Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 31.731-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y de todo lo actuado en consecuencia (Resolución DE PRLA Nº 6086/2011, recaída en la Actuación N° 608514-174-2005), en los términos de lo dispuesto en el considerando VIII.- de la presente.
2Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A., en la Actuación N° 608514-174-2005 en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el D.I.T. N° 00 001 IT14001372 S, conf. arts. 803 y conc. del C.A.
3Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-57222530-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 7 de Junio de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ DGA c/ recurso de apelación”, Expte. Nº 31.731-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 6086/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, con fecha 9/9/2011, en la Actuación N° 608514-174-2005, en cuanto, por su artículo 1°) condena a la firma importadora NAUTIQ SERVICE S.A., por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., al pago de la suma de $ 11.326,86 en concepto de multa y. en consecuencia, por su artículo 3°) se le formuló cargo en concepto de tributos adeudados junto a la garante, ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A., actora en estos autos, por la suma de $ 26.356,95 intimándose a ésta su cancelación con más los intereses establecidos por el art. 794 del C.A. y el ajuste correspondiente del CER.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 11/24 se presenta por apoderado, la actora aseguradora, e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Hace una breve descripción de los hechos. En primer lugar, plantea la prescripción del derecho del Fisco en los términos del art. 803 y s.s. del C.A., explicando que la primera notificación del sumario se produjo diez años más tarde del presunto incumplimiento imputado por la Aduana, lo que atenta contra los principios generales del derecho.
En segundo lugar, se agravia atento a que la obligación eventualmente asumida por la compañía aseguradora es accesoria a la conducta realizada por un tercero su responsabilidad está circunscripta a la que el asegurado haya incumplido con las obligaciones por él asumidas. Asimismo, manifiesta que la compañía deberá responder solo hasta la suma máxima.
En tercer lugar, cuestiona el monto y los conceptos reclamados en las presentes actuaciones, todo esto en virtud de que la responsabilidad que le concierne a la aseguradora no es igual a la del importador. Agrega que los tributos garantizados, a efecto de demostrar que la suma que eventualmente deba pagar la aseguradora, resulta mucho menor a la consignada en la corrida de vista, debiéndose excluir ganancias e IVA adicional que son tributos en que la aduana actúa como agente de percepción. Subsidiariamente, aclara que la alícuota utilizada por el Servicio Aduanero para el caso del Impuesto a las Ganancias es errónea, en tanto la alícuota general correspondiente a tal percepción es del 3% y no del 11%.
Plantea la excepción de inconstitucionalidad del art. 23 del decreto N° 1439/96 respecto de la aplicación del derecho adicional. Cita jurisprudencia.
Por último, explica la inaplicabilidad del C.E.R., toda vez que considera improcedente la aplicación del Decreto N° 214/02, a este caso particular, resulta totalmente inconstitucional por contrariar las limitaciones contenidas en el art. 99 inc. 3 de la Carta Magna.
Finalmente, ofrece prueba. Plantea la reserva de caso federal y solicita que se revoque la resolución aduanera apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 33/40vta., se presenta el apoderado del fisco y contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora aseguradora, acompaña las actuaciones administrativas, antecedentes de la presente causa. Niega todos y cada uno de los hechos y derechos invocados por la actora, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento.
Hace una breve reseña de los hechos. Afirma que según resulta de las constancias del expediente administrativo, la actora aseguradora no habría acreditado el cumplimiento de la reexportación de la mercadería antes del vencimiento del plazo otorgado por el régimen de importación temporaria. Con respecto a la prescripción planteada por la actora, destaca que desde la apertura de sumario con fecha 13/09/2006, el plazo quedó suspendido para plantear dicha excepción.
Establece que, en cuanto a la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal y que el siniestro se configura con el incumplimiento de la obligación principal sin que sea necesario demostrar la insolvencia del tomador. Asimismo, expresa que la garantía contenida en la póliza en cuestión se presta a requerimiento de la firma importadora, constituyendo a la actora en fiadora, lisa, llana y principal pagadora.
Plantea que, conforme al art. 274 del C.A., el servicio aduanero liquido los tributos como correspondientes a la importación para consumo de la mercadería en cuestión.
Argumenta que la Resolución Nº 72/92 fue dictada en función de lo dispuesto por el Decreto Nº 2284/91. Dicha normativa prevé la obligación de importador temporal de constituir garantía por el monto de tributos que gravan la importación para consumo, la tasa de estadística y el derecho adicional del 30%.
Agrega que en las condiciones generales de las pólizas, en su art. 3º, establece el derecho de la DGA de requerir el pago de los tributos pertinentes del Tomador o del Asegurador.
Considera que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Entiende que corresponde la responsabilidad de la aseguradora por las percepciones de IVA y Ganancias como así también indica que el derecho adicional y el IVA adicional son rubros que como quedó expuesto fueron garantizados por la actora a través de las pólizas de seguros de caución.
En cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.), entiende que la actora desconoce el principio de legalidad al efectuar dicho reclamo. Realiza un análisis de la normativa aplicable al tema en cuestión, citando los art., 4° y 8° del Dto. 214/02.
Contesta el agravio de la actora aseguradora respecto al límite de responsabilidad por la suma máxima asegurada pero transformada a pesos citando jurisprudencia de la Sala II de la C.N.A.C.A.F. N° 6138/04 Caratulada “ASEG. DE CRED. Y GARANT. S.A. C/DGA T.F. 17.493 “Que de los claros términos del art. 11 de la ley 25.561, los art. 1°, 4° y 8° del Dto. 214/02 y del art. 1° de la ley 25713, y toda vez que las obligaciones derivadas de la póliza de seguros de caución se encontraban vigentes y no cumplidas a la fecha de sanción de la ley 25.561 (6/01/02) y no se encuandran dentro de los supuestos previstos por los art. 2° y 3° de la ley 25.713, se desprende que ellas se encuentran plenamente alcanzadas por las disposiciones referidas. (...) Por lo que que cabe entender que el monto de la póliza, expresado en dólares estadounidenses, quedó convertido en pesos a la relación de cambio $1 = U$S1, con el la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), desde su entrada en vigencia y hasta la fecha en que se efectúe el pago...” . Cita normativa y jurisprudencia en apoyo de todos sus dichos. Finalmente, acompaña como prueba los antecedentes administrativos, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. A fs. 42 se abre la causa a prueba. A fs. 149 se cierra el periodo probatorio. A fs. 158 se elevan los autos a la Sala “G”. A fs. 162 pasan los autos para alegar, agregándose a fs. 167/171 el alegato presentado por la representación fiscal y a fs. 172/177 el de la actora aseguradora. A fs. 184 pasan los autos a sentencia.
V. Que la Actuación Nº 608514-174-2005 se inicia el 7/1/2005, con el acta denuncia obrante a fs. 1, por la presunta comisión de la infracción prevista en los art. 970 y 972 del C.A., respecto de la mercadería importada temporariamente mediante el D.I.T. N° 00 001 IT14001372 S (cuyo sobre contenedor obra agregado a fs. 7), con vencimiento en fecha el 13/3/2001. A fs. 11, en fecha 13/9/2006, se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del Código Aduanero. Asimismo, se da intervención a la División Comprobación de Destino y/o dependencia que corresponda a fin de que se proceda a efectuar la interdicción sin derecho a uso de la mercadería en trato y se efectúa el pase de las actuaciones a la División Verificación Ramo C. A fs. 28, en fecha 20/7/2007, se afora la mercadería. A fs. 30 se practica la liquidación de los tributos y la multa mínima. A fs. 34 y 35 obran agregadas la planilla computarizada de la póliza de seguros N° 229.936 y copia de la referida póliza, respectivamente. A fs. 40, en fecha 2/3/2011, se le corre vista de ley a la firma importadora y se cita a la firma Alba Cia. Argentina de Seguros S.A., en su carácter de garante de la correspondiente obligación tributaria, habiendo sido notificadas ambas en fecha 21/3/2011 (conforme constancias de fs. 45 y 46). A fs. 47/53 contesta la vista conferida la firma aseguradora. A fs. 60 se provee sobre las pruebas ofrecidas y ante la incomparecencia de la firma importadora se la declara en rebeldía. Finalmente, a fs. 78/81 en fecha 9/9/2011, se dicta la Resolución DE PRLA N° 6086/2011, apelada en autos.
VI. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante el D.I.T. N° 00 001 IT14001372 S, registrado por la firma importadora ante la Aduana de Bs. As. el 14/3/2000, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 13/3/2001.
VII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos. Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba. Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Que tanto el referido Decreto 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria.
Que, al respecto, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)” (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Decreto 1439/96). Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que, existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, parrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”.
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9º de la Resolución M.E y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaría cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio”.
VIII. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, corresponde decidir acerca del planteo de prescripción de la acción intentada por el fisco para perseguir el cobro de los tributos, efectuado por la aquí actora.
Que cabe recordar que el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
Que a fs. 11 del sumario administrativo antecedente de estos autos (Actuación Nº 608514-174-2005) obra el auto de apertura del sumario de fecha 13/9/2006.
Que de la compulsa del mismo resulta claramente que, si bien se refirió a la presunta infracción imputada a la importadora, el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del CA para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto. Que, en efecto, en el mismo auto se dispone la instrucción del sumario en los términos del 1090 inc. c) del C.A., por el D.I.T. N° 00 001 IT14001372 S, cuyo vencimiento operaba el 12/3/2001 y se ordena que: “…Visto la denuncia efectuada por la COMISION CAUSA 21.149,- creada por disposición N° 93/03 DGA-, por lo que se da cuenta que la firma “NAUTIQ SERVICE S.A.”, (CUIT N° 30-67704873-1), no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante el D.I.T. N° 00 001 IT14001372 S con vto. 12-3-2001, lo cual configuraría la infracción tipificada en el art. 970 del código Aduanero, DISPONESE LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO, en los términos del artículo 1090, inc. “c”), del citado texto legal….”.- y asimismo, se solicita que pasen las actuaciones a la División Verificación RAMO C, a efectos de que “…informen el valor de aduana de la mercadería, posición arancelaria y demás tributos que gravaren su importación. Asimismo, se solicita informe si la mercadería era de importación prohibida por el régimen general a la fecha de la infracción señalada”, esto en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094, de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan, siendo que en el caso de autos, la valoración, clasificación se realizó en fecha 20/7/2007, y la determinación de tributos y multa se efectuó con posterioridad a esa fecha (ver fs. 28 y 30 de las act. adm).
Que, dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura.
Que, conforme el criterio sostenido, en mi voto en minoría, en la causa “CEARCA S.A., c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de esta Sala, considero que, por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 13/9/2006 -obrante a fs. 11 de la Actuación Nº 608514-174- 2005-, el mismo es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, careciendo, por ende, de aptitud para suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos del art. 805 inc. a) del C.A.
Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 12/3/2001 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción es de 5 años para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 1/1/2002, en los términos del art. 804 del C.A. y no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 1/1/2007, careciendo de aptitud suspensiva de la prescripción, el acto de apertura de sumario de fecha 13/9/2006, por las razones ya expresadas en el párrafo precedente. Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que en este caso la vista conferida no pudo subsanar las irregularidades del auto de fs. 11 de las act. adm., atento a que ella se dispuso en fecha 2/3/2011 (ver a fs. 40 de las act. adm.), una vez operada la prescripción.
Destaco que este mismo sentido se expidió la Sala “E” de este Tribunal, en la causa “Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A.”, expte. Nº 27.525-A, cuando, en una causa análoga a la de autos, expresó: “el auto de fecha 29.12.04 (v. fs. 18 ant. adm.) constituye un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario. Nótese que ni siquiera se han determinado los hechos constitutivos de la infracción, como exige el art. 1094 del C.A. En consecuencia, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.)...”. “Que, conforme lo expuesto, cabe declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas en lo que hace a la firma recurrente (conf. art. 946 del C.A.) puesto que, al no haber habido interrupción de la prescripción de la acción fiscal, la resolución DE PRLA Nº 8955/09 es extemporánea”. Que, por otro lado, no podría afirmarse que la fulminación del acto declarado nulo constituya una declaración de nulidad por la nulidad misma “puesto que corresponde considerar el agravio que señala la recurrente, cual es el de la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas. Habiendo agravios concretos, la nulidad no se decreta ritualmente” (esto último, conforme la ya referida sentencia).
Siguiendo este mismo criterio en la causa caratulada “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA Y ACUM. c/ DGA s/ recurso de apelación.” Expte.:29.422-A. (17/04/2012). (Sala “E”) se dispuso: “...que el auto de apertura del sumario del 22/11/2005 (fs. 38 de los ant. adm.) no pudo suspender la prescripción en los términos del art. 805, inc. a) del CA, toda vez que no reúne los requisitos del art. 1094, inc. d), del CA en cuanto a la liquidación de los tributos que pudieren corresponder, ni esos tributos habían sido liquidados con anterioridad. Que tampoco se corrió vista antes del 1°/01/2008, en la cual obrara la liquidación tributaria. De haberse corrido ese tipo de vista, con anterioridad a esa fecha, se hubiera subsanado la falencia del auto de apertura del sumario.”
Que cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en los autos: “Agencia Marítima TAGSA S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”.
Expte.:40.306/13 (18/03/2014), señalo que para que el acto de apertura de sumario sea válido es necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente, art. 1094 del C.A. En este sentido resolvió de acuerdo al criterio adoptado por la Sala IV, en los autos: “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27435-A) c/ D.G.A.” del 11 de junio de 2.013 (sentencia que quedó firme, por haber sido declarado inadmisible por la C.S.J.N. el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con fecha 4/02/2014)”. “...Señaló que para que el auto de apertura del sumario tuviera tal virtualidad, debía tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reuniera los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Así, subrayó que el art. 1094 del C. A. identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario, e indica -en tal sentido- que “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. Concluyó que resulta imperativo cumplir con aquellos requisitos para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado de pago ejercer correctamente su defensa; por el contrario, la falta de alguno de ellos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (confr. también Sala IV in re: Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA” y en similar sentido, Sala I in re “Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.”, sentencia del 23/02/10)...”. Manteniendo, idéntico criterio en las causas: “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 27/4/17; 39183/17 “Gibaut Hnos. Manufacturas de Cuero SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 19/12/17; y 88231/2017 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 15/3/18, entre otras).
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala III, en la causa “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28874-A C/ DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. 55478/2019, se explayo acerca de la interpretación que la sala, le ha asignado al art. 1094 inc. d) del C.A.: “En efecto, ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular (…) y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas (conf. in re, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF28836-A) c/ DGA”, Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013). (…) Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero (esta Sala, causa “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.” citada).
Que, con fundamento en expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el D.I.T. N° 00 001 IT14001372 S, con costas a la DGA.
IX. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas por la actora.
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y de todo lo actuado en consecuencia (Resolución DE PRLA Nº 6086/2011, recaída en la Actuación N° 608514-174-2005), en los términos de lo dispuesto en el considerando VIII.- de la presente.
2).- Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A., en la Actuación N° 608514-174-2005 en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el D.I.T. N° 00 001 IT14001372 S, conf. arts. 803 y conc. del C.A.
3).- Costas a la DGA.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Sin perjuicio de mantener mi criterio, en orden a la necesidad imperiosa de que se notifique la apertura del sumario para considerar la posibilidad de suspender o interrumpir el curso de la prescripción, encuentro que el análisis que realiza el voto preopinante del sentido y alcance del artículo 1094 del Código Aduanero es correctísimo. Es que, en efecto, así como un acto administrativo debe ser notificado al interesado para modificar su situación jurídica frente a la autoridad administrativa, también es pertinente hacer notar que no cualquier declaración de voluntad del funcionario administrativo puede surtir efectos legales directos e inmediatos. Es de rigor que la administración observe los requisitos dispuestos en la normativa por cuanto si carece de las condiciones exigidas por el legislador importaría un mero pronunciamiento administrativo carente de entidad para interrumpir o suspender el curso de la prescripción.
En ese sentido, corresponde destacar que en el sublite se le imputó a al administrado la presunta infracción prevista en el artículo 970 del C.A debido al incumplimiento del régimen de destinación suspensiva. En ese estado de cosas era menester, conforme lo establece el art. 1094 CA, en cuanto aquí es de específico interés, la clasificación arancelaria y la valoración de la misma, la recepción de la declaración de los eventuales responsables como la liquidación de los presuntos tributos a abonar y las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos que fueran motivo de investigación.
Sentado lo que antecede, corresponde poner en evidencia que el auto de apertura no informó el valor en aduana de la mercadería, su posición arancelaria ni liquidó los presuntos tributos a abonar. Todo ello fue diferido en el tiempo a lo que resultase de lo actuado por la División Verificación Ramo C.
Esa situación denota que la autoridad administrativa actuó fuera del marco de su competencia temporal, por lo que el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta (art. 14 y 17 de la LNPA), lo que obsta a considerar la prescripción en los términos del código aduanero.
Por todo lo anterior, adhiero al voto del doctor Horacio Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y de todo lo actuado en consecuencia (Resolución DE PRLA Nº 6086/2011, recaída en la Actuación N° 608514-174-2005), en los términos de lo dispuesto en el considerando VIII.- de la presente.
2).- Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A., en la Actuación N° 608514-174-2005 en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el D.I.T. N° 00 001 IT14001372 S, conf. arts. 803 y conc. del C.A.
3).- Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2022.06.06 14:56:40 ART Date: 2022.06.06 15:14:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.06.07 11:56:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.07 11:56:48 -03:00
Fin de la sentencia