Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.854-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución N°3913 de fecha 05/08/15 (AD PRLA) recaída en el expte SIGEA N°12197-8644-2005, respecto de la firma ALBA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., declarando que el importe de los tributos adeudados por ella asciende a la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE DOLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y TREINTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR (u$s 3.820,35) que deberán convertirse al tipo de cambio vendedor, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art.794 del C.A., que deberán calcularse desde el 10/05/11 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2Declarar que el monto exigible a la actora es el de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($45.000) o el importe de los tributos, si éste último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 10/05/11 en los términos de lo establecido en los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
3Costas por sus mutuos vencimientos, los que se estiman en un 85% a cargo de la actora y 15% a cargo del Fisco nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-104502502-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 30 de Septiembre de 2022 Reunidos los Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino, Christian M. González Palazzo y Cora M. Musso (Vocal subrogante) a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. N° 36.854-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 12/22, se presenta, por apoderado, la firma denominada "ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A." e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 3913, de fecha 5/08/15, dictada por el Resposable del Dpto. de Procedimientos Legales Aduaneros, en el marco de la actuación SIGEA N° 12197-8644-2005, por la que se le exigen tributos por la suma de U$D 3.820,35.- en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, e IVA y la suma de $ 9.482,64. por los rubros IVA adicional e impuesto a las ganancias, todo ello más intereses. Dicha suma se le atribuye en su condición de garante de la firma importadora “CRUZ DEL SUR LLC SUC. BS. AS.”, a la que se le endilgó la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. en virtud del presunto incumplimiento a la obligación asumida en la importación temporaria N° 04 001 IT14 000151 Z.
Menciona que la aduana corrió vista originalmente a su mandante por la suma de $ 31.552,38.- en fecha 06/08/10. Señala que, posteriormente, la aduana rectifica la liquidación original y notifica una nueva vista rectificatoria donde pretende modificar la suma intimada a su mandante, ahora al pago de tributos por la suma de U$D 3.820,35.- en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, e IVA aplicando para su conversión a pesos el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día hábil anterior a la fecha de sus efectivo pago; y $ 9.482,64.- en concepto de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Se agravia de la forma de liquidación que pretende la aduana respecto de la deuda perseguida en dólares estadounidenses.
Entiende que los intereses resarcitorios reclamados por la aduana son exorbitantes.
Considera que su mandante responde por el monto de la póliza otorgada en garantía y, en tal sentido, responde por el valor máximo de la póliza que no es otro que la suma de $ 45.000, sin perjuicio de los intereses que operen sobre dicho monto.
Destaca que es improcedente el reclamo por IVA adicional y ganancias.
Peticiona que se tenga presente, al momento de determinar las costas, el allanamiento del servicio aduanero a la defensa impetrada, en sede aduanera, sobre el reclamo de derecho adicional.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 30/35 vta., la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Realiza una negativa genérica de los hechos y el derecho invocado por la recurrente.
Señala que no quedó acreditada la reexportación en el expediente administrativo y, por dicha razón, se tiene por producida la infracción y por ocurrido el hecho imponible. Dice que en absoluta concordancia con el régimen al que voluntariamente se acogió la importadora y que la actora voluntariamente garantizo sin reserva alguna, se liquidaron (015) derechos específicos, tasa de estadística (011), derecho adicional (016), IVA (415), IVA adicional (422) e impuesto a las ganancias (424). Agrega que de dicha suma surge el monto garantizado por la aquí actora que, tal como surge de la póliza, fue concordante con la DIT.
Sostiene que la aseguradora cobro una prima garantizando toda la carga tributaria “por el régimen general” por lo que no corresponde ahora y de manera ventajosa pasar por alto el temperamento que surge de las propias actuaciones pretendiendo evadir parte de la carga tributaria garantizada.
Invoca jurisprudencia de la CSJN en relación con los actos propios. En ese sentido, entinde que la recurrente no puede ahora quejarse de los tributos que garantizó voluntariamente.
En relación a los intereses, destaca que el fallo “Neumáticos Goodyear S.A.” avaló definitivamente las tasas de interés que se vienen aplicando, amén de que bien sabe la contraria que el Excmo. Tribunal Fiscal tiene prohibido considerar la inconstitucionalidad y que solamente puede declarar la ilegalidad de interpretaciones ministeriales o administrativas.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-8644-2005 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia N° 687/05, labrada por el servicio aduanero, en contra de la firma importadora “CRUZ DEL SUR LLC SUC BUENOS AIRES” por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. por el presunto incumplimiento a las obligaciones inherente a la destinación de importación temporaria N° 04 001 IT14 000151 Z cuyo vencimiento habría operado el 07/01/05 (v. sobre contenedor del DIT a fs. 4). A fs. 7, 9 y 10 se efectúa la valoración y clasificación de la mercadería en presunta infracción y, con posterioridad, a fs. 18 obra la liquidación de tributos y multa en pesos utilizando, para convertir los primeros a pesos, un tipo de cambio por dólar de $ 2,966. Con fecha 06/08/10, el servicio aduanero dispone la apertura de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. y, en el mismo acto, corre vista a la firma importadora y cita a la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” en su carácter de garante de la obligación tributaria. Como dan cuenta las cédulas que lucen a fs. 30 y vta., y 49 y vta., las firmas aseguradora e importadora se notificaron de la corrida de vista en fecha 20/04/11 y 31/08/11, respectivamente. A fs. 35/39 la firma aseguradora contesta la vista conferida. A fs. 52 la División Secretaría de Actuación nro. 4 ordena practicar una nueva liquidación de la mercadería denunciada en autos atento la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia y de acuerdo con los lineamientos establecidos por su superior. A fs. 53/54 se practica una nueva liquidación tributaria. A fs. 55 se rectifica la vista conferida en fecha 06/08/10 (v. fs. 21 de las act. adm.). A fs. 61 y vta. la firma aseguradora contesta la vista rectificatoria conferida. A fs. 68/71 obra la Resolución N° 3913, de fecha 05/08/15, dictada por el Responsable (Int.) del Depto. de Procedimientos Legales Aduanero, que es ahora apelada en la especie.
IV. Que, ante todo, es necesario aclarar que la recurrente no se agravia de la procedencia de la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, es decir, no niega su carácter de aseguradora de la firma importadora ni tampoco ser responsable del reclamo tributario (Nótese que la recurrente no discute el fondo del asunto, es decir, no alegó ni mucho menos intenta demostrar que la firma importadora reexportó la mercadería ingresada en forma temporaria), aunque no en los términos que se le exigen.
Que, en tales condiciones, la recurrente se agravia de la forma en la que el servicio aduanero liquida el capital y los intereses, de la improcedencia de las percepciones de IVA adicional y ganancias, del límite de su responsabilidad y, por último, peiticiona que se tenga en cuenta, al momento de fijar la condena en costas, el allanamiento del Fisco a la defensa impetrada en sede aduanera sobre el reclamo por el derecho adicional.
V. Que la recurrente se agravia, en primer lugar, de la forma en la que el servicio aduanero liquida el capital y los intereses.
Que en relación al agravio expresado por la actora relativo al capital, es decir, a la aplicación al caso de autos de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley nro. 23.905, cabe remitirse a lo expuesto por la Procuradora Fiscal en la causa “Volkswagen Argentina SA (TF 22179-A) c/ DGA”, dictamen al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia dictada el 23 de agosto de 2011, en el sentido de que dicha norma no fue dejada de lado por la ley 23.928; es decir, que resulta razonable considerar vigente lo dispuesto en el artículo 20 de le ley 23.905 en cuanto estableció que los derechos de importación y de exportación, así como los demás tributos que gravaren tales operaciones, “se determinarán en dólares estadounidenses”, y el pagó podría efectuarse –entre otras opciones- en la moneda nacional, caso éste en que “la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago”, tal como se establece en la nota externa nº 2/2004 emitida por la Dirección General de Aduanas y en la resolución general AFIP nº 3271/12.
VI. Que corresponde expedirse acerca del agravio relativo a la de los intereses aduaneros, solicitada por la recurrente, en el recurso de apelación. Además, considera que la forma de calcular el capital más los intereses confiscatoria y lesiona el derecho de propiedad.
Que, al efecto, me he pronunciado al respecto en el precedente “ALPEMAR S.R.L c/DGA s/ recurso de apelación”, expte. n° 36.199-A, sentencia de fecha 21/12/18, en cuanto a que las normas que impiden el control de constitucionalidad por parte de este Tribunal Fiscal de la Nación han devenido derogadas por la Convención Americana de Derechos Humanos habida cuenta de su jerarquía supralegal (nuevamente “Fallos” 315:1492), derogación reafirmada por la reforma constitucional de 1994, que asignó jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos –nominados en su artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, con más los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos que el Congreso apruebe con ulterioridad, bien que éstos en las condiciones de su tercer párrafo– (confr. Corti, Arístides, “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes”, en “Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación”, EDICON, Mayo de 2010, volumen II, pág. 133). Todo ello sin perjuicio de la doctrina legal establecida por el Acuerdo Plenario de la competencia aduanera de este Tribunal con fecha 26/4/2022 in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.”, en relación a la imposibilidad de esta magistratura de declarar la inconstitucionalidad de las leyes.
Que, sin perjuicio de dicha posición, tampoco debe perderse de vista que conforme a una constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, la confiscatoriedad acaece frente a una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o del capital (Fallos: 314:1293 y sus citas; 322:3255, entre muchos otros). Y dentro de esta doctrina, siempre se debe requerir del actor una prueba concluyente a su cargo acerca de la evidencia de la confiscatoriedad alegada (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros), lo que en la especie no ha acontecido.
VII. Que, de la misma forma, en el mencionado antecedente jurisprudencial he sostenido que el hecho de que en la especie no proceda realizar el control de constitucionalidad solicitado por la firma recurrente no implica, per se, que el juez no pueda aplicar los principios generales del derecho para analizar la razonabilidad de una tasa de interés en moneda extranjera (dólar estadounidense) pues la sociedad le ha encomendado la más alta de las funciones a las que puede acceder un ciudadano, que no es la de aplicar las normas mecánicamente, sino la impartir justicia en todo su esplendor.
Que bajo tales premisas, la Resolución General (AFIP) N° 3271/12 dispuso que al efectuar las liquidaciones de deudas por tributos aduaneros (derechos de importación y exportación entre otros) por hechos imponibles generados luego de la sanción de la ley 25.561, el monto del impuesto originariamente determinado en dólares estadounidenses, debía mantenerse en dicha moneda hasta el día anterior a su cancelación. En síntesis, el capital de la obligación tributaria se mantiene “actualizada en dólares hasta su efectivo pago”. Asimismo, la mentada Resolución en cuanto a los intereses aplicables dispone que los mismos deberán ser calculados sobre el capital adeudado –en pesos- hasta la fecha de su pago, de acuerdo con lo establecido en el art. 794 y concordantes del Código Aduanero”.
Tanto en materia impositiva como aduanera la tasa y el mecanismo de aplicación de los intereses resarcitorios y punitorios son fijados con carácter general por la SECRETARÍA DE HACIENDA de conformidad con los arts. 37 y 52 de la ley 11.683, y los arts. 794 y 797 del Código Aduanero, respectivamente. Es en esos términos que en el año 2010 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió la Resolución nº 841/10 por la cual elevó la tasa aplicable a intereses resarcitorios al tres por ciento (3%) mensual y la tasa correspondiente a intereses punitorios al cuatro por ciento (4%) mensual manteniendo la tasa aplicable a los casos de repetición en el cincuenta centésimo por ciento (0,50%).
En consecuencia, conforme dicha Resolución sobre el capital en dólares -ya que el tipo de cambio para convertir las sumas de dólares en pesos es el vigente el día anterior al del efectivo pago- se aplica una tasa de interés anual del 36% y 48% para intereses resarcitorios y punitorios, respectivamente; sin que a tales efectos pueda tomarse el parámetro máximo dispuesto por el artículo 794 del Código Aduanero.
De allí que, en la especie, el Fisco Nacional (AFIP-DGA) pretende cobrar una deuda en moneda extranjera, aplicando intereses resarcitorios que resultan manifiestamente exorbitantes, y que no encuentran ningún parámetro o justificativo en la realidad social y económica de nuestro país.
Por su parte, también corresponde recordar que la elevación de las tasas para los intereses resarcitorios y punitorios, tuvo como objeto “…estimular el cumplimiento en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos” (ver Considerando de la Resolución nº 841/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas). Y si bien es cierto que la mora de los contribuyentes al deber social de contribuir al sostenimiento del Estado con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias concibe la posibilidad de fijar una tasa de interés elevada -la que no favorece a persona determinada sino a la sociedad toda-, ello no resulta adecuado ni conciliable con los irrenunciables principios de justicia, ética y equidad cuando esa tasa resulta ser manifiestamente desproporcionada, y termina afectando de modo palmario derechos constitucionales y convencionales de los contribuyentes.
Que, en esos términos, una tasa que luzca desproporcionadamente alta no cumple con su verdadera función, cual sería resarcir la mora en el pago del tributo, sino que más bien constituye un enriquecimiento indebido del Estado en desmedro de los derechos del simple ciudadano; máxime cuando la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “el poder estatal de crear impuestos no es omnímodo ni ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requiere que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas” (Fallos 235:883, 332:1571; entre muchos otros)
En similar sentido, destacada doctrina ha sostenido que “...la tasa de interés del 3% mensual aplicada sobre una divisa extranjera actualizada al día del pago por el tipo de cambio vigente (…) produce una confiscación al patrimonio del contribuyente, y convierte el monto de la deuda en una sanción encubierta a la falta de pago de la deuda originaria (lo que no siempre ocurre por causas imputables al contribuyente), pretendiendo el Estado obtener un enriquecimiento sin causa y no el resarcimiento por la carencia oportuna de los dineros públicos, provocando a su vez empobrecimiento del contribuyente.” (vide Bibiloni Mario, “Procedimiento improcedente y confiscatorio de las determinaciones tributarias aduaneras suplementarias, publicado en el diario “El Cronista, Sección Fiscal y Previsional, en fecha 22/12/14).
Por lo demás, la Sala “V” de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ha arribado a una conclusión similar en el expediente n° 28.208-A caratulado “Procesadora de Boratos Argentinos S.A.” donde sostuvo que “...la tasa de interés utilizada en la liquidación impugnada conduce a un resultado excesivo, ya que el monto resultante de aplicar las tasas previstas en las Resoluciones MEyP Nº 492/06 y 891/10, del 2% y 3%, respectivamente, ha excedido notablemente la razonable expectativa de conservación del patrimonio del Fisco y de la retribución correspondiente a la privación del uso del capital; lo cual deriva en un enriquecimiento sin causa para el acreedor, en tanto se aparta palmariamente del importe total de los intereses que hubiera devengado esa misma deuda, considerada en dólares estadounidenses.”.
Por lo tanto, por estrictas razones de equidad la deuda aduanera en cuestión debe fijarse en sus justos y éticos límites, máxime en el actual contexto social de inestabilidad y crisis económica y financiera.
Por ello, corresponde admitir el agravio formulado por la firma actora en ese sentido, morigerar la tasa de interés aplicada por la AFIP-DGA en la resolución cuestionada y ordenar que se practique una nueva liquidación tributaria, aplicando la tasa de interés correspondiente a las obligaciones en dólares prevista en la Resolución Nro. 598/19 –siendo que dicha normativa es sobreviniente a la doctrina sustentada oportunamente por el suscripto en materia de tasas de interés en el precedente supra relatado-, por lo que las tasas de interés resarcitorio y punitorio aplicables a las obligaciones objeto de la presente litis serán del 0,83% y 1% mensual, respectivamente, es decir, del 9,96% y 12% anual VIII.- Que incumbe referirse a las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias que fueran exigidas por el servicio aduanero, en la liquidación tributaria formulada a fs. 18 de las actuaciones administrativas que fuera expreso motivo de agravio por parte de la firma asegurado en el punto 3 de su escrito recursivo (vide fs. 19 vta./20)
Que resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
IX. Que es menester expedirse sobre el límite máximo garantizado por la recurrente.
Que tal como fuera señalado en el Considerando VII del presente voto no corresponde reclamar a la recurrente el importe de los tributos reclamados, en pesos, en concepto de percepción de impuesto a las ganancias e IVA adicional. Sin embargo, sí corresponde exigir a la recurrente el importe de los tributos nominados en dólares estadounidenses en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA toda vez que no se ha acreditado en autos la reexportación de la mercadería introducida al amparo de la destinación N° 04 001 IT14 000151 Z.
Que la suma total de los tributos nominados en dólares estadounidenses asciende a la suma de U$S 3.820,35. Ahora bien la póliza en virtud de la cual la aduana funda su exigencia a la firma aseguradora está garantizada por la suma máxima de $ 45.000 (ver la póliza N° 371166, que obra agregada a fs. 47 y vta., de las actuaciones administrativas, que fue extendida por “ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” a favor de la aduana en su condición de garante de la importación temporaria de marras). Ello así el importe que el servicio aduanero tendría derecho a cobrar en virtud del incumplimiento al régimen de destinación suspensiva de importación temporaria excede el importe máximo asegurado por la firma recurrente, por lo que dicho organismo fiscal sólo debe limitarse a reclamar dicho monto inferior y no más, pues en dicho caso operaría un enriquecimiento sin causa a favor del Fisco Nacional.
Que, por lo expuesto, la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscrita por el límite máximo asegurado en la póliza que totaliza la suma, en concepto de capital, de cuarenta y cinco mil pesos $ 45.000, con más los intereses del art. 794 del C.A. calculados conforme lo señalado en el Considerando VII del presente voto, desde el 10/05/11 hasta la fecha del efectivo pago.
X. Que por ultimo no corresponde acceder a lo peticionado por el actor respecto a la imposición de costas derivadas en relación a la improdencia del derecho adicional de importación decidida en sede aduanera, toda vez que de acuerdo a una recta interpretacion del art. 1163 del C.A., este Tribunal fija la costas y regula los honorarios profesionales exclusivamente por las tareas desempeñadas ante su sede.
En efecto, el Tribunal Fiscal de la Nación ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales –por eso es correcto afirmar, en especial a partir de la reforma constitucional de 1994, que posee funciones jurisdiccionales-judiciales-, en tanto es un órgano (TRIBUNAL) de, justicia (en el caso tributaria), imparcial e independiente de la administración activa, y resulta la única magistratura del país especializado en la materia tributaria (impositiva y aduanera), por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición cualquier tribunal de justicia, en tanto todas las judicaturas tienen el insoslayable deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia, la que se materializa a través del dictado de SENTENCIAS -con la consecuente imposición de “costas” y “regulación de honorarios profesionales”-, que resultan funciones y tareas propias e indelegables de un tribunal de JUSTICIA, y no de un tribunal u organismo administrativo, como indudablemente lo es la DGA, quien pone fin a los procesos aduaneros mediante el dictado de “resoluciones” administrativas (conforme lo he señalado en, “Las facultades del Tribunal Fiscal de la Nación para ejecutar sus sentencias ”, Derecho Público Integral (DPI), diario digital, Suplemento Tribunales Fiscales Nº 8, de fecha 29/05/20).
En este sentido, nadie discute que el Tribunal Fiscal de la Nación práctica regulaciones de las retribuciones de los profesionales que intervienen en los procesos recursivos incoados ante su sede, en los términos del artículo 163, apartado 8) del CPCCN, utilizando la misma Ley de Aranceles y Honorarios Profesionales que se aplica en sede judicial (actualmente es la 27.423)
Por ello voto por:
1. Confirmar, parcialmente (excepto en relación con la percepción de impuesto a las ganancias e IVA adicional), la Resolución (DE PRLA) N° 3913, de fecha 5/08/15, en tanto exige el pago de tributos a la firma "ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A." por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE DÓLARES ESTADOUNIDENSES con TREINTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR (U$D 3.820,35.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA más los intereses calculados de conformidad con lo señalado en el Considerando VII del presente voto, desde el 10/05/11 hasta la fecha del efectivo pago. La responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de CURENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000) monto al que deberán adicionársele los intereses del art. 794 del C.A. calculados del modo ya señalado.
2. Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 15% a cargo del Fisco y 85% a cargo de la actora.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que me adhiero a lo propuesto por el Dr. Garbarino con excepción a lo sentado en el punto VII de su voto en relación a cómo deberán calcularse los intereses adeudados por la recurrente, en tanto morigera la tasa de interés a aplicar.
Cabe recordar en tal sentido que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Neumáticos Goodyear S.A.” ha resuelto que “Uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su coherencia con el resto del sistema del que forma parte es la consideración de sus consecuencias” (Fallos 323:3412).
Justamente, la Corte fue contundente en “Orazio Arcana” al señalar que “resulta obvio el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que –por otra parte– no beneficia a personas determinadas sino a la comunidad toda” (Fallos 308:284) criterio ratificado en adonde sentó que “Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42)
El criterio cimero ha sido recientemente ratificado en “Desarrollos al Costo C/ Buenos Aires, Provincia de S/ Acción declarativa de inconstitucionalidad” (CSJ 311/2013 Rta.02/05/19), adonde refiriéndose a la citada doctrina destacó que “los réditos deben ser liquidados de conformidad con las tasas fijadas en las resoluciones dictadas al efecto por el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía”
Sentado ello, cabe destacar que la norma cuestionada por la recurrente era conocida al momento de asumir su obligación frente a la Aduana y consecuente -y sistémicamente- aceptada pues, claro está, el giro de sus negocios se encuentra vinculado a la operatoria del comercio exterior. Esa actividad supone un riesgo, que fue asumido y aceptado. Ese riesgo sólo devendría irrazonable si fuere el mismo Estado el que por inacción procesal o una acción abusiva deliberada, actual y concreta pusiera en crisis la tutela judicial efectiva de sus derechos, lo que obligaría al operador judicial a asumir un temperamento proactivo acorde a los requerimientos constitucionales –que comprende a los convencionales- por lo que, no verificándose en la especie tales extremos, el agravio recogido por mi colega de grado no puede prosperar en sentido positivo.
No puede soslayarse en tal sentido que la reclamante no ha siquiera intentado demostrar empíricamente lesividad concreta que la norma en crisis genere a sus derechos, por lo que en definitiva “no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad” (“Provincia de Santa Cruz” Fallos 316:42).-
Concretamente, el juego sistémico entre la Resolución 841/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Resolución General AFIP 3271/12 y la voluntad del legislador plasmada en lo normado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415) se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicado máxime cuando su validez no ha sido tachada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ponerlo en crisis por la vía que propuesta implicaría socavar indebidamente la estanqueidad divisoria de los poderes que el constituyente plasmó en nuestra Carta Magna y a cuya custodia nos conmina a todos los operadores judiciales de la República. (CSJN, Fallos: 155:248; 272:231; 273:418; 310:112; 311:2580) Lo dicho encuentra eco en lo resuelto por la Sala III de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo Federal en “Procesadora de Boratos C/ DGA” (Expte. 21840/2012, TF 28.181-A) adonde con meridiana claridad expone que “acceder a esta altura de la causa, sin mediar producción de prueba idónea, a la descalificación de las tasas de interés fijada por las Resoluciones 492/06 (MEyP) y 841/10 (MEyFP), a aplicar una tasa no vigente (v. gr: la tasa prevista en la Resolución ME 21/91), implicaría sustituir a la Administración en su ámbito de discrecionalidad sin sustento fáctico y jurídico suficiente. En efecto la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que nos son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 308:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc.
Consid. VII y sus citas)…” concluir sentando que “resulta razonable que los intereses superiores a aquellos por los cuales puedan los particulares obtener créditos en el mercado financiero, ya que “de no ser así, los contribuyentes podrían contemplar la alternativa –claramente perniciosa para el bien común- de obtener un financiamiento por la vía de dejar de cumplir puntualmente sus obligaciones tributarias..” dando pautas claras y contundentes de la improcedencia e inconveniencia de lo propuesto por el vocal preopinante.- En el caso traído a debate no se verifica una injustificada e irrazonable demora del aparato estatal en la resolución de una cuestión que no presenta significativa complejidad, ni omisión o acción actual y concreta por parte de quienes lo integran que permitiera identificar el cercenamiento de garantías constitucionales –ora convencionalescon el juego sistémico normativo en crisis, motivo por el cual me encuentro convencido de que no se colige razonabilidad jurídica suficiente que permitan a este Tribunal de justicia receptar de modo alguno el agravio de la actora.
A modo de colofón, estimo pertinente expresar que, este juzgador no es ajeno a la espasmódica fluctuación de la moneda nacional ni desconoce la demora que se evidencia –desde antaño- en la tramitación de reclamos como el aquí ventilado (germinando una patología perniciosa para el Estado), por lo que resulta necesario que las autoridades competentes generen acciones concretas que mitiguen las disvaliosas consecuencias que pudieren acaecer en contextos macro económicos que pudieren abonar incertidumbre –y eventualmente perjuicio- a los operadores del comercio exterior.
Por ello, voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N°3913 de fecha 05/08/15 (AD PRLA) recaída en el expte SIGEA N°12197-8644-2005, respecto de la firma ALBA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., declarando que el importe de los tributos adeudados por ella asciende a la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE DOLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y TREINTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR (u$s 3.820,35) que deberán convertirse al tipo de cambio vendedor, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art.794 del C.A., que deberán calcularse desde el 10/05/11 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Declarar que el monto exigible a la actora es el de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($45.000) o el importe de los tributos, si éste último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 10/05/11 en los términos de lo establecido en los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
3. Costas por sus mutuos vencimientos, los que se estiman en un 85% a cargo de la actora y 15% a cargo del Fisco nacional.
La Dra. Cora M. Musso dijo:
En mi carácter de Vocal subrogante sólo debo expedirme, en relación a la tasa de interés aplicable aspecto sobre el que no hay acuerdo en los votos precedentes. Respecto de la cuestión adhiero al voto del Dr. González Palazzo. En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución N°3913 de fecha 05/08/15 (AD PRLA) recaída en el expte SIGEA N°12197-8644-2005, respecto de la firma ALBA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., declarando que el importe de los tributos adeudados por ella asciende a la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE DOLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y TREINTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR (u$s 3.820,35) que deberán convertirse al tipo de cambio vendedor, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art.794 del C.A., que deberán calcularse desde el 10/05/11 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Declarar que el monto exigible a la actora es el de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($45.000) o el importe de los tributos, si éste último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 10/05/11 en los términos de lo establecido en los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
3. Costas por sus mutuos vencimientos, los que se estiman en un 85% a cargo de la actora y 15% a cargo del Fisco nacional.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9), al Dr. John Ryan Lussich (20-92016182-1) y a la Dra. Victoria Vanesa Taylor (27-24903541-1).
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.
Date: 2022.09.30 12:52:41 -03:00 Date: 2022.09.30 15:07:12 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Cora Marcela Musso Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.30 16:06:03 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.30 16:06:04 -03:00
Fin de la sentencia