Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 20.126-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el artículo 1°) de la Resolución - Fallo Nº 500/2004 dictada en la Actuación N° 12451-71-2005 (SA38/02/14), en cuanto condena a la importadora FIDENCIO YAÑEZ SACIFI (luego denominada FYSA S.A.) al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. de PESOS DOS MIL SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.064,53). Con costas.
2Confirmar parcialmente respecto de las coactoras el art.
3De la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que las coactoras importadora FIDENCIO YAÑEZ SACIFI (luego denominada FYSA S.A.) y garante ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeudan en concepto de tributos la suma de PESOS DOS MIL SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.064,53)
Con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 29/04/2002 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas según los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-151984781-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 22 de Diciembre de 2023 Nº 20.152-A c/DGA s/ Apelación" - Sentencia Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 20.126-A y su acumulado caratulado: “FYSA S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 20.152-A;
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 10/18 se presenta la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución-Fallo N° 500/2004 dictada en el expediente N° SA 38-02-14, por medio de la cual se condenó a la firma Fidencio Yañez SACIFI, por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., intimando a su parte al pago de $ 6.381,78, en concepto de tributos, en carácter de garante de la obligación tributaria. Describe que mediante el DIT N° 98 038 IT15 000564 C la importadora habría documentado la importación de mercadería, que el plazo de permanencia en el país habría vencido el 20/11/2000, sin que se reexportara en su totalidad. Manifiesta que la empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo en agosto de 1999 y que dicho extremo fue denunciado en el expediente administrativo a fin de que el servicio aduanero se presente a solicitar la verificación de su crédito.
Sostiene que la Aduana, tenedora de un crédito de causa anterior al concurso preventivo de la importadora, debió verificar el mismo tempestivamente en el juicio universal, como de carácter “eventual” hasta tanto se encuentre firme y ejecutoriado. Sin embargo, al no haber promovido la Aduana la verificación de su crédito, transcurrió el plazo previsto en el art. 56 de la ley 24.522 y se tornó de imposible concreción la repetición que eventualmente podría haber efectuado por subrogación. Analiza el art. 56 de la ley 24.522 y se explaya en relación a la extinción de la fianza por la omisión de verificación del crédito fiscal, en el transcurso de los plazos concursales, que impiden una verificación futura.
Se refiere a la naturaleza jurídica del seguro de caución e introduce jurisprudencia con relación al fuero de atracción de la ley 24.522. Cita las Resoluciones 1645/94, 975/99 - Circular 38/94 y manifiesta que aquellas protegen la formal necesidad que tiene la AFIP para insinuarse en el pasivo concursal. Afirma que solo se obligó por los tributos que gravan la importación irregular para consumo establecidos por normas generales y que el derecho adicional es un concepto no asegurado por la póliza. Subsidiariamente plantea la inconstitucionalidad del art 23 del Decreto 1439/96, que crea el mencionado derecho adicional y la improcedencia de su aplicación por analogía. Por último, solicita que se limiten las alícuotas al máximo autorizado por el Acta de Marrakesh.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución aduanera apelada, con costas.
II. Que a fs. ref. 29/36 se presenta la firma FYSA S.A. (antes denominada Fidencio Yañez SACIFI), por apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo N° 500/04 mediante la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. al pago de una multa de $ 2.064,53 y se la intimó a abonar la suma de $ 6.381,78 en concepto de tributos. Expone que el 22/06/1999 la empresa se presentó en concurso preventivo por ante el Segundo Juzgado de Procesos Concursales y Registros de Mendoza, causa N° 49.464. Señala que informó ante el servicio aduanero su estado concursal y que, como consecuencia de ello, no iba a poder cumplir con las pautas de la importación temporaria, debiendo nacionalizarse la mercadería en cuestión. Argumenta que no obstante ello, la Aduana continuó el trámite del sumario y finalmente dictó la resolución apelada. Plantea la prescripción bienal prevista en el art. 56 de la ley 24.522, en tanto transcurrió el plazo dispuesto en la ley concursal de los créditos de causa anterior, sin que la DGA se presentara a pedir la verificación de su crédito. Cita jurisprudencia y doctrina que considera favorable a su postura. En subsidio, esgrime que en caso de hacerse lugar a la multa pretendida por el servicio aduanero, se estaría transfiriendo a un tercero –la masa pasiva– una deuda cuyo origen es una multa penal a quien no fue condenado ni obligado a su pago, violentándose el principio de personalidad e intransferibilidad. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se revoque la resolución aduanera, con costas.
III. Que a fs. ref. 50/55, la representación fiscal contesta el traslado conferido respecto de la importadora. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su especial reconocimiento. Subraya que la quiebra del importador en modo alguno veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, cuestiones que no resultan atraídas por la quiebra. Destaca que recién cuando finalice la tramitación del presente, con el dictado de una resolución firme de la cual se obtenga un monto líquido y exigible se podría proceder a la verificación del crédito en el proceso concursal. En tal sentido, remite al precedente la CSJN “Cosimati Gregorio s/ conc. Mer. Prev.”. Expresa que se debe privilegiar la ley específica, esto es el Código Aduanero, por sobre de otras normas de alcance general. Por tal motivo, en materia de prescripción corresponde la aplicación de lo dispuesto en la norma aduanera por encima del régimen de prescripción abreviado de dos años previsto por la ley concursal. Puntualiza que conforme surge de las constancias del expediente, el importador no cumplió con la reexportación de la mercadería importada temporalmente por el DIT en cuestión. Recuerda que es la contraria quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Ofrece prueba y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
IV. Que a fs. 64/70 vta. la representación fiscal contesta el traslado oportunamente conferido respecto de la aseguradora. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueran objeto de su especial reconocimiento. Postula que la normativa concursal no es aplicable al caso en cuestión ya que la obligación tributaria que origina la causa se rige por la legislación aduanera, norma específica que prevalece. Describe la finalidad del seguro de caución y que el siniestro se configura con el incumplimiento de la obligación principal, sin que sea necesario demostrar la insolvencia del tomador. Apunta que la quiebra del importador en modo alguno veda al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o la aplicación de sanciones, cuestiones que no resultan atraídas por la quiebra. Manifiesta que el importador no habría cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria, configurándose en consecuencia, el siniestro que autoriza a reclamar el pago pertinente por parte de la aseguradora. Remarca que el garante queda constituido en mora de pleno derecho por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de ninguna otra intimación, judicial o extrajudicial, considerándose los plazos perentorios. Hace referencia a los intereses previstos en el art. 794 del C.A., y en las propias pólizas de caución. Arguye que no corresponde el planteo de inconstitucionalidad del Decreto 1439/96, en razón de lo normado por el art. 1164 del C.A. Por último, se pronuncia respecto de la procedencia del derecho adicional, según el art. 23 del citado Decreto. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
V. Que a fs. 57 se dispone la acumulación de los expedientes. A fs. 75 se abre la causa a prueba, que se produce a fs. 90/103, 136/140. A fs. 176 se cierra el periodo probatorio. A fs. 236 se elevan los autos a la Sala G y se ponen para alegar, agregándose a fs. 242/247 el alegato presentado por la coactora garante, mientras que la coactora importadora y el Fisco Nacional no hicieron uso del derecho conferido. A fs. 255 se pasan los autos a sentencia.
VI. Que la Actuación N° 12451-71-2005 (SA38/02/14) se inicia con la Nota N° 312/01 (REGS MEND) que informa que el DIT N° 98 038 IT15 000564 C de la firma FIDENCIO YAÑEZ SACIFI cuyo vencimiento operó el 20/11/2000 no registra cancelación total, por lo que corresponde elevar denuncia por infracción al art. 970 del C.A. A fs. 2 se glosa la carpeta del DIT referenciado, oficializado ante la Aduana de Mendoza el 01/12/1998, con su respectiva documentación complementaria. A fs. 3 se practica aforo, liquidación de tributos y se determina el monto de la multa. A fs. 4/5 se agrega print de pantalla de consulta de empresas activas y de consulta de una garantía global o unitaria. A fs. 6, el 25/01/2002 se dispone la instrucción de sumario conforme el art. 1090 inc. c) del C.A., y se corre vista a la importadora Fidencio Yañez SACIFI de todo lo actuado en los términos del art. 1101 del C.A. A fs. 7 el 28/02/2002 se corre vista a la importadora de todo lo actuado y se cita a la firma Alba Cia. De Seguros S.A. en carácter de garante de la obligación tributaria, quienes se notifican en fecha 12/04/2002, según constancias obrantes a fs. 15/16. A fs. 17/20 la importadora contesta vista. A fs. 29/35 la aseguradora formula descargo. A fs. 40 se abre la causa a prueba. A fs. 48/58 se glosan copias de los PE N° 98 038 EC03 003196 F, 98 038 EC03 003251 U, 98 038 EC03 000168 C, 98 038 EC03 000169 D. A fs. 60 la Sección Registro de la División Aduana de Mendoza informa que el DIT en cuestión se canceló parcialmente en 6.640 unidades, existiendo un saldo sin reexportar que asciende a 18.885 unidades. A fs. 61 se practica nueva liquidación de tributos y se determina el monto de la multa. A fs. 62/63 se glosa copia certificada de comprobante de recepción de garantía y de la póliza de caución N° 183.369. A fs. 64 se cierra el periodo probatorio y se ponen los autos para alegar. A fs. 69/70 se emite el Dictamen N° 496/2004. A fs. 71/74, el 07/09/2004 se dicta la Resolución N° 500/2004 que se notifica a la importadora y a la aseguradora el 01/10/2004 y el 30/09/2004, respectivamente (fs. 83/84). A fs. 85/86 la garante acredita la interposición de recurso ante esta instancia.
VII. Que, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A. con relación a parte -18.885 unidades- de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 98 038 IT15 000564 C, de la firma Fidencio Yañez SACIFI, registrada ante la Aduana de Mendoza el 01/12/1998 al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento de plazo de permanencia el 20/11/2000 (fs. 1/2 de las actuaciones administrativas).
Que, el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del lapso otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, dentro de los cuales se encuentra comprendida la destinación de autos, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados a demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto N° 1439/96 (Res. 72/92) —a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos—, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación pan consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar "...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y "cantidad" de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria".
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo ("descarga" del D.I.T. —eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida— en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VIII. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaria de Industria.
Que, al respecto, establecen: "El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)". (Art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. N° 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracci6n bajo análisis. Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del N° de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A. Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. SIC. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que existiendo, un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos. Mermas. Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"(conf. Art. 14 del Dto. 1439/96). A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. N° 1439/96) establece que: "La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de tipificación y Clasificación (CTC) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen".
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: "A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9° de la Resolución ME y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaria cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9°, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaria de Industria y Comercio."
IX. Que encontrándose en estado concursal la firma importadora, tal circunstancia no incide en la virtualidad del crédito. En efecto, todos los procedimientos contenciosos aduaneros (de obvio contenido patrimonial, específicamente en cuanto en ellos está en juego la aplicación de multas y/o la exigencia de tributos) y con su eventual secuela recursiva, quedan excluidos de la suspensión de su trámite y del fuero de atracción del concurso (preventivo o quiebra), dispositivos establecidos por la Ley 24.522, aunque en dicha ley -en la que taxativamente se indican los juicios excluidos al respectono se excluyen expresamente aquéllos.
La aludida exclusión obedece a un lógico y natural sentido de especialidad y practicidad, en orden a la forzosamente preliminar determinación tributaria, función del organismo recaudador y en su caso de la pertinente vía recursiva, y a la razonable necesidad de que el proceso penal concluya hasta sus últimas posibilidades de juzgamiento, criterio éste que fue establecido jurisprudencialmente. En efecto, ya la C.S.J.N. había expresado (en vigencia de la Ley 19.551), por sentencia del 9/4/87 en autos “COSIMATI, Gregorio G. s/Conc. merc. preventivo”, que el art. 22 de dicha Ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”.
En el mismo sentido se ha expedido nuevamente la C.S.J.N. en la causa “SUPERCANAL S.A.”, sent. del 2.6.03, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, “... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que -recién- se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas”. Finalmente, con posterioridad, la C.S.J.N. se ha pronunciado en la causa “GAUCHAT, Enrique”, sent. del 4.7.03, yendo aún más adelante en la vía recursiva y precisamente contemplando los supuestos -esta vez- en que la sentencia del Tribunal Fiscal fuese apelada, haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador General en el sentido de que “... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso.
Consecuentemente ... hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la Sala IV de la C.N.A.C.A.F. y, en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso”.
X. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa para verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación del D.I.T. bajo análisis o, si por el contrario, existe "saldo" de mercadería en infracción.
Que mediante el DIT N° 98 038 IT15 000564 C oficializado ante la Aduana de Mendoza el 01/12/1998 al amparo del Decreto N° 1439/96, la firma Fidencio Yañez SACIFI documentó la importación temporal de 25.525 unidades de mercadería de PA 4819.10.00.990R, cuyo vencimiento operó el 20/11/2000.
Que en la decisión bajo análisis, el servicio aduanero consideró, respecto de 18.885 unidades del DIT en cuestión, que la importadora no cumplió con las obligaciones derivadas del régimen de importación temporal, que es la regularización en tiempo y forma de la mercadería ingresada al amparo de dicho régimen.
Que en el recurso de apelación ante esta instancia, la coactora importadora señala que denunció su estado concursal ante el servicio aduanero e informó que, como consecuencia de ello, no iba a cumplir con las pautas de la importación temporaria, debiendo nacionalizarse la mercadería en cuestión.
Que de la prueba producida en autos, surge que la despachante de aduana de la importadora detalla que existe un saldo pendiente sin reexportar que asciende a 18.885 unidades (fs. 90/103) en forma concordante con el saldo en infracción determinado por el servicio aduanero a fs. 60 de las act. adm., y que resultó objeto de condena en la resolución aduanera recurrida.
Que por lo tanto, del análisis de la documentación obrante en las actuaciones administrativas y de la prueba producida en autos, se extrae que la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 98 038 IT15 000564 C se encuentre parcialmente reexportada, existiendo un saldo de mercadería de infracción que asciende a 18.885 unidades- del D.I.T. referenciado.
Que como consecuencia de lo expuesto, se ha configurado la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., y el hecho imponible de importación irregular a consumo de la mercadería previsto en el art. 274 del C.A., por lo que corresponde confirmar la resolución aduanera en cuanto condena a la importadora por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, al pago de una multa de $ 2.064,53.
XI. Que sentado lo precedente corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada y expedirse sobre la incorporación del derecho adicional en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas, lo cual fue motivo de agravio por la coactora aseguradora en su recurso de apelación.
Que, ello así, y por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (..) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal ...” (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo, del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria -”nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
XII. Que en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
10. Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XIII. Que por lo tanto, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el impuesto a las ganancias, en virtud de lo expuesto en los Considerandos anteriores. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación efectuada a fs. 61 de las actuaciones administrativas. Liquidación de Tributos DIT N° 98 038 IT15 000564 C RUBROS % TRIBUTOS VALOR EN ADUANA 4.629,51 DERECHOS IMPORTACION 19% 879,61 TASA DE ESTADISTICA 0,50% 23,15 BASE IMPONIBLE IVA 5.532,26 IVA 21,00% 1.161,78 TOTAL $ 2.064,53 XIV.- Que corresponde ahora expedirse sobre la responsabilidad de la compañía aseguradora. La póliza en virtud de la cual la Aduana funda su exigencia a la aseguradora es la N° 183.369 extendida por la firma “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.” en fecha 27/11/1998, por la suma de U$S 8.000, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada mediante el DIT involucrado. (Ver la documentación del referido DIT y la copia certificada de la póliza de caución en cuestión, obrantes a fs. 62/63 de las act. adm.).
Que tratándose la cuestión debatida en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 inc. c) y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco, en dicho Código, la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor, (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la Aduana asegurada) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (conforme art. 1587 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada "responsabilidad" de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial, Ley 26.994).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa.
Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor. Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
XV. Que en cuanto al tope máximo de responsabilidad deberá resultar de convertir el monto asegurado por la póliza N° 183.369 esto es U$S 8.000, en la relación $ 1 = U$S 1, con más el CER que corresponda al día anterior al pago (U$S 1 = $ 1, en los términos del art. 8° del dec. 214/02, con la aplicación del CER previsto en el art. 4° dec. 214/02, por tratarse de una obligación contraída en dólares con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto, póliza emitida el 27/11/1998).
XVI. Que en lo que respecta a la limitación de su responsabilidad, la aseguradora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar al importe de dicho monto límite, los accesorios que correspondan. De modo tal que, si el importe derivado del siniestro (sin accesorios) es mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes.
Que el importe nominal de los tributos queda ampliamente comprendido dentro de los U$S 8.000 (en la relación $ 1 = U$S 1, con más el CER) dados en garantía por la aseguradora; por lo que es por ese importe de $ 2.064,53 que, como importe nominal, debe responder la aseguradora, y es a ese importe al que aquí se le deben adicionar los correspondientes accesorios.
XVII. Que en lo atinente a los intereses, la jurisprudencia es pacífica respecto de que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal (cfr. art. 1580 Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994), y también, por los intereses de su propia mora, cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal. En el caso de autos, la importadora y la aseguradora fueron notificadas el 12/04/2002 (fs. 15/16 de las act. adm). Por lo tanto los intereses corren, desde el 29/04/2002, vencido del plazo de diez días computados a partir de la fecha de la notificación de la corrida de vista (art. 794 del C.A.).
Que sobre los tributos que se confirman corresponde el cómputo de los intereses previstos en el art. 794 del C.A., aclarando que la aseguradora responde por la mora de la tomadora, hasta la fecha de efectivo pago.
XVIII. Que en lo atinente a las costas, en cuanto a la multa que se confirma se imponen a la importadora y respecto de la exigencia tributaria conforme los respectivos vencimientos.
Que por ello, VOTO POR:
1. Confirmar el artículo 1°) de la Resolución - Fallo Nº 500/2004 dictada en la Actuación N° 12451-71-2005 (SA38/02/14), en cuanto condena a la importadora FIDENCIO YAÑEZ SACIFI (luego denominada FYSA S.A.) al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. de PESOS DOS MIL SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.064,53). Con costas.
2. Confirmar parcialmente respecto de las coactoras el art. 3°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que las coactoras importadora FIDENCIO YAÑEZ SACIFI (luego denominada FYSA S.A.) y garante ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeudan en concepto de tributos la suma de PESOS DOS MIL SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.064,53)
con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 29/04/2002 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas según los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Vocal preopinante.
No obstante, en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora formulada en el considerando XIV, a lo referente a la aplicación supletoria del Código Civil y Comercial, corresponde hacer la salvedad acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
Con respecto a esta cuestión, debo decir que no concibo la posibilidad de que el Estado tenga capacidad para entablar relaciones jurídicas que se desarrollen al amparo del derecho privado. En efecto, si bien el legislador tiene un cierto margen de discrecionalidad para hacer actuar a los órganos estatales bajo modalidades privadas, lo cierto es que esa opción regulatoria es meramente instrumental, en tanto por la naturaleza misma de las cosas, el Estado siempre está sometido a exigencias jurídicas que le son impuestas por las razones que justifican su existencia. En consecuencia, las eventuales normas de derecho privado que pudieran regir la actividad de la empresa aseguradora son meros accidentes de la sustancial relación jurídica entre el servicio aduanero y la aseguradora que voluntariamente decidió incursionar en una disciplina regida por las normas, principios y valores que rigen las cuestiones públicas. Si no se reconociera esta elemental cuestión, el problema se encontraría mal planteado y discurriría en un recuento de las cláusulas contractuales entre el asegurado y la compañía aseguradora.
Encontrándose el quid del asunto en la sustantividad pública de la relación jurídica examinada, existe un hecho que se impone por sí mismo: la responsabilidad de la compañía aseguradora deberá determinarse en razón del régimen de derecho público aplicable, considerándose también que los mecanismos de tutela específicamente previstos para controlar la actividad administrativa se ajusten a derecho.
En tales condiciones, corresponde señalar que el art. 453 inc. c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del mismo cuerpo normativo indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al momento de la oficialización de la importación.
Sentado lo anterior, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Sobre la base de lo expuesto y en esa comprensión del asunto, el importe que podrá exigirse a la aseguradora será el monto máximo garantizado por la póliza, (convertido a pesos con más el CER que corresponda al día anterior al pago, en la relación $1 = U$S 1 en los términos del art. 8º del Dec. 214/02), o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar el artículo 1°) de la Resolución - Fallo Nº 500/2004 dictada en la Actuación N° 12451-71-2005 (SA38/02/14), en cuanto condena a la importadora FIDENCIO YAÑEZ SACIFI (luego denominada FYSA S.A.) al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. de PESOS DOS MIL SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.064,53). Con costas.
2. Confirmar parcialmente respecto de las coactoras el art. 3°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que las coactoras importadora FIDENCIO YAÑEZ SACIFI (luego denominada FYSA S.A.) y garante ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeudan en concepto de tributos la suma de PESOS DOS MIL SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.064,53)
con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 29/04/2002 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas según los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2023.12.21 23:04:24 ART Date: 2023.12.22 10:15:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Presidente Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.22 11:31:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.22 11:31:41 -03:00
Fin de la sentencia