caución, mediante la cual convino que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirá cuando prescriban las acciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos contra el tomador. Indica que la aduana debe liquidar los tributos adeudados y estimar el monto máximo garantizado teniendo en consideración la paridad cambiaria creada desde la sanción de la Ley de Convertibilidad. Explica que el CER no resulta aplicable por ser violatorio al derecho de propiedad e inconstitucional. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Por su parte, la representación fiscal se presenta y defiende la validez del acto administrativo. Luego de efectuar la negativa genérica de rigor, señala que la actora no pudo demostrar que no se haya configurado en autos el siniestro. Menciona que no existe norma legal alguna que imponga a la aduana la obligación de verificar su crédito en la quiebra del importador como requisito previo a reclamar su crédito de la aseguradora. Explica que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal y la ejecutabilidad inmediata de la garantía ante el incumplimiento del tomador de la póliza. Sostiene la plena validez de la aplicación del CER en el caso de autos. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Así las cosas, corresponde analizar como primera cuestión el planteo de prescripción opuesto por la recurrente, con sustento en la falta de presentación por parte del servicio aduanero al concurso preventivo de la firma importadora a los efectos de verificar su crédito.
Al respecto, cabe señalar que el concurso o la quiebra de la importadora no impiden que la aduana, en ejercicio de las funciones y facultades que resultan del Decreto N°618/97, pueda tramitar un procedimiento para las infracciones, e imponer multa y exigir el pago de tributos como consecuencia de haber considerado configurada una infracción. En tal entendimiento, la CSJN ha establecido que el trámite de verificación corresponde cuando la resolución que en la causa se apela quede firme (“Cosimatti Gregorio s/conc. prev", sentencia del 04.09.1987). En igual sentido, expresó que el art. 22 de la Ley 19.551, que establece la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, es inaplicable toda vez que la misma debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso (Fallos 310:785).
En la causa “Supercanal SA" del 02.06.2003, la CSJN sostuvo que, si la decisión de la DGI fue apelada por la concursada ante el Tribunal Fiscal de la Nación en virtud de lo dispuesto por el art. 76 inc. b) de la Ley 11.683, ello impide que opere el fuero de atracción, al hallarse pendiente de tratamiento la apelación ante un tribunal de alzada, operando éste recién una vez dictada la sentencia por dicho tribunal. Posteriormente, dicho tribunal señaló, contemplando los supuestos de que la sentencia del Tribunal Fiscal fuere apelada y haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador Fiscal de la Nación, que el fuero de atracción de la causa donde tramita el concurso preventivo de la deudora solo opera luego de la intervención del Tribunal de Alzada y en el supuesto que este confirme la sentencia apelada, corresponde remitir la causa al tribunal del concurso (“Gauchat, Enrique Pedro", sentencia del 04.07.2003).
V. Sobre lo expuesto, el Código Aduanero regula expresamente el instituto de la prescripción, siendo su normativa plenamente aplicable al caso de marras, por lo que podemos concluir que, en virtud de la aplicación del principio lex specialis derogat legi generali, las normas del citado cuerpo legal prevalecen frente a la Ley de Concursos y Quiebras.
Más aún, reconocida doctrina ha señalado que las obligaciones tributarias tienen su propio régimen de prescripción en la Ley 11.683, que es una ley federal, y el plazo de prescripción de cinco años a favor del fisco para el cobro de sus créditos es una disposición de orden público que responde también a la distinta naturaleza de la deuda frente a las deudas del concursado que son reguladas por el derecho privado, y que cuando el crédito fiscal recién es ejecutable después del proceso de verificación de los créditos, no puede declarárselos extinguidos por el régimen de prescripción abreviado del art. 56 de la Ley 24.522, porque la misma finalidad de esa norma lo impide y porque está vigente la prescripción propia de la Ley 11.683 por encima de la ley de concurso (Conf. La prescripción de las obligaciones tributarias en el concurso preventivo", Susana Camila Navarrine PET 26-6-00). Dicha doctrina resulta plenamente aplicable, atento que el Código Aduanero al regular específicamente la prescripción establece el mismo plazo de cinco años que la Ley 11.683.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, corresponde rechazar la prescripción opuesta por la actora.
VI. Sentado lo anterior, corresponde determinar si en el caso procede la aplicación del CER, con respecto a los tributos adeudados. Para ello, cabe poner en manifiesto que, atento a que la deuda tributaria fue expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 214/02, resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 4 y 8 del mismo.
Así las cosas, la conversión de la deuda a razón de UN PESO ($1) con más el CER correspondiente a la fecha de pago, viene impuesta legalmente de conformidad con el criterio sentado por la CSJN en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica” (17/4/07), en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 214/02, el CER es inescindible del capital adeudado. A mayor abundamiento, cabe resaltar que el art. 1 del Decreto 214/02 dispone que, a partir de la fecha de entrada en vigencia del mismo (3.2.02) quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS, estableciendo el art. 8 que las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el Artículo 4° del presente Decreto, esto es, el Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina y que se aplicará a partir de la fecha del dictado del referido decreto.
Del hilo de las ideas esbozadas precedentemente, se concluye que el ajuste mediante el CER resulta ajustado a derecho.
VII. Sentado lo que antecede, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF Latinoamericana S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “Fisher S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME Nº 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art.970 del CA. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto Nº 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
VIII. En otro estado de cosas, cabe consignar con relación a los conceptos IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN – DGA, Resol. 2590/06 (expte n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998), y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos 285:177).
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(…) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
IX. Finalmente, y analizando lo concerniente al monto máximo a garantizar en el caso de marras, el núcleo de la cuestión radica en determinar la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
X. Dicho esto, debo decir que no concibo la posibilidad de que el Estado tenga capacidad para entablar relaciones jurídicas que se desarrollen al amparo del derecho privado. En efecto, si bien el legislador tiene un cierto margen de discrecionalidad para hacer actuar a los órganos estatales bajo modalidades privadas, lo cierto es que esa opción regulatoria es meramente instrumental, en tanto por la naturaleza misma de las cosas, el Estado siempre está sometido a exigencias jurídicas que le son impuestas por las razones que justifican su existencia. En consecuencia, las eventuales normas de derecho privado que pudieran regir la actividad de la empresa aseguradora son meros accidentes de la sustancial relación jurídica entre el servicio aduanero y la aseguradora que voluntariamente decidió incursionar en una disciplina regida por las normas, principios y valores que rigen las cuestiones públicas. Si no se reconociera esta elemental cuestión, el problema se encontraría mal planteado y discurriría en un recuento de las cláusulas contractuales entre el asegurado y la compañía aseguradora.
XI. En ese estado de cosas, corresponde señalar que el art. 453 inc. c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del mismo cuerpo normativo indica que la garantía debe otorgarse a los fines de "asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone", las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al momento de la oficialización de la importación.
Más aún, podemos citar los dichos de la Alzada en la causa “COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA c/EN – DGA s/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS”, Sala V, sentencia del 17/09/2019, donde expresa que “…La aseguradora, en virtud de la garantía dada, responde 'conceptualmente’, por todos los tributos, adeudados por la importadora, que gravaban la importación para consumo de la mercadería al tiempo de producirse el siniestro, esto es al tiempo del incumplimiento infraccional de la importadora y/o realización del hecho gravado irregular (arts. 274, 638 inc. e y 639 del CA). De modo que si el importe que, producido el siniestro -importación para consumo irregularmente producida correspondía abonar por tributos hubiera sido inferior (por reducción de las alícuotas, por haberse derogado tributos, o por cualquier otra razón) o igual al liquidado por tributos al tiempo de la temporaria, debería abonarse el nuevo importe liquidado en consecuencia del siniestro, con más los accesorios correspondientes; y aun si hubiera sido mayor (por aumento de las alícuotas, por nuevos tributos, o por cualquier otra razón) pero menor o igual a la suma máxima establecida. En cambio, si el nuevo importe derivado del siniestro (sin accesorios) fuera mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes (cfr. esta Sala V en la causa n° 77.468/2016, caratulada 'La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo', del 4 de abril de 2017, 'Argentina de Seguros S.A. (TF 20.324-A) c/DGA', expediente n° 46.311/2012, del 16 de mayo de 2013, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G, en los autos caratulados 'Chubb de Fianzas y Garantías S.A.', expediente n° 16.636-A, del 14 de noviembre de 2008 y Sala F, en los autos caratulados 'STP S.A. c/DGA y su acumulado', expediente n° 20.369-A, del l6 de agosto de 2006, entre muchos otros)”.
XII. Dicho esto, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
XIII. En consecuencia, el importe que podrá exigirse a la aseguradora será el monto máximo garantizado por la póliza N°149.508 obrante a fs. 60 (USD 22.600), convertido al tipo de cambio del día anterior al de la fecha de pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados arriba indicado, si este último resultare inferior. Ello con más CER y los intereses del art. 794 del CA.
XIV. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos VII y VIII, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
LIQUIDACIÓN DIT 98001IT14000025G
Concepto % Importe Base Imponible 5.698,48 Derechos de Importación 10 569,85 Tasa de Estadística 0.50 28,49 Base IVA 6.296,82 IVA 21 1.322,33 TOTAL 1.920,67 Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de $1.920,67 con más CER e Intereses.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 6 de la citada resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de tributos asciende a $1.920,67, con más CER e intereses. Revocar con relación a los conceptos de Derecho Adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante las póliza N°149.508, en relación $1=U$S1, con más el CER que corresponda aplicar al día anterior a la fecha del pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior, con más los intereses del art. 794 del CA.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 6 de la citada resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de tributos asciende a $1.920,67, con más CER e intereses. Revocar con relación a los conceptos de Derecho Adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante las póliza N°149.508, en relación $1=U$S1, con más el CER que corresponda aplicar al día anterior a la fecha del pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior, con más los intereses del art. 794 del CA.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.08.24 14:12:54 ART Date: 2026.08.24 17:31:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.24 17:46:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.24 17:46:15 -03:00
Fin de la sentencia