Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDejar sin efecto el reclamo tributario de la resolución DE PRLA 8292/2010 contra ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. dictada en la actuación 12197-625-2005, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-30809987-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Marzo de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION En el día de la fecha, se reúnen los Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia del Vocal nombrado en segundo término (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), para resolver en autos caratulados "ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, Expte nº 29.342-A, El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 10/28 y vta. la firma recurrente, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 8292/2010 dictada en la actuación 12197-625-2005, en cuanto condena a la importadora Fazio Hnos. S.A. al pago de multa y de tributos con más el CER y los intereses -conjuntamente con la aseguradora- en los términos del art. 970 del Código Aduanero (en adelante “CA”), por la falta de regularización de la destinación 98001IT16000425M. En primer lugar, plantea la nulidad del procedimiento y la falta de legitimación activa de la aduana por la falta de la carpeta del despacho. Sostiene que las impresiones de pantalla acompañadas por el Fisco solo son documentación emanada de su parte y no pueden ser consideradas como un instrumento público. Opone la excepción de prescripción. Desconoce la prórroga del vencimiento de la destinación invocada por el servicio aduanero y sostiene que a la fecha de instrucción del sumario, había operado la prescripción quinquenal. Plantea, asimismo, la inconstitucionalidad del art. 805, inciso a) del CA. Se refiere a la prescripción de los conceptos de IVA e IVA adicional y ganancias en los términos del art. 56 y siguientes de la ley 11.683. En cuanto a la liquidación tributaria, plantea la inconstitucionalidad del art. 23 del decreto 1439/96 y afirma que no se garantizó el derecho adicional al momento de la emisión de la póliza. Manifiesta que es improcedente aplicar, por analogía, el derecho adicional a las importaciones irregulares, pues no están previstas en la norma. Cita jurisprudencia. Con relación al CER, sostiene que no corresponde la aplicación de las disposiciones de la ley 25.561 y el decreto 214/02 y que dicho coeficiente es inconstitucional en tanto afecta el derecho a la propiedad del art. 17 de la Constitución Nacional. Manifiesta que tampoco es aplicable la ley 23.905, que fue derogada por la ley de convertibilidad 23.928. Sostiene que la responsabilidad de la aseguradora se limita al máximo asegurado, por lo que ésta no se extiende a las percepciones de IVA adicional y de ganancias que no fueron garantizadas por la póliza. Ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 39/47 y vta. la representación fiscal contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de la negativa genérica de rigor, sostiene que la actora no acreditó la reexportación de la mercadería en término. Manifiesta que de acuerdo con los arts. 14 y 15 de la resolución 72/92 MEyOSP corresponde la aplicación del derecho adicional a las importaciones a consumo autorizadas y a las irregulares citadas en el art. 274 del CA. Agrega que los tributos aduaneros incluyen a las percepciones de IVA adicional y de ganancias. Cita jurisprudencia. Respecto del CER, manifiesta que la garantía fue prestada en dólares, lo que implica que el límite de responsabilidad por la suma máxima asegurada debe convertirse a pesos y aplicar el CER previsto por el decreto 214/02. Cita el art. 8° de dicho decreto, la ley 23.905 y jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
III. Que la actuación 12197-625-2005 se inicia a fs. 1 con el acta denuncia 146/2005 por la presunta infracción del art. 970 del CA respecto de la destinación 98001IT16000425M, con vencimiento de fecha 27.06.00. A fs. 5 obran las impresiones de pantalla del SIM correspondientes a la DIT. A fs. 7 se dispone la instrucción del sumario y se solicita la agregación de la carpeta de la destinación. A fs. 8 la Sección Procedimientos Técnicos, mediante nota 5090/09 (SE PRTE), informa que la DIT no pudo ser localizada a pesar de su exhaustiva búsqueda. A fs. 10/11 se practica el aforo de la mercadería y la liquidación de los tributos, respectivamente. A fs. 14 se agrega el identificador de la garantía 98001017461T. A fs. 15 se practica nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 16 se corre vista a la importadora Fazio Hnos. S.A. y a Alba Cía. Argentina de Seguros S.A., que se notifica el 5.10.10 (fs. 17 y vta.). La importadora se notifica por edictos a fs. 18 (27.09.10). A fs. 24/34 y vta. la aseguradora contesta la vista. A fs. 35 se tiene por contestada la vista y se declara la rebeldía de la firma importadora. A fs. 39 obra la impresión de pantalla del Registro de Infractores. A fs. 40/41 se dicta la resolución DE PRLA 8292/2010 apelada en autos, conforme el F4 de fs. 44.
IV. Que a fs. 48 se tiene por contestado el traslado del Fisco y se hace saber que el planteo de la nulidad será tratado con la cuestión de fondo. Asimismo, se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 59/65 y 76/90. A fs. 93 el Dr. Villanueva renuncia al mandato y a fs. 99 y vta. se presenta el nuevo letrado. En virtud de los presentaciones efectuadas por la actora, a fs. 107 se tienen por constituidos los domicilios electrónicos de la actora y del Fisco. A fs. 111/123 se agregan los oficios DEO correspondientes a la causa “Villanueva, Alejandro Jorge c/Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. s/cobro de honorarios profesionales” y a fs. 125/126 se libra el oficio en respuesta a lo requerido. A fs.127 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 125 se decide no poner los autos para alegar, y se pasan para el dictado de la sentencia.
V. Que corresponde resolver en autos sobre la procedencia de los tributos reclamados a la firma importadora FAZIO HNOS S.A., éstos últimos juntamente con ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., respecto de la destinación 98001IT16000425M, oficializada ante la aduana de Buenos Aires el 6.07.98.
Que acaecido el vencimiento del plazo de permanencia, el servicio aduanero dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista por el art. 970 del CA, por considerar que la importadora no habría cumplido con las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria.
Que a fin de analizar la presunta responsabilidad tributaria de la aseguradora, cabe señalar que la actora se agravia, en primer lugar, de que la carpeta de la DIT no fue agregada en autos, sino que obran únicamente las impresiones de pantalla en el sobre de fs. 5 de las actuaciones, circunstancia que le impide ejercer adecuadamente su derecho de defensa, en tanto dichas copias no pueden ser consideradas como instrumento público.
Que, en efecto, a fs. 7 la Secretaría de Actuación n° 5 solicitó la agregación de la destinación y en respuesta este requerimiento, la Sección Procedimientos Técnicos a fs 8 informó que “ … luego de una exhaustiva búsqueda de la Destinación n° 98001IT16000425M, no pudo ser localizada en el área. En consecuencia, se interpreta que los elementos de juicio analizados, que con los datos insertos en las impresiones de pantalla de las Destinaciones de Importación Temporal que se agregaron a la denuncia, estarían dadas las condiciones para el inicio de la normal tramitación de las Instrucciones Sumarias, sin perjuicio de la posterior agregación de los originales de las Destinaciones …”, ello con el objetivo de dar celeridad a la aplicación del art. 970 del CA .
Que de la compulsa de las impresiones de pantalla de la DIT -que se encuentra en estado “SALIDA”- se informa la fecha de vencimiento, esto es, el 27.06.00.
Que, sin embargo, esta documentación -como lo afirma la actora- no resulta suficiente para corroborar el supuesto incumplimiento de la importadora y, en su caso, la responsabilidad tributaria de la aseguradora, pues durante la sustanciación del procedimiento la firma Fazio Hnos. S.A. no compareció y luego de ser notificada por edictos, fue declarada rebelde a fs. 35.
Que, asimismo, se advierte que la Sección Procedimientos Técnicos no emitió el informe técnico con relación al presunto incumplimiento de la firma tomadora, sino que se limitó a informar la imposibilidad de agregar la carpeta de la DIT. Que atento a que el procedimiento por infracciones tiene como finalidad investigar si se cometió una infracción - identificando a los responsables- no parece razonable admitir responsabilidad tributaria -solidaria en el caso de la aseguradora- cuando no se cuenta con el original de la carpeta de la destinación temporaria (o su copia certificada) ni con el informe técnico de la Sección Procedimientos Técnicos que analice y justifique la imputación.
Que en este sentido, no resulta suficiente para sustentar la responsablidad tributaria de la aseguradora, la póliza de seguro168.478 agregada a fs. 88 y vta. de autos, pues la DIT y los permisos de embarque y/o despachos de importación a consumo que pudieran haber sido documentados, resultan indispensables para proceder a la descarga de la mercadería importada temporariamente y dilucidar el eventual incumplimiento imputado por el servicio aduanero.
Que, en consecuencia, siendo la Aduana la responsable de contar con la destinación 98001IT16000425M -en virtud de la cual incriminó el incumplimiento por la importadora y por la que debe responder solidariamente la aseguradora- su ausencia implica que el reclamo tributario carece de sustento documentado, por lo que corresponde dejar sin efecto la exigencia pecuniaria contenida en la resolución apelada, con costas a cargo de la DGA.
Que atento a la forma como se resuelve, no se tratan las demás cuestiones planteadas por la actora por resultar inoficioso. Que, por ello, VOTO POR:
Dejar sin efecto el reclamo tributario de la resolución DE PRLA 8292/2010 contra ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. dictada en la actuación 12197-625-2005, con costas a la DGA.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. Soria.
II. Que disiento en cuanto considero que la DIT agregada en el sumario por el servicio aduanero se encuentra debidamente extraída del Sistema Informático MARIA (hoy MALVINA), cuyas copias están debidamente certificadas por un funcionario del servicio aduanero, por lo que el suscripto, en el presente caso, entiende que posee valor probatorio documental suficiente a los fines de la instrucción, toda vez que se trata de una información oficial obrante en el sistema de registración informático de la Aduana Argentina.
Que por las razones expuestas es que no corresponde hacer lugar al agravio vertido por la actora.
III. Que, corresponde tratar el planteo de prescripción opuesto por la actora, respecto de las acciones del Fisco para percibir tributos.
Que conforme lo establecido en los art. 803 del C.A., la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, prescriben por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que constituye el hecho gravado (804 del C.A.). Es decir que, en el caso de autos la acción aduanera comenzó a correr el 1º de enero de 2001.
Que teniendo en consideración la fecha del vencimiento de la destinación de importación temporaria en cuestión (27/6/2000) -conforme surge de fs. 6 de las actuaciones administrativas-, y la fecha en que se dicta el auto de instrucción de sumario (16/11/2005), se concluye que no se constata en autos la pretendida prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos, por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del CA; sin exigirse la notificación del referido auto.
Por lo que no corresponde hacer lugar al planteo de la actora.
IV. Que corresponde ahora abocarse a la cuestión de fondo, esto es, analizar si se ajusta a derecho la Resolución PRLA N° 8292/2010, en cuanto ordenó formular cargo a la firma Alba Compañía Argentina de Seguros SA, intimándola en el carácter de garante al pago de los tributos considerados adeudados por la suma de $ 82.080,49 con más el CER e intereses del art. 794 del CA, por encontrarse la importadora asegurada incursa en la infracción prevista en el art. 970 del C.A, Que el art. 970 del Código Aduanero en su apartado 1 dispone que: “El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al treinta por ciento del valor en aduana de la mercadería”.
Que, la única forma de acreditar la reexportación de la mercadería introducida temporariamente es mediante los permisos de embarque en los cuales se deje constancia que se reexportaron los productos o bien que en la elaboración de la mercadería que allí se documenta se utilizaron los insumos importados por la destinación que se individualiza. Que la no regularización en término de la mercadería ingresada temporariamente configura, prima facie, el ilícito previsto y penado por el art. 970 del C.A., y no una mera infracción formal, por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el art. 972, ap. 2 del C.A., se considera que el incumplimiento de la obligación de reexportar o de importar la mercadería dentro del plazo acordado afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen.
Que, además de la sanción prevista en el art. 970 del C.A., que prevé una multa en cabeza del importador, deben abonarse los gravámenes que gravan la importación para consumo de la mercadería no exportada, de conformidad con lo establecido en el art. 274, ap. 1, inc. a) y ap. 2, siendo responsables de su pago la importadora y la aquí recurrente en su carácter de garante.
Que el requisito de reexportación en término está expresamente previsto en la norma, y ello por cuanto el legislador, al regular el instituto de la importación temporaria, expresamente consideró que se trataba de un régimen en el que la mercadería quedaba sometida desde el mismo momento de su libramiento a la obligación de reexportarla con anterioridad al vencimiento del plazo acordado (art. 250 del C.A.).
Que por el decreto 1439/96 -en las condiciones de su vigencia- se instituyó un régimen especial de importación temporaria al regulado con carácter general en el Código Aduanero con objetivos promocionales, por el cual podían importarse mercaderías para recibir un perfeccionamiento industrial con la obligación de exportarlas para consumo bajo la nueva forma resultante, dentro del plazo autorizado, que, en el caso de autos, venció el 27/6/2000 fecha ésta que no se halla controvertida por la actora.
Que a efectos de acreditar debidamente que los insumos importados en forma temporaria conforman el producto exportado, luego de ser sometidos los primeros al respectivo proceso de perfeccionamiento industrial, el art. 14 del citado decreto, preceptuó: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación - CTC-. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero”.
Que, en efecto, la firma importadora de la mercadería bajo el régimen de importación temporaria garantizó el pago de tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme lo previsto en el art. 453, inc. c) del C.A., que prevé que el seguro debe cubrir los “eventuales” tributos que correspondieren para la importación para consumo y utilizó a ese fin el “seguro de caución” contemplado en el art. 455 del C.A., otorgado, como ya quedara demostrado, por la aquí recurrente.
Que, en definitiva, la responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución oportunamente otorgado.
Que, en consecuencia, ha quedado configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., y surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente.
Que, en dicho entendimiento, la aquí recurrente, en virtud de la garantía dada, responde por todos los tributos adeudados por la importadora, que gravaban la importación para consumo de la mercadería al tiempo de producirse el siniestro, esto es al tiempo de la infracción (arts. 274). El tope está dado por el monto de la garantía.
V. Que la aseguradora se agravia respecto de la aplicación del CER, en cuanto advierten que la deuda fue expresada en pesos desde la primera intimación.
Que, en el caso de marras, la obligación tributaria emergente del DIT que nos ocupa nació al vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería importada temporariamente al amparo del mismo 27/6/00, sin que la importadora, ni las aseguradoras acreditaran el cumplimiento de la obligación de reexportar, adeudando los tributos determinados conforme los arts. 274, ap. 1, inc. a), 638, inc. e), y 639 del CA.
Que, atento a la fecha en que se contrajo la obligación tributaria, es decir, con anterioridad a la sanción de la Ley 25.561, resulta de aplicación el Coeficiente de Estabilización de Referencia.
Que el decreto 214/02 en el art. 1° establece que a partir del 3-2-02 quedan transformadas en pesos las obligaciones de dar sumas de dinero, cualquiera fuere su causa u origen, expresadas en dólares existentes a la fecha de la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a pesos. Estas obligaciones de dar suma de dinero expresadas en dólares se convierten a pesos a razón de U$S 1 = $1 más el CER, en los términos de los arts. 1, 4, y 8 del referido decreto. Que es necesario advertir que al momento de la corrida de vista de fs. 16 de las actuaciones administrativas, se dejó expresa constancia de que la liquidación queda sujeta a la aplicación CER, por ello es correcto el proceder de la Aduana y debe desestimarse el agravio de la aseguradora.
VI. Que, en relación a las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, es que debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Que, en el presente caso, la importación a consumo irregular de la mercadería (hecho imponible) se produjo con fecha 27/6/00, el servicio aduanero realizó la corrida de vista con fecha 9/9/2010 (ver fs. de fs. 13, de los ant. adm), notificado el 4/10/2010), ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias, por lo que corresponde revocar las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias, con costas por su orden, en virtud de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también a la fecha de la presente interposición de recurso.
VII. Que, en relación al derecho adicional exigido en el reclamo tributario a la actora corresponde aclarar que, el suscripto comparte los fundamentos expuestos por el Dr. Ricardo Xavier Basaldúa en la causa “FYSA SA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación, expediente nro. 18.721-A y acumulado”, mediante sentencia del 17 de octubre de 2013 de la Sala “F”, considero que le son aplicables los fundamentos allí expuestos.
Que el mencionado fallo expresó: “...Que en primer lugar corresponde precisar que la norma aplicable es el Decreto 1439/96, atento a que el DIT involucrado en autos se registró al amparo del mismo.
Que el artículo 23 establece que "Cuando se autorice la importación para consumo de una mercadería ingresada bajo el presente régimen, deberá abonarse, además de los tributos correspondientes a esta destinación vigentes a la fecha de registro de la misma, una suma adicional del dos por ciento (2%) mensual calculada sobre el valor en aduana de la mercadería a esa fecha. Dicha suma se calculará a partir del primer mes desde el momento de la importación temporaria, cubriendo el período que transcurra hasta tanto se autorice la destinación definitiva de importación, y en ningún caso podrá ser inferior al doce por ciento (12%) del mencionado valor en aduana, salvo que dicho valor resultara inferior al que se hubiese determinado para la mercadería a los efectos de su importación temporaria, en cuyo caso se tomará en cuenta este último valor”.
Que con lo dispuesto en la norma transcripta el legislador pretendió desalentar que las mercaderías importadas temporariamente para su perfeccionamiento activo no fueran objeto de reexportación y permanecieran en el país, estableciendo así una consecuencia de naturaleza tributaria, plasmada a través del derecho adicional en trato. Que no concuerdo con la interpretación dada a la norma en trato por la Corte Suprema in re "IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A)", fallado el 14/8/13, atento a que el hecho generador de la obligación de pago del derecho adicional es la importación para consumo, conforme lo prevé el art. 635 del CA, el cual no distingue si la importación definitiva es regular o irregular.
Que no se ha impuesto el adicional como consecuencia de la violación de un deber o una prohibición jurídicos, sino más bien como desestímulo a la importación para consumo (que es una de las finalidades posibles de los derechos de importación) y su naturaleza tributaria es independiente de si la importación para consumo se produjo como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del régimen o debidamente autorizada por el servicio aduanero en virtud de una solicitud formal del importador (conf. TFN, Sala "G", in re "HUGHES TOOL COMPANY SA", sent. del 10/10/95; CNACAF, Sala 5, in re "SUBPGA SA", sent. del 30/8/95, entre otras).
Que, más aún, si bien el decreto 1439/96 establece en su art. 23 una suma adicional del 2% mensual calculado sobre el valor en aduana de la mercadería, para el supuesto de autorizarse su importación para consumo, es decir, aquellas importaciones consideradas “regulares”, sin hacerse referencia al supuesto de importación para consumo “irregular”, previsto por el art. 274 del C.A., que es el caso que nos ocupa, debe entenderse que dicha suma adicional también se aplica a este último, atento a lo previsto por los arts. 274, 277, 635, 636 y 638, inc. e), del CA. Por otra parte, resulta claro que, en este sistema jurídico, de ningún modo el infractor y/o responsable/garante de la obligación tributaria que es su consecuencia, podría quedar en mejor situación que aquél que cumplió regularmente sus obligaciones...". Que sin perjuicio de compartir la opinión expuesta por el Dr. Basaldúa, por razones de economía procesal y seguridad jurídica corresponde revocar el derecho adicional que exige la aduana, por aplicación al caso de autos del fallo recaído in re “IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la resol ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente.
Que en el aspecto que se analiza considero que resulta procedente la imposición de costas en el orden causado, en virtud de que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso.
VIII. Que no se encuentra controvertido las alícuotas utilizadas en la liquidación realizada por el servicio aduanero y en atención a lo resuelto en los párrafos precedente, es que corresponder realizar una nueva liquidación.
DIT 98001IT16000425M VA $ 59.543.34
Derechos $ 11.313,23 Tasa de estadística $ 297,72 Base de I.V.A. $ 71.154,29 I.V.A.(21%) $ 14.942,40 Total $ 26.553,35 Que, en consecuencia, corresponder modificar la exigencia tributaria y declarar que la actora adeuda un importe que asciende a la suma $ 26.553,35 con más el CER y los intereses del art. 794 del CA.
IX. Que corresponde señalar que la aseguradora responde hasta el límite del importe asegurado por los tributos que fueron garantizados por ella conforme se desprende del DIT en infracción, y por ende comprendido en el alcance de la póliza, por lo que la aseguradora no puede volver contra sus propios actos.
Que el siniestro a que se refieren las pólizas, en el caso de autos, es la importación para consumo en forma irregular de la mercadería, y la Aduana en los términos del art. 4° de las condiciones generales puede exigir el pago de los tributos garantizados, dado que no está previsto en la misma el beneficio de excusión, ni la responsabilidad subsidiaria sino que la aseguradora es deudora principal y solidaria con la importadora-tomadora.
Que la actora aseguró a la DGA hasta la suma máxima de u$s 65.000 mediante la póliza n° 168.478 emitidas el 2/7/1998, por lo que la aseguradora responde por los tributos adeudados en su carácter de garante de la obligación tributaria aduanera hasta la suma total de $ 26.553,35 más el CER e intereses del art. 794 del CA, encontrándose dentro del límite garantizado.
X. Que en relación a la inconstitucionalidad del art. 23 del Dto. 1439/96 planteada por la recurrente, debe tenerse presente lo dispuesto al respecto por el art. 1164 del C.A., que expresamente prevé que “la sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal”, es por ello que los agravios vertidos no pueden ser tratados en esta instancia.
Además de ello, debe tenerse presente la doctrina legal (art 151 de la ley 11.683) recaída en el Fallo Plenario de este Tribunal (IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN), de fecha 26/04/2022, dictado en la causa EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en la que por mayoría se resolvió: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente.” por lo que no corresponde hacer lugar al tratamiento del agravio vertido por la actora.
Por ello, voto por:
1. Confirmar parcialmente el art 3° de la Resolución PRLA N° 8292/2010 en cuanto exige el pago de tributos con relación al DIT 98001IT 16000425M, los que ascienden a la suma de pesos veintiséis mil quinientos cincuenta y tres pesos con treinta y cinco centavos ($ 26.553,35) con más el CER y los intereses del art. 794 del CA. Con costas.
2. Revocar el derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias. Con costas por su orden. La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE RESUELVE:
Dejar sin efecto el reclamo tributario de la resolución DE PRLA 8292/2010 contra ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. dictada en la actuación 12197-625-2005, con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Sarquis por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2025.03.25 08:20:12 -03:00 Date: 2025.03.25 13:27:49 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.25 13:37:15 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.25 13:37:15 -03:00
Fin de la sentencia