Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 23.657-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 6590/2007 dictada en la Actuación N° 12034-499-2008 – Expte. 603.702/2002 en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 19.928,86), con más el CER aplicable a la fecha de pago, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 17/05/2004 hasta la fecha de total y efectivo pago.
2Revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Costas conforme los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-137239481-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 22 de Diciembre de 2022 Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/D.G.A. s/Recurso de apelación”, Expediente N° 23.657-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 10/12 vta. se presenta la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 6590/2007, dictada en el expediente N° 603.702/2002, por medio de la cual se condenó a la firma LEATHER MOTION S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., intimando a su parte al pago de $ 58.182,57 en concepto de tributos con más el CER, en carácter de garante de la obligación tributaria. Se agravia por cuanto su obligación se encuentra limitada a los tributos de importación y no comprende a todos los tributos y gravámenes que adicionalmente percibe o retiene el servicio aduanero. Cuestiona la resolución aduanera en tanto establece que la aseguradora responde con los mismos alcances y en la misma medida que el tomador del seguro. Asevera que el garante no responde por la multa y en caso de que una operación esté garantizada por dos o más aseguradoras, cada una responde hasta el límite garantizado, mientras que el importador es responsable por la totalidad de los tributos. A fin de determinar cuáles son los rubros garantizados en la operación de marras, transcribe los arts. 453 y 970 del C.A. y concluye que ambos artículos refieren a los “tributos que gravaren la importación para consumo”. Cita jurisprudencia que ha establecido que tales tributos no incluyen el derecho adicional. Resalta que el importador debe conceptos que solo le competen a él, que derivan de sus actividades posteriores al ingreso de la mercadería al país, como el adelanto de ganancias o el IVA adicional, en los que la Aduana actúa como agente de percepción. Por ello, solicita que se ajuste la pretensión, limitándola a los tributos exclusivamente garantizados. Ofrece prueba y peticiona que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. Que a fs. 20/25 la demandada contesta el recurso y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. En primer lugar niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Describe que finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal. Expresa que través de la póliza mencionada, la actora aseguró por lo que resultara obligada a pagar la firma importadora como consecuencia de la importación temporaria mencionada, quedando constituido el garante en mora de pleno derecho por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de ninguna otra intimación judicial o extrajudicial, considerándose los plazos perentorios. Apunta que el importador no habría cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria, habiéndose configurado en consecuencia, el siniestro que le autoriza a reclamar el pago pertinente por parte de la aseguradora. Postula que la garantía contenida en la póliza se presta a requerimiento de la firma importadora, constituyendo la aseguradora en fiadora, lisa, llana y principal pagadora. Introduce que el servicio aduanero liquidó los tributos como correspondientes a la importación para consumo y con aplicación del régimen tributario vigente en la documental en trato; por ende, la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Concluye que la garante no aseguró un monto definitivo y determinado, que corresponde la aplicación de los intereses previstos en el art. 794 del C.A. y que de la confrontación documental se extrae que se ha garantizado el derecho adicional. Ofrece prueba y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 52 se declara la causa de puro derecho, a fs. 56 se elevan los autos a la Sala G y a fs. 57 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 12034-499-2008 – Expte. 603.702/2002 se inicia con el acta denuncia N° 819/02 por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en relación al DIT N° 99 001 IT15 002401 X, documentado por la firma LEATHER MOTION S.A. cuyo vencimiento operó el 17/12/2000 (fs. 1). A fs. 4 se glosa la carpeta del DIT referenciado con su documentación complementaria. A fs. 6 se produce el aforo de la mercadería y a fs. 7 se liquidan los tributos y se determina el monto de la multa. A fs. 9 se glosa print de pantalla de consulta de una garantía global o unitaria. A fs. 10 el 05/02/2003 se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 11 se informa que la mercadería no era de importación prohibida. A fs. 12 el 12/02/2004 se corre vista a la importadora en los términos del art. 1101 del C.A. y se cita a ALBA CIA. DE SEGUROS S.A. en su carácter de garante de la firma imputada. A fs. 16 obra constancia de notificación a la importadora el 30/04/2004. A fs. 18 el 04/03/2005, se dispone que en referencia a los tributos indicados en la vista de fs. 12, por ser una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561, la suma se ajustará por el CER dispuesto en el Decreto 214/04. A fs. 20, toda vez que la importadora no compareció a ejercer su derecho, se declara su rebeldía en los términos del art. 1105 del C.A, que se notifica el 07/04/2005. A fs. 23 luce constancia de notificación de la corrida de vista de fs. 12 a Alba Cia de Seguros S.A. en fecha 01/04/2005. A fs. 29/33 la garante formula defensa. A fs. 34 y 36/38 se agregan prints de pantalla de consulta de juicios universales y consulta al registro general de infractores. A fs. 39 se tiene por presentada a Alba Cia. de Seguros S.A. y se provee la prueba ofrecida. A fs. 40/42 se dicta la Resolución DE PRLA N° 659/07 que se notifica a la garante y a la importadora el 23/10/2007 y el 15/01/2008, respectivamente (fs. 46 y 48). A fs. 45 la recurrente acredita la interposición de recurso ante esta instancia.
V. Que de la compulsa de los antecedentes administrativos resulta que la firma LEATHER MOTION S.A, realizó mediante el DIT N° 99 001 IT15 002401 X, registrado ante la Aduana de Buenos Aires el 23/12/1999 la importación temporaria de mercadería con vencimiento del plazo de permanencia el 17/12/2000, dando garantía por los tributos (liquidados en el aludido DIT) que en el momento del referido registro habrían gravado la importación para consumo de la mercadería, garantía extendida mediante la póliza de seguro de caución N° 222.733 emitida por la firma Alba Compañía de Seguros S.A. en fecha 16/12/1999 por la suma de dólares estadounidenses (U$S) 60.000 (ver la documentación del referido DIT y la copia certificada de la póliza de caución en cuestión, obrantes a fs. 4 de las act. adm. y fs. 41 de autos, respectivamente.).
Que ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA, condenándose a la firma importadora -mediante la resolución aduanera aquí apelada- al pago de una multa, y asimismo, por el mismo hecho se condenó a la importadora y a la aseguradora recurrente al pago de los tributos por la importación para consumo de la mercadería de dichos DIT. Que para así resolver, el servicio aduanero consideró que -de conformidad con la denuncia de fs. 1 de las actuaciones administrativas- se encontraba en infracción la mercadería ingresada temporalmente a través de los DIT en cuestión, en razón de que la firma importadora no acreditó haber cumplido con las obligaciones a su cargo, ya sea reexportando o nacionalizando la mercadería involucrada en autos. A fs. 20 se declaró la rebeldía de la importadora y fs. 29/33, la firma aseguradora formuló su descargo, no surgiendo del trámite del expediente administrativo la cancelación del DIT en trato.
VI. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “ no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria ”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que la referida carga de la prueba de los beneficiarios del régimen se manifiesta en la obligación de solicitar la cancelación de las importaciones temporales, dando a conocer mediante una declaración adecuada los permisos de embarque por los que la mercadería ha sido reexportada, y/o las destinaciones de importación por las cuales se hubiera nacionalizado -total o parcialmente- la mercadería importada temporalmente, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Que en el caso de autos, la actora no ofreció prueba en esta instancia a fin de acreditar la reexportación o regularización de la mercadería amparada por el citado D.I.T. Consecuentemente, se han producido los efectos tributarios e infraccionales legalmente previstos al respecto (arts. 274 y 970 del C.A.).
Que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de los tribunales, en el sentido de que la carga de la prueba en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo del importador, o de su garante en su caso.
VII. Que la cuestión debatida en la especie deviene de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 inc. c) y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco, en dicho Código, la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor, corresponde considerar a la mentada aseguradora como un fiador (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (asegurado) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor. Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (conforme art. 1587 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de las pólizas el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. No existe beneficio de excusión alguno para el Asegurador.
Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de las pólizas (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor. Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
VIII. Que sentado lo precedente corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada a la actora. Que en relación al derecho adicional, motivo de agravio en el recurso de apelación de autos, corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912- A) c/ DGA” que remite a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Allí se estableció que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que por lo tanto, en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria - ”nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Que en lo que concierne a los rubros IVA Adicional e impuesto a las ganancias debe aplicarse al caso de autos la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “CLADD ITA SA c/ EN DGA resol. 2590/06 (604155/01) s/DGA” (TF 22.343 A), sentencia del 26/11/2019, donde se expidió respecto de las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, considerando que “… a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos…”
“Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).”. En el citado precedente, se concluye que “…cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”. Que en tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
IX. Que, en virtud de lo expuesto en el Considerando anterior, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación practicada a fs. 7 de las act. adm.
LIQUIDACION DIT N° 99 001 IT15 002401 X RUBROS % TRIBUTOS FOB 53.378,50 DERECHOS IMPORTACION 13% 6.939,21 TASA DE ESTADISTICA 0,50% 266,89 BASE IMPONIBLE IVA 60.584,60 IVA 21,00% 12.722,77 TOTAL $ 19.928,86
X. Que en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), se formulan las siguientes consideraciones. Que el decreto 214/02, en su artículo 8, dispone: “Las obligaciones de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el artículo 4 del presente decreto”. El artículo 4, al que dicha norma remite establece que a dichas deudas “se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.
Que tratándose, la de autos, de una deuda u obligación generada por un hecho anterior a la entrada en vigencia de la Ley 25.561 -importación para consumo irregular de fecha 17/12/2000- esa suma debió liquidarse conforme el art. 20 de la ley 23.905, en dólares (U$S). En el caso, el importe exigido en la corrida de vista de fs. 12 en fecha 12/02/2004 (notificada a la aseguradora el 1/04/2005), fue expresados en pesos, cuando ya $ y U$S no eran equivalentes (pues se había derogado la ley 23.928 no encontrándose vigente la paridad cambiaria $ 1 - U$S 1), y se efectuó después del Decreto 214/02. La deuda tributaria quedó así “pesificada” por el Decreto 214/02 (con la paridad 1 a 1), es decir “en virtud” de dicho decreto (y no había sido pesificada -por la Aduana- antes de dicho decreto). Por eso no es aplicable al caso el criterio de la C.S.J.N. sentado en el caso “Editorial Perfil”, sent. del 12/08/2008, y sí es aplicable el criterio de dicha C.S. sentado en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica”, sent. del 17/04/2007, en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Dec. 214/02 el CER es inescindible del capital adeudado.
En conclusión, la obligación tributaria nació expresada en dólares estadounidenses al tiempo de registro del DI en cuestión, por aplicación del art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991), subsistiendo como tal a la fecha en que entró en vigencia la ley de emergencia 25.561, por lo cual no cabe duda que resulta alcanzada por la pesificación dispuesta por el Decreto N° 214/02, del 3/2/2002.
Que, en consecuencia, la aseguradora adeuda, en su carácter de garante, el importe de los rubros derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más el C.E.R. aplicable a la fecha de pago, sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
XI. Que, por aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N. ya referida, el C.E.R. es inescindible del capital adeudado, por lo que procede su inclusión a los efectos del cómputo de los intereses (sobre los rubros en que se determinó procedente).
XII. Que en cuanto al tope máximo de responsabilidad deberá resultar de convertir el monto asegurado por la póliza (U$S 60.000), en la relación U$S 1 = $ 1, con más el CER que corresponda al día anterior al pago (U$S 1 = $ 1, en los términos del art. 8° del dec. 214/02, con la aplicación del CER previsto en el art. 4° dec. 214/02, por tratarse de una obligación contraída en dólares con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto).
XIII. Que en lo que respecta a la limitación de su responsabilidad, la actora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar (al importe de dicho monto límite, si fuera que los tributos que adeuda la importadora lo superan) los accesorios que correspondan. Esa suma máxima era, según lo expresamente pactado y según lo establece el art. 1578 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994 (disposiciones sobre la fianza supletoriamente aplicable al caso), el tope hasta donde podía resultar obligada la aquí actora aseguradora, sin perjuicio, claro está, de los accesorios, aún si con ellos se excediese dicha suma. Lo dicho, se recalca, cualquiera fueran o hubieran sido las razones para determinar ese límite o suma máxima. De modo tal que, si el importe derivado del siniestro (sin accesorios) es mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes. Que el importe nominal de los tributos $ 19.928,86 con más el CER queda comprendido dentro del límite garantizado (U$S 60.000), a razón $ 60.000 con más el CER; por lo que es por ese importe que, como importe nominal, debe responder la aseguradora, y es a ese importe al que aquí se le deben adicionar los correspondientes accesorios.
XIV. Que en lo atinente a los intereses, la jurisprudencia es pacífica respecto de que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal (cfr. art. 1580 Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994), y también, por los intereses de su propia mora, cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal.
En el caso de autos, la aseguradora fue citada el 01/04/2005 (fs. 23 de las act. adm), es decir con posterioridad a la fecha de notificación a la firma importadora que fue practicada en fecha 30/04/2004 (fs. 16 de las act. adm.). Por lo tanto los intereses corren, en el caso, desde el 17/05/2004 (art. 794 del C.A.).
XV. Que, con respecto al agravio referido a que la suma asegurada no incluye eventuales sanciones pecuniarias, no corresponde tratar el mismo al no haberse reclamado por la Aduana a la aquí recurrente, multa alguna.
XVI. Que en consecuencia, corresponde confirmar parcialmente la resolución aduanera, en relación a los rubros derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más el CER y los intereses devengados desde el 17/05/2004 hasta la fecha de total y efectivo pago (art. 794 del C.A.); y revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas conforme los respectivos vencimientos.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 6590/2007 dictada en la Actuación N° 12034-499-2008 – Expte. 603.702/2002 en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 19.928,86), con más el CER aplicable a la fecha de pago, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 17/05/2004 hasta la fecha de total y efectivo pago.
2. Revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas conforme los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 6590/2007 dictada en la Actuación N° 12034-499-2008 – Expte. 603.702/2002 en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 19.928,86), con más el CER aplicable a la fecha de pago, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 17/05/2004 hasta la fecha de total y efectivo pago.
2. Revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas conforme los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht (conf. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2022.12.21 12:37:37 ART Date: 2022.12.22 01:17:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.22 01:18:43 -03:00
Fin de la sentencia