Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-97789030-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N.º 1201/15 recaída en el expediente SIGEA N.º 12181-5428-2006, declarando que los tributos adeudados ascienden a CUATRO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 4.000), todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos del art. 794 del C.A.
Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” es el de DOCE MIL PESOS ($12.000) con más los intereses devengados en los términos del art. 794 del C.A. hasta la fecha de su efectivo pago, los que deberán ser devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista.
1Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-121604184-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 31 de Octubre de 2025 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. N.° 35.711-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 11/20/vta, la aseguradora “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 1201/15 dictada en la Actuación N.º 12181-5428-2006, mediante la cual condenó al “SR. GUILLERMO EXPOSITO ESPINOSA” al pago de una multa, el comiso de la mercadería y un cargo en concepto de tributos, este último formulado en forma conjunta contra la aseguradora —actora en autos— por la suma de U$S 4.000 más intereses, en razón de la presunta infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero, vinculada con la Destinación de Importación Temporal de objetos transportados como equipaje N.º 12181-5428-2006, registrada el 28/11/2006 y vencida el 21/11/2007.
Entre sus argumentos, sostiene que la pretensión fiscal se encuentra prescripta conforme al art. 803 y concordantes del Código Aduanero. Señala que la instrucción del sumario no fue notificada a las partes, que carece de los requisitos del art. 1094 del mismo cuerpo normativo y que se dictó únicamente con el propósito de interrumpir o suspender el curso de la prescripción. Añade que el procedimiento, tramitado durante 9 años hasta el dictado de la resolución, excede todo parámetro razonable de duración y vulnera garantías de jerarquía constitucional y convencional, en apoyo a su postura cita el precedente Losicer de la CSJN. En subsidio, invoca el carácter accesorio de su responsabilidad, precisando que se encuentra limitada al monto de la garantía otorgada en la póliza N.º 490.608. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la Resolución apelada, con costas a cargo de la demandada.
II. A fs. 29/33 la representación fiscal contesta traslado. Hace una negativa genérica y efectúa un sucinto relato de los hechos acaecidos en sede administrativa. En cuanto al planteo de prescripción, sostiene que la misma no ha operado, toda vez que la instrucción del sumario suspendió su curso conforme lo dispuesto en el art. 805 del C.A. En relación con la invocada transgresión al plazo razonable, explica que la extensión del trámite se debió a la obtención de informes técnicos indispensables para la investigación, por lo que no puede considerarse irrazonable. En cuanto al fondo del asunto, indica que según las constancias del expediente administrativo, el importador incumplió con la reexportación de la mercadería dentro del plazo establecido para la importación temporal, configurándose así el siniestro que habilita a su parte a exigir el pago correspondiente a la aseguradora. Subraya que, si bien la aseguradora no responde por la comisión de la infracción, el servicio aduanero conserva el derecho a reclamar los tributos, en tanto derivan de las obligaciones asumidas por aquella en el contrato de seguro de caución celebrado en beneficio de la Aduana. En sustento de su postura, cita jurisprudencia aplicable. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se rechace la apelación interpuesta, con expresa imposición de costas.
III. Actuación N.º 12181-5428-2006: A fs. 4 obra el listado del equipaje no acompañado del Sr. Guillermo Expósito Espinosa. A fs. 6/vta consta el formulario correspondiente a la destinación temporaria en trato. A fs. 9/10 se agrega la póliza electrónica N.º 490.608 con su respectivo detalle. A fs. 11 se incorpora el comprobante de pago de la liquidación manual N.º 06001LMAN137041T por la suma de $3.902,44. A fs. 13/vta la aseguradora se presenta y solicita se le comunique de manera fehaciente el monto, plazo y procedimiento a fin de cancelar lo adeudado por la operación en cuestión. A fs. 21 obra el acta de denuncia. A fs. 25, con fecha 16/03/2010, se instruye sumario (sin notificar). A fs. 28 se valora la mercadería y se practica la liquidación de tributos. A fs. 30, con fecha 15/08/2014, se dispone la corrida de vista de lo actuado, notificada al importador (fs. 35, por edicto, el 05/02/2015) y a la aseguradora (fs. 41/vta, el 19/02/2015). A fs. 42 se declara la rebeldía del Sr. Guillermo Expósito Espinosa. A fs. 43/51/vta la aseguradora contesta la vista. A fs. 56 se provee dicha presentación. Finalmente, a fs. 59/62/vta, con fecha 16/03/2015, se dicta la Resolución N.º 1201/15 aquí apelada.
IV. A fs. 34 se abre la causa a prueba, que obra agregada a fs. 46/54, 55/56, 59/61 y 71/78. Los antecedentes administrativos corren por separado. A fs. 95 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la sala G. A fs. 100 se ponen los autos para alegar. A fs. 106/111 y 112/128 obran los alegatos de la representación fiscal y de la actora, respectivamente. A fs. 130 se pasan los autos a sentencia. Primera Cuestión V.- Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VI. En ese entendimiento, corresponde analizar, en primer término, el agravio de la actora, referido a que el trámite del procedimiento excedió los parámetros del plazo razonable.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADO-RES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, surge de las actuaciones administrativas, que el auto de apertura del sumario fue dictado el 16/03/2010, mientras que la notificación a los presuntos responsables recién se produjo con la corrida de vista del 15/08/2014, concretada al importador a fs. 35 el 05/02/2015 por edicto y a la aseguradora a fs. 41/vta el 19/02/2015. En tales condiciones, carece de explicación razonable el lapso de casi 8 años transcurrido desde el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (21/11/2007) hasta la corrida de vista del 15/08/2014, notificada en febrero de 2015. Asimismo, resulta igualmente injustificable la demora de 4 años, 4 meses y 30 días entre la instrucción del sumario (16/03/2010) y la efectiva notificación a la parte afectada (19/02/2015), máxime cuando ya en fecha 10/05/2010 (fs. 28) se había practicado la liquidación de tributos, sin que en todo ese tiempo consten actuaciones que permitan justificar la dilación.
A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables. Segunda Cuestión VII.- Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, corresponde resolver en autos si se encuentra ajustado a derecho el Cargo formulado, en la Resolución aquí apelada, a la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, como garante de la obligación tributaria del importador el “SR. GUILLERMO EXPOSITO ESPINOSA”, respecto de la Destinación de Importación Temporal de objetos transportados como equipaje N.º 12181- 5428-2006.
En las condiciones consignadas resulta elocuente que no se encuentra controvertido en ningún aspecto el incumplimiento del régimen de importación temporaria, debido a que la apelante en oportunidad de presentarse en sede aduanera y ante esta instancia, no ha aportado prueba que acredite la reexportación o regularización de la mercadería amparada por el D.I.T. de objetos transportados como equipaje N.º 12181- 5428-2006, al vencimiento del plazo de permanencia que operó el 21/11/2007. Al respecto, cabe mencionar que es reiterada y pacifica la jurisprudencia de los tribunales, que manifiesta que la carga de la prueba en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo del importador o de su garante en su caso, de manera fehaciente mediante la documentación aduanera adecuada, reglada, idónea y requerida reglamentariamente, por lo expuesto, no existen dudas de la configuración de la infracción al art. 970 del C.A.
Tampoco se encuentra discutido que, mediante la Póliza N.º 490.608, la actora aseguró a la A.F.I.P.- D.G.A. el pago en efectivo de hasta la suma de DOCE MIL PESOS ($12.000), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A. a lo que resulte obligado el SR. GUILLERMO EXPOSITO ESPINOSA, como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el la Destinación de Importación Temporal de objetos transportados como equipaje N.º 12181- 5428-2006.
En ese entendimiento del asunto, habiendo quedado configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de la mercadería importada temporalmente.
VIII. Sentado lo anterior, y considerando que el cargo formulado al imputado y a la garante asciende a la suma de CUATRO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 4.000), conforme surge de la liquidación obrante a fs. 28 de las actuaciones administrativas, corresponde expedirse respecto de la extensión de la responsabilidad tributaria de la aseguradora.
Así las cosas, cabe señalar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Bajo tales premisas y en concreta aplicación de las mismas a la causa bajo examen, el importe que podrá exigirse a la aseguradora es la suma máxima garantizada mediante la Póliza N.º 490.608 de DOCE MIL PESOS ($12.000), que obra agregada a fs. 77/vta de autos, con más los intereses del art. 794 del C.A. hasta la fecha de su efectivo pago, los que deberán ser devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N.º 1201/15 recaída en el expediente SIGEA N.º 12181-5428-2006, declarando que los tributos adeudados ascienden a CUATRO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 4.000), todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos del art. 794 del C.A.
Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” es el de DOCE MIL PESOS ($12.000) con más los intereses devengados en los términos del art. 794 del C.A. hasta la fecha de su efectivo pago, los que deberán ser devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista.
1. Costas a la actora.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht en la Segunda Cuestión y, en consecuencia, a la parte resolutiva. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Vocal instructor en cuanto hace a la solución del tema traído a examen. En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N.º 1201/15 recaída en el expediente SIGEA N.º 12181-5428-2006, declarando que los tributos adeudados ascienden a CUATRO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 4.000), todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos del art. 794 del C.A.
Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” es el de DOCE MIL PESOS ($12.000) con más los intereses devengados en los términos del art. 794 del C.A. hasta la fecha de su efectivo pago, los que deberán ser devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista.
1. Costas a la actora.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.10.31 14:51:54 ART Date: 2025.10.31 15:03:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.31 21:12:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.31 21:13:02 -03:00
Fin de la sentencia