Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 35.537-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción de la acción de la DGA para perseguir el cobro de tributos efectuado por la recurrente, con costas.
2Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA n° 7763/2013 en cuanto intima a la recurrente al pago de derechos de importación, tasa de estadística e IVA por la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS SÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 3.416,20) con más los intereses previstos en el art. 794 del C.A. desde el 10/4/2013 hasta la fecha del efectivo pago, con costas.
3Revocar parcialmente la resolución apelada en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-81442366-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 5 de Agosto de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Cora M. Musso (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, expediente n° 35.537-A.
La Dra. Musso dijo:
I. Que a fs. 12/29 vta. la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. apela la Resolución DE PRLA n° 7763/2013. En primer lugar, plantea la prescripción de la acción tributaria. Expresa que el presunto hecho imponible data del 4/8/03, que el plazo del art. 803 del CA operó el 31/12/08 y que no hay constancias de actos interruptivos ni suspensivos. Agrega que la resolución apelada fue notificada el 10/2/15, excediendo todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso infraccional. Cita jurisprudencia en apoyo de sus argumentos. Subsidiariamente, opone la excepción de prescripción del art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras, en este sentido, señala que el 12/8/13 se decretó la quiebra de la importadora METRIKIS S.A., tomadora del seguro de caución, y que ha vencido el plazo de verificación de créditos. Por otra parte, sostiene que su obligación como garante se limita a los tributos de importación y no comprende a todos los gravámenes que adicionalmente retiene el servicio aduanero (IVA adicional y ganancias). Subsidiariamente, impugna la liquidación tributaria en relación a la alícuota de ganancias. También plantea la improcedencia del derecho adicional. Cita jurisprudencia de la CSJN. Aclara que la exigencia tributaria no puede exceder el límite económico de las garantías otorgadas a través de las pólizas nros. 282532 y 311522. Ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 36/48 vta. la representación fiscal contesta el traslado conferido, formula una negativa general respecto de los hechos y el derecho invocados por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Solicita se rechace el planteo de prescripción concursal. Sostiene que recién se podrá verificar con una condena firme. Agrega que, por el principio de especialidad, no corresponde aplicar las disposiciones de la ley 24.522 sino las del CA. Expresa que tampoco ha operado la prescripción del art. 803 del CA, toda vez que a fs. 20/vta. del expte. adm. luce la apertura de sumario fechado 18/12/08, que suspende el plazo prescriptivo. Agrega que los argumentos opuestos por la contraria no han podido desvirtuar la configuración de la infracción prescrita en el art. 970 del CA. Se refiere a la finalidad del seguro de caución. Cita el artículo 274 del C.A al que considera de aplicación al caso, y argumenta que dicho artículo establece que la mercadería sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo cuando hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin que se hubiera cumplido con la obligación de reexportar o en el caso de no cumplirse las obligaciones impuestas como condición al otorgamiento del citado régimen. Afirma que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Hace reserva de Caso Federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Que a fs. 49 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las act. adm. correspondientes a la presente causa y se abre la causa a prueba. Mediante PV-2022-55909291-APN-VOCXVIII#TFN se certifica la prueba. A fs. 195 se declara la clausura del período probatorio y se elevan los autos a esta Sala “F”. A fs. 196 se ponen los autos para alegar, derecho del que hizo uso la actora a fs. 203/209 y el Fisco a fs. 210/216. A continuación, se llaman autos a sentencia.
IV. Que la Actuación ADGA-2004-600025 (recaratulada SIGEA 12039-913-2008) se inicia con el acta denuncia 702/03 DV REIM, formulada contra la importadora METRIKIS SA, en relación a la destinación 01 001 IT15 001462 U, cuyo sobre contenedor se agrega a fs. 3. A fs. 5 obra la clasificación, valoración y aforo de la mercadería en presunta infracción. A fs. 7 se practica la liquidación tributaria. A fs. 15/18 ref. obran copias de las garantías 02 001 035552 F y 01 001 031128 W afectadas al DIT involucrado. A fs. 20/vta., con fecha 18/12/08 se dispone la instrucción del sumario, se corre vista a la importadora y se cita en garantía a la aseguradora. A fs. 38, con fecha 19/3/13, se rectifica la vista de fs. 20/vta. A fs. 41/vta. , con fecha 26/3/13, la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. se notifica de la corrida de vista y su rectificatoria. A fs. 49/59 vta. presenta su descargo. A fs. 63 se provee su presentación y se declara la rebeldía de METRIKIS SA. A fs. 66/68 la aseguradora plantea revocatoria, la que es rechazada a fs. 69. Finalmente, a fs. 76/80, con fecha 31/10/13, se dicta la Resolución DE PRLA n° 7763, aquí apelada.
V. Que la recurrente plantea la prescripción de la acción del Fisco en razón de lo establecido en el art. 56 de la LCQ. Que para la determinación tributaria no corresponde aplicar los plazos de prescripción previstos por la Ley de Concursos, en tanto que la procedencia de los tributos y sus accesorios en materia aduanera, y con ello su plazo de prescripción y el procedimiento tendiente a aplicar, percibir y liquidar tributos, se rigen por una normativa específica -la aduanera- y es ésta la que debe prevalecer.
Que el propio C.A. regula la forma de extinción de las obligaciones tributarias con exclusión de otras normas de fondo por lo que su procedimiento no puede verse afectado por las disposiciones de la ley 24.522, que carece de fuero de atracción en esta materia.
Que tratándose de normas de igual jerarquía, dictadas por el Congreso de la Nación en ejercicio de facultades que le son otorgadas por la Constitución Nacional, ante un conflicto normativo debe aplicarse aquel texto legal que regule específicamente el tema que se pretende abarcar.
Que la especialidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que se expresó que respecto a la determinación tributaria, la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. Hilandería Luján S.A.", del 30/9/86; Casa Marroquín S.R.L.", del 31/3/87); la ley concursal sólo debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero, como ya se anticipara, ello no veda al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (Gregorio c. Cosimatti", sentencia del 9/4/87), excluyendo de ese modo la competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.
Que, en definitiva, la prescripción de la acción del Fisco para determinar su crédito, debe regirse por lo dispuesto en los arts. 803 y ss. del CA que establece un plazo de cinco años.
Que, por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción concursal.
VI. Que en el caso de autos la prescripción de la acción del Fisco para reclamar los tributos no ha operado, toda vez que el hecho generador de la obligación tributaria se configuró el 4/8/03 por el vencimiento de la importación temporaria (ver la constancia asentada al dorso del DIT 01 001 IT15 001462 U, cuyo original obra en el interior de la carpeta de fs. 3 de los ant. adm.), por lo cual el plazo de prescripción quinquenal comenzó a correr el 1/1/04 (cfr. arts. 803 y 804 del CA), en tanto que se suspendió desde la apertura del sumario el 18/12/08 (ver fs. 20/vta. de los ant. adm.). A ello cabe agregar que actualmente la prescripción se encuentra suspendida según lo normado por el art. 805, inc. c), del CA. Que por los motivos expuestos corresponde rechazar el planteo de prescripción efectuado por la recurrente, con costas.
VII. Que corresponde analizar si la Resolución DE PRLA n° 7763/2013, por la que se formula cargo a la aseguradora ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en concepto de tributos con más los intereses del art. 794 del CA, en su carácter de garante de las obligaciones emergentes del DIT n° 01 001 IT15 001462 U, por el que la importadora “METRIKIS S.A.” habría cometido la infracción tipificada en el art. 970 del CA, se ajusta a derecho.
Que el art. 970 del Código Aduanero sanciona con multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que el importador-tomador mediante el DIT n° 01 001 IT15 001462 U oficializado el 8/8/01, documentó la importación temporaria de “chapa de acero”, mercadería clasificada en la PA SIM 7525.19.00.000E en los términos de lo normado en el Decreto n° 1439/96 por un plazo de 360 días, prorrogado por exp. n° 413706/02, con vencimiento el 4/8/03, garantizando derechos de importación, tasa de estadística y derecho adicional, IVA, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora o en su caso de la aseguradora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga de los DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
Que en el presente caso la aseguradora, aquí recurrente no ha demostrado la regularización de las 40,13 toneladas de chapa de acero ingresadas temporariamente mediante el DIT n° 01 001 IT15 001462 U involucrado.
En efecto, de la contestación de oficio de fs. 61/68 de autos resulta que el despachante de aduanas consultado no pudo verificar si los PE detallados en el cuadro de su presentación cancelaron la DIT en trato. Tampoco la DGA pudo acompañar originales ni copias de los PE requeridos por encontrarse vencido el plazo de conservación de la documentación de los años 2001 y 2002 (ver fs. 86/101, 181/187). Por otra parte, de las impresiones de pantalla acompañadas en la contestación de oficio de fs. 139/147 tampoco resultan las descargas de la DIT involucrada en autos. Que por los motivos expuestos y producido el hecho generador de la obligación tributaria, importación para consumo irregular, de la mercadería documentada con el DIT 01 001 IT15 001462 U y de conformidad con lo establecido en el art. 274 del Código Aduanero, corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configura el hecho imponible, en el caso el vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería, momento que establece el art. 638 inc. e) del Código Aduanero.
VIII. Que la actora en la apelación sostiene que corresponde que sólo se le reclame el pago de tributos relativos a la importación para consumo de la mercadería previamente importada temporalmente, entre los cuales a su entender no se encuentran alcanzados el derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias.
Que surge del cuerpo del DIT involucrado en autos que los tributos garantizados por la aseguradora y posteriormente exigidos por la Aduana fueron: derechos de importación, tasa de estadística, derecho adicional, IVA, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
Que mediante las pólizas nros. 282.532 (01 001 031128 W) y 311.522 (02 001 035552 F), cuyas copias fueron agregadas a fs. 15 ref./18 ref. de las act., la actora garantizó el pago de tributos correspondientes a la importación temporaria n° 01 001 IT15 001462 U hasta la suma de U$S 17.586, que resulta de sumar los U$S 16.500 de la póliza 282.532 y los restantes U$S 1.086 de la póliza 311.522.
Que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro (Fallos 315:1406); es una fianza y no un seguro, ya que pertenece a los contratos de garantía cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora, pues cumple con las mismas funciones económicas que las garantías que un determinado deudor otorga a favor de su acreedor para asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria (Cfme. C.N.Com. Sala B del 11-3-97 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ De los Electrónica SA y otros”). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el seguro de caución es un contrato de garantía cuya finalidad es garantizar a favor del tomador, y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (fallos 321:3334) (Cfme. C.N.A.C.A.F Sala III “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” sent. del 14-12-01).
Que de la naturaleza jurídica del seguro de caución y de las condiciones generales de las pólizas 282.532 y 311.522, resulta que una vez formulado el cargo o existiendo resolución firme que establezca la responsabilidad el Tomador y el monto, la AFIP-DGA tendrá derecho a requerir del Tomador o del Asegurador el pago pertinente (art. 3). Los derechos que corresponde a la AFIP contra el Tomador, en razón del siniestro cubierto por la póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagado por éste (art. 4). La Aduana en su carácter de asegurado frente al incumplimiento de la obligación por parte del tomador del seguro tiene acción directa contra el asegurador, por lo que en el caso la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. es responsable de la obligación tributaria relativa a la mercadería no regularizada hasta la suma de U$S 17.586 que es el límite de la responsabilidad establecida por sus pólizas.
Que debe señalarse que la aseguradora responde hasta el límite del importe asegurado (U$S 17.586) y por los tributos que fueron garantizados, conforme se desprende del DIT 01 001 IT15 001462 U en infracción, y por ende comprendido en el alcance de las pólizas 282.532 y 311.522, por lo que la aseguradora no puede volver contra sus propios actos.
IX. Que, con relación a las percepciones de IVA adicional y Ganancias que se reclaman en estos autos, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sent del 26/11/2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos”.
“Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Que, sostuvo que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, lo expuesto, resultando de aplicación al caso el criterio sustentado por el más Alto Tribunal, y dado que en la causa el plazo al que hace referencia la CSJN ha precluído, corresponde revocar las percepciones exigidas por la Aduana, con costas al fisco (IG-2021-13-E-AFIP-AFIP).
Que no obstante lo expuesto, respecto del derecho adicional previsto en el art. 23 del Dcto. 1439/96 al amparo del cual tramitó la operación de autos y, sin perjuicio de que considero que en el caso, en el que no se acreditó el cumplimiento del régimen, atento que como quedó expuesto precedentemente no fue acreditada la reexportación de la mercadería, y por ello debería exigirse el pago del derecho adicional, (ya que quedó importada para consumo en forma irregular) cfme. doctrina de este Tribunal recaída en la causa Kursaal SA, sent. del 23/11/95, y en razón de que es doctrina de la CSJN que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las conclusiones de la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (art. 100 CN y art. 14 de la ley 48) por razones de economía procesal y seguridad jurídica, corresponde aplicar al caso de autos el fallo del Alto Tribunal recaído en la causa “IEF Latinoamericana SA” sent. del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “Frisher SRL” del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la resol ME 72/92, limitando el pago solo en los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y en este sentido señaló que “...quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del CA pues tal conducta constituye - en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal...” y, revocar el derecho adicional que se exige en la causa, con costas al fisco nacional.
X. Que por lo expuesto precedentemente corresponde liquidar los tributos exigibles en relación a la mercadería del despacho de importación temporaria no regularizada, teniendo en consideración la liquidación practicada por el servicio aduanero (ver fs. 7 de las act adm.).
Valor en aduana Derechos de Total Estadística Base IVA IVA U$S importación U$S 4% 0,5% 21% 12.918,13 516,73 64,59 13.499,45 2.834,88 3.416,20 XI.- Que sobre el importe de los tributos que se confirman corresponde el pago de intereses establecidos en el art. 794 del CA que deben computarse sobre el capital desde el vencimiento del plazo de diez (10) días computados a partir del 26/3/13, fecha de notificación de la corrida de vista a la aseguradora que responde por su propia mora (ver fs. 41 vta. de las act. adm.). Es decir que los intereses se devengan desde el 10/4/13.
XII. Que por lo expuesto y atento que el importe máximo de la responsabilidad de la aseguradora (U$S 17.586), es el que resulta de la suma de las pólizas 282.532 y 311.522 con las que han sido garantizados los tributos del DIT involucrado en la causa (teniendo en consideración que las póliza 282.532 y 311.522 fueron emitidas el 8/8/01 y el 4/7/02 para garantizar hasta la suma de U$S 16.500 y U$S 1.086, respectivamente) debe señalarse que los tributos que se exigen en la causa que ascienden a la suma de U$S 3.416,20 se encuentran dentro del límite de su responsabilidad.
XIII. Que en razón de los considerandos que anteceden corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, por la suma de U$S 3.416,20, a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben calcularse desde el 10/4/2013, hasta la fecha de efectivo pago, y revocarla en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias que la Aduana le intima.
Que las costas se imponen a la actora en cuanto al monto que se confirma, al fisco nacional en cuanto a los importes que se revocan.
Por lo expuesto VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para exigir el pago de tributos efectuado por la recurrente, con costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA n° 7763/2013 en cuanto intima a la recurrente el pago de derechos de importación, tasa de estadística e IVA por la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 3.416,20) con más los intereses previstos en el art. 794 del CA desde el 10/4/2013 hasta la fecha de efectivo pago, con costas.
3. Revocar parcialmente la resolución apelada en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias, con costas.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al Voto de la Vocal, en relación a lo que decide.
II. Que, en efecto, cabe destacar que la firma recurrente plantea la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos en la legislación aduanera, de acuerdo a los plazos previstos en los artículos 803,805, 934 y 935 del Código Aduanero, solicitando la aplicación de la doctrina –de raíz convencional- del “plazo razonable de duración de los procesos aduaneros”, que fuera introducida por esta Sala “F” en el ámbito nacional tributario, a partir del año 2012. No obstante, corresponde destacar que también es jurisprudencia constante de la Vocalía a mi cargo que la falta de cumplimento del plazo razonable en la tramitación de los procesos tributarios, tanto los aduaneros como los impositivos, cuando se debaten cuestiones de naturaleza pecuniaria debe ser objeto de expreso tratamiento legislativo, en tanto este Tribunal no goza de facultades para declarar la extinción de la acción en materia tributaria por estricta observancia del principio de indisponibilidad del crédito fiscal (confr. mi voto in re “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/D.G.A. s/apelación”, Expte. Nº 15.598-A, del 5 de diciembre de 2013, Consid. XI in fine), cuya aplicación resulta ineludible en la especie.
Asimismo, cabe destacar que dicha doctrina, en relación a la indisponibilidad del crédito fiscal, ha sido expresamente destacada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magistratura y otros s/ inc. de medida cautelar" con fecha 27/11/2018, donde señaló especialmente que la naturaleza de las obligaciones tributarias es de crédito público no disponible (en el mismo sentido: Fallos: 292:398; entre otros).
Por ello, cabe concluir que la extinción de la acción del Fisco para imponer penas sólo opera en materia infraccional (confr. Art. 929, inciso c), del Código Aduanero y Fallos: 334:1264, “Bossi García S.A.”, del 8 de noviembre e 2011), pero no en caso de determinarse tributos, atento su inexcusable indisponibilidad.
III. Que, por último, entiendo que tampoco corresponde aplicar en la especie la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de procesos aduaneros, en tanto la recurrente es una compañía aseguradora y no una persona física. En efecto, si bien esta Sala “F” in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS” (Expte. Nro. 30.630-A) de fecha 6/3/2015 y “ZURICH ARGENTINA CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, resolvió declarar la inconvencionalidad -y, por ende, la inconstitucionalidad (en los términos del art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)- de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto la prescripción no podía quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicada en el sub-lite, toda vez que con posterioridad -26 de febrero de 2016- a dichos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”
En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina –que si bien no es absoluta, atento como se resuelve la cuestión de fondo no deviene prudente apartarse en el sub lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
IV. Que por último, tampoco corresponde aplicar a la litis la doctrina sustentada por esta Sala “F” in re “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” (EX 2019-112544550- APN-SGASAD- TFN), de fecha 3/2/2022, que tramitara por ante la Vocalía de la 18° Nominación, toda vez que la plataforma fáctica de aquél expediente, en el cual la DGA había demorado más de 9 (nueve) años en notificar la resolución definitiva –extremo que diera lugar, por su marcada excepcionalidad, a que este Tribunal aplicara la doctrina del “margen de apreciación nacional” para sortear el límite impuesto por la OC 22/16 de la CIDH y declarar la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación objeto de dicha causa- difiere sustancialmente de la presente litis, máxime cuando la firma importadora había sido previamente notificada, por lo que la referida solución resulta inaplicable para resolver el supuesto bajo examen.
V. Que en virtud de las razones expuestas en los considerandos que anteceden, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de prescripción de la acción de la DGA para perseguir el cobro de tributos respecto de la firma recurrente, con costas por su orden.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA n° 7763/2013 en cuanto intima a la recurrente al pago de derechos de importación, tasa de estadística e IVA por la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS SÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 3.416,20) con más los intereses previstos en el art. 794 del C.A. desde el 10/4/2013 hasta la fecha del efectivo pago, con costas.
3. Revocar parcialmente la resolución apelada en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Musso.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de prescripción de la acción de la DGA para perseguir el cobro de tributos efectuado por la recurrente, con costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA n° 7763/2013 en cuanto intima a la recurrente al pago de derechos de importación, tasa de estadística e IVA por la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS SÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 3.416,20) con más los intereses previstos en el art. 794 del C.A. desde el 10/4/2013 hasta la fecha del efectivo pago, con costas.
3. Revocar parcialmente la resolución apelada en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Cora M. Musso (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2022.08.05 19:13:32 -03:00 Date: 2022.08.05 19:30:15 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.05 21:48:47 -03:00 Cora Marcela Musso Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.05 21:48:48 -03:00
Fin de la sentencia