Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 20.852-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el artículo 1°) de la Resolución-Fallo Nro. 164/2005, dictada en la Actuación 12451-1007-2005 (expediente Nro. SA 38-04-346), en cuanto condena a la importadora “SRI ARGENTINA S.A.” al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($7.556,79.-). Con costas a la coactora “SRI ARGENTINA S.A.”.
2Confirmar parcialmente el art.
3De la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que las coactoras importadora “SRI ARGENTINA S.A.” y garante “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” adeudan en concepto de tributos la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($7.556,82.-) con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A., a partir del 26/10/2004 hasta la fecha de efectivo pago; y revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas según los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-69183303-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 2 de Julio de 2024 GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación” - Sentencia.
Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura, (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 20.852-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 15/17 se presentan las firmas “SRI ARGENTINA S.A.” y “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, por apoderado, e interponen recurso de apelación contra la Resolución-Fallo Nro.164/2005, dictada por el Jefe de División Aduana de Mendoza, en la Actuación 12451-1007-2005 (expediente Nº SA 38-04- 346), por la que se condena a la importadora “SRI ARGENTINA S.A.” al pago de una multa de $7.556,79.- por la comisión de la infracción al art. 970 del Código Aduanero y, se les intima el pago de tributos por la suma de $15.541,59.- con más los intereses previstos en el art. 794 del CA, en relación con la mercadería amparada por el DIT Nro. 03 038 IT16 000015 D. Manifiesta que la mercadería ha sido importada temporalmente y reexportada en forma completa. Explica que la responsabilidad de las recurrentes no es la que la aduana les endilga, sino que se trata de un error al tiempo de documentar las exportaciones que se realizaron cancelando en un todo la importación temporal en cuestión. Señala que si bien la responsabilidad del despachante de aduanas interviniente en la operación es ajena a esta litis, es él quién no ha cumplido con las obligaciones a su cargo y no volcó en las sucesivas exportaciones los descargos correspondientes a la DIT en cuestión. En ese sentido, advierte que los permisos de embarque que cancelan la DIT no fueron correctamente afectados, y es lo que ha generado la imputación de la aduana. Ofrece prueba. Solicita que se dicte sentencia disponiendo revocar la resolución apelada.
II. Que a fs. 43/48 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Formula negativa genérica. Efectúa una reseña de las actuaciones y de los agravios vertidos por la recurrente. Refiere a lo dispuesto por el art. 250 de la ley 22.415, y señala que el incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporal, implica la comisión de la infracción aduanera prevista en el art. 970 del C.A. En ese sentido, agrega que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Concluye que se encuentran reunidos elementos suficientes para considerar responsable a la importadora del incumplimiento con el régimen de importación temporal, por cuanto la firma no ha comparecido a presentar su descargo. Por otra parte, en cuanto a “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” explica que la D.G.A, en su carácter de asegurada o acreedora, ante el incumplimiento del tomador del seguro (importador) no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento. Cita jurisprudencia. Plantea el caso federal. Solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 52 se abre la causa a prueba. A fs. 168 se ordena medida para mejor proveer a efectos de que se oficie a la Secretaría de Industria y Gestión Comercial Externa a fin de que acompañe copia certificada del Certificado de Tipificación Nº 2796 expedido a la firma “SRI ARGENTINA S.A.” para la importación temporal de mercadería para transformación de la P.A. Nro. 3923.10.00.190F; y que la actora adjunte toda la documentación obrante en su poder relativa al DIT Nro. 03 038 IT16 000015 D. A fs. 285 se declara el cierre del período probatorio. A fs. 289 se elevan los autos a la Sala “G”, y a fs. 290 se ponen para alegar, agregándose a fs. 295/304vta. el alegato presentado por las coactoras “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” y “SRI ARGENTINA S.A.”, el fisco nacional no hizo uso del derecho conferido. A fs. 306 se pasan a sentencia.
IV. Que la Actuación Nro. 12451-1007-2005 se inicia con la Nota Nro. 779/04 (REGS MEND) mediante la cual el Jefe de la Sección V de la Aduana de Mendoza informa que corresponde elevar denuncia contra la firma “SRI ARGENTINA S.A.” por presunta infracción al art. 970 del C.A., en relación con la destinación de importación temporaria 03 038 IT16 000015 D cuyo sobre contenedor obra a fs. 2, con fundamento en que en fecha 25/06/2004 operó el vencimiento y no se registró cancelación total de la mercadería por parte del importador o despachante. A fs. 3 se determinan los montos de tributos y multa. A fs. 4 luce copia certificada de la póliza Nro. 348.806 emitida por “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”. A fs. 5/6, en fecha 23/09/2004, el Jefe de la División Aduana de Mendoza dispone instruir sumario contencioso y se ordena correr vista de todo lo actuado, en los términos del art. 1101 del C.A., a la importadora y a la aseguradora -notificados el 13/10/2004 conforme constancias del Correo Argentino obrantes a fs. 10 y fs. 11-. A fs. 12/13 la aseguradora efectúa su descargo. A fs. 20 se declara la rebeldía de la firma “SRI ARGENTINA S.A.”. A fs. 25 se emite el Dictamen Nº 105/2005 y a fs. 26/29 se dicta la Resolución-Fallo Nro. 164/2005 -apelada en autos-. A fs. 40/43 se acredita la interposición del recurso ante esta instancia.
V. Que corresponde resolver en autos sobre la procedencia de los tributos y multa reclamados a la firma “SRI ARGENTINA S.A.”, por comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., y el reclamo de tributos efectuado a la compañía aseguradora “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, en su carácter de garante de la importación temporaria Nro. 03 038 IT16 000015 D.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del lapso otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, dentro de los cuales se encuentra comprendida la destinación de autos, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados a demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto Nro. 1439/96 (Res. 72/92) -a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos-, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación pan consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y ´cantidad´ de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. -eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida- en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VI. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto Nro. 1439/96 como la Resolución M.E.yO.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaria de Industria.
Que, al respecto, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”. (Art. 8 de la Resolución M.E.yO.S.P. 72/92 y art. 14 del Decreto Nro. 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracci6n bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del N° de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A. que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. SIC. Nro. 18/92) que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos. Mermas. Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Decreto 1439/96). A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Resolución M.E.yO.S.P. 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Decreto Nro. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de tipificación y Clasificación (CTC) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”.
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9° de la Resolución ME y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaria cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9°, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio.”
VII. Que la firma “SRI ARGENTINA S.A.” mediante el DIT Nro. 03 038 IT16 000015 D oficializado el 01/07/2003 ante la Aduana de Mendoza documentó la importación temporal de 132.500 unidades de mercadería de la P.A. 3923.10.00.190F, por el plazo de 360 días, cuyo vencimiento operó el 25/06/2004; y se garantizaron los tributos emergentes de la misma con la póliza Nro. 348.806 emitida por “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”.
Que la importadora afirma haber cumplido tempestivamente con la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería documentada por el DIT involucrado en la causa e indica que se trató de una desprolijidad del despachante de aduanas interviniente -cuya responsabilidad es ajena a esta litis-, por no haber volcado en las sucesivas exportaciones las descargas correspondientes al DIT en trato.
Que en las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa se glosan las carpetas originales de los permisos de embarque Nros. 03 073 EC03 011349 M, 03 073 EC03 011672 L, 03 073 EC03 011786 R, 03 073 EC03 012051 D, 03 073 EC03 012162 G, 03 073 EC03 012160 E, 03 073 EC03 012206 F, 03 073 EC03 012266 L, 03 073 EC03 012355 K, 03 073 EC03 012462 J, 03 073 EC03 012457 N, 03 073 EC03 012458 Y, 03 073 EC03 012517 K, 03 073 EC03 012592 N, 03 073 EC03 012666 P, 03 073 EC03 013573 N, y 03 073 EC03 014458 Z.
Que, sin embargo, en las descargas efectuadas en cada permiso se menciona el Certificado de Tipificación Nº 2796, el que no obra agregado en dichas actuaciones y que tampoco fue ofrecido como prueba por las partes. Ello así, este Tribunal ordenó a fs. 168 de autos como medida para mejor proveer el libramiento de un oficio a la Secretaría de Industria y Gestión Comercial Externa a fin de que se acompañe copia certificada del Certificado de Tipificación Nº 2796 expedido a la firma “SRI ARGENTINA S.A.” para la importación temporal de la mercadería en cuestión, el que nunca fue contestado. Asimismo, ante la falta de respuesta a dicha medida, tampoco la importadora adjuntó a la causa copia de la declaración Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos que debió haber presentado en su requerimiento.
Que, en efecto, la falta de agregación del C.T.C. correspondiente impide: a) determinar la cantidad de insumos, por su relación con la cantidad de ellos que el C.T.C. admite que se incorporen al bien que se exporta en el P.E. (lo que se hubiera utilizado para su producción) - no presentándose el C.T.C. se desconoce la relación insumoproducto -; y b) conocer cuál es el producto que el C.T.C. determinaba que se debía exportar -con indicación de la pertinente posición arancelaria- y que debía contener los insumos importados (cantidad de insumos que hubieran sido utilizados para la producción del bien exportado). En consecuencia, en el presente caso no puede considerarse reexportada la mercadería importada temporalmente ante la falta del C.T.C. aplicable. Que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de los tribunales, en el sentido de que la carga de la prueba en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo de la importadora o del garante, en su caso.
Que siendo ello así, la falta de constancias de que se hubiera instado la emisión del C.T.C. definitivo, sin que siquiera la importadora haya acompañado oportunamente la solicitud de dicho C.T.C., tornan inaplicable al caso la presunción establecida en el art. 9 tercer párrafo de la Resolución M.E.yO.S.P. 72/92 e impiden considerar reexportada la mercadería estimada en infracción, toda vez que la importadora no ha cumplido con las obligaciones sustanciales, conforme el régimen que la amparaba.
Que como consecuencia de lo expuesto, se ha configurado la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., y el hecho imponible de importación irregular a consumo de la mercadería previsto en el art. 274 del C.A., por lo que corresponde confirmar la resolución aduanera en cuanto condena a la importadora por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, al pago de una multa de $7.556,79.
VIII. Que en ese orden de ideas, producido el hecho generador de la obligación tributaria, corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configura el hecho imponible, en el caso el vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería, momento que establece el art. 638 inc. e) del Código Aduanero. Que la Aduana en la liquidación practicada reclama el pago de derechos de importación, tasa de estadística, derecho adicional, IVA, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, conforme fueron garantizados por la aseguradora -coactora en autos-.
IX. Que en tales condiciones, corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada en autos. Que, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, in re “Codorniu Argentina S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (CAF 30796/2016/CA1-CS1) del 26/12/2017, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que si bien la Corte Suprema “sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal ...” (C.S., “Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo”, del 4/7/85, “Fallos”, 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria - ”nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Que, en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, cabe señalar que la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de ´obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento´ (Fallos: 285:177).
10. Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
X. Que por lo tanto, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el impuesto a las ganancias, en virtud de lo expuesto en el Considerando anterior. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 3 de las actuaciones administrativas.
Liquidación de Tributos DIT N° 03 038 IT16 000015 D RUBROS % TRIBUTOS Valor en aduana 5.657,72 Derechos de importación 19,50 1.103,26 Tasa de estadística 0,50 28,29 Base imponible IVA 6.789,27 IVA 21,00 1.425,75 Total 2.557,30 Total tributos adeudados (TC: $2,955) 7.556,82 Que corresponde ahora expedirse sobre la responsabilidad de la compañía aseguradora. La póliza en virtud de la cual la Aduana funda su exigencia a la aseguradora es la Nro. 348.806 extendida por la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” en fecha 01/07/2003 por la suma de $20.700, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada mediante el DIT involucrado (ver la documentación del referido DIT y la copia certificada de la póliza de caución en cuestión, obrantes a fs. 4 de las act. adm.).
Que tratándose la cuestión debatida en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 inc. c) y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco, en dicho Código, la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor, (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la Aduana asegurada) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (cfr. art. 1587 del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (cfr.: arts. 1580, 1590, 1591 del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa.
Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
XI. Que en lo que respecta a la limitación de su responsabilidad, la aseguradora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar al importe de dicho monto límite, los accesorios que correspondan. De modo tal que, si el importe derivado del siniestro (sin accesorios) es mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes.
Que el importe nominal de los tributos queda ampliamente comprendido dentro de los $20.700 dados en garantía por la aseguradora; por lo que es por ese importe de $7.556,82 que, como importe nominal, debe responder la aseguradora, y es a ese importe al que aquí se le deben adicionar los correspondientes accesorios.
XII. Que en lo atinente a los intereses, la jurisprudencia es pacífica respecto de que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal (cfr. art. 1580 Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994), y también, por los intereses de su propia mora, cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal. En el caso de autos, la importadora y la aseguradora fueron notificadas el 13/10/2004 (fs. 10/11 de las act. adm). Por lo tanto los intereses corren, desde el 26/10/2004, vencido del plazo de diez días computados a partir de la fecha de la notificación de la corrida de vista (art. 794 del C.A.).
Que sobre los tributos que se confirman corresponde el cómputo de los intereses previstos en el art. 794 del C.A., aclarando que la aseguradora responde por la mora de la tomadora, hasta la fecha de efectivo pago.
XIII. Que en lo atinente a las costas, en cuanto a la multa que se confirma se imponen a la importadora y respecto de la exigencia tributaria conforme los respectivos vencimientos.
Por lo expuesto, voto por:
1. Confirmar el artículo 1°) de la Resolución-Fallo Nro. 164/2005, dictada en la Actuación 12451-1007-2005 (expediente Nro. SA 38-04-346), en cuanto condena a la importadora “SRI ARGENTINA S.A.” al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($7.556,79.-). Con costas a la coactora “SRI ARGENTINA S.A.”.
2. Confirmar parcialmente el art. 3°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que las coactoras importadora “SRI ARGENTINA S.A.” y garante “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” adeudan en concepto de tributos la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($7.556,82.-) con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A., a partir del 26/10/2004 hasta la fecha de efectivo pago; y revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas según los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto de la Dra. Sarquis. No obstante, con respecto a la responsabilidad de la aseguradora, referente a la aplicación supletoria del Código Civil y Comercial, corresponde hacer la salvedad acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
Con respecto a esta cuestión, debo decir que no concibo la posibilidad de que el Estado tenga capacidad para entablar relaciones jurídicas que se desarrollen al amparo del derecho privado. En efecto, si bien el legislador tiene un cierto margen de discrecionalidad para hacer actuar a los órganos estatales bajo modalidades privadas, lo cierto es que esa opción regulatoria es meramente instrumental, en tanto por la naturaleza misma de las cosas, el Estado siempre está sometido a exigencias jurídicas que le son impuestas por las razones que justifican su existencia. En consecuencia, las eventuales normas de derecho privado que pudieran regir la actividad de la empresa aseguradora son meros accidentes de la sustancial relación jurídica entre el servicio aduanero y la aseguradora que voluntariamente decidió incursionar en una disciplina regida por las normas, principios y valores que rigen las cuestiones públicas. Si no se reconociera esta elemental cuestión, el problema se encontraría mal planteado y discurriría en un recuento de las cláusulas contractuales entre el asegurado y la compañía aseguradora.
Encontrándose el quid del asunto en la sustantividad pública de la relación jurídica examinada, existe un hecho que se impone por sí mismo: la responsabilidad de la compañía aseguradora deberá determinarse en razón del régimen de derecho público aplicable, considerándose también que los mecanismos de tutela específicamente previstos para controlar la actividad administrativa se ajusten a derecho.
En tales condiciones, corresponde señalar que el art. 453 inc. c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del mismo cuerpo normativo indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al momento de la oficialización de la importación.
Sentado lo anterior, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor. Sobre la base de lo expuesto y en esa comprensión del asunto, el importe que podrá exigirse a la aseguradora será el monto máximo garantizado por la póliza. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar el artículo 1°) de la Resolución-Fallo Nro. 164/2005, dictada en la Actuación 12451-1007-2005 (expediente Nro. SA 38-04-346), en cuanto condena a la importadora “SRI ARGENTINA S.A.” al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($7.556,79.-). Con costas a la coactora “SRI ARGENTINA S.A.”.
2. Confirmar parcialmente el art. 3°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que las coactoras importadora “SRI ARGENTINA S.A.” y garante “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” adeudan en concepto de tributos la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($7.556,82.-) con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A., a partir del 26/10/2004 hasta la fecha de efectivo pago; y revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas según los respectivos vencimientos.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2024.07.01 14:43:27 ART Date: 2024.07.02 14:20:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.07.02 14:28:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.07.02 14:28:57 -03:00
Fin de la sentencia