Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PLA Nº 912/2008 dictada en el trámite de la Actuación SIGEA N° 12040-181-2007 (ADGA 604.100/03), en relación a la aseguradora ALBA CIA. ARG. DE SEGUROS S.A., declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 19.184,54), con más el C.E.R. correspondiente a la fecha de pago, al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. que se hubieren devengado desde 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha del efectivo pago.
2Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias y en cuanto a la exigencia tributaria relacionada con la D.I.T. N° 1138-8/97.
3Costas conforme los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-138683173-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Diciembre de 2022 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expte. N° 24.450-A. El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 11/20 se presenta, por apoderado, la aseguradora ALBA CIA. ARG. DE SEGUROS S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PLA Nº 912/2008 dictada en el trámite de la Actuación SIGEA N° 12040-181-2007 (ADGA 604.100/03) por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la cual se la intima, en su carácter de garante de las obligaciones tributarias asumidas por la firma importadora SIVIER S.A., junto con ella y otra compañía aseguradora LA CONFIANZA S.A., al pago de la suma de $ 185.969,23 con más C.E.R. e intereses, en concepto de tributos adeudados por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. con relación a los D.I.T. Nº 775- 0/97 y 1138-8/97.
II. La recurrente sostiene que la aduana no tuvo en cuenta las cuestiones planteadas en sede aduanera, como: la individualización de la operación en virtud de la cual resulta garante que sería únicamente la documentada mediante D.I.T. Nº 775-0/97 y el límite económico dado por el monto efectivamente garantizado mediante la Póliza Nro. 116.220; cuestiones que reitera y profundiza en esta instancia. Manifiesta que resulta ser garante únicamente del pago de los tributos que gravan la importación para consumo, es decir, de aquellos tenidos en cuenta para el cálculo de la multa, no así de los percibidos “a cuenta” por la Aduana. Asimismo, sostiene que no corresponde ajustar la deuda tributaria mediante el C.E.R.
Ofrece prueba. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas III. A fs. 31/43 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la contraria y relata brevemente lo actuado en sede administrativa. Destaca que se citó a la aseguradora en su carácter de garante de la obligación tributaria, al haber suscripto la póliza de seguro de caución N° 116.220 respecto de la D.I.T. N° 775-0/97 y que también se citó, por su respectiva póliza, a otra compañía aseguradora que garantizó el D.I.T. N° 1138-8/97. Sostiene que no se pretendió en ningún momento que la actora responda por los dos D.I.T. involucrados y, consecuentemente, solicita se corrija el monto en debate.
Aduce que se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Destaca quiénes son las partes en el atípico contrato de seguro de caución: tomador (en el caso, SIVIER S.A.) y asegurado (D.G.A.). Agrega que la garantía contenida en la póliza en cuestión se presta a requerimiento de la firma importadora, constituyendo a la actora en la principal pagadora, sin necesidad de ninguna otra intimación, judicial o extrajudicial. Agrega que la finalidad de las imposiciones del régimen de importación temporaria es desalentar la introducción para consumo, ya sea regular e irregular, de mercadería que se autorizó importar con la finalidad de ser reexportada. Menciona que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro.
Asimismo, aduce que procede el ajuste mediante el C.E.R. toda vez que la póliza mediante la cual se garantizaron los tributos se pactó en dólares y no en pesos. Cita jurisprudencia. Acompaña las actuaciones administrativas, efectúa reserva de Caso Federal y, finalmente, solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. De la compulsa de la Actuación SIGEA N° 12040-181-2007 (ADGA 604.100/03) surge que la misma se inicia a fs. 1 con el acta de denuncia efectuada en el marco de la causa judicial N° 21.149, por presuntas irregularidades prescriptas en el art. 863 y sig. del C.A., en relación a los D.I.T. N° 775-0/97 (cuyo vencimiento operó el 26/01/1998 y cuyas copias autenticadas obran a fs. 2/12) y 1138-8/97 (cuyo vencimiento operó el 09/02/1998 y cuyas copias autenticadas obran a fs. 16ref./25ref.). Dichas irregularidades generaron la causa judicial N° 21.271 caratulada “SIVIER S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.514”. A fs. 31, con fecha 24/11/2003, se instruye sumario en los términos de los arts. 1026 inc. b) y 1090, inc. c) del C.A. por infracción a los arts. 863 y 970 del C.A.
A fs. 40 obra sentencia judicial por la que se resuelve desestimar la denuncia de fs. 1, por no constituir delito el hecho investigado y dispone extraer copias de las partes pertinentes de la causa y remitirlas a la DGA a fin de que investigue la posible comisión de una infracción aduanera. A fs. 42/43 el DEPLA resuelve, mediante Resolución N° 2927/07, de fecha 16/05/2007, sobreseer a la firma respecto del delito previsto en el art. 863 del C.A. y disponer el pase de las actuaciones a la Secretaría de Actuación N° 4, a los fines del juzgamiento de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. A fs. 47/49, mediante Resolución N° 807/2007 (SDGTLA), se aprueba el sobreseimiento dispuesto. A fs. 53 obra la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería.
A fs. 59/60 obran liquidaciones tributarias. A fs. 61 obra corrida de vista de fecha 22/11/2007 a la importadora SIVIER S.A. y se cita a las aseguradoras ALBA CIA. ARG. DE SEGUROS S.A., en su carácter de garante del D.I.T. N° 775-0/97 (aval Póliza N° 116.220) y a LA CONFIANZA S.A., en su carácter de garante del D.I.T. N° 1138-8/97 (aval Póliza N° 225.057). A fs. 70/76 obra contestación de vista de la aseguradora ALBA CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. A fs. 84 se declara la rebeldía de la importadora SIVIER S.A. A fs. 85 se tiene por presentada a la mentada aseguradora, se tiene por cumplimentada la prueba ofrecida con las constancias autenticadas de fs. 2/25 y se da por decaído el derecho de la aseguradora LA CONFIANZA S.A. de ejercer sus defensas.
A fs. 89/92 se dicta la Resolución DE PLA N° 912/2008 de fecha 06/03/2008 (notificada, en cuanto aquí interesa, a la aseguradora ALBA CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. en fecha 25/03/2008, conforme constancia de fs. 97). A fs. 95/96 obra agregado escrito donde se acredita la apelación interpuesta por la citada aseguradora y se acompaña el Formulario F. 4 correspondiente.
V. A fs. 56 se abre la causa a prueba, que obra agregada a fs. 66/72, 76/80, 89/101, 164/165, 172/176, 184/193, 216/228 y 244, y los antecedentes administrativos que corren por separado. A fs. 257 se cierra el período probatorio. A fs. 262 se elevan los autos a la sala G y a fs. 263 se ponen los autos para alegar. A fs. 270/274 y 278/280 obran agregados los alegatos de la actora y la representación fiscal, respectivamente. A fs. 281 pasan los autos a sentencia.
Primera Cuestión:
VI. Ante todo, corresponde examinar si la acción del fisco para percibir los tributos reclamados se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, cabe señalar que del análisis de las constancias de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12040-181-2007 (ADGA 604.100/03) surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/1999 y el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 24/11/2003 (fs. 31 del expediente administrativo) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
En tales condiciones, no puedo dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas: EX-2019-97789030- APN- SGASAD#TFN “AIT S.A. C/ DGA s/ recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/ recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. C/ DGA s/ recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penales y tributarias del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VII. En atención a lo expuesto en los considerandos anteriores, y en virtud del incumplimiento de la exigencia impuesta por la ley, el acto examinado (auto de apertura de sumario) carece de entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos del art. 805 inc. a) del C.A.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/1999, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2003 (conforme arts. 803 a 806 del C.A.), es decir, con anterioridad a la corrida de vista (de fecha 22/11/2007 y notificada, en cuanto aquí interesa, a la aseguradora ALBA CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. el 26/11/2007, conforme constancia obrante a fs. 81 de las actuaciones administrativas) y, obviamente, al dictado de la resolución apelada en autos (de fecha 06/03/2008 y notificada a la mentada aseguradora el 25/03/2008 conforme constancia obrante a fs. 97 de las actuaciones administrativas).
A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expediente administrativo correspondiente a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización del D.I.T. N° 775-0/97 30/01/97 Vencimiento DIT 26/01/98 Acta de denuncia (fs. 1) 23/09/03 Apertura de sumario (fs. 31 sin notificar) 24/11/03 Corrida de vista (fs. 61) 22/11/07 Notificación de la corrida de vista (fs. 81) 26/11/07 Resolución apelada (fs. 89/92) 06/03/08 Notificación de la Resolución a la firma (fs. 97/vta.) 25/03/08 Plazo de prescripción 01/01/1999-31/12/2003 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, no existe constancia alguna de notificación fehaciente a la aseguradora de la apertura de sumario.
En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos relativos al DIT Nº 775- 0/97 (única destinación de la cual resulta garante la aseguradora).
Segunda Cuestión VIII. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, corresponde analizar el fondo de la causa.
IX. En las condiciones consignadas resulta elocuente que no se encuentra controvertido en ningún aspecto el incumplimiento del régimen de importación temporaria, debido a que la apelante al contestar vista en sede aduanera, durante la sustanciación del expediente administrativo y al producir la prueba informativa ofrecida ante esta instancia, no ha logrado obtener la documental que acredite la reexportación o nacionalización de la mercadería amparada por el DIT Nº 775-0/97 (reitero, única destinación de la cual resultaría garante la aseguradora ALBA CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.), al vencimiento del plazo de permanencia que operó el 26/01/1998. Al respecto, cabe destacar que es reiterada y pacifica la jurisprudencia de los tribunales, que manifiesta que la carga de la prueba en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo del importador o de su garante, en el caso, de manera fehaciente mediante la documentación aduanera adecuada, reglada e idónea.
Así las cosas, no existen dudas de la configuración de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. con relación al D.I.T. Nº 775-0/97 (cuya copia autenticada obra a fs. 2/8 de las actuaciones administrativas y no fue cuestionada por la actora oportunamente).
Tampoco se encuentra discutido que, mediante la Póliza Nº 116.220 (cuya copia obra a fs. 12 de las actuaciones administrativas y a fs. 70 del presente), la actora aseguró a la A.F.I.P.-D.G.A. el pago en efectivo de hasta la suma de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO (U$S 45.461), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A. a que resulte obligada la firma importadora SIVIER S.A., como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. Nº 775-0/97.
En ese entendimiento del asunto, habiendo quedado configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante de la importadora, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de la mercadería importada temporalmente únicamente mediante el D.I.T. citado.
X. En ese estado de cosas, corresponde señalar que, por la resolución apelada se intimó a la recurrente al pago de una suma en concepto de tributos, correspondientes a la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. Nº 775-0/97 que incluyó, entre otros conceptos, el Derecho Adicional -Decreto Nº 1439/96-, I.V.A. Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias (conforme se podrá advertir de la liquidación de fs. 60 de las actuaciones administrativas). Al respecto, debe recordarse que el art. 453 inc. c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del C.A. indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al vencimiento del plazo de la importación temporaria.
XI. Sentado lo que antecede, y sin perjuicio de que la actora no cuestionó expresamente la liquidación tributaria, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar que en relación al Derecho Adicional, corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF LATINOAMERICANA S.A.”, sentencia del 14/08/2013, que remite en lo pertinente a la causa “FISHER S.R.L.”, sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME Nº 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto Nº 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
XII. En relación a los conceptos I.V.A. Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (Expte. N° 604155/01) s/ DGA” (TFN 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que: “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XIII. En virtud de lo expuesto en los Considerandos IX a XII, corresponde modificar la exigencia tributaria a la aseguradora ALBA CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.), conforme se detalla a continuación:
D.I.T. Nº 775-0/97 – TRIBUTOS ITEM 1
Base imponible (V.A.) $36.783,00 Tasa de Estadística 0,50% $183,92 Der. Espec. $9.287,25 Base IVA $46.254,17 IVA 21% $9.713,37 TOTAL $19.184,54 TOTAL: $ 19.184,54 Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 19.184,54) con más C.E.R., en concepto de Tasa de Estadística, Der. Espec.
e I.V.A. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista (notificada a la aseguradora el 26/11/2007 -conforme cédula de notificación de fs. 81/vta de las actuaciones administrativas-) hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos del art. 794 del C.A.
XIV. En lo que respecta a la procedencia de la aplicación del C.E.R., cabe poner en manifiesto que atento que la deuda tributaria fue expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 214/02 (ver al respecto corrida de vista obrante a fs. 61/vta. de las actuaciones administrativas, de fecha 22/11/2007, reitero, notificada el 26/11/2007), resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 4 y 8 del mismo. Por consiguiente, la conversión de la deuda a razón de UN PESO ($ 1) con más el C.E.R. correspondiente a la fecha de pago, viene impuesta legalmente de conformidad con el criterio sentado por la C.S.J.N. en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica” (17/04/07), en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 214/02, el C.E.R. es inescindible del capital adeudado.
Del hilo de las ideas esbozadas precedentemente, se concluye que, la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia, resulta ajustado a derecho.
XV. En relación a la extensión de la responsabilidad tributaria de la aseguradora, cabe señalar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, Julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011). Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Sobre la base de lo expuesto y en esa comprensión del asunto, el importe que podrá exigirse a la aseguradora es el monto máximo garantizado mediante la Póliza Nº 116.220 (cuya copia obra a fs. 12 de las actuaciones administrativas y a fs. 70 del presente), que es de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO (U$S 45.461), el cual debe convertirse a PESOS en los términos del art. 8° del Decreto N° 214/02, con más la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (art. 4° Decreto N° 214/02), a la fecha del efectivo pago. Ello así resulta de la adecuada interpretación de la ley 25.561 y del decreto citado precedentemente, pues en caso de que esas normas no se hubieran dictado la responsabilidad máxima fijada en dólares debía de ser convertida a pesos a la tasa fijada en el mercado de divisas, a la fecha del día anterior al del pago. Por tal motivo corresponde, en consecuencia, declarar que la suma adeudada por la aseguradora a la D.G.A., conforme la liquidación realizada precedentemente, asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 19.184,54) con más C.E.R., a la fecha de su efectivo pago, al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. También hasta la fecha del efectivo pago. Cabe poner de resalto que respecto del pago de accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad (ver condiciones particulares de la póliza, cuando expresan “con más la (suma) que pudiere resultar en exceso…”, y art. 4° de las condiciones generales).
Por lo expuesto, voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PLA Nº 912/2008 dictada en el trámite de la Actuación SIGEA N° 12040-181-2007 (ADGA 604.100/03), en relación a la aseguradora ALBA CIA. ARG. DE SEGUROS S.A., declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 19.184,54), con más el C.E.R. correspondiente a la fecha de pago, al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. que se hubieren devengado desde 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha del efectivo pago.
2. Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias y en cuanto a la exigencia tributaria relacionada con la D.I.T. N° 1138-8/97.
3. Costas conforme los respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PLA Nº 912/2008 dictada en el trámite de la Actuación SIGEA N° 12040-181-2007 (ADGA 604.100/03), en relación a la aseguradora ALBA CIA. ARG. DE SEGUROS S.A., declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 19.184,54), con más el C.E.R. correspondiente a la fecha de pago, al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. que se hubieren devengado desde 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha del efectivo pago.
2. Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias y en cuanto a la exigencia tributaria relacionada con la D.I.T. N° 1138-8/97.
3. Costas conforme los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.12.26 10:47:33 ART Date: 2022.12.26 15:40:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.26 19:35:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.26 19:35:56 -03:00
Fin de la sentencia