Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 30.676-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 5342/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-955-2008, en cuanto formula cargo contra la aseguradora, declarando que ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeuda la suma de $12.025,07, en concepto de tributos respecto de la DIT 98001IT15001661Y, con más el CER y los intereses del art. 794 del CA, con costas.
2Revocar parcialmente la resolución DE PRLA 5342/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-955-2008, en cuanto exige el pago del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y ganancias, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-73579066-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 7 de Julio de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales titulares de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), con la presidencia del vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, Expte.
30.676-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 5342/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-955-2008, mediante la cual se le formuló cargo en concepto de tributos en su carácter de aseguradora. Explica que la Aduana inició el sumario formulando denuncia contra la importadora ENCHAPADOS FAZIO HNOS S.A., por la comisión de la infracción del art. 970 del Código Aduanero (“CA”) respecto de la mercadería que había sido importada temporariamente mediante la DIT 98001IT15001661Y. Plantea la inexistencia de responsabilidad en virtud del acaecimiento, respecto de la mercadería en trato, de un caso fortuito o fuerza mayor. Sostiene la inexistencia de la infracción, debido a la destrucción de la mercadería con motivo de un incendio en los depósitos de la importadora, y solicita se aplique lo establecido por el art. 261 del CA. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Subsidiariamente, manifiesta que la empresa importadora se encuentra en quiebra, por lo que la cuestión debe quedar sometida a las normas específicas de la ley 24.522, y que al haber transcurrido el plazo para verificar el crédito la acción se encuentra prescripta. Plantea la improcedencia del derecho adicional. Indica que la responsabilidad que le concierne a la aseguradora no es igual a la de la importadora, siendo que la garantía se refiere específicamente a los tributos que graven la importación para consumo de la mercadería de que se trate. Cuestiona la determinación tributaria respecto de las percepciones de IVA e impuesto a las ganancias. Sostiene la improcedencia de la aplicación del CER. Sostiene la limitación de la responsabilidad hasta las sumas garantizadas en la póliza. Finalmente ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (75/79). Relata los hechos del caso y realiza la negativa de rigor. Cita lo establecido por la resolución apelada y concluye que no se logró probar que el siniestro haya sido imprevisible ni inevitable, por lo que no se cumplió con lo exigido por el art. 261 del CA, ya que no se acreditó debidamente la causal del siniestro. Recuerda que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre el importador. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Señala que el hecho de que la importadora este concursada en modo alguno veda al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias o aplicación de sanciones. Indica que la Aduana no tiene el deber de verificar para ir contra la aseguradora. Sostiene que, en lo que respecta a la prescripción, no resultan aplicables las normas contenidas en la ley concursal. Refiere que el asegurador debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la firma importadora, por haber garantizado la totalidad de la carga tributaria. Contesta el planteo referido a la aplicación del CER, citando jurisprudencia para fundar su postura. Por último, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 91 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba. A fs. 102/103 obra respuesta al oficio de parte del síndico y del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 17. A fs. 113/119, 120/129, 138/201 y 232/234 obran respuestas a los oficios de parte de la DGA. A fs. 239 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. El 07.07.25 se resuelve no poner los autos para alegar y se llaman para el dictado de la sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas SIGEA 12034-955-2008 se inician con la presentación realizada por la importadora, mediante la cual informa que sufrió un incendio en su depósito. A fs. 2/4 se agrega acta de procedimiento policial, con motivo del incendio ocasionado. A fs. 6/10 luce copia de la DIT 98001IT16000425M. A fs. 11/12 se agrega certificación del cuerpo de bomberos. A fs. 13 luce la declaración testimonial del presidente a la importadora. A fs. 18 luce nueva nota emitida por el cuerpo de bomberos voluntarios. A fs. 23 se produce el dictamen 716/02, por el cual se indica que corresponde intimar a la importadora a fin de que explique las circunstancias que provocaron el incendio. A fs. 28 luce el sobre contenedor de la DIT 98001IT15001661Y. A fs. 29 obra el acta de denuncia 1216/02, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. A fs. 31 obra clasificación arancelaria y valoración de la mercadería en infracción. A fs. 35 se dispone la instrucción de sumario y a fs. 40/41 luce liquidación de tributos y multa. A fs. 42 se resuelve correr vista de lo actuado. A fs. 46/49 la actora contesta la vista, en fecha 17.11.04. A fs. 59 se incorpora un sobre con documental aduanera. A fs. 64 se decreta a rebeldía de la importadora. Finalmente, a fs. 68/72 luce la resolución DE PRLA 5342/08, apelada en autos.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -5342/08-, en cuanto formula cargo por los tributos adeudados contra la empresa aseguradora por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, se ajusta a derecho.
V.1. Con relación a la destinación de importación temporaria, el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios de este es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
En cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. En estos casos, la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
Sentado ello, cabe destacar que la destinación involucrada en autos fue documentada en los términos del decreto 1439/96 -que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial- en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo con este régimen no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
Por su parte, la resolución ANA 479/95, vigente a la fecha de oficialización de la destinación, enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.).
Para acceder a dicho beneficio, el decreto 1439/96 impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo con las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador. Al respecto, el art. 14 del citado decreto establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”. El CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de este, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Asimismo, de acuerdo con lo previsto por el Anexo III a la Resolución S.I.C. 18/92, en los CTC debe individualizarse tanto la posición arancelaria del insumo importado en forma temporaria como la del producto para el cual es emitido. De esta manera, el certificado describe cuál es la mercadería que se exporta e indica expresamente su posición arancelaria. Se recuerda que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
V.2. Teniendo en consideración la normativa antes reseñada y las constancias de autos, resulta que mediante la destinación 98001IT15001661Y se documentó la importación temporaria de 7.000 kg de maderas tropicales de cedro (que representan 20.194,58 metros cuadrados), clasificadas en la PA 4408.39.10.000U; y 14.300 kg de hojas para chapado o contrachapado y demás maderas acerradas (que representan 41.003,26 metros cuadrados), clasificadas en la PA 4408.90.00.000L, operando el vencimiento del plazo para reexportar el 24.10.00.
De manera previa al vencimiento del plazo -16.06.00-, la firma importadora le informó a la Aduana que el 15.06.00 sufrió un siniestro de incendio en su depósito, en el cual se quemó la mercadería en stock, entre la que se encontraba mercadería de importación temporal, invocando la causal de caso fortuito establecida por el art. 261 del CA (fs. 1 de las act. adm.). A fin de acreditar el siniestro, la importadora acompaña: (i) acta de procedimiento policial, en donde consta el incendio ocasionado en una fábrica de paneles de aglomerados y enchapados en madera, desconociéndose las causales que lo ocasionaron. Surge del acta que el propietario del lugar manifestó que en el foco del incendio se encontraba un montículo de láminas de madera y papel milamínico, en una cantidad estimada de 100 toneladas (ver fs. 2/4 de las act. adm.); (ii) declaración jurada del estado de despachos de importación temporaria correspondiente a la DIT 98001IT16000425M - oficializada por 10.900 kg de melamina, clasificada en la PA 3921.90.11.000P- y copia de la referida DIT (ver fs. 5/10 de las act. adm.); (iii) certificaciones de los bomberos voluntarios de Lomas de Zamora, que dan cuenta de su concurrencia a extinguir el siniestro. Allí se indica que el fuego se desarrolló sobre estibas de madera, afectando una mercadería de importación temporal, sin identificar, que ocupaba un espacio de 8x10x2mts (ver fs. 11, 12 y 18 de las act. adm.); y (iv) acta de declaración testimonial efectuada por el presidente de la firma importadora ante autoridad policial, en donde indica que, por causas que desconoce, se incendió un montículo de láminas de madera y papel malamínico, montículo que constaba de 400 toneladas, siendo mercadería que había ingresado al país bajo el régimen de admisión temporaria (ver fs. 13 de las act. adm.).
Aclarado ello, el art. 261 del CA establece “la mercadería totalmente destruida o irremediablemente perdida por caso fortuito o fuerza mayor durante su permanencia bajo el régimen de importación temporaria no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando, pese a no poder ser recuperada por su propietario, pudiere ser empleada por un tercero”. Por su parte, según el art. 1730 del CCyC “se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Este Código emplea los términos “caso fortuito” y “fuerza mayor” como sinónimos.” En consecuencia, para que haya caso fortuito o fuerza mayor, se requiere la existencia de hechos imprevisibles, inevitables o insuperables que hagan imposible el cumplimiento de la obligación. Se ha dicho que “la fuerza mayor para excluir la imputación objetiva de incumplimiento de las obligaciones asumidas en oportunidad de efectuar la importación temporaria, requiere la imposibilidad absoluta de cumplir, no así si sólo lo torna dificultoso, es decir, que el hecho además de imprevisible debe resultar también insuperable e irresistible” (conf. “Darmex S.A.” TF 15.193-A, sentencia del 01.10.04, en igual sentido, “Iveco Argentina S.A.”, sentencia del 26.02.01; “Polisur Sociedad Mixta”, Causa 7201/98, CNACAF, Sala I, sentencia 20.10.98 (del voto del juez Coviello, considerado IV).” Ello resulta así “...ya que la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor va a entrañar siempre la ruptura de la cadena causal y va a traer aparejada la irresponsabilidad del agente demandado; no en virtud de su “falta de culpabilidad”, sino por no ser autor del daño” (“Caso fortuito y fuerza mayor en el Código Civil y Comercial”, M. J. López Mesa, 29.04.15, La Ley, año LXXIX – nº 78).
Sentado lo que antecede, considero que no se encuentran reunidos en autos los requisitos necesarios para la procedencia de lo establecido en el art. 261 del CA. En primer lugar, porque la importadora no se ocupó de acreditar debidamente las causales que ocasionaron el siniestro en cuestión, existiendo solamente dos actas emitidas por autoridad policial, en donde expresamente se indica que se desconoce el motivo del incendio. De lo expuesto se colige, además, que no es posible confirmar que el incendió constituyo un hecho imprevisible, insuperable, irresistible o inevitable, presupuestos necesarios para la procedencia del caso fortuito o fuerza mayor.
En segundo lugar, tampoco es posible verificar si la mercadería que sufrió el incendio se corresponde con la importada temporalmente mediante la DIT 98001IT1500166Y. Véase que, según las constancias de autos, al momento del hecho el presidente de la firma declaró que el incendió se ocasionó sobre un montículo de láminas de madera y papel milamínico, en una cantidad estimada de 100 toneladas (ver fs. 2/4 de las act. adm.), pero luego, al momento de realizar la declaración testimonial indicó que el montículo constaba de 400 toneladas (ver fs. 13 de las act. adm.). A mayor abundamiento, al realizar su presentación ante la Aduana, el presidente de la importadora manifiesta acompañar el listado de importaciones temporales afectadas por el siniestro, agregando únicamente copia de la DIT 98001IT16000425M, siendo que la DIT objeto de autos está identificada bajo el número 98001IT15001661Y.
En consecuencia, al no verificarse la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de lo establecido por el art. 261 del CA, corresponde rechazar el planteo formulado.
V.3. Resuelto lo anterior, se destaca que la Aduana formuló el cargo contra la actora en su carácter de aseguradora, conforme la póliza de seguro de caución 180.577, correspondiente a la importación temporaria identificada como DIT 98001IT15001661Y, conocimiento de embarque 127-002105, que luce a fs. 116 de autos, por la que se aseguró a la Dirección General de Aduanas “... el pago en efectivo de hasta la suma máxima de DOLARES ESTADOUNIDENSES Sesenta mil con 0/100 U$S 60.000,00, con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A., que resulte obligado a efectuarle ENCHAPADOS FAZIO HNOS. S.A.”, como consecuencia de la destinación involucrada en autos.
En consecuencia, y toda vez que no existe en autos documentación alguna que permita verificar la regularización en término de la mercadería ingresada temporariamente, corresponde que se abonen los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería no exportada, de conformidad con lo establecido en el art. 274, ap. 1, inc. a) y ap. 2 del CA, siendo responsable de su pago el importador y su aseguradora.
En efecto, el importador de la mercadería garantizó el pago de tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme lo previsto en el art. 453, inc. c) del C.A., que prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren por la importación para consumo.
En función de lo expuesto, corresponde reliquidar la exigencia tributaria que luce a fs. 41 de las act. adm., conforme el siguiente detalle:
Base imponible $ $ 57.262,26 IVA 21% $ 12.025,07 Total tributos en $ $ 12.025,07 En virtud de la liquidación practicada, la deuda por tributos asciende a la suma de $12.025,07, con más el CER y los intereses del art. 794 del CA, contados a partir de los diez días de la fecha de notificación de la corrida de vista. Se destaca que en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A) c/ A.N.A” corresponde excluir de la liquidación el derecho adicional previsto por el art. 23 del decreto 1439/96. Asimismo, en virtud del criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas” corresponde excluir del cálculo de los tributos a las percepciones de IVA adicional y de ganancias, dado que según dicho precedente al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
En relación a la aplicación de los citados precedentes de la Corte Suprema, resulta procedente la imposición de costas por su orden, en virtud de que tales pronunciamientos son de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de imposición del presente recurso.
V.3. Por último, habiendo quedado determinado el monto de los tributos, corresponde referirse al planteo efectuado por la aseguradora con respecto al CER.
El art. 1 del decreto 214/02 dispuso la transformación en pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero que, existiendo a la fecha de la sanción de la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario -06.01.02-, estuvieran expresadas en dólares estadounidenses y no se encontraren ya convertidas a pesos. El art. 8 del citado decreto dispone que “las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un dólar estadounidense (u$s 1) = un peso ($1).”, en tanto que el art. 4 establece la aplicación de un Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina.
En el caso de marras, el hecho generador de la obligación tributaria se produjo el 24.10.00, por lo que siendo anterior a la sanción de la ley 25.561 (BO: 07.01.02), resulta de aplicación el coeficiente de estabilización de referencia (CER). Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 5342/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-955-2008, en cuanto formula cargo contra la aseguradora, declarando que ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeuda la suma de $12.025,07, en concepto de tributos respecto de la DIT 98001IT15001661Y, con más el CER y los intereses del art. 794 del CA, con costas.
2. Revocar parcialmente la resolución DE PRLA 5342/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-955-2008, en cuanto exige el pago del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y ganancias, con costas por su orden.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 5342/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-955-2008, en cuanto formula cargo contra la aseguradora, declarando que ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeuda la suma de $12.025,07, en concepto de tributos respecto de la DIT 98001IT15001661Y, con más el CER y los intereses del art. 794 del CA, con costas.
2. Revocar parcialmente la resolución DE PRLA 5342/08, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12034-955-2008, en cuanto exige el pago del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y ganancias, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.07.07 17:09:23 ART Date: 2025.07.07 19:06:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.07 19:06:40 -03:00
Fin de la sentencia