Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 29.012-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en lo que respecta a la aseguradora "ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.", y en consecuencia, declarar la prescripción de la acción fiscal para la persecución del cobro de los tributos en el expediente SIGEA N.º 12039-1543-2007, en relación con el D.I.T. N.º 99 001 IT14 004810 N, en virtud de la póliza N.º 244574.
2Costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-89657309-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 14 de Agosto de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. N.° 29.012-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 12/24/vta la aseguradora interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 2796/10 dictada en la Actuación 12039-1543-2007, en cuanto la íntima, en su calidad de garante de la firma importadora “PINO CAMBY S.A.”, al pago de la suma de $ 54.755,25 con más CER e intereses, en concepto de tributos adeudados por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A. en relación a los DIT N° 99 001 IT14 004810 N. En primer término, manifiesta la falta de legitimación de la D.G.A. para reclamarle la deuda tributaria de la importadora, argumentando que, debido al concurso de esta última, la Aduana debió verificar su crédito en el proceso concursal para evitar la prescripción establecida en el art. 56 de la Ley 24.522. Por otro lado, considera que la inacción del Fisco agravó el riesgo asegurado, lo que, a su entender, provoca la extinción de la fianza, y en ese marco plantea la prescripción de la acción fiscal. Sostiene la inconstitucionalidad del derecho adicional y el CER. Agrega que el monto máximo de su responsabilidad se limita a lo garantizado en la póliza emitida por lo que rechaza el reclamo por el IVA Adicional, el Impuesto a las Ganancias y el derecho adicional. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita la revocación de la resolución apelada con costas.
II. A fs. 34/45 la representación fiscal contesta traslado, niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueren objeto de su especial reconocimiento, y afirma que no debe perderse de vista que la finalidad del Seguro de Caución es eliminar el riesgo de mora del deudor principal y garantizar la ejecutabilidad inmediata de la póliza ante el incumplimiento del tomador. En ese sentido, sostiene que la D.G.A., como asegurada o acreedora, frente al incumplimiento del tomador (importador), no está obligada a cumplir con requisitos adicionales más allá de la constatación de dicho incumplimiento. Argumenta que, según surge de las constancias del expediente, el importador no habría cumplido con las obligaciones derivadas del beneficio del régimen de importación temporaria amparado por el despacho, configurándose así el siniestro que habilita a la asegurada a reclamar el pago correspondiente a la aseguradora. Añade que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria asumida por el tomador del seguro. Finalmente, solicita que se confirme el fallo aduanero apelado, con expresa imposición de costas.
III. Actuación N.º 12039-1543-2007: A fs. 1 obra el acta de denuncia, con relación al DIT N° 99 001 IT14 004810 N por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA. A fs. 3 se glosa el print de consulta del DIT en trato. A fs. 4 se glosa la carpeta del DIT involucrado. A fs. 5 y 6, obra el print de pantalla y la carpeta del DIT 99 001 IT14 006606 S, respectivamente. A fs. 8, el 04/05/2005, se instruye sumario (sin notificar). A fs. 10, el 23/04/2008 se clasifica y valora la mercadería en cuestión. A fs. 11 se practica liquidación de tributos y multa. A fs. 16, 17 y 18 se agregan prints de garantías. A fs. 21/vta, el 23/03/2010 se corre vista de todo lo actuado (notificada, a la aseguradora “CHUBB DE FIANZAS Y GARANTIAS S.A.” a fs. 27/vta -el 29/03/2010- y a la importadora “PINO CAMBY S.A.” a fs. 37/vta -el 16/04/2010-). A fs. 28/29 la aseguradora “CHUBB DE FIANZAS Y GARANTIAS S.A.” contesta vista. A fs. 38, el 20/04/2010, se advierte que el DIT N° 99 001 IT14 004810 N también se encuentra garantizado por la póliza N.º 244574 emitida por la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, razón por la cual se procede a conferir vista de las actuaciones, notificada a fs. 40/vta el 21/04/2010. A fs. 47 se provee la presentación de la aseguradora “CHUBB DE FIANZAS Y GARANTIAS S.A.”. A fs. 48/62 la aseguradora “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” contesta vista. A fs. 68 se provee la presentación de la aseguradora “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”. A fs. 69 se declara la rebeldía de “PINO CAMBY S.A.”. A fs. 73/78/vta, el 03/05/2010, se dicta la Resolución N.º 2796/10 apelada en autos, notificada en lo que aquí interesa, a la ASEGURADORA “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” el 10/12/2010 a fs. 84/vta. A fs. 83 la aseguradora “CHUBB DE FIANZAS Y GARANTÍAS S.A.” consiente la resolución, y a fs. 103, acredita el pago de los tributos correspondientes a las pólizas de seguro emitidas.
IV. A fs. 49/vta se abre la causa a prueba, que obra agregada a fs. 112/117. Los antecedentes administrativos corren por separado. A continuación se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la sala G, que los pone a disposición de las partes para alegar y se pasan los autos a sentencia.
V. Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
Asimismo, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional, el control -aun de oficio- del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional, no podría ser confirmado por las sentencias ulteriores (Fallos: 312:1580 y sus citas; 331:1583).
Precisamente, en el ejercicio del mencionado control, se pueden detectar vicios de tal gravedad en el acto administrativo que impiden su convalidación y determinan su nulidad.
VI. En las condiciones indicadas, consideró pertinente analizar si el auto de apertura del sumario reúne los elementos requeridos por el art. 1094 C. A.
Cabe señalar que el art. 1094 del C.A. establece las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario en el procedimiento para las infracciones, precisa que el mismo “…determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá. a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario, b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma, c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presentaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesarios d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
VII. En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta con la finalidad de determinar el alcance de una disposición legal, la CSJN ha tenido oportunidad de resaltar que la primera regla de interpretación consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167; 302:973; 308:1754 y 312:1098, entre otros), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796), y cuando la norma no exija esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por aquella (Fallos: 311:1042). Por otra parte, la CSJN ha sostenido que la inconsecuencia, la falta de previsión o la omisión voluntaria no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que la leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones (Fallos: 300:1080), en tanto cuando la ley emplea determinados términos u omite, en su caso concreto, hacer referencia a un aspecto, es la regla más segura de exégesis la de que esos términos o su exclusión no son superfluos, sino que se ha realizado ello con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 299:167).
VIII. En ese marco, del análisis de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12039-1543-2007, surge que el auto de apertura de sumario fue dictado el 04/05/2005 (ver fs. 8), en donde se reduce a disponer sin más: “VISTO la denuncia efectuada por la "COMISION CAUSA 21.149" creada por Disposición N° 93/03 DGA-, por lo que se da cuenta que la firma PINO CAMBY S.A. (C.U.I.T. N°30-55797771-2), no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante los Despachos de Importación Temporal N°99 001 IT14 004810 N con vencimiento el 06/09/2001 y N°99 001 IT14 006606 S, con vencimiento el 11/12/2000, lo cual configuraría la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero, DISPONESE LA INSTRUCCION DE SUMARIO, en los términos del art. 1090 inc. "c" del citado texto legal. Previo a todo trámite DESE intervención a la División Comprobación de Destino y/o Dependencia que corresponda, mediante nota que se librará al efecto, a fin de que se proceda a efectuar la INTERDICCION SIN DERECHO A USO de la mercadería en trato, con las formalidades de rigor, nombrándose depositario fiel en los términos del art. 263 del C.P. Pasen las actuaciones a la División Verificación RAMO B, a efectos que tenga a bien, informar el valor en aduana de la mercadería, posición arancelaria y demás tributos que gravaren su importación. Asimismo, se solicita informe si la mercadería era importación prohibida por el régimen general a la fecha de la infracción mencionada precedentemente.”.
Así es que, si bien en “apariencia” la instrucción de sumario se efectuó con anterioridad a que el plazo de prescripción venciera (01/01/2002 - 31/12/2006), lo cierto es, que para que el auto de apertura de sumario sea válido y surta sus efectos legales debe reunir los requisitos que dispone el art. 1094 del C.A.
En ese entendimiento del asunto, se advierte que cuando se dictó la instrucción sumarial el 04/05/2005 (ver fs. 8 de las act. adm.), no se informó el valor en aduana de la mercadería, ni su posición arancelaria, ni la liquidación de los presuntos tributos a abonar. Todo ello fue diferido en el tiempo a lo que resultara de lo actuado por la DIVISION DE COMPROBACION DE DESTINO y LA DIVISION VERIFICACION RAMO B (ver fs. 9 y sgtes del expte. adm.).
Asimismo, se observa que la clasificación y valoración de la mercadería se realizó el 23/04/2008 a fs. 10, mientras que la liquidación se formalizó a fs. 11, en esa misma época, es decir, aproximadamente 3 años después del dictado de la instrucción sumarial.
En los términos mencionados, resulta evidente que la instrucción del sumario no satisface los requisitos esenciales establecidos por el artículo 1094 del Código Aduanero, dado que recién alcanzó su perfeccionamiento para la recurrente el día 21/04/2010 con la notificación de las actuaciones (ver fs. 38 y 40/vta de las act. adm.). Esto se debe a que, al momento de correrse la vista, no se realizó la notificación correspondiente a la aseguradora “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, sino solo a la importadora “PINO CAMBY S.A.” y a la aseguradora “CHUBB DE FIANZAS Y GARANTÍAS S.A.” (ver fs. 21/vta, fs. 27 y 37 de las act. adm.). Adicionalmente, se constata que la aludida notificación se produjo aproximadamente 5 años después del dictado de la apertura de sumario y 9 años más tarde desde el inicio del plazo de prescripción (01/01/2002 – 31/12/2006).
IX. Para comprender mejor lo anterior, resulta interesante traer a colación el ejercicio hermenéutico presentado por la Cámara, en donde propicia la postura que manifiesto en este caso: “...debe tenerse en cuenta que disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, como lo exige el art. 1094, inc. d, del Código Aduanero, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a, del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente corrida de vista al particular —lo que no se garantizaría sí, como en el caso, la vista de la liquidación se corrió 9 años después de realizado el hecho gravado—, y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas. La realización de la liquidación tributaria correspondiente, por ello, no se trataba de una formalidad carente de sentido, sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero”.
(CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012). En el mismo sentido, la Cámara en otra causa estableció: “Si bien el auto de apertura del sumario se dictó con anterioridad a que ese plazo venciera, no cabe asignarle efectos plenos sino hasta que se encontró debidamente integrado con la liquidación practicada, lo cual ocurrió con fecha 7 de junio de 2016 (v. fs.30/31). Por estos motivos, es posible concluir que, a la fecha en que se practicó la liquidación pertinente, el plazo de prescripción se encontraba vencido.” (CNACAF, Sala V (18/08/2019). Expte. N.° 000068/2019, caratulado “AMPACET SOUTH AMERICA SRL (TFN N.° 38.330-A) C/ DGA”.)
En otro caso, afirmó: “…que a los efectos de que la acción del Fisco para percibir tributos o imponer penas se suspenda o interrumpa, el auto de apertura de sumario debe ser válido; es decir, que debe reunir los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente” (CNACAF, Sala IV, 27/04/2017, Expte. N.° 77.450/16, caratulado “YPF SA c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”).
A la luz del estándar interpretativo comentado, es evidente que la actuación de la Aduana fue contraria a lo estipulado en el artículo 1094 del C.A., el cual establece que se debe clasificar y valorar la mercadería, y determinar la liquidación correspondiente en el mismo auto de apertura del sumario. La obligatoriedad de cumplir con esta disposición es incuestionable, dado que el legislador ha dispuesto de manera expresa que el administrador "determinará..." y "dispondrá...", lo que implica que la clasificación, valoración y liquidación deben ser efectivamente realizadas por el servicio aduanero.
Al respecto, no puede dejar de hacerse notar que no cualquier declaración de voluntad del funcionario administrativo puede surtir efectos legales directos e inmediatos. Es de rigor que la administración observe los requisitos dispuestos en la normativa por cuanto si carece de las condiciones exigidas por el legislador importaría un mero pronunciamiento administrativo carente de entidad para interrumpir o suspender el curso de la prescripción.
En este orden de ideas, y sobre la base de los fundamentos expuestos, considero que el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta (crf. arts. 14 y 17 de la LNPA) por carecer de la clasificación, valoración de la mercadería y la liquidación pertinente al momento de instruir el sumario (cfr. art. 1094 del C.A.).
X. Sentado lo anterior, y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de la prescripción el 01/01/2002, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas el 31/12/2006 (cfme. arts. 803, 804, 805 y 806 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 03/05/2010.
Cabe resaltar que no solo se clasificó y valoró la mercadería, y se practicó la liquidación de tributos, muchos años después de dictada la instrucción del sumario, sino que además se omitió la notificación de la instrucción del sumario y la corrida de vista a la aseguradora “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” dentro del plazo de prescripción (ver fs. 8, 10, 11, 21/vta, 38 y 40/vta de las act. adm.), sino que, además, la notificación de la resolución apelada se efectuó el 10/12/2010, es decir, aproximadamente 7 meses después de su dictado (ver fs. 84/vta de las act. adm.), cuando el plazo de prescripción ya se encontraba ampliamente vencido, sin que se advierta en el expediente administrativo razones que justifiquen la demora excesiva del servicio aduanero en realizar una notificación oportuna.
XI. Con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y, en consecuencia, declarar la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en el expediente SIGEA N.º 12039-1543- 2007, con costas.
XII. Atento la forma en que se resuelve el presente, torna inoficioso el examen de las demás cuestiones planteadas.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en lo que respecta a la aseguradora "ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.", y en consecuencia, declarar la prescripción de la acción fiscal para la persecución del cobro de los tributos en el expediente SIGEA N.º 12039-1543-2007, en relación con el D.I.T. N.º 99 001 IT14 004810 N, en virtud de la póliza N.º 244574.
2. Costas al Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Sr. Vocal Instructor.
De acuerdo al acuerdo que antecede SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en lo que respecta a la aseguradora "ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.", y en consecuencia, declarar la prescripción de la acción fiscal para la persecución del cobro de los tributos en el expediente SIGEA N.º 12039-1543-2007, en relación con el D.I.T. N.º 99 001 IT14 004810 N, en virtud de la póliza N.º 244574.
2. Costas al Fisco.
Date: 2025.08.14 10:33:52 ART Date: 2025.08.14 12:59:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.14 14:56:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.14 14:57:12 -03:00
Fin de la sentencia