Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 34.949-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 3413/14, dictada en el expediente SIGEA Nº 12210- 2600-2005, en cuanto condena a la importadora “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.” al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($771,35.-).
2Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 3413/14, dictada en el expediente SIGEA Nº 12210- 2600-2005, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que las coactoras importadora “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.” y garante “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” adeudan en concepto de tributos la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($771,35) con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A., a partir del 10/04/2009 hasta la fecha de efectivo pago.
3Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 3413/14 en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4Imponer las costas según los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-36672138-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 8 de Abril de 2025 SENTENCIA.
Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura, (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expte. Nº 34.949-A y, su acumulado caratulado “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expte.
Nº 35.131-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 10/23 se presenta la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 3413/14, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en el expediente SIGEA Nº 12210-2600-2005, mediante la cual se le imputa a la importadora “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.” la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA respecto de la mercadería documentada con el DIT Nº 02073IT14001739N, y se le exige el pago de las sumas de $241.930 y $197.005, en concepto de tributos y multa, respectivamente. Relata que la resolución objeto de recurso recayó en el citado expediente en el que se instruyó sumario contra “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.” y se la intimó por haber intervenido como aseguradora por la referida destinación. Opone la excepción de la prescripción . Asevera que la importadora habría cumplido con la reexportación en tiempo y forma mediante los Permisos de Embarque Nº 02001EC03020663B, 02073EC03009256P, 02073EC03009372 Y, 02001EC03020826C, 02001EC03021093W, 02001EC03021278E, 02 001EC03021495F, 02073EC03009689C, 02073EC03009775V, y 02073EC03009688B y objeta el monto reclamado a la aseguradora por cuanto su responsabilidad es accesoria y diferente a la del tomador. Sostiene la inconstitucionalidad e improcedencia del derecho adicional previsto en el Dto. 1439/96. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita que se dicte sentencia haciendo lugar al recurso interpuesto, con costas.
II. Que a fs. 211/233 ref. se presenta la firma “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación, el que fue acumulado a autos por identidad de la resolución recurrida -obrante a fs. 240 ref.-. Reseña los antecedentes administrativos. Opone la excepción de prescripción de la acción del fisco para imponer penas y percibir tributos. En cuanto al fondo de la cuestión, manifiesta el cumplimiento sustancial de las obligaciones emergentes del régimen de importación temporal. No obstante ello, impugna la liquidación de tributos efectuada por el servicio aduanero. Sostiene la improcedencia del derecho adicional, y que el cálculo de los intereses debe circunscribirse al plazo razonable. Subsidiariamente, plantea la atenuación de la multa en los términos del art. 916 del CA. Solicita la absolución de la firma en los términos del art. 898 del C.A. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita que se dicte sentencia absolviendo a la importadora de la infracción imputada.
III. Que a fs. 256/264 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y de derecho que contiene el escrito en traslado que no sean objeto de su expreso reconocimiento o surjan de las actuaciones administrativas acompañadas al presente. Se refiere al planteo de prescripción efectuado por la contraria. Refiere a lo establecido por el art. 805 del CA. Sostiene que la acción del fisco no ha prescripto, encontrándose la misma suspendida desde el 26/03/2007 -fecha de la apertura de sumario-. Señala respecto de la prescripción de la acción para imponer multas y percibir tributos, que el art. 934 establece la prescripción quinquenal de la multa, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 935 del CA, la fecha de la presunta infracción fue el 28/06/2003 -fecha en que operó el vencimiento de la importación temporaria-, por lo que el plazo comenzó a correr el 01/01/2004.
Destaca que dicho plazo fue interrumpido, en los términos del art. 937 inc “a” del CA, con el auto que dispuso la apertura del sumario el 29/03/2006, notificado el 26/03/2009. Puntualiza que, por lo demás, no se requiere la notificación de este último y que desde la fecha de apertura de sumario -29/03/2006- hasta el dictado de la resolución condenatoria -11/11/2014- no transcurrió el plazo quinquenal del 934 del CA. Agrega que la resolución que impuso multa volvió a interrumpir la prescripción de la acción para aplicar sanción según el art. 937 inc. “d” del CA y que el nuevo plazo prescriptivo se suspendió desde la fecha de interposición del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal -01/09/2014-, de conformidad con lo dispuesto por el art. 936 del CA.
Cita jurisprudencia. Finalmente concluye que en el auto de apertura sumarial se imputa la presunta infracción al art. 970 del CA, por lo que el hecho constitutivo infraccional estaba determinado, concordantemente con la denuncia radicada al inicio de las actuaciones. En consecuencia, considera que de conformidad con lo establecido por los arts. 803, 804 y 805 del CA el planteo de prescripción debe ser desestimado. Subsidiariamente, contesta el traslado de los recursos. Efectúa una reseña de las actuaciones administrativas. Explica que es la importadora (o su responsable solidaria) quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado, lo cual no sólo no hizo, sino que reconoció expresamente su incumplimiento.
Estima que corresponde que se tenga por acreditada la infracción, ya que los planteos de la actora no apuntan a desvirtuar la comisión de ésta. Hace hincapié en el Decreto 1439/96, el cual es aplicable al caso y al cual se acogieron las apelantes. Acota que la aseguradora, en virtud de la póliza mediante la cual garantizó a la Dirección General de Aduanas, se encuentra obligada a pagar como consecuencia de la importación temporaria, una vez vencido el plazo. Manifiesta que en lo atinente a los intereses es aplicable el art. 794 del CA respecto de lo cual es pacífica la doctrina y la jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita que, oportunamente, se rechace la apelación intentada, confirmándose con costas.
IV. A fs. 266 se dispone tratar como de previo y especial pronunciamiento la excepción de prescripción planteada por las coactoras “ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” y por “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.” en sus escritos de interposición de recurso. A fs. 351 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “G” la que los pasa a sentencia. A fs. 355/360 se rechaza la excepción de prescripción, con costas por su orden. A fs. 366/vta. se abre la causa a prueba. A fs. 526 se declara el cierre del período probatorio. A fs. 537 se elevan los autos a la Sala “G”. A fs. 538 se pasan los autos para alegar, agregándose a fs. 546/553 el alegato de la coactora “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.” y a fs. 554/564vta el de la coactora “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, no habiendo hecho uso el Fisco Nacional del derecho conferido. A fs. 571 se pasan los autos a sentencia.
V. Que la Actuación Nº 12073-1622-2005 se inicia con el acta de denuncia Nro. 423/05, formulada el 17/10/2005, por presunta infracción al régimen de destinación suspensiva del CA, prevista en el art. 970 del CA respecto de la mercadería documentada con el DIT Nro. 02073 IT14001739N (con vto. el 28/06/2003), el que luce ensobrado a fs. 4 ref. A fs. 5 ref. se ordena el pase a la Sección de Liquidaciones. A fs. 5vta. se procede a la valoración de la mercadería en cuestión, y a 6vta ref. se liquidan los tributos. A fs. 9 mediante Nota Nº 11577/05 (SE PTEZ) de fecha 15/11/2005 se ordena la apertura del sumario. A fs. 12 en fecha 26/03/2007 se dispone la instrucción del sumario en los términos del art. 1090, inc.
“c” del C.A., y se ordena el pase al Contador del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros a los fines de efectuar el cálculo de la multa y demás tributos aplicables a la operación de que se trata. A fs. 13/15, de fecha 26/08/2008, obra Consulta al Padrón Único de Contribuyentes y Responsable (AFIP) por la firma importadora. A fs. 15vta se liquidan los tributos y la multa. A fs. 16 obra constancia de Consulta de Garantía. A fs. 17/vta., en fecha 20/03/2009, se corre vista de todo lo actuado a la firma “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.” (notificada el 26/03/2009, según constancia de fs. 18) y, asimismo, se cita a “ALBA CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”. A fs. 33/42 la firma “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.” presenta su descargo.
A fs. 63 obra cédula de notificación a la aseguradora “ALBA CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”. A fs. 64/68 contesta vista la aseguradora. A fs. 79 se ordena adjuntar las carpetas de los permisos de embarque Nº 02 001 EC03 020663 B, 02 001 EC03 020826 C, 02 001 EC03 021093 W, 02 001 EC03 021278 E, y 02 001 EC03 021495 F. A fs. 82 mediante Nota Nro. 2259/09 se informa que los referidos permisos fueron remitidos a la Sección Exportación de la Ex Div. Fiscalización. A fs. 98 obra constancia de que ante la existencia de resoluciones condenatorias firmes contra la firma AGFA GEVAERT ARGENTINA SA, se configuran “los extremos fácticos previstos en los artículos 937 y 938 del CA, en consonancia con los artículos 805/806, habiéndose interrumpido y/o suspendido el curso de la presente acción para imponer la pena y percibir los tributos por la infracción aduanera investigada en autos”.
A fs. 100 la Sección Procedimientos Técnicos emite la Nota Nº 913/2014 (SE PTEZ) expresando que “el CTC invocado y adjunto a estos actuados, no sería de aplicación dado que la tipificación del producto a exportar no guarda relación con la unidad de medida mencionada en los permisos de embarque…”. Finalmente, el 17/06/2014 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 3413/2014 –v. fs. 107/109-. A fs. 118 y fs. 130 la aseguradora y la importadora, respectivamente, acreditan la interposición del recurso por ante este Tribunal.
VI. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante el DIT N° 02073IT14001739N.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que de modo tal, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. – eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que el referido Dec. N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero”.
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país (…).”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporalmente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. N° 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A. que en él se detalla.
Que en virtud de esos datos que surgen del certificado (cuyo contenido se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. N° 18/92) es que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
VIII. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa para verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que la importadora mediante el DIT Nº 02073IT14001739N oficializado el 01/07/2002 ante la Aduana de Ezeiza documentó al amparo del Dto. Nº 1439/96, por el plazo de 360 días, por lo que el vencimiento operó el 28/06/2003, la importación temporal de mercadería de 497,35kg de plata de la posición NCM 7106.91.00.000T, garantizando los tributos emergentes del mismo con la póliza Nº 311557 emitida por “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”.
Que la importadora sostiene expresamente que la totalidad de la mercadería importada a través del DIT Nº 02073IT14001739N fue reexportada dentro del plazo establecido mediante los PE Nros. 02001EC03020663B, 02073EC03009256P, 02073EC03009372Y, 02001EC03020826C, 02001EC03021093W, 02001EC03021278E, 02001EC03021495F, 02073EC03009689C, y 02073EC03009688B.
No obstante ello, la importadora aclara en su recurso que el PE Nº 02073EC03009775V “no descarga la DIT en cuestión, ya que la mercadería que mediante él se exporta corresponde a una posición arancelaria distinta a la de los productos que debían exportarse mediante el CTC Nº 1002/00” (v. fs. 220vta. ref. de autos) y que el PE Nº 02001EC03021093W “no descarga 11,509kilos, tal como informara el despachante, sino 10,14 kilos”. Que, asimismo, la Nota Nº 913/2014 (SE PTEZ) expresa que “el CTC invocado y adjunto a estos actuados, no sería de aplicación dado que la tipificación del producto a exportar no guarda relación con la unidad de medida mencionada en los permisos de embarque…”.
Que, en definitiva, el servicio aduanero consideró inaplicable el certificado Nº 1002-00 en razón de que la tipificación del producto a exportar no guardaba relación con la unidad de medida descargada en los permisos de embarque.
IX. Que el CTC Nº 1002-00 (Solicitud Nº 061-000151/00) tipifica la relación insumo producto de mercadería de la PA NCM 7106.91.00 -insumo- para la producción de:
• Producto Nº 0001, cantidad 5, de la PA NCM 3701.10.29 “películas en formato para rayos X”, indicándose que para la elaboración de 100 metros cuadrados de producto se requiere la relación insumo 0,429 kg netos y que el porcentaje de pérdida es de 2,10% equivalente a 2,10 metros.
• Producto Nº 0002, cantidad 5, de la PA NCM 3702.10.20 “películas en rollos para rayos X”, indicándose que para la elaboración de 100 metros cuadrados de producto se requiere la relación insumo 0,429 kg netos y que el porcentaje de pérdida es de 2,10% equivalente a 2,10 metros.
• Producto Nº 0003, cantidad 5, de la PA NCM 3702.42.10 “PELÍCULAS EN ROLLOS PARA ARTES GRÁFICAS, DE ANCHURA SUPERIOR A 610MM. Y LA LONGITUD SUPERIOR A 200 MTS”, indicándose que para la elaboración de 100 metros cuadrados de producto se requiere la relación insumo 0,389 kg netos y que el porcentaje de pérdida es de 2,10% equivalente a 2,10 metros.
• Producto Nº 0004, cantidad 5, de la PA NCM 3702.42.10 “PELÍCULAS EN ROLLOS PARA ARTES GRÁFICAS, DE ANCHURA SUPERIOR A 610MM. Y LA LONGITUD SUPERIOR A 200 MTS”, indicándose que para la elaboración de 100 metros cuadrados de producto se requiere la relación insumo 0,389 kg netos y que el porcentaje de pérdida es de 2,10% equivalente a 2,10 metros.
• Producto Nº 0005, cantidad 5, de la PA NCM 3702.44.21 “PELÍCULAS EN ROLLOS PARA ARTES GRÁFICAS, DE ANCHURA SUPERIOR A 610MM. Y LA LONGITUD SUPERIOR A 200 MTS”, indicándose que para la elaboración de 100 metros cuadrados de producto se requiere la relación insumo 0,389 kg netos y que el porcentaje de pérdida es de 2,10% equivalente a 2,10 metros.
Que en relación con las observaciones formuladas por el servicio aduanero mediante la referida Nota Nº 913/2014 (SE PTEZ), cabe destacar que la mercadería admitida temporalmente por el DIT en trato se documentó en kilogramos, mientras que en los PE se indicó tanto la cantidad total exportada en kilogramos como también su equivalente en metros cuadrados, y el consumo en la declaración fue detallado en kilogramos.
Asimismo, en la declaración efectuada en cada P.E. se especifica el N° de D.I.T. (identificado como documento de “Admisión temporal”), fecha de oficialización, fecha de vencimiento, N° de C.T.C., ítem, relación insumo/producto aplicada, cantidad exportada en m2, consumo , pérdida, “consumo + pérdida U/M”, valor unitario y valor total (u$s).
Por ejemplo, el P.E. N° 02 073 ECO3 009256 P, descarga 599 Kgs de mercadería y exporta 120 unidades de “ Para las artes gráficas Para fotografía monocromática – De anchura superior a 105 mm pero inferior o igual a 610 mm –Las demás películas, sin perforar, de anchura superior a 105 mm: PELICULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS (…)”, el insumo es plata metálica en granallas de la P.A. NCM 7106.91.00 y el producto “películas en rollo para artes gráficas, de anchura superior a 105mm.pero inferior o igual a 610mm” de la P.A. NCM 3702.44.21 y se invoca el C.T.C. N° 1002-00. Es decir, la P.A y la descripción del producto del C.T.C. coinciden con la P.A. y la descripción de la mercadería exportada a través del P.E.
Que, en definitiva, nada obsta a la aplicación al caso del CTC Nº 1002-00.
X. Que sentado lo que antecede, corresponde efectuar el análisis de los PE Nros. 02001EC03020663B, 02073EC03009256P, 02073EC03009372Y, 02001EC03020826C, 02001EC03021093W, 02001EC03021278E, 02001EC03021495F, y 02001EC03009689C, 02073EC03009688B, resulta que los mismos fueron oficializados con anterioridad al vencimiento del DIT cuestionado -28/06/2003-.
Que los citados PE descargan la mercadería ingresada temporalmente del siguiente modo:
Que, por ello, cabe concluir que se reexportaron 491,80kg de los insumos documentados con el DIT en trato. En consecuencia, se ha configurado en la causa la infracción tipificada en el art. 970 del CA con relación a 5,55kg de los insumos del DIT no regularizados, por los que corresponde el pago de una multa, cuyo monto asciende a la suma de $771,35.
XI. Que en ese orden de ideas, producido el hecho generador de la obligación tributaria respecto de 5,55kg de la mercadería en cuestión, corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configura el hecho imponible, en el caso el vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería, momento que establece el art. 638 inc. e) del Código Aduanero.
Que la Aduana en la liquidación practicada reclama el pago de derechos de importación, tasa de estadística, derecho adicional, IVA, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, conforme fueron garantizados por la aseguradora -coactora en autos-.
XII. Que en tales condiciones, corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada en autos. Que, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, in re “Codorniu Argentina S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo” (CAF 30796/2016/CA1-CS1) del 26/12/2017, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que si bien la Corte Suprema “sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal...” (C.S., “Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo”, del 4/7/85, “Fallos”, 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Que, en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, cabe señalar que la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de ´obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento´ (Fallos: 285:177).
10. Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XIII. Que por lo tanto, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el impuesto a las ganancias, en virtud de lo expuesto en el Considerando anterior. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 6vta. ref. y fs. 15vta. de las actuaciones administrativas.
XIV. Que corresponde ahora expedirse sobre la responsabilidad de la compañía aseguradora. La póliza en virtud de la cual la Aduana funda su exigencia a la aseguradora es la Nro. 311.557 extendida por la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” en fecha 28/06/2002, por la suma de $320.000, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada mediante el DIT involucrado (ver la copia certificada de la póliza de caución en cuestión, obrante a fs. 381 de autos). Que tratándose la cuestión debatida en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 inc. c) y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco, en dicho Código, la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor, (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la Aduana asegurada) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (conforme art. 1587 del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada "responsabilidad" de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C. Civil y Comercial, Ley 26.994). Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa.
Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
XV. Que en cuanto al tope máximo de responsabilidad resulta del monto asegurado por la póliza N° 311.557, por lo que corresponde delimitar la obligación tributaria respecto de la aseguradora al monto consignado en la citada póliza que asciende a PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL ($320.000).
XVI. Que en lo que respecta a la limitación de su responsabilidad, la aseguradora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar al importe de dicho monto límite, los accesorios que correspondan. De modo tal que, si el importe derivado del siniestro (sin accesorios) es mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes. Por ende, respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
XVII. Que en lo referente a los intereses, la jurisprudencia es pacífica respecto de que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal (cfr. art. 1580 Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994), y también, por los intereses de su propia mora, cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal. En el caso, la aseguradora fue citada el 27/04/2009 (fs. 63/vta de las act adm), es decir con posterioridad a la fecha de notificación a la firma importadora que fue practicada en fecha 26/03/2009 (fs. 18 de las act adm). Por lo tanto los intereses corren, desde el 10/04/2009, vencido del plazo de diez días computados a partir de la fecha de la notificación de la corrida de vista (art. 794 del C.A.).
XVIII. Que en relación a las costas, corresponde imponerlas conforme los respectivos vencimientos. Por lo expuesto, voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 3413/14, dictada en el expediente SIGEA Nº 12210- 2600-2005, en cuanto condena a la importadora “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.” al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($771,35.-).
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 3413/14, dictada en el expediente SIGEA Nº 12210- 2600-2005, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que las coactoras importadora “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.” y garante “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” adeudan en concepto de tributos la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($771,35) con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A., a partir del 10/04/2009 hasta la fecha de efectivo pago.
3. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 3413/14 en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4. Imponer las costas según los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 3413/14, dictada en el expediente SIGEA Nº 12210- 2600-2005, en cuanto condena a la importadora “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.” al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($771,35.-).
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 3413/14, dictada en el expediente SIGEA Nº 12210- 2600-2005, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que las coactoras importadora “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.” y garante “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” adeudan en concepto de tributos la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($771,35) con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A., a partir del 10/04/2009 hasta la fecha de efectivo pago.
3. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 3413/14 en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4. Imponer las costas según los respectivos vencimientos.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.04.08 16:19:41 ART Date: 2025.04.08 18:38:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.08 20:51:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.08 20:51:50 -03:00
Fin de la sentencia