Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-17519080-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nro. 8092/2008 en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos, los que ascienden a la suma de $2.586,84 (pesos dos mil quinientos ochenta y seis con 84/100), con más el CER, a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben calcularse desde el 3/6/2008 hasta la fecha de efectivo pago, con costas a la actora y revocarla en cuanto a la exigencia de IVA, con costas por su orden y, al derecho adicional, percepciones de IVA y Ganancias, con costas al fisco nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-102783346-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 27 de Septiembre de 2022 Reunidos en el día de la fecha, los Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Cora M. Musso y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia de la Vocal nombrada en segundo término, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “ ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, expte. N° 27.080-A;
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 23/37 la firma recurrente, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 8092/2008 (DE PRLA) dictada por el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación n° 12039-236- 2005 (Expte. Nº 605.214/03), en cuanto condena a la firma importadora VISOR ENCICLOPEDIAS AUDIOVISUALES S.A. al pago de multa y de tributos e intereses -éstos últimos conjuntamente con ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A.- por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., por la falta de reexportación en término de la mercadería importada mediante la destinación nº 8809-6/97. En primer lugar, plantea la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos.
Sostiene que el vencimiento de la importación temporaria se produjo en el año 1998 y que habiendo transcurrido más de cuatro años y restando menos de un mes para que opere la prescripción de la acción, se instruyó el sumario en noviembre del 2003. Entiende que ello tuvo como única finalidad la de suspender el plazo de la prescripción, en tanto se dejaron transcurrir otros cuatro años para correr la vista a su mandante, de modo que pasaron casi diez años desde la configuración del hecho imponible. Señala que la suspensión de la prescripción prevista en el art. 805, inc. a) del C.A. desde la apertura del sumario hasta el dictado de la resolución que habilite la acción del cobro, implica que en el caso de una interpretación literal lleve al absurdo jurídico de permitirle a la aduana la posibilidad de ejecutar un crédito fiscal “sine die” y cita jurisprudencia.
Plantea, asimismo, la prescripción de la acción del Fisco respecto del IVA y de las percepciones de IVA adicional y de ganancias en virtud del art. 56 y s.s. de la ley 11.683. Sostiene que por tratarse de impuestos nacionales, si bien su percepción está a cargo de la aduana, se rigen por las normas previstas por la ley 11.683. Se refiere a la naturaleza jurídica del seguro de caución y afirma que es una verdadera fianza que no configura un contrato de seguro. Cita doctrina y jurisprudencia. Manifiesta que por encontrarse el deudor principal en concurso preventivo cuando solicitó la importación temporaria y luego en quiebra indirecta, el crédito es preconcursal y se encuentra prescripto en los términos del art. 56 de la ley 24.522 y de la cláusula quinta de las condiciones particulares de la póliza de caución.
Señala que la aduana debía presentarse a verificar el crédito en virtud de lo dispuesto por el art. 32 de la LCQ. Afirma que dicha ley no exceptúa de la verificación del crédito a los créditos fiscales sino que, por el contrario, los privilegia. Cita la cláusula quinta de la póliza que establece la prescripción liberatoria respecto de la aseguradora y cita abundante jurisprudencia. Sostiene que la jurisprudencia de la CSJN recaída en las causas “Cosimatti, Gregorio s/concurso preventivo”, “Hilandería Luján S.A”, “Casa Marroquín SRL”, “Gauchat” y “Supercanal” se refieren al fuero de atracción -extremo que no se encuentra controvertido en autos- pero no hacen referencia alguna a la caducidad o prescripción del crédito fiscal.
Afirma que la aduana incurre en negligencia atento que, por ser beneficiaria del seguro de caución, tiene la obligación de verificar el crédito en el juicio universal del importador, o bien, ceder a la aseguradora, mediante la subrogación, los derechos emergentes de los tributos omitidos. Cita doctrina y la normativa del Código Civil derogado que hacen a su derecho. Señala que el Fisco no puede tornar ilusorio el resarcimiento de su mandante por su accionar negligente, lo cual se configuró al tornar imposible la subrogación de la aseguradora en el crédito privilegiado. Se refiere a la naturaleza del seguro de caución y afirma que, si bien la obligación de la aseguradora es solidaria, resulta accesoria de otra obligación preexistente que en este caso se encontraría prescripta.
En cuanto al fondo de la cuestión, señala que la importación temporaria fue cumplida en su totalidad y detalla la documentación que permite tener por acreditada la reexportación de la mercadería. Con relación a la exigencia del CER, sostiene que la póliza se otorgó a la paridad cambiaria vigente por la ley de convertibilidad, por lo que los tributos se encuentran pesificados a ese tipo de cambio en virtud del principio de “ultra actividad de la ley” y cita jurisprudencia. Se opone a la aplicación del CER previsto por la ley 25.561 y el Decreto nº 214/02, dado que al momento imponible, la deuda tributaria se convirtió a pesos a razón de U$S 1 = $1. Agrega que tampoco resulta aplicable la ley 23.905 en tanto la misma fue derogada por la ley de convertibilidad nº 23.928, que prohíbe todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios o actualización monetaria.
Afirma que las deudas aduaneras se deben liquidar en pesos al tipo de cambio vigente a la fecha en la que acaeció el hecho imponible de importación a consumo por aplicación de lo dispuesto por la Decisión CMC nº 16/94 del Mercosur. En subsidio, solicita que en caso de que se considere aplicable el CER, éste se calcule sobre el capital nominal y cita jurisprudencia. Plantea la inconstitucionalidad del art. 23 del Decreto nº 1439/96. Sostiene que la mencionada norma viola el principio de reserva de la ley, en tanto los únicos tributos válidos son los creados por el Congreso Nacional. Afirma que en virtud de las facultades legislativas delegadas, el Poder Ejecutivo solo puede modificar algunas alícuotas de los tributos.
Cita doctrina y abundante jurisprudencia. Agrega que el derecho adicional tampoco se encuentra cubierto por la garantía en los términos del art. 453 del C.A. y se opone a su inclusión en la base imponible del IVA y de las percepciones de IVA adicional y de ganancias. Finalmente, explica que el derecho adicional solamente sería aplicable en el caso de la importación regular y no podría aplicarse analógicamente a la importación irregular. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, corrido el pertinente traslado, la representación fiscal lo contesta a fs. 54/67 y vta. y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de una breve reseña de los hechos y de la negativa genérica de rigor, contesta la excepción de prescripción opuesta por la actora. Sostiene que el instituto de la prescripción se rige en la especie, por el art. 803 del C.A. que resulta específico para la materia aduanera y no por otras normativas. Cita doctrina que hace a su derecho. Señala que atento a que el vencimiento de la importación temporal se produjo con fecha 20.09.98, la prescripción comenzó a computarse a partir del 1º de enero del año siguiente, con lo cual aquella operaba el 1.01.04.
Afirma que la instrucción del sumario de fecha 18.12.03, es decir, con anterioridad a que opere la prescripción y, en el mismo acto, se solicitó el aforo de la mercadería. Reconoce que hubo cierta demora en la tramitación del sumario, pero que ello se debe a los escasos recursos humanos con los que cuenta la DGA, de modo que la actora podría haber interpuesto un amparo por mora. Sostiene que no es necesaria la notificación de la instrucción del sumario para que se produzca el efecto interruptivo de la prescripción. Hace referencia al planteo de la prescripción en los términos del art. 56 de la ley 24.522 y explica la naturaleza del seguro de caución. Señala que el mero incumplimiento del tomador del seguro, faculta a la DGA para ir contra la aseguradora.
En cuanto a la verificación del crédito en el concurso del importador, afirma que resulta necesario que el mismo sea líquido y exigible, lo cual recién acontece cuando hay una condena firme. Sostiene que cuando se verifica el incumplimiento por parte de la importadora, la aseguradora debe responder en forma independiente, salvo que se hubiera pactado el beneficio de excusión, lo cual no se da en la especie. Sostiene que el Código Aduanero prevalece sobre la ley 24.522 en virtud del principio de especialidad de la materia aduanera, en tanto el contrato fue pactado conforme a la legislación aduanera. Explica que la cláusula quinta de la póliza al referirse a la prescripción no debe interpretarse en el sentido de que la acción del Fisco prescribe cuando el tomador entra en concurso o quiebra, sino que en este caso también rigen las normas del Código Aduanero.
Afirma que las normas de derecho privado deben ceder frente a la relación con el Fisco Nacional, por lo que entiende que no hay negligencia en el accionar de la aduana. Sostiene, asimismo, que la infracción se encuentra configurada por el incumplimiento del régimen en tanto no se reexportó la mercadería al vencimiento del plazo otorgado al efecto. Respecto del derecho adicional, sostiene que el mismo se encuentra garantizado por la póliza y que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que el tomador del seguro. Señala que dicho adicional tiene por fin desalentar la introducción para consumo, ya sea regular o irregular, de mercadería que fue importada con la finalidad de su reexportación posterior y que al emitir la póliza, la aseguradora garantizó sin discriminar los conceptos.
Agrega que el adicional es constitucional, dado que fue establecido de conformidad con las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo por el art. 277 del C.A. Respecto del CER, sostiene que es aplicable por cuanto la obligación se contrajo con anterioridad a la sanción de la ley 25.561. Manifiesta que la actora adeuda a la aduana sumas de dinero que a la fecha de contraerlas debían determinarse en moneda extranjera y que al momento de su pago le son aplicables las disposiciones de la ley 25.561 y el Decreto nº 214/02. Agrega que este tipo de contratos se encuentran estandarizados y que son de ejecución continuada ya que continúan vigentes hasta el momento de su cancelación o ejecución.
Se refiere a la aplicación del art. 20 de la ley 23.905, según la cual los tributos deben determinarse en dólares estadounidenses, por cuanto las operaciones de comercio exterior se realizan en dicha moneda. Cita el art. 4º de la Res. AFIP nº 1528/03 y el art. 8 del Decreto nº 214/02 y se refiere al principio de indisponibilidad del crédito fiscal aplicable en la especie. Cita abundante jurisprudencia respecto de cada contestación de los agravios de la recurrente. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se dicte sentencia, confirmando la resolución apelada, con costas.
III. Que la actuación nº 12039-236-2005 (ADGA-2003-605214) se inicia a fs. 1 con el acta denuncia formalizada mediante la Nota Nº 27/03 emitida por la aduana de Buenos Aires por la presunta infracción del art. 970 del CA, respecto de la mercadería importada mediante la destinación 8809-6/97, cuyo vencimiento se produjo el 20.09.98. A fs. 3 /4 obran las impresiones de pantalla correspondiente a la garantía y al DIT. A fs. 5 obra la carpeta del despacho. A fs. 8 se instruye el sumario. A fs. 11 se realiza el aforo de la mercadería y a fs. 14 se practica la liquidación de multa y de tributos. A fs. 16 y 18 se ordena a la División Comprobación de Destino que proceda a la interdicción sin derecho a uso de la mercadería importada. Mediante la actuación nº 12039-57-2006 la mencionada dependencia realiza el procedimiento e informa la imposibilidad de cumplir con el mismo, atento que la importadora manifiesta haber reexportado la mercadería en su totalidad (fs. 31ref.). A fs. 33/34 obra el informe de juicios universales respecto del concurso preventivo de la importadora. A fs. 35 y vta. se corre vista a Visor Enciclopedias Audiovisuales S.A. y a la aseguradora Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. quienes se notifican el 26.05.08 (fs. 45) y el 19.05.08 (fs. 73 y vta.), respectivamente. A fs. 36 se solicita a la Sección Cancelación y Deudas la confección del certificado provisorio de deuda, lo que se cumple mediante la actuación nº 12039-236-2005/1 de fs. 71ref./72ref. A fs. 76 se requiere a la Sección Control de la Recaudación y Deudas la agregación de la copia certificada de la póliza nº 137562, lo cual se cumple a fs. 78 ref. mediante la actuación nº 12039-236-2005/2. A fs. 80/97 se agregan las impresiones de pantalla correspondientes al Registro de Infractores. A fs. 99/103 se dicta la Resolución DE PRLA nº 8092/2008, apelada en autos. A fs. 108/112 la importadora consiente la resolución recaída en el sumario aduanero y solicita que por tratarse de una deuda preconcursal se verifique el crédito en el concurso preventivo. A fs. 119/180 la aseguradora acompaña el F4 de apelación ante este Tribunal.
IV. Que a fs. 68 se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 78. A fs. 81/88 y 94/102 la actora acompaña copias simples y certificadas del permiso de embarque nº 97 001 EC03 001380K. A fs. 136 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. En atención a la prueba obrante en autos, a fs. 141 se hace saber que no hay mérito para poner los autos para alegar. A fs. 147 pasan los autos a sentencia.
V. Que corresponde resolver en autos acerca de la procedencia de los tributos reclamados a la firma importadora VISOR ENCICLOPEDIAS AUDIOVISUALES S.A. y a la actora ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. respecto de la falta de regularización en término de la mercadería importada en forma temporaria mediante la destinación nº 8809-6/97, oficializada ante la aduana de Buenos Aires.
Que mediante dicha destinación, la importadora documentó la importación temporaria -en los términos de la Resolución nº 72/96 modificada por el Decreto nº 1439/96- en el ítem 1 de 24 toneladas de cartón que ubicó en la p.a. 4805.29.00 correspondiente a “- - Los demás – Papel y cartón, multicapas: Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, que no hayan sido sometidos a trabajos complementarios o tratamientos distintos de los especificados en la Nota 2 de este capítulo”.
Que acaecido el vencimiento del plazo de permanencia con fecha 20.09.98, el servicio aduanero consideró configurada la infracción del art. 970 del C.A. mediante la Resolución DE PRLA nº 8092/08, cuya exigencia tributaria apela la aseguradora en autos.
VI. Que, en primer lugar, corresponde expedirse respecto del agravio de la actora referido a la verificación del crédito por parte del Fisco en el proceso concursal de la importadora y que por encontrarse vencido el plazo previsto por la ley 24.522, se encontraría prescripta la acción del Fisco.
Que cabe afirmar que el concurso o la quiebra de la firma importadora no puede constituir un obstáculo para que la aduana perciba la multa y los tributos exigidos por el incumplimiento del régimen de la importación temporaria. Que, en efecto, para la determinación tributaria y la aplicación de sanciones, no corresponde aplicar la ley de concursos, en tanto que la procedencia de los tributos, sus accesorios y sanciones en materia aduanera, se rigen por una normativa específica de carácter federal, siendo ésta la que debe prevalecer por su carácter especial y su mayor jerarquía constitucional.
Que el Código Aduanero regula el procedimiento para la investigación y juzgamiento de las infracciones, con exclusión de otras normas de fondo, por lo que el mismo no puede verse afectado por las disposiciones de la ley 24.522, que carece de fuero de atracción en esta materia.
Que todos los procedimientos contenciosos aduaneros con su eventual secuela recursiva, quedan excluidos de la suspensión de su trámite y del fuero de atracción previstos por la ley 24.522, aunque dicha ley no los excluya expresamente.
Que la prevalencia y especialidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que se expresó que respecto a la determinación de impuestos, la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. “Hilandería Luján S.A.”, del 30.09.86; “Casa Marroquín S.R.L.”, del 31.03.87). Que, en efecto, el Tribunal Superior expresó en autos “Cosimati, Gregorio G. s/Conc. Preventivo” (sent. del 9.04.87), que el art. 22 de la ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”.
Que en el mismo sentido se ha expedido nuevamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Supercanal S.A.”, sent. del 2.06.03, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, “... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que - recién- se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas”.
Que, con posterioridad, el Máximo Tribunal se pronunció en la causa “Gauchat, Enrique”, sent. del 4.07.03, haciendo suyos los fundamentos del Procurador General en el sentido de que “... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso. Consecuentemente ... hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la Sala IV de la C.N.A.C.A.F. y, en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso”.
Que una vez que se encuentren firmes la determinación tributaria y/o la multa, la DGA podrá efectuar la verificación del crédito en el concurso de la importadora, siendo que no se aplica en el caso, como se señaló precedentemente, la normativa referida a la prescripción concursal, por lo que corresponde desestimar los agravios de la actora al respecto.
VII. Que, previo a la cuestión de fondo, corresponde referirse a la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos en los términos de los arts. 804 y s.s. del C.A. opuesta por la actora en su escrito de apelación. En primer lugar, corresponde poner de resalto que la recurrente en el Capítulo IV de su escrito inicial refiere al instituto de la prescripción del Fisco para percibir los tributos en los términos del art. 805 inc. a) del Código Aduanero (“CA”) y plantea su inconstitucionalidad. En ese sentido, tras un breve relato de los hechos acaecidos, destaca que el auto de instrucción de sumario fue dictado un mes antes de que opere la prescripción, con la evidente única finalidad de suspender el curso de la misma y, asimismo, transcurrieron otros cuatro años para correr la vista a la aseguradora. Advierte que la aduana no impulsó la notificación del auto de apertura del sumario, de modo que la prescripción de los tributos quedó suspendida desde dictado del mismo y al cual se encuentra supeditada a la inacción del Fisco. Señala que la suspensión de la prescripción prevista en el art. 805, inc. a) del C.A. desde la apertura del sumario hasta el dictado de la resolución que habilite la acción del cobro, implica que en el caso de una interpretación literal lleve al absurdo jurídico de permitirle a la aduana la posibilidad de ejecutar un crédito fiscal “sine die”. Sostiene que dicha suspensión es inconstitucional, por cuanto considera que debería tener un límite temporal como surge de la normativa del derogado Código Civil a la cual cita y en la que se establece un plazo de caducidad para la suspensión de la prescripción.
Que, al respecto cabe señalar que el Código Aduanero (“CA”) contiene normas especiales que regulan la prescripción para discusiones como la de autos. El art. 803 establece: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera” y el art. 804 dispone: “La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 803 comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. No obstante: a) cuando el hecho gravado constituyere un ilícito y no pudiere precisarse la fecha de su comisión, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de sus constatación; b) cuando se tratare de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de dicho incumplimiento o, en caso de no poder precisársela, al de la fecha de su constatación.”.
El art. 934 establece: “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años” y el art. 935: “La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 934, comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”. Finalmente, y en lo que interesa en estos autos, respecto de la suspensión del plazo de prescripción para determinar tributos el art. 805 inc. a) del CA establece: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) Desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” y, respecto de la interrupción del plazo de prescripción para imponer sanciones el art. 937 inc. a) del CA dispone: “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario”.
Así, el acto de apertura del sumario -art. 1090 inc. c) del CA-: (i) suspende el plazo de prescripción de la acción de la Aduana para percibir los tributos y (ii) interrumpe el plazo de prescripción de la acción de la Aduana para imponer las penas por infracción aduaneras.
Que, en el caso de autos, la aduana de Buenos Aires instruyó sumario contencioso, en fecha 18.10.03 (v. fs 8 de las act. adm.), contra la firma importadora VISOR ENCICLOPEDIAS AUDIOVISUALES S.A. por la presunta comisión de la infracción al art 970 del CA respecto de la operación temporal nº 8809-6/97. Con posterioridad a ello, en fecha 18.04.08, ordenó correr vista de lo actuado y citó a la firma ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en su carácter de garante de la obligación tributaria emergente del acto irregular.
Que, en primer lugar, corresponde destacar que el vencimiento de la Destinación de importación temporal nº 8809-6/97, se produjo el 20.09.98 (hace más de 20 años) con lo que el cómputo de la prescripción comenzó a correr el 01.01.1999. El plazo de prescripción de las facultades de la Dirección General de Aduanas (“DGA”) para percibir los tributos no ingresados -por haber expirado el plazo de la DIT- e imponer las penas por infracción, hubiera operado el 1.01.04, en caso de no sufrir suspensión o interrupción tal plazo de prescripción.
Que, ahora bien, con fecha 18.12.03 (ver fs. 8), habiendo transcurrido cuatro años, 11 meses y 17 días del plazo legal de prescripción quinquenal para el vencimiento de la DIT 8809-6/97 se dictó el auto de apertura de sumario conforme el art. 1090 inc. c) por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA (la fecha 18.12.03 no aparece impresa sino agregada con un sello). El efecto legal del auto de apertura del sumario sería suspender el plazo de la prescripción respecto de los tributos -art. 805 inc. a) del CA- y de interrumpir el plazo de prescripción respecto de las infracciones -art. 937 inc. a) del CA-.
Que, conforme el art. 1012 inciso b) del CA, la DGA tiene la carga de notificar todos aquellos actos que afectaren “derechos subjetivos o intereses legítimos”, carácter que -sin duda- reviste el auto de apertura del sumario de fecha 18.02.05. En tal sentido resulta equivocada la afirmación común de que el acto de apertura del sumario referido en los arts. 805 inc. a) y 937 inc. a) del CA no debe ser notificado; muy por el contrario ello surge indubitable de la letra imperativa para la DGA del art. 1012 inciso b) del CA: “Sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este Código, deberán ser notificados: (…) b) Los (…) que, en alguna medida, afectaren derechos subjetivos o intereses legítimos”. Los términos mandatorios imponen un deber -a diferencia de los permisivos que conceden discrecionalidad-: los términos del art. 1012 inc. b) del CA son mandatorios y le imponen a la DGA el deber de notificar la apertura del sumario. Al respecto cabe decir (parafraseando los fundamentos expuestos por la Corte Suprema en el considerando 6 ° in fine de Fallos 332:1109 –“WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO”, sentencia de fecha 12.05.09) que una inteligencia de las normas en juego opuesta a la consignada precedentemente –pretendiendo que no existe carga legal de notificar el acto de apertura del sumario- importaría tanto como suponer que lo establecido por el legislador del CA en su art. 1012 inc. b) respecto de la obligatoriedad de la notificación de todos los actos de la DGA que “afectaren derechos subjetivos o” meros “intereses legítimos” obedeció a la imprevisión o su inconsecuencia lo cual, por principio, resulta inadmisible (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros). Cabe agregar, además, que resulta un principio elemental de hermenéutica jurídica que cuando los términos de la ley son claros –tal como ocurre con el art. 1012 inc. b) del CA- no corresponde a los jueces apartarse de sus propósitos (Fallos: 213:405), porque cuando ella no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente por los jueces, con prescindencia de tesis que podrán ser objeto de consideración por el Congreso pero que son ajenas a la misión de aquellos magistrados (Fallos: 218:56; fundamentos –punto 1- de la mayoría en la sentencia dictada en plenario por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “HUGHES TOOL S.A. c/A.N.A (T.F. 7830-A)” el 23.09.03).
Que, en definitiva, la DGA se encuentra subordinada a la carga legal impuesta de modo expreso por el art. 1012 inc. b) del CA de notificar el acto de apertura del sumario en tanto se trata de un acto que afecta “derechos subjetivos o intereses legítimos”, siendo inexcusable para el organismo incumplir la obligación impuesta por el legislador. No puede oponerse a ello la lectura de que los artículos del CA de suspensión o interrupción de las respectivas acciones de prescripción no prevén expresamente tal notificación en su contenido para producir tal efecto pues, siendo la apertura del sumario la clase de acto antes referida, es el propio acápite del art. 1012 del CA el que contempla de forma específica tal situación, obligando igualmente a la DGA a notificar pese a no estar previsto expresamente en los arts. 805 inc. a) y 937 inc. a) del CA (“Sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este Código, deberán ser notificados:…).
Que, si bien el CA no contiene una norma especial sobre el plazo en que la DGA debe notificar el auto de apertura del sumario, tal omisión normativa se encuentra expresamente prevista y resuelta por el art. 1017 inc. 1 del propio CA que establece la aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (ley 19.549, BO: 27.04.1972). Lo dicho resulta además indiscutible porque la DGA –aun tratándose de un organismo autárquico- forma parte del Poder Ejecutivo y de la administración pública, debiendo sus actos administrativos regirse por la ley 19.549, que gobierna de modo general el accionar de la administración, de modo exorbitante.
Los actos que dicta la DGA se encuentran regidos en su estructura esencial por el art. 1 de la ley 19.549, salvo que hubiere una disposición legal especial en contrario -lo que no se verifica en el caso bajo examen-. Lo expuesto surge del encabezado del art. 1 de la ley 19.549: “Art. 1: Las normas del procedimiento que se aplicará ante la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos, (…) se ajustarán a las propias de la presente ley y a los siguiente requisitos: (…)”. A lo expuesto deben sumarse los vigorosos términos dispositivos del vigente decreto 722/96 (BO: 08.06.1996) que, de modo contundente, ratifica la obligatoriedad sin excepciones para toda la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada de aplicar el plexo normativo de la ley 19.549 y sus normas reglamentarias (art. 1) y la obligatoriedad de su aplicación supletoria en los procedimientos administrativos especiales correspondientes a la Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de Aduanas y Dirección General Impositiva (art. 2). Son así tres los ordenamientos normativos vigentes –el Código Aduanero, la propia ley 19.549 y el decreto 722/96- que de modo expreso, específico, convergente y unívoco obligan a la DGA a aplicar supletoriamente las disposiciones generales de la ley 19.549 respecto de todos los actos administrativos que dicta. Que el art. 1 inc. e) puntos 1 y 4 de la ley 19.549 establece: “Los Plazos e) En cuanto a los plazos: 1) Serán obligatorios para los interesados y la Administración; (…) 4) Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de (…) notificaciones (…) aquél será de diez (10) días”. Tal plazo de diez (10) días resulta así aplicable de modo obligatorio a todos los actos de la Administración Pública. En el presente caso la DGA debió notificar la apertura del sumario referida en los arts. 805 inc. a) y 937 inc. a) del CA dentro de los diez (10) días hábiles de su dictado o, en su defecto, dictar una resolución fundada para, de oficio, ampliar tal plazo de diez (10) días (conf. art. 1 inc. e) punto 5 de la ley 19.549), resolución que no se encuentra documentada en absoluto en las actuaciones administrativas anejas a esta causa.
Que la falta de notificación de los actos administrativos a los sujetos que son sus destinatarios naturales -e.g. los afectados en sus derechos subjetivos e intereses legítimos- tiene como consecuencia directa la falta de eficacia -en sus efectos propios- del acto administrativo dictado y no notificado, conforme lo establece el art. 11 de la ley 19.549: “(…) Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación (…).” Al respecto debe recordarse que:
“(…) 1. La notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo (García de Enterría, E. - Fernández, T.R., Curso de derecho administrativo, t. 1, p. 541), dado que resulta fundamental para preservar la segundad jurídica (confr. Entrena Cuesta, U., Curso de derecho administrativo, Madrid, 1981,7a. ed., vol. I, p.
212), constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la administración en garantía de los derechos particulares (Garrido Falla, F, Régimen de impugnación de los actos administrativos, ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, págs. 275 y ss.), vinculándose así su régimen con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe (González Pérez, J., Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo, Madrid, 1977, pág. 582).
(…) 3. (…) cuando la administración debe emitir un acto en determinado plazo (…) éste no produce efectos jurídicos -es decir, carece de eficacia- sino hasta que se concrete la comunicación al interesado.” (voto en disidencia de los doctores Licht y Coviello en el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en autos “HUGHES TOOL S.A. c/A.N.A (T.F. 7830-A)” de fecha 23.09.03).
Que la obligación para la DGA de aplicar supletoriamente la ley 19.549 -emergente del CA, del art. 1 de la ley 19.549 y del art. 2 del decreto 722/96 (BO: 08.06.1996)- torna contrario al actuar reglado que rige a la administración que la DGA incumpla el art. 1 inc. e) punto 4 de la ley 19.549, norma que la obliga a notificar en el plazo de diez (10) días todos los actos administrativos que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados –es decir, la misma especie de actos que la DGA debe notificar conforme el art. 1012 inc. 2 del CA-. Nuevamente, los términos mandatorios imponen un deber -a diferencia de los permisivos que conceden discrecionalidad-: el art. 1 inc. e) puntos 1 y 4 de la ley 19.549 son obligatorios para la DGA y le imponen notificar al administrado la apertura del sumario referida en los arts. 805 inc. a) y 937 inc. a) del CA dentro de los diez (10) días hábiles de su dictado.
Que, a fortiori de todo lo anterior, debe destacarse la identidad normativa conceptual entre los institutos del CA y la ley 19.549. La calificación legal de los actos contemplados en el art. 1012 inc. b) del CA es textualmente idéntica a la de los contemplados en el art. 1 de la ley 19.549 inc. f) punto 1 cuando establece el derecho del administrado: “De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos subjetivos o intereses legítimos (…)”. En la economía normativa del art. 1 de la ley 19.549 los actos que afecten o meramente “refieren” a derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados aparecen inescindiblemente unidos al ejercicio de su derecho de defensa, lo que supone su previa notificación en los términos y plazo obligatorio del mismo art. 1 inc. e) de la ley 19.549: 10 días hábiles desde su dictado, siendo prorrogable de oficio ese plazo por la administración (DGA) únicamente mediante el dictado de una resolución debidamente fundada (art. 1 inc. e) punto 5 de la ley 19549). Resulta evidente la unidad conceptual material –“afectación de derechos subjetivos o intereses legítimos”- que caracterizan la especie de actos que la DGA tiene la carga de notificar (art. 1012 inc. b) del CA) con los actos administrativos tenidos en vista por el art. 1 inciso f) de la ley 19.549 con su plazo obligatorio de 10 días para ser notificados -art 1 inciso e) puntos 1 y 4; y art. 1 inc. f) punto 1 de la ley 19.549-.
Que, en definitiva, los actos administrativos de la DGA que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos deben notificarse -arts. 805 inc. a), 937 inc. a) y 1012 inc. b) del CA- y tal notificación debe realizarse obligatoriamente dentro del plazo de diez (10) días de dictado el acto -conforme art. 1017 inc. 1 del CA; art. 1, su encabezado, inc. e) puntos 1 y 4 e inc. f) punto 1 de la ley 19.549; y art. 2 del decreto 722/96-, plazo para notificar que la DGA únicamente puede ampliar a su favor mediante el dictado de una resolución debidamente fundada –art. 1 inc. e) punto 5 de la ley 19.549-. La falta de notificación a sus destinatarios naturales de los actos que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos torna a tales actos ineficaces respecto de sus efectos propios -art. 11 de la ley 19.549-, como ser la suspensión o interrupción de los plazos de prescripción tributaria y sancionatoria que se encuentren en curso.
Que, finalmente y para sustentar doctrinariamente lo expuesto, cabe recordar el inmemorial principio interpretativo de las leyes que señala que aquellas que tratan sobre la misma materia –in pari materia- deben ser interpretadas de modo armonioso y unívoco: en este caso tal materia son los actos de la administración que afectan derechos subjetivos o intereses legítimos, contemplados de modo textualmente idéntico en el CA y en la ley 19.549. Graficando tal principio el juez Frankfurter escribió que las leyes no pueden ser interpretadas inteligentemente si el ojo se encuentra cerrado a la reflexión que surge evidente de las leyes vinculadas (“Statutes cannot be read intelligently if the eye is closed to considerations evidenced in affiliated statutes”; Felix Frankfurter: Some Reflections on the Reading of Statutes, 47 Columbia Law Review 527, 539 -1947-).
VIII. Que, conforme lo expuesto supra en VII, el acto de apertura del sumario de fecha 18.12.03 debió haber sido notificado por la DGA a la actora ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. como plazo obligatorio máximo hasta el 08.01.04 -hace más de quince (15) años-, máxime al no existir una resolución fundada de la DGA en las actuaciones administrativas que justifique una ampliación de tal plazo (conf. art. 1 inc. e) punto 5 de la ley 19.549); todo ello con fundamento en las normas legales citadas supra: arts. 805 inc. a), 937 inc. a), 1012 inc. b) y 1017 punto 1 del CA, art. 1 inc. e) punto 4 e inc. f) punto 1 de la ley 19.549 y art. 2 del decreto 722/96.
Que, al haber omitido la DGA cumplir tempestivamente con la carga de notificación, el acto de apertura del sumario se vio privado de su eficacia legal propia (conf. art. 11 de la ley 19.549) tanto respecto de: (i) la suspensión de la prescripción para percibir tributos prevista por el art. 805 inc. a) del CA, como de (ii) la interrupción de la acción para imponer penas por infracciones aduaneras prevista en el art. 937 inc. a) del CA: así la suspensión e interrupción de los plazos de prescripción de las acciones respectivas de la Aduana se tienen por no configuradas en estos autos. Que, en consecuencia, las facultades de la DGA para determinar y percibir los tributos que pretende en estos autos así como la de imponer la multa tipificada en el art. 970 del CA, prescribieron respecto de la importadora el 01.01.04. Ello tiene como causa la omisión inexcusable de la DGA de cumplir con el sencillo recaudo –legalmente impuesto por el CA en su artículo 1012 inc. b)- de notificar el acto de apertura del sumario dictado el 18.12.03.
Que encontrándose prescriptas desde el 01.01.04 las facultades punitivas y tributarias de la DGA, surge evidente de su mera lectura que la Resolución DE PRLA N° 8092/2008 padece como acto administrativo un severo vicio -estructural y manifiesto- que contamina insanablemente tanto su causa -art. 7° inc. b) de la ley 19.549- como su motivación –art. 7° inc. e) de la ley 19.549-: en efecto, por la prescripción operada el 01.01.04 la DGA nunca estuvo en condiciones de dictar, ulteriormente, la resolución apelada en autos respecto de la DIT 8809-6/97 más que para declarar la prescripción legal de sus propias facultades punitivas y tributarias.
IX. Que, por todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad insanable de la Resolución DE PRLA N° 8092/2008 tanto en sus considerandos como en su entera parte dispositiva, haciendo lugar a los agravios de la parte actora en su recurso de apelación. Asimismo, resuelto favorablemente tal planteo deviene inoficioso referirse al resto de los argumentos planteados por la recurrente en su recurso de apelación.
En consecuencia, voto por:
1. Declarar la nulidad insanable de la Resolución DE PRLA N° 8092/2008 respecto de la firma ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A., tanto en sus considerandos como en su entera parte dispositiva, haciendo lugar a los agravios de la actora en su escrito de apelación.
2. Costas a la demandada vencida (art. 1163 del CA).
La Dra. Cora M. Musso dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos que surgen de los Considerandos I a V del voto del Dr. Soria.
II. Que en primer término corresponde analizar el planteo de la actora en relación al concurso de la importadora, Visor Enciclopedias Audiovisuales y la prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de tributos con fundamento en la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras.
Que, con relación a la alegada prescripción del crédito del fisco por considerar que ha transcurrido el plazo establecido en el art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras y en cuanto la actora sostiene que la aduana debe verificar el crédito en la quiebra de la importadora, cabe señalar que de ninguna disposición de la Ley de Concursos y Quiebras resulta que la aduana deba verificar el crédito relativo a la obligación tributaria de la importadora, afianzada por la actora como requisito previo al reclamo al garante. En su caso, el garante deberá verificar su crédito en la quiebra de la importadora, cuando la determinación tributaria quede firme, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 1172 del CA.
En este sentido la C.S.J.N. ha señalado que el trámite de verificación corresponde cuando la resolución que en la causa se apela quede firme; así lo ha resuelto en la causa “Fisco Nacional DGI s/ inc. de verificación de crédito” en autos “Cosimatti Gregorio s/conc. Prev”, sentencia del 4 de septiembre de 1987, en la que expresó que el artículo 22 de la Ley 19.551 que establece la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado es inaplicable toda vez que la misma debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso (Fallos 310:785).
En la causa “Supercanal SA” de fecha 2 de junio de 2003, la C.S.J.N. sostuvo que “si la decisión de la DGI fue apelada por la concursada ante el Tribunal Fiscal de la Nación en virtud de lo dispuesto por el artículo 76 inc. b) de la Ley 11.683, ello impide que opere el fuero de atracción al hallarse pendiente de tratamiento la apelación ante un tribunal de alzada, operando éste recién una vez dictada la sentencia por dicho tribunal; posteriormente la Corte en la causa “Gauchat, Enrique”, sentencia de fecha 4 de julio de 2003, contemplando los supuestos de que la sentencia del Tribunal Fiscal fuere apelada, haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador Fiscal de la Nación, señaló que “el fuero de atracción de la causa donde tramita el concurso preventivo de la deudora solo opera luego de la intervención del Tribunal de Alzada y en el supuesto que este confirme la sentencia apelada, corresponde remitir la causa al tribunal del concurso”.
Que por lo expuesto precedentemente, ninguna incidencia tiene en la causa la Resolución ANA 1645/94. Las instrucciones y los procedimientos que establece en los anexos que la integran, serán considerados por la aduana en el momento que entienda oportuno.
Que a ello cabe agregar que el Código Aduanero regula expresamente el instituto de la prescripción por lo que prevalecen las normas del citado cuerpo legal frente a la Ley de Concursos y Quiebras. En este sentido reconocida doctrina ha señalado que “las obligaciones tributarias tienen su propio régimen de prescripción en la Ley 11.683 que es una ley federal, y el plazo de prescripción de cinco años a favor del fisco para el cobro de sus créditos es una disposición de orden público que responde también a la distinta naturaleza de la deuda frente a las deudas del concursado que son reguladas por el derecho privado…” y que cuando el crédito fiscal recién es ejecutable después del proceso de verificación de los créditos, no puede declarárselos extinguidos por el régimen de prescripción abreviado del artículo 56 de la Ley 24.522, porque la misma finalidad de esa norma lo impide y porque está vigente la prescripción propia de la Ley 11.683 por encima de la ley de concurso” (Cfme. “La prescripción de las obligaciones tributarias en el concurso preventivo” Susana Camila Navarrine PET 26-6-00), doctrina que resulta plenamente aplicable, atento que el Código Aduanero al regular específicamente la prescripción establece el mismo plazo de cinco años que la Ley 11.683.
Que de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 803 y 804 del Código Aduanero, la acción del fisco para exigir tributos prescribe por el transcurso de cinco años computados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha del hecho gravado -vencimiento del DIT 25/9/98-, por lo que en el caso el cómputo de la prescripción comenzó el 01/01/1999 y habría vencido el 31/12/2003, pero se suspendió el 18/12/2003 con el auto de apertura del sumario y se interrumpió con la notificación de la liquidación tributaria -vista del art. 1101 del citado cuerpo legal- de conformidad con lo dispuesto en los arts. 805 inc. a) y 806 inc. a) del C.A., a lo que cabe agregar que a la fecha se encuentra suspendida por la interposición del presente recurso, de acuerdo con lo dispuesto en el inc. c) del art. 805 del citado Código.
Que a la cuestión le resulta aplicable la Jurisprudencia de la CSJN sentada en la causa “Wonderland SRL c/Aduana Rosario” de fecha 12/05/2009, en la que en referencia al efecto interruptivo establecido en el art. 937 inc. a) del CA, que considero de aplicación asimismo al efecto suspensivo del art. 805 inc. a) del CA, se dijo: “6°) Que si la intención del legislador hubiese sido que la interrupción se produjera con la notificación de aquel acto, o de la vista que debe conferirse de lo actuado a los presuntos responsables una vez cumplidas las medidas ordenadas en aquella resolución a fin de que éstos presenten sus defensas y ofrezcan las pruebas pertinentes (artículo 1101) así lo habría indicado en el texto legal. Una inteligencia de las normas en juego opuesta a la consignada precedentemente importaría tanto como suponer que lo establecido por la ley respecto de la interrupción de la prescripción obedeció a la imprevisión o a la falta de consecuencia del legislador, lo cual, por principio, es inadmisible (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros). 7°) Que por último cabe señalar que la eficacia del acto que dispone la apertura del sumario a los fines de interrumpir la prescripción le está dada por la directa aplicación del ya citado artículo 937 del Código Aduanero, de manera que no corresponde acudir a otros cuerpos normativos para decidir la cuestión planteada”.
Que por lo expuesto, no habiendo operado la prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos, corresponde rechazar la excepción opuesta por la actora, con costas.
III. Que en virtud de lo anterior corresponde resolver si la resolución apelada por la que la aduana exige a la recurrente el pago de los tributos relativos a la mercadería en trato en su carácter de responsable solidaria de la importadora se ajusta a derecho.
Que la actora mediante la póliza de caución Nro. 137.562 (fs. 78 ref. de las act. Adm.) garantizó el pago de los tributos correspondientes a la importación cuestionada.
Que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro (Fallos 315:1406); es una fianza y no un seguro, ya que pertenece a los contratos de garantía cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora, pues cumple con las mismas funciones económicas que las garantías que un determinado deudor otorga a favor de su acreedor para asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria C.N.Com. Sala B del 11-3-97 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ Delos Electrónica SA y otros”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el seguro de caución es un contrato de garantía cuya finalidad es garantizar a favor del tomador, y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (fallos 321:3334) (Cfme C.N.A.C.A.F Sala III “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” sent. del 14-12-01).
Que del art. 4° de las condiciones generales de la mencionada póliza, resulta que producido el siniestro el asegurador procederá a hacer efectivo a la aduana el importe pertinente, hasta suma máxima fijada en las Condiciones Particulares, con más los accesorios que resulten corresponder, y que los derechos que le corresponden a la Aduana contra el tomador en razón del siniestro se trasfieren al Asegurador. El procedimiento para las infracciones previsto en el C.A no puede verse afectado por las normas de la ley 24.522, no procede el fuero de atracción en materia tributaria, la especialidad de la ley tributaria ha sido reconocida por la CSJN en la causa “Hilanderías Lujan SA” del 30-9-86 entre otras.
IV. Que la importadora-tomadora mediante el DIT 88096/97, documentó la importación temporal de mercadería de la PA 4805.29.00 “Los demás, papel, carton…” al amparo del Decreto 1439/96, por el plazo de 360 días, con vencimiento el 25/9/1998. Los tributos de la importación temporaria, derechos de importación, derecho adicional, tasa de estadística, IVA, IVA adicional e impuesto a las ganancias fueron garantizados por la actora mediante seguro de caución, póliza Nro.137.562 (fs. 78 de las act. adm), hasta la suma de dieciocho mil dólares (u$s 18.000).
V. Que el art. 970 del Código Aduanero sanciona con multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes del C.A) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del C.A que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aún cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que, en consecuencia, para considerar que el importador temporario cumplió debidamente con el régimen, y no incurrió en la infracción prevista en el art. 970 del C.A., debe hallarse acreditada la exportación de la mercadería importada en forma temporaria o, en su caso, la importación para consumo, en el mismo estado en que se importó dentro del plazo fijado.
Que con relación al PE 97001EC03001380K cabe señalar que no puede considerarse cumplida la reexportación de la mercadería en trato en razón de que si bien los insumos utilizados en el PE coinciden con la declaración jurada de fs. 7 de las act. Adm. la misma carece de número de Solicitud y, siendo que en la causa no obra agregado el CTC y/o la solicitud de CTC original o copia certificada aplicable, corresponde tener por configurada la infracción al art. 970 del CA.
VI. Que producido el hecho generador de la obligación tributaria, importación para consumo irregular y de conformidad con lo establecido en el art. 274 del Código Aduanero, corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configura el hecho imponible, en el caso el vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería, momento que establece el art. 638 inc. e) del Código Aduanero Que el siniestro a que se refiere la póliza, en el caso es la importación para consumo en forma irregular de la mercadería, y que como ya quedó expuesto la aduana en los términos del art. 4° de las condiciones generales ha exigido el pago de los tributos garantizados a la aseguradora, no esta previsto en la misma el beneficio de excusión, tampoco la responsabilidad subsidiaria sino que es deudor principal y solidario con la tomadora, conforme normas del Código Civil cuya aplicación, surge de las condiciones generales de la póliza.
Que surge del cuerpo del DIT involucrado en autos que los tributos garantizados por la aseguradora y posteriormente exigidos por la Aduana fueron derechos de importación, tasa de estadística, derecho adicional, IVA, IVA adicional y Ganancias.
Que en cuanto a la diferente responsabilidad del importador y de la aseguradora, debe señalarse que la aseguradora responde hasta el límite del importe asegurado.
Que corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de IVA formulado expresamente por la recurrente, en cuanto señala que la misma se rige por la Ley 11.683.
Que cabe señalar que el impuesto al valor agregado fue establecido mediante la ley 20.631 (BO: 13.12.1973) y modif que en su art 51 establece que “El gravamen de esta ley se regirá por las disposiciones de la Ley N° 11.683 texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, y su aplicación, percepción y fiscalización estarán a cargo de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, quedando facultada la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS para la percepción del tributo en los casos de importación definitiva”, por lo que respecto del régimen de prescripción, resulta aplicable la mencionada Ley 11.683.
Que las Salas I, II y III de la Excma CCAF sostuvieron que “...el regimen de prescripicón aplicable al reclamo por los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, los cuales no constituyen obligaciones tributarias aduaneras (art 761 del CA) es el previsto en la Ley 11683, toda vez que las leyes que crearon dichos impuestos establecen expresamente que estos se rigen por sus disposiciones (art 103 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y art 51 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado). Cabe señalar que su aplicación no es ssusceptible de intercambio por el régimen aduanero por la circunstancia de que en virtud de razones de eficiencia administrativa se haya encomendado a la Aduana actuar como agente de percepción de los mismos (conf. ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Expte 38429/2019, sent del 06/08/2020 (Sala V))
Que la normas de prescripción de la ley 11.683 aplicables al caso son las establecidas en los arts. 56 a 69. En casos como el de autos, cuando se trata del IVA de importación devengado por el incumplimiento del régimen de importación temporaria -en el marco del régimen infraccional del art. 970 del CA- resulta de aplicación lo dispuesto en los arts. 56 inc. a), 57, 65 inc. a) y el 65 de la ley 11.683.
Que por lo expuesto dado que el DIT Nro 88096/97, venció el 25/09/1998, siendo esta fecha en la que se produjo el devengamiento del IVA que grava la importación a consumo, conforme lo establecido por los arts. 274.1. inc. a) y 274.2 del CA y los arts. 1 inc. c), 4 inc. c), 5 inc. f), 25 y 27 cuarto y quinto párrafo de la ley del IVA (t.o. conf. Decreto 280/97), el plazo de 5 años con que contaba la Aduana para reclamar el IVA de importación -art. 56 inc. a) de la ley 11.683- empezó a correr el 01/01/1999 art. 57 de la ley 11.683- atento a que el IVA devengado en la importación de septiembre de 1998, debía declararse en la posición correspondiente a dicho mes del año 1998 y la acción del Fisco para reclamar el IVA de importación, correspondiente a la DIT de autos, expiraba el 31/12/03, motivo por el cual al momento del dictado de la resolución apelada (01/12/2008) el mencionado plazo quinquenal se encontraba vencido.
Que por los motivos expuestos no cabe mas que hacer lugar al planteo efectuado por la recurrente y declarar prescripta la acción del fisco para reclamar el pago de IVA de importación, por lo que corresponde revocarlo, con costas por su orden. Que con relación al reclamo del pago de derecho adicional previsto en el art. 23 del Dto 1439/96; sin perjuicio de que considero que en el caso, en el que no se acreditó el cumplimiento del régimen, atento que como quedó expuesto precedentemente la mercadería no fue reexportada, y por ello debería exigirse el pago del derecho adicional, (ya que quedó importada para consumo en forma irregular) cfme doctrina de este Tribunal recaída en la causa Kursaal SA, sent. del 23-11-95, y en razón de que es doctrina de la CSJN que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las conclusiones de la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (art. 100 CN y art. 14 de la ley 48) por razones de economía procesal y seguridad jurídica, corresponde aplicar al caso de autos el fallo del Alto Tribunal recaído en la causa “IEF Latinoamericana SA” sent. del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “Frisher SRL” del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la resol ME 72/92, limitando el pago solo en los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y en este sentido señaló que “...quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del CA pues tal conducta constituye -en principio - una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal...” y, revocar el derecho adicional que se exige en la causa, con costas.
Que asimismo, con relación a las percepciones de IVA adicional y Ganancias que se reclaman en estos autos, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sent del 26/11/2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. “Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Que, lo expuesto, resultando de aplicación al caso el criterio sustentado por el más Alto Tribunal, y dado que en la causa el plazo al que hace referencia la CSJN ha precluído, corresponde revocar las percepciones exigidas por la Aduana, con costas al fisco (IG-2021-13-E-AFIP-AFIP).
VII. Que por lo expuesto precedentemente corresponde liquidar los tributos exigibles en relación a la mercadería del despacho de importación temporal no regularizada, teniendo en consideración la liquidación practicada por el servicio aduanero.
Base de cálculo Tributos: $16.689,24 (cfme liquidación de fs. 14 de las act adm)
D. Importación 15% $2.503,39 Estadística 0.5% $ 83,45 Total de tributos $2.586,84 Que a los tributos liquidados corresponde adicionar el CER, toda vez que al momento en que se dispuso la corrida de vista en los términos del art. 1101 del CA, se exigió el pago de los tributos cuestionados cuyo importe se expresó en pesos con más el mencionado coeficiente.
Que por la ley 25.561 (B.O. 6-1-02) por su art. 1° decreta la emergencia pública, en materia social económica administrativa y financiera y cambiaria con arreglo a las bases que se especifican…inc. 4 reglar la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario y por el art. 2 se faculta al PE para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias.
Que el art. 1 del Dto. 214/02 (B.O. 4-2-02) dispone que a partir de la fecha del presente Decreto (3-2-02) quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS, restableciendo el art. 8° que las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el Artículo 4° del presente Decreto, el Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina, que se aplicará a partir de la fecha del dictado del referido decreto.
Que por el art. 20 de la ley 23.905 los tributos se liquidaban en dólares, quedando a la fecha de vigencia del decreto 214/02 pesificados a u$s 1= $1 con más el CER, por aplicación de los arts. 1°, 4° y 8° del referido decreto. Que a ello debe agregarse que la Resolución AFIP 1528/03 en el art. 4° dispuso que las garantías expresadas en dólares estadounidenses constituidas con anterioridad a la fecha de sanción del Dto 214/02 y que se hallaban pendientes a dicha fecha se considerarán convertidas a pesos a razón de u$s1 =$1 y sobre el monto resultante se aplicará el CER. Que por lo expuesto y atento que el importe máximo de la responsabilidad de la aseguradora, es el que resulta de la póliza con la que han sido garantizados los tributos del DIT involucrado en la causa y teniendo en consideración que la póliza emitida garantiza hasta la suma de u$s18.000 (u$s18.000 = $18.000 más CER), debe señalarse que los tributos confirmados que se exigen en la causa $2.586,84 se encuentran dentro de su responsabilidad.
Que sobre el importe de los tributos, corresponde el pago de los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero, los que deben calcularse desde el vencimiento del plazo de diez días computados a partir del 19/5/2008 -conf. fs. 73 act. adm.-, hasta fecha de efectivo pago.
Que en razón de lo expuesto en los Considerandos que anteceden corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos, los que ascienden a la suma de $2.586,84 (dos mil quinientos ochenta y seis con 84/100), con más el CER, a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben calcularse desde el 3/6/2008 hasta la fecha de efectivo pago, con costas a la actora y revocarla en cuanto a la exigencia de IVA, con costas por su orden y, al derecho adicional, percepciones de IVA y Ganancias con costas al fisco nacional.
Por lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nro. 8092/2008 en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos, los que ascienden a la suma de $2.586,84 (pesos dos mil quinientos ochenta y seis con 84/100), con más el CER, a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben calcularse desde el 3/6/2008 hasta la fecha de efectivo pago, con costas a la actora y revocarla en cuanto a la exigencia de IVA, con costas por su orden y, al derecho adicional, percepciones de IVA y Ganancias con costas al fisco nacional.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que se da por reproducida la relación de los hechos efectuada en el voto del Dr. Soria, en los Considerandos I a IV.
II. Que adhiero al voto de la Dra. Cora Musso en cuanto resuelve confirmar parcialmente la resolución DE PRLA nro. 8092/2008, teniendo por configurada la infracción prevista en el art. 970 del C.A. por el total de la mercadería que se constata en infracción en relación al DIT 8809-6/97, e íntima al pago de tributos, con más el CER e intereses del art. 794 del C.A., deduciendo de la liquidación tributaria el derecho adicional y las percepciones de IVA y Ganancias, salvo en cuanto decide declarar prescripta la acción del fisco para reclamar el pago de IVA de importación por considerar aplicable el régimen establecido en la ley 11.683, argumento respecto del cual me permito disentir.
III. Que el artículo 1ro. Inciso c) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, establece que dicho impuesto se aplicará sobre “las importaciones definitivas de cosas muebles”, fijando de esta manera el objeto u hecho imponible. A su vez, el artículo 4to. Inc. C) establece que serán sujetos pasivos del impuesto quienes importen definitivamente cosas muebles a su nombre, por su cuenta o por cuenta de terceros, precisando en el artículo 5to. Inc. 6) que el hecho imponible se perfecciona en el momento en que ésta sea definitiva, sin hacer ninguna aclaración adicional respecto a cuándo se debe considerar definitiva una importación, ni aclarar los supuestos de importación regular ni irregular, todo lo cual ha quedado regulado por la norma troncal en la materia, el Código Aduanero, y anteriormente por las sucesivas Leyes de Aduana y hasta por las Ordenanzas de Aduana, que ya regían los tributos aduaneros con anterioridad a la existencia del Impuesto al Valor Agregado.
Claramente el legislador tomó los conceptos de “importación” y la modalidad de “definitiva”, del argot técnico aduanero que tiene definidos con absoluta precisión dichos conceptos en la legislación aduanera nacional.
Téngase presente que el art. 2 del Decreto Reglamentario de la Ley del IVA (Decreto 692/98) establecía expresamente que: “A los fines de la ley y este reglamento se entenderá por importación definitiva la importación para consumo a que se refiere el Código Aduanero.”, dilucidando cualquier duda que pudiere existir al respecto.
Ahora bien, en el caso de autos, estamos en presencia de una importación definitiva a consumo “irregular”, esto es, originada en un accionar ilícito aduanero (tipo penal infraccional previsto en el art. 970 del Código Aduanero) que prevé una consecuencia punitiva patrimonial (la multa) y otra consecuencia tributaria (acaecida por la importación a consumo de la mercadería producida de pleno derecho –sin solicitud de parte-: art. 274 del C.A.).
Téngase presente que la obligación tributaria es “emergente”, esto es, que nace con la configuración de la infracción aduanera (no reexportación ni nacionalización de la mercadería dentro del plazo otorgado).
Para la tramitación de la investigación tendiente a constatar la ocurrencia del ilícito aduanero, la legislación ha regulado un “Procedimiento para las Infracciones”, procedimiento especial (así lo denomina específicamente el Código Aduanero) que, garantizando el adecuado derecho de defensa de los imputados, permite arribar a una resolución de la causa (condena o absolución).
Dicho procedimiento “especial”, en su artículo 1094, expresamente dispone que en la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá la liquidación de los tributos que pudieren corresponder. Por su parte, el artículo 1101 del CA establece que el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de diez (10) días y el artículo 1103 aclara que la vista contemplada en el artículo 1101 tendrá los efectos de la notificación de la liquidación de los tributos a que alude el artículo 1094, inciso d).
Como se podrá apreciar, este procedimiento “especial” y “específico”, por el que tramita la investigación de la causa infraccional, regula, además de los temas vinculados al aspecto punitivo (antijuridicidad, culpabilidad, etc.), los temas vinculados a las consecuencias tributarias del accionar ilícito.
En esa inteligencia, el art. 1112 del C.A. establece que al momento de la resolución de la causa, el juez administrativo: “a) condenará o absolverá a los imputados; b) se pronunciará sobre los tributos que resultaren adeudar los responsables; …” En concordancia con lo dispuesto en el Procedimiento para las Infracciones, el Código Aduanero, en su parte sustancial, ha establecido:
ARTICULO 803. – Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera.
ARTICULO 805. – La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; … ARTICULO 806. – La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera;
Este régimen de prescripción de la potestad tributaria, con las causales de suspensión e interrupción referidas precedentemente, son las que corresponde aplicar para el caso de autos toda vez que estamos en presencia de una determinación tributaria irregular que tiene origen en un ilícito aduanero.
En modo alguno, el régimen de prescripción general de la ley del IVA puede prevalecer sobre la normativa específica referida precedentemente, que conforma un subsistema armónico y completo, que el legislador ha regulado íntegramente en el Código Aduanero para el tratamiento de los tributos emergentes de un accionar infraccional.
Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de IVA formulado por la parte actora.
IV. Que por lo expuesto cabe modificar la exigencia tributaria en base a la liquidación realizada por el servicio aduanero a fs. 14 de las actuaciones administrativas, conforme se detalla a continuación:
DIT 8809-6/97 $
Valor en Aduana 16689,24 D.I. (15%) 2503,39 Estadística (0.5%) 83,45 Base de I.V.A. 19276,08 I.V.A. (21%) 4047,97 Total tributos $6.634,81 Que, en consecuencia, corresponde declarar que la obligación tributaria emergente del DIT nro. 8809-6/97 asciende a la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($6.634,81), en concepto de tributos con más el CER y los intereses devengados, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794.
V. Que en cuanto a las costas respecto al derecho adicional, percepciones de IVA y ganancias que se revocan, considero que resulta procedente su imposición en el orden causado, en virtud de que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA nro. 8092/2008, en cuanto intima a la recurrente al pago de tributos, los que ascienden a la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($6.634,81) con más el CER e intereses devengados desde el 3/6/2008 hasta la fecha de total y efectivo pago, y revocarla respecto del derecho adicional, percepciones de IVA y Ganancias.
2. Con costas a la actora por los montos que se confirman y por su orden respecto al derecho adicional, percepciones de IVA y Ganancias que se revocan.
Que atento a que, conforme la votación que antecede, no se logra el acuerdo necesario para sentenciar, corresponde intervenga nuevamente el Dr. Juan Manuel Soria en la presente, quien dijo:
Respecto a la diferencia suscitada entre los votos de la Dra. Musso (punto VI párrafos 5° a 10º) y el voto del Dr. Juárez (punto III), respecto a la prescripción del impuesto al valor agregado devengado con la importación irregular, me remito a mi voto en la causa EX-2020-17519080-APN-SGASAD#TFN CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A. -que se embebe a la presente- considerando prescripto dicho impuesto, conforme lo resuelto en el voto de la Dra. Musso. En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nro. 8092/2008 en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos, los que ascienden a la suma de $2.586,84 (pesos dos mil quinientos ochenta y seis con 84/100), con más el CER, a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben calcularse desde el 3/6/2008 hasta la fecha de efectivo pago, con costas a la actora y revocarla en cuanto a la exigencia de IVA, con costas por su orden y, al derecho adicional, percepciones de IVA y Ganancias, con costas al fisco nacional.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2022.09.27 15:08:48 -03:00 Date: 2022.09.27 16:15:38 -03:00 Cora Marcela Musso Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.27 17:26:25 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.27 17:26:26 -03:00
Fin de la sentencia