Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 30.210-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la a resolución 197/11 (AD GUAL) dictada en la actuación 12496-22-2007, en cuanto exige tributos a Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. -en su carácter de garante de CALIMBOY S.A.- en los términos del art. 970 del CA respecto de la destinación 06026IT15000009F, con costas.
2Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
3Declarar que ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeuda a la ARCA-DGA la suma de pesos nueve mil ochenta y cuatro con sesenta centavos ($ 9.084,60.-) en concepto de tributos, con más los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 9.09.09 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-63304172-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 11 de Junio de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION En el día de la fecha, se reúnen los Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia del Vocal nombrado en segundo término (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), para resolver en autos caratulados "ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, Expte nº 30.210-A, El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 14/23 y vta. la firma recurrente, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra la resolución 197/11 (AD GUAL) dictada en la actuación 12496-22-2007, en cuanto condena a la importadora CALIMBOY S.A. al pago de multa y de tributos -estos conjuntamente con la aseguradora Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.-, por la presunta comisión de la infracción prevista por el art. 970 del Código Aduanero (en adelante “CA”) respecto de la destinación 06026IT15000009F. Explica que la obligación asumida por la compañía aseguradora es accesoria a la conducta realizada por un tercero, por lo que su responsabilidad se circunscribe a que el asegurado haya cumplido con las obligaciones asumidas. Sostiene que aún cuando la responsabilidad sea solidaria, no convierte a la aseguradora en deudora directa de la obligación. Agrega que la resolución apelada intimó los tributos únicamente a su parte omitiendo incluir a la deudora principal y que, a pesar de que ésta se encontraría en concurso preventivo, la aduana no realizó la verificación del crédito. Afirma que por su calidad de garante no es responsable de la multa y que solo responde por los tributos que gravan la importación a consumo hasta el límite máximo asegurado. Cita el art. 453 del CA y jurisprudencia. Se opone al pago de los anticipos de IVA adicional y de ganancias y al derecho adicional establecido por el art. 23 del decreto 1439/96. Ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 32/41 la representación fiscal contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de la negativa genérica de rigor, manifiesta que la actora no acreditó la reexportación de la mercadería en término. Sostiene que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal y la ejecutabilidad inmediata de la garantía. Agrega que dicho seguro constituye a la actora en fiadora lisa, llana y principal pagadora. Cita jurisprudencia y el art. 274 del CA. Afirma que el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el régimen de importación temporaria implica considerar a la mercadería como importada a consumo. Manifiesta que el servicio aduanero liquidó los tributos correspondientes, por lo que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que el tomador del seguro. Sostiene que de acuerdo con los arts. 14 y 15 de la resolución MEyOSP 72/92 corresponde la aplicación del derecho adicional a las importaciones a consumo autorizadas y a las irregulares citadas en el art. 274 del CA. Agrega que los tributos aduaneros incluyen a las percepciones de IVA adicional y de ganancias y cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
III. Que la actuación 12496-22-2007 se inicia a fs. 1 con el informe °”R” 072/07 por la presunta comisión de la infracción del art. 970 del CA respecto de la DIT 06026IT15000009F, cuya carpeta obra a fs. 3. A fs. 4 se instruye el sumario. A fs. 6 se practica el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos. A fs. 8 obra copia de la póliza 476512. A fs. 14/19 obra el certificado provisorio de deuda. A fs. 20/21 se corre vista a Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. y a la importadora CALIMBOY S.A., que se notifican el 24.08.09, respectivamente (v. fs. 27 y 42). A fs. 28ref./ 32ref. y vta. la aseguradora contesta la vista. Conforme el acuse de recibo agregado a fs. 42, a fs. 46 se declara la rebeldía de la firma CALIMBOY S.A. A fs. 50/55 se emite el dictamen 147/2011. A fs. 56/62 obran las impresiones de pantalla del Registro de Infractores. A fs. 63/69 se dicta la resolución 197/11 (AD GUAL), que se apela en autos conforme el F4 de fs. 80ref.
IV. Que a fs. 42 se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 54 y 58/67. A fs. 69 se declara cerrado el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 70 pasan los autos a sentencia.
V. Que el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios de este es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
VI. Que la destinación involucrada en autos fue documentada en los términos del decreto 1439/96 -que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial- en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo con este régimen no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios. Que la resolución ANA 479/95, vigente a la fecha de oficialización de la destinación, enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.).
Que, para acceder a dicho beneficio, el decreto 1439/96 impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo con las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que, al respecto, el art. 14 del citado decreto establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”.
Que, por otro lado, para el caso de que la mercadería importada no sea reexportada bajo la nueva forma resultante del proceso industrial, el art. 27 del decreto dispone que no constituirá infracción ni transgresión alguna su exportación o importación para consumo dentro del plazo de permanencia. En este caso, la DGA dará por cancelado el respectivo despacho de importación temporaria y procederá a la liberación de las correspondientes garantías.
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
VII. Que corresponde resolver en autos la procedencia de los tributos reclamados a la firma importadora CALIMBOY S.A. y en forma solidaria a la aseguradora Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.
Que con relación a la situación falencial de la importadora informada a fs. 58/67 de autos y a la falta de verificación del crédito por parte de la aduana invocada por la actora, cabe señalar que el concurso o la quiebra de la firma importadora no puede constituir un obstáculo para que la aduana perciba la multa y los tributos exigidos por el incumplimiento del régimen de la importación temporaria.
Que, en efecto, para la determinación tributaria y la aplicación de sanciones, no corresponde aplicar la ley de concursos, en tanto que la procedencia de los tributos, sus accesorios y sanciones en materia aduanera, se rigen por una normativa específica de carácter federal, siendo ésta la que debe prevalecer por su carácter especial y su mayor jerarquía constitucional.
Que el Código Aduanero regula el procedimiento para la investigación y juzgamiento de las infracciones, con exclusión de otras normas de fondo, por lo que el mismo no puede verse afectado por las disposiciones de la ley 24.522, que carece de fuero de atracción en esta materia.
Que todos los procedimientos contenciosos aduaneros con su eventual secuela recursiva, quedan excluidos de la suspensión de su trámite y del fuero de atracción previstos por la ley 24.522, aunque dicha ley no los excluya expresamente.
Que la prevalencia y especialidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que se expresó que respecto a la determinación de impuestos, la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. “Hilandería Luján S.A.”, del 30.09.86; “Casa Marroquín S.R.L.”, del 31.03.87). Que, en efecto, el Tribunal Superior expresó en autos “Cosimati, Gregorio G. s/Conc. Preventivo” (sent. del 9.04.87), que el art. 22 de la ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”.
Que en el mismo sentido se ha expedido nuevamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Supercanal S.A.”, sent. del 2.06.03, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, “... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que - recién- se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas”.
Que, con posterioridad, el Máximo Tribunal se pronunció en la causa “Gauchat, Enrique”, sent. del 4.07.03, haciendo suyos los fundamentos del Procurador General en el sentido de que “... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso. Consecuentemente ... hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la Sala IV de la C.N.A.C.A.F. y, en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso”. De tal modo, una vez que se encuentren firmes la determinación tributaria y/o la multa, la DGA podrá efectuar la verificación del crédito en el concurso de la importadora.
VIII. Que, en cuanto a la cuestión de fondo, cabe señalar que la firma CALIMBOY S.A. mediante la destinación 06026IT15000009F oficializada el 21.06.06 por ante la aduana de Gualeguaychú, documentó la importación temporaria en el ítem 1 de 51.500 bolsas de la p.a. 6305.33.10.000C “De punto - -Los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno -De materias textiles sintéticas o artificiales: SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, PARA ENVASAR”.
Que al producirse el vencimiento del plazo de permanencia con fecha 21.06.07, el servicio aduanero dispuso la instrucción del sumario en los términos del art. 970 del CA, atento a que la importadora no presentó las constancias de la reexportación o nacionalización de la mercadería y que no existen en el SIM las descargas de la importación temporaria (v. fs. 1 de las actuaciones).
Que, no obstante el descargo efectuado por la aseguradora al contestar la vista, no acompañó la documentación que permita tener por acreditada la reexportación de la mercadería con anterioridad al vencimiento, esto es, permisos de embarque, certificados de tipificación y declaración jurada de insumos importados o, en su caso, la importación a consumo requeridos por la normativa aplicable. La importadora no compareció en el sumario infraccional y fue declarada rebelde a fs. 48 de las actuaciones.
Que, en consecuencia, atento a que no obran constancias de la cancelación de la destinación 06026IT15000009F de conformidad con lo dispuesto por el decreto 1439/96 y la resolución ANA 479/95, corresponde tener por configurada la infracción prevista por el art. 970 del CA y, por ende, la exigencia de tributos respecto de la aseguradora.
IX. Que con relación a la liquidación tributaria, la actora se agravia del derecho adicional previsto por el art. 23 del decreto 1439/96. Al respecto cabe señalar, que en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A) c/ A.N.A”, corresponde excluirlo de aquella.
Que lo mismo sucede con las percepciones de IVA adicional y de ganancias de conformidad con el criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604.155/01) s/ Dirección General de Aduanas” según el cual al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
X. Que, por lo expuesto, corresponde modificar la liquidación de fs. 6 de las actuaciones administrativas, conforme resulta a continuación:
Que, por lo expuesto, corresponde declarar que ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeuda a la ARCA-DGA la suma de pesos nueve mil ochenta y cuatro con sesenta centavos ($ 9.084,60.-) en concepto de tributos, con más los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 9.09.09 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
XI. Que, por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la a resolución 197/11 (AD GUAL) dictada en la actuación 12496-22-2007, en cuanto exige tributos a Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. -en su carácter de garante de CALIMBOY S.A.- en los términos del art. 970 del CA respecto de la destinación 06026IT15000009F, con costas.
2. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
3. Declarar que ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeuda a la ARCA-DGA la suma de pesos nueve mil ochenta y cuatro con sesenta centavos ($ 9.084,60.-) en concepto de tributos, con más los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 9.09.09 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la a resolución 197/11 (AD GUAL) dictada en la actuación 12496-22-2007, en cuanto exige tributos a Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. -en su carácter de garante de CALIMBOY S.A.- en los términos del art. 970 del CA respecto de la destinación 06026IT15000009F, con costas.
2. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
3. Declarar que ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeuda a la ARCA-DGA la suma de pesos nueve mil ochenta y cuatro con sesenta centavos ($ 9.084,60.-) en concepto de tributos, con más los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 9.09.09 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.06.11 15:01:01 ART Date: 2025.06.11 15:52:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.11 15:53:45 -03:00
Fin de la sentencia