Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 39.665-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 4804/2016, la cual condena a la coactora importadora ALTAMAR YACHT S.A. al pago de una multa la que se reduce a la suma de PESOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 39/100 CVOS. ($ 1.188,39) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido parte de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT 08073IT1400320E. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 3 % a cargo de la coactora importadora y en un 97 % a cargo del Fisco.
2Confirmar parcialmente el art. 5° de la Resolución DE PRLA N° 4804/2016 declarando que las coactoras adeudan la suma de DÓLARES TRESCIENTOS NUEVE CON 80 CVOS. (U$S 309,80) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Con respecto a la coactora aseguradora, deberá responder hasta el límite consignado en la póliza N° 531318. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 3 % a cargo de las coactoras y en un 97 % a cargo del Fisco.
3Disponer que, mediante oficio librado por Secretaría de la Vocalía de la 21ª nominación, se ponga en conocimiento al Juzgado Federal de Campana, Secretaría Civil N° 1 del dictado de la presente y se remita en devolución el expediente judicial N° 71007893/2010.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-123534835-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 6 de Noviembre de 2025 DE SEGUROS S.A. y otro Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 39.665-A y su acumulado “ALTAMAR YACHT S.A.”; Expediente N° 39.669-A, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 4804/2016 dictada por el Jefe de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación SIGEA N° 12210-3966- 2011, en fecha 12/10/2016, en cuanto resuelve condenar a la firma ALTAMAR YACHT S.A. al pago de una multa equivalente a $ 35.534,29 y formularle cargo, conjuntamente a la garante, por tributos equivalentes a U$S 6.175,58 y $ 14.602,75 (IVA adicional e impuesto a las ganancias), en orden a la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, por el incumplimiento al régimen de importación temporaria en relación a la destinación N° 08073IT1400320E, con vencimiento el 02/02/2010. En relación a las mercaderías incluidas en los ítems 1.1 (8 unidades), ítem 1.2 (12 unidades), ítem 1.3 (2 unidades) e ítem 2.1 (49 unidades) se dispuso la absolución.
II. Fundamentos de las apelaciones:
*Coactora aseguradora: A fs. 10/35 se presenta, por apoderado, ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución aludida. A continuación, desarrolla sus agravios. Inicialmente, asevera que la duración excesivamente irrazonable del procedimiento vulneró la doctrina sentada por la CSJN en el precedente “Losicer”, oportunidad en la cual se expidió acerca del “plazo razonable”. Afirma que, previo al vencimiento de la DIT, ocurrió un siniestro que derivó en el hundimiento del barco en el cual fueron incluidas diversas piezas importadas temporalmente, tornándose de imposible complimiento la obligación de reexportar la mercadería. Peticiona que se apliquen las previsiones de los arts. 260 y 261 del C.A.
Enfatiza que la responsabilidad de la aseguradora es accesoria a la del tomador, resultando diferente en cuanto a sus alcances. Adiciona que el deber de responder queda circunscripto al límite de la póliza N° 531318. Cuestiona la liquidación tributaria, la determinación de los tributos en dólares y la tasa de interés aplicable. Para concluir, ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas. *Coactora importadora: A fs. 57/65 se presenta, por apoderado, ALTAMAR YACHT S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. A continuación, esgrime sus agravios. Inicialmente, explica que se verificó una imposibilidad de cumplimiento de la reexportación en tiempo y forma por razones no atribuibles a la firma.
Agrega que la DIT en trato iba a ser reexportada parcialmente como parte de un yate motor que fue objeto de un siniestro que derivó en pérdida total (hundimiento). Especifica que, como consecuencia, todos los elementos de contenido eléctrico quedaron inutilizados. Informa que se iniciaron actuaciones judiciales contra la terminal portuaria EUROAMERICA, la empresa estiba NBO y el propietario del buque “CIELO DI VAIANO”. Relata que, por un hecho ajeno a su responsabilidad, perdió la embarcación que iba a ser exportada para su exhibición en una feria internacional. Argumenta que la maniobra temeraria que fue desplegada derivó en el inicio de actuaciones sumariales por parte de la Prefectura Naval Argentina, que resultaron en la condena a la empresa NBO Neo Bulk Operators SRL.
Relata que solicitó a la Aduana que se designe un verificador que pueda evaluar el estado de la embarcación y de los objetos importados temporalmente (actuación N° 12574-380-2009). Argumenta que los elementos quedaron en un estado tan calamitoso que resulta imposible su utilización por un tercero. Cuestiona la liquidación tributaria. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita se revoque el acto apelado.
III. Contestación de los traslados: A fs. 82/86 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso interpuesto por la coactora aseguradora y acompaña las actuaciones administrativas. Seguidamente, relata los hechos del caso y efectúa una negativa general. Afirma que recae sobre la importadora la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal. Relata que no se aportaron elementos que permitan apartarse de lo actuado en el sumario iniciado como consecuencia de la falta de reexportación de la mercadería. Reflexiona en torno a la naturaleza del seguro, las obligaciones de la compañía y al alcance del deber de responder, acaecido el siniestro. Niega que se haya vulnerado el derecho a obtener una resolución en plazo razonable. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-3966-2011 se inician a fs. 1/2 con el acta de denuncia N° 225/11. A fs. 3 se incluye el sobre original de la DIT. A fs. 6 y 7 se efectúan el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 15 vta. se dispone la instrucción de sumario y corrida de vista, en fecha 31/10/2011 (notificada a fs. 18 y 29). A fs. 19/28 y 30/44 las coactoras contestan vista. A fs. 48 se emite la Nota N° 3217/16 (SE OPRE). A fs. 49/51 se formula liquidación de multa y tributos. A fs. 58/60 se dicta el acto apelado, aprobado a fs. 65/67, en orden a la absolución parcial. A fs. 70 se incluye cédula de notificación a la coactora aseguradora. A fs. 72/73 y 74/75 las coactoras dan cuenta de los recursos interpuestos ante este Tribunal y acompañan formularios F4. Por cuerda separada se agrega sobre con documental.
V. Que, en fecha 21/08/2019 se abrió la causa a prueba. A fs. 231 se certificó la prueba producida. A fs. 232 se cerró el período probatorio y se elevaron las actuaciones a la Sala “G” (PV-2025-103154184-APN-VOCXXI#TFN). En la misma fecha (IF-2025-103634089-APN-VOCXXI#TFN) se pusieron para alegar. Finalmente, en fecha 28/10/2025 pasaron a sentencia (IF-2025-119798014-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que corresponde abordar el fondo de la cuestión y determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación en trato.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII. Que el Decreto N° 1330/04- a cuyo amparo se autorizó la operación en trato- establece que la mercadería “deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento.” (Art. 6)
Asimismo, dispone que “Art. 15. El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. El mismo deberá presentarse en oportunidad de tramitarse una Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria ante la Dirección General de Aduanas. Por razones debidamente justificadas, el mencionado Organismo podrá autorizar la Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria, cuando la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA comunique que el usuario ha presentado un informe técnico preliminar respecto del proceso de perfeccionamiento industrial involucrado, conforme las condiciones que establece el presente decreto. A los fines enunciados, los beneficiarios deberán contar con un dictamen o informe técnico elaborado por un organismo científico o tecnológico, cuya especialización y competencia sea acorde con el proceso de perfeccionamiento industrial correspondiente a la tipificación que se solicite. La Autoridad de Aplicación dispondrá los procedimientos y requisitos técnicos-administrativos para la implementación de lo establecido en el presente artículo.” (Art. 15)
VIII. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total de la destinación en estudio, o si existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que, mediante la DIT en estudio, la coactora importadora ALTAMAR YACHT S.A. importó temporalmente, bajo el régimen del Decreto N° 1330/04, diferentes mercaderías incluidas en sus dos ítems y respectivos subítems. Que, tal como surge de la documentación obrante en las actuaciones administrativas, en especial del sobre que corre agregado por cuerda separada y que contiene documental aportada por la coactora importadora al momento de contestar la vista conferida (fs. 23 y vta. de las act. adm., que contiene copia de los permisos de embarque y de los CTC aplicables), la mercadería importada temporalmente por cauce de la DIT en trato fue parcialmente reexportada.
En relación a ello, el propio servicio aduanero tomó en cuenta descargas parciales y, como consecuencia de ello, absolvió a la actora por determinados ítems y subítems.
Para mayor claridad expositiva, se incluyó en el cuadro adjunto, un detalle de aquellas unidades que el servicio aduanero consideró reexportadas, así como aquellas que han sido tenidas en cuenta en esta sede:
CUADRO RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIT - conf. constancias de las act. adm. y prueba producida en el expediente principal Tenido en cuenta por UNIDADES ITEM 1 el servicio aduanero DESCARGA TFN IMPORTADAS (con absolución)
10 SUBÍTEM 1 8 8 09001EC03018172K 12 SUBÍTEM 2 12 12 08001EC03030868P 12 SUBÍTEM 3 2 2 08001EC03030868P 10 09008EC03000141E ITEM 2 85 SUBÍTEM 1 49 15 09001EC03018172K 34 09001EC03010718X 36 09008EC03000141E 3 SUBÍTEM 2 3 09001EC03010718X
IX. Que la situación del permiso de embarque N° 09008EC03000141E, merece un tratamiento especial, ya que la actora plantea que debe aplicarse lo previsto en el art. 261 del C.A., por haber acaecido un siniestro que tuvo como resultado el hundimiento de la embarcación que estaba destinada a exportarse y que incluía diversas piezas que habían sido importadas temporalmente por la DIT en estudio.
Que, al respecto, cabe puntualizar que existe documental suficiente que respalda lo afirmado por la actora en relación al siniestro, el que-por sus características-permite su encuadramiento en aquel precepto normativo (Art. 261 del C.A.) Que la disposición legal reza: “La mercadería totalmente destruida o irremediablemente perdida por caso fortuito o fuerza mayor durante su permanencia bajo el régimen de importación temporaria no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando, pese a no poder ser recuperada por su propietario, pudiere ser empleada por un tercero.”
Que con respecto a la disposición del art. 261 es claro que alude a los supuestos de destrucción total o pérdida irremediable de la mercadería, por caso fortuito o fuerza mayor. Al respecto, el legislador aclaró en el propio texto que “La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando, pese a no poder ser recuperada por su propietario, pudiere ser empleada por un tercero.”
Que en cuanto a la expresión “irremediablemente perdida” la doctrina interpretó que alude a aquella mercadería que resulta irrecuperable para el importador temporario. Asimismo, explican que, si el siniestro fuese de tales características que, despojado el titular de la mercadería, esta pudiese ser empleada por un tercero, ya sea en su función específica o en otra alternativa, esa posibilidad de la recuperación futura eliminaría la “irremediabilidad” (Cfr. Alsina Mario A., Barreira Enrique C., Basaldúa Ricardo X y otros, Código Aduanero Comentado, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, págs. 540 y ss.).
Que se tuvo a la vista el Expediente judicial N° 71007893/2010 del Juzgado Federal de Campana (Secretaría Civil N° 1) que contiene la demanda por daños y perjuicios instada por la coactora importadora contra Neo Bulk Operator y otros derivada de los hechos que-según relata-habrían acaecido en fecha 21/01/2009 al contratar a la Terminal Portuaria Euromerica S.A. para la prestación del servicio de manipuleo y puesta a bordo de la embarcación modelo “altamar 64” sobre el buque “Cielo di Vaiano”
Expone que, al momento del izado del yate, mediante la utilización de grúas “en tandem”, hallándose la embarcación fuera del agua y a una importante altura, el yate perdió estabilidad desbalanceándose hacia su proa, con desplazamiento de las fajas que lo contenían, precipitándose al agua, lo que derivó en su hundimiento. (fs. 5/6 del escrito de demanda) Que resulta categórico el informe del perito naval (Andres E. Fernández Adre) acompañado como parte de la prueba en el expediente, del que surgen conclusiones de relevancia a los fines de confirmar la aplicación de la previsión del art. 261 del C.A. (Cfr. constancias incorporadas como archivo embebido a la PV-2025-103086521-APN-VOCXXI#TFN, fs. 217/227 del expediente principal)
En efecto, explica el experto que los elementos bajo importación temporaria aduanera (equipamiento eléctrico, artefactos de iluminación, propulsión, bombas y equipos, entren otros) “fueron verificados resultando los mismos con averías tales que imposibilitan su re utilización y/o recupero.” (fs.106/107 del expediente judicial). Las fotografías que integran dicho informe también resultan concluyentes y hablan por sí mismas de la magnitud de los daños.
En el expediente iniciado ante este Tribunal también fue acompañado un informe de Prefectura Naval Argentina, en el marco del sumario iniciado por el hundimiento del yate motor, en el que se concluyó que “…quedó demostrado técnicamente… la responsabilidad que le cupo a la Empresa “NBO NEO BULK OPERATOR S.R.L.”, ya que con utilización de su personal, llevó adelante una errónea planificación y ejecución de la maniobra de izado del Yate Motor S/Nombre ni matrícula al B/M “CIELO DI VAIANO” de bandera italiana, lo que produjo su caída a las aguas del Río Paraná de las Palmas, hecho ocurrido con fecha 23/01/2009…”
Que de la prueba producida en esta sede también se pudo verificar que el Despachante de Aduana interviniente-en la nota de fecha 26/01/2009- informó acerca del siniestro, solicitando la autorización para trasladar la embarcación a un astillero (fs. 160/165, SIGEA N° 12574-380-2009).
Que, por los motivos expuestos, es que cabe concluir que respecto de los elementos incluidos en el permiso de embarque N° 09008EC03000141E corresponde aplicar la previsión del art. 261 del C.A.
X. Que, teniendo en cuenta el cuadro incluido en el Considerando VIII, quedarían en infracción únicamente 2 unidades del ítem 1.1 de la DIT, razón por la cual corresponde liquidar la multa en proporción a la mercadería en infracción, conforme el siguiente cálculo:
AL TC DE FS. 49 (3,836) SON $ 1.188,39.
XI. Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del CA, y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa.
Que, resulta claro que la DGA no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor. Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
XII. Que, en relación a los tributos, de igual forma corresponde efectuar el cálculo en relación a la mercadería en infracción y también debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 49 de las act. adm., sin incluir las percepciones de IVA y ganancias (conf. a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación: TRIBUTOS ADEUDADOS EN VIRTUD DE LA DIT N° 08073IT1400320E SON DÓLARES TRESCIENTOS NUEVE CON 80 CVOS. (U$S 309,80)
Que, así las cosas, corresponderá confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, y delimitar la obligación tributaria en esos términos, la que respecto de la coactora aseguradora quedará circunscripta al monto consignado en la póliza N° 531318 (fs. 114 del expediente principal) equivalente a $ 50.000.
XIII. Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
Por lo tanto, los intereses corren, en el caso, para las coactoras desde el 11/11/2013 (cfr. constancias de notificación de fs. 18 y 29 de las act. adm.), ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A. Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad. Por todo lo expuesto, voto por:
1).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 4804/2016, la cual condena a la coactora importadora ALTAMAR YACHT S.A. al pago de una multa la que se reduce a la suma de PESOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 39/100 CVOS. ($ 1.188,39) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido parte de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT 08073IT1400320E. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 3 % a cargo de la coactora importadora y en un 97 % a cargo del Fisco.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 5° de la Resolución DE PRLA N° 4804/2016 declarando que las coactoras adeudan la suma de DÓLARES TRESCIENTOS NUEVE CON 80 CVOS. (U$S 309,80) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Con respecto a la coactora aseguradora, deberá responder hasta el límite consignado en la póliza N° 531318. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 3 % a cargo de las coactoras y en un 97 % a cargo del Fisco.
3).- DISPONER que, mediante oficio librado por Secretaría de Vocalía, se ponga en conocimiento al Juzgado Federal de Campana, Secretaría Civil N° 1 del dictado de la presente y se remita en devolución el expediente judicial N° 71007893/2010.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 4804/2016, la cual condena a la coactora importadora ALTAMAR YACHT S.A. al pago de una multa la que se reduce a la suma de PESOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 39/100 CVOS. ($ 1.188,39) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido parte de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT 08073IT1400320E. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 3 % a cargo de la coactora importadora y en un 97 % a cargo del Fisco.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 5° de la Resolución DE PRLA N° 4804/2016 declarando que las coactoras adeudan la suma de DÓLARES TRESCIENTOS NUEVE CON 80 CVOS. (U$S 309,80) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Con respecto a la coactora aseguradora, deberá responder hasta el límite consignado en la póliza N° 531318. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 3 % a cargo de las coactoras y en un 97 % a cargo del Fisco.
3).- DISPONER que, mediante oficio librado por Secretaría de la Vocalía de la 21ª nominación, se ponga en conocimiento al Juzgado Federal de Campana, Secretaría Civil N° 1 del dictado de la presente y se remita en devolución el expediente judicial N° 71007893/2010.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2025.11.05 14:30:57 ART Date: 2025.11.05 15:23:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.06 10:52:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.06 10:53:43 -03:00
Fin de la sentencia