Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 30.504-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 5406/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-874-2008, en cuanto formula cargo contra la aseguradora, declarando que ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeuda la suma de $11.667,59, en concepto de tributos respecto de la DIT 00001IT14001645V, con más el CER y con los intereses del art. 794 del CA, con costas.
2Revocar parcialmente la resolución DE PRLA 5406/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-874-2008, en cuanto exige el pago del derecho adicional, factor de convergencia y las percepciones de IVA adicional y ganancias, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-68707253-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 25 de Junio de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales titulares de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), con la presidencia del vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, Expte.
30.504-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 5406/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-874-2008, mediante la cual se le formuló cargo en concepto de tributos en su carácter de aseguradora. Explica que la Aduana inició el sumario formulando denuncia contra la importadora BODEGAS Y VIÑEDOS DEL VALLE S.A., por la comisión de la infracción del art. 970 del Código Aduanero (“CA”) respecto de la mercadería que había sido importada temporariamente mediante la DIT 00001IT14001645V. Plantea la ausencia de la garantía por inexistencia de póliza en poder de la AFIP. Opone excepción de prescripción y subsidiariamente la inconstitucionalidad del art. 805 inc. a) del CA. Luego plantea la prescripción del crédito fiscal conforme el art. 56 de la ley 24.522, toda vez que la AFIP/DGA no se presentó a verificar su crédito en el concurso de la importadora, por lo que carece también de legitimación para reclamar los tributos. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Posteriormente, refiere a la naturaleza del seguro de caución. Se queja de la aplicación del derecho adicional. Solicita la pesificación de los tributos y plantea la improcedencia del CER. Sostiene la limitación de la responsabilidad hasta las sumas garantizadas en la póliza. Finalmente ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (56/65). Realiza la negativa de rigor y destaca que los argumentos expuestos no han podido desvirtuar la configuración de la infracción prescripta por el art. 970 del CA. Sostiene que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal y la ejecutabilidad inmediata de la garantía ante el incumplimiento del tomador de la póliza. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Agrega que surge del expediente que el importador no habría cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria amparada por el DIT. Manifiesta que el servicio aduanero liquidó los tributos como correspondientes a la importación para consumo de la mercadería en cuestión y por ende la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Por último, acompaña como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 67 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba. A fs. 85/91 la DGA contesta el oficio y a fs. 134 hace lo propio el síndico de la quiebra de Bodegas y Viñedos del Valle S.A. El 27.05.25 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. El 24.05.25 se resuelve no poner los autos para alegar y se llaman para el dictado de la sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas SIGEA 12034-874-2006 se inician con el acta de denuncia 839/02, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. A fs. 5 luce el sobre contenedor de la destinación 00001IT14001645V. A fs. 8 obra clasificación arancelaria y valoración de la mercadería en infracción. A fs. 11 se dispone la instrucción de sumario, a fs. 13 se formula el cargo y a fs. 17 luce liquidación de tributos y multa. A fs. 21 se resuelve correr vista de lo actuado, lo que se notifica el 12.03.08 (fs. 22). A fs. 31/43 la actora contesta la vista. Finalmente, a fs. 74/85 luce la resolución DE PRLA 5406/08, apelada en autos.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -5406/08-, en cuanto formula cargo por los tributos adeudados contra la empresa aseguradora por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, se ajusta a derecho.
V.1. Con relación a la destinación de importación temporaria, el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios de este es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
En cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. En estos casos, la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
Al respecto se recuerda que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
V.2. Aclarado ello, se destaca que la Aduana formuló el cargo contra la actora en su carácter de aseguradora, conforme la póliza de seguro de caución 226.026, correspondiente a la importación temporaria identificada como DIT 00001IT14001645V, cuyo original luce a fs. 89 de autos, por la que se aseguró a la Dirección General de Aduanas “... el pago en efectivo de hasta la suma máxima de DOLARES ESTADOUNIDENSES Treinta mil Quinientos con 0/100 U$S 30.500, con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A., que resulte obligado a efectuarle BODEGAS Y VIÑEDOS DEL VALLE S.A.”, como consecuencia de la destinación involucrada en autos.
En consecuencia, y toda vez que no existe en autos documentación alguna que permita verificar la regularización en término de la mercadería ingresada temporariamente, corresponde que se abonen los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería no exportada, de conformidad con lo establecido en el art. 274, ap. 1, inc. a) y ap. 2 del CA, siendo responsable de su pago el importador y su aseguradora. En efecto, el importador de la mercadería garantizó el pago de tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme lo previsto en el art. 453, inc. c) del C.A., que prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren por la importación para consumo.
En función de lo expuesto, corresponde reliquidar la exigencia tributaria que luce a fs. 13 de las act. adm., conforme el siguiente detalle:
Valor en aduana en U$S $ 26.523,27 Tipo de cambio $ 1,00 Derechos de importación 18,5% $ 4.906,80 Tasa de estadística 0,5% $ 132,62 Base IVA $ 31.562,69 IVA 21$ $ 6.628,17 Total tributos en $ $ 11.667,59 En virtud de la liquidación practicada, la deuda por tributos asciende a la suma de $11.667,59, con más los intereses del art. 794 del CA contados a partir de los diez días de la fecha de notificación de la corrida de vista. Se destaca que en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A) c/ A.N.A” corresponde excluir de la liquidación el derecho adicional previsto por el art. 23 del decreto 1439/96. Asimismo, en virtud del criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas” corresponde excluir del cálculo de los tributos a las percepciones de IVA adicional y de ganancias, dado que según dicho precedente al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones. Finalmente, corresponde también excluir del cálculo al factor de convergencia, en atención al criterio del Máximo Tribunal en la causa “Jurado Golf S.A.”, en donde remitiéndose al dictamen de la procuración señaló que, con relación a los importadores, el monto a ingresar calculado en función del factor de convergencia constituye, sin hesitación, una “contribución” en los términos del art. 4 y 17 de nuestra Constitución Nacional, de inocultable naturaleza tributaria, y concluyó que el decreto 803/01 es una norma que tiene un defecto de origen y que resulta irrita del principio de reserva legal, al contradecir los artículos 4, 17, 25, 75 inc. 1 y 2, y 99 inc. 3 de la Carta Magna. En relación a la aplicación de los citados precedentes de la Corte Suprema, resulta procedente la imposición de costas por su orden, en virtud de que tales pronunciamientos son de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de imposición del presente recurso.
V.3. Por último, habiendo quedado determinado el monto de los tributos, corresponde referirse al planteo efectuado por la aseguradora con respecto al CER.
El art. 1 del decreto 214/02 dispuso la transformación en pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero que, existiendo a la fecha de la sanción de la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario -06.01.02-, estuvieran expresadas en dólares estadounidenses y no se encontraren ya convertidas a pesos. El art. 8 del citado decreto dispone que “las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un dólar estadounidense (u$s 1)= un peso ($1).”, en tanto que el art. 4 establece la aplicación de un Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina.
En el caso de marras, el hecho generador de la obligación tributaria se produjo el 05.07.01, por lo que siendo anterior a la sanción de la ley 25.561 (BO: 07.01.02), resulta de aplicación el coeficiente de estabilización de referencia (CER). Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 5406/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-874-2008, en cuanto formula cargo contra la aseguradora, declarando que ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeuda la suma de $11.667,59, en concepto de tributos respecto de la DIT 00001IT14001645V, con más el CER y con los intereses del art. 794 del CA, con costas.
2. Revocar parcialmente la resolución DE PRLA 5406/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-874-2008, en cuanto exige el pago del derecho adicional, factor de convergencia y las percepciones de IVA adicional y ganancias, con costas por su orden.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 5406/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-874-2008, en cuanto formula cargo contra la aseguradora, declarando que ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeuda la suma de $11.667,59, en concepto de tributos respecto de la DIT 00001IT14001645V, con más el CER y con los intereses del art. 794 del CA, con costas.
2. Revocar parcialmente la resolución DE PRLA 5406/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-874-2008, en cuanto exige el pago del derecho adicional, factor de convergencia y las percepciones de IVA adicional y ganancias, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Sarquis por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.06.25 18:40:04 ART Date: 2025.06.25 19:41:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.25 19:42:07 -03:00
Fin de la sentencia