Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-20766287-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución n° 12/2021 (AD CAMP), precisando que la deuda en concepto de derechos de exportación asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 275.623,90), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., calculados de conformidad con lo señalado en el Considerando VIII del voto del Dr. Licht desde el 29/9/09 hasta la fecha del efectivo pago.
2Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-124589579-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 22 de Diciembre de 2021 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente EX-2021-20766287- -APN- SGASAD#TFN, El Dr. Licht dijo:
I. Mediante IF-2021-20766195-APN-DTD#JGM la firma ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 12/2021 (AD CAMP), dictada en la Actuación SIGEA n° 13289- 11198-2011, que confirmó el cargo n° 25/2011, en concepto de derechos de exportación, en relación al permiso de embarque n° 09 008 EC01 004382 N. En primer lugar, plantea la prescripción de la acción del Fisco con fundamento en la irrazonabilidad de la duración del procedimiento. Cita jurisprudencia en apoyo de su argumento. Por otra parte, sostiene que su responsabilidad es accesoria y no puede exceder el límite económico de la póliza n° 571205, emitida por la suma de U$S 276.000. Se agravia de la determinación en dólares de la deuda tributaria reclamada. Cita doctrina en apoyo de su defensa. También se agravia de la tasa de interés aplicada, solicitando su reducción. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Por medio del IF-2021-42169690-APN-DTD#JGM el representante del Fisco nacional contesta el traslado oportunamente conferido. Hace un resumen de lo actuado en sede administrativa y una negativa genérica de los dichos de la actora. En particular, niega que la acción fiscal se encuentre prescrita. Cita la normativa aduanera aplicable. Considera que ante la falta de pago de los derechos de exportación por parte de la firma exportadora, la actora es responsable del pago de los mismos en cuanto es garante de la operación involucrada en virtud de la póliza 571205. Se explaya en relación a la finalidad del seguro de caución. Afirma que la determinación tributaria practicada en autos se ajusta a derecho. Y se opone a la reducción de la tasa de interés pretendida por la contraria. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. A continuación, por PV-2021-48116220-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa. Mediante PV-2021-53099052-APN- VOCXVIII#TFN se rechaza la prueba ofrecida. Por PV-2021-61058719-APN-VOCXVIII#TFN se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por la actora. A continuación, se elevan los autos esta Sala “F” y se llaman autos a sentencia.
IV. La Actuación SIGEA n° 13289-11198-2011 se inicia el 17 de mayo de 2011 con la impugnación del cargo n° 25/2011 interpuesta por la firma aseguradora, aquí actora. A continuación, se acumula la Act. 12578-113-2011 con los antecedentes del cargo: a) el informe de la Sección Verificación dando cuenta del incumplimiento de la firma exportadora (fs. 13); 2) la póliza 571205 (fs. 21) y 3) el informe de la Sección Contabilidad que da origen al cargo (fs. 25). Conforme surge de la constancia de fs. 22 vta. la aseguradora se notificó del cargo n° 25/11 el 3/5/11. A fs. 23/24 se agrega la liquidación de tributos e intereses. A fs. 27 se tiene por iniciado el procedimiento de impugnación. A fs. 35 se expide la Sección Contabilidad, informando que el plan de facilidades de pago se encuentra caduco. A fs. 38 y vta. se emite el Dictamen n° 25/21 (AD CAMP) y, finalmente, a fs. 38 y vta. se dicta la resolución n° 12/21 (AD CAMP), aquí apelada.
V. En primer lugar, corresponde tratar el planteo de prescripción opuesto por la actora para el cobro de los tributos. Sin perjuicio de los argumentos expuestos por la actora, entiendo que la excepción de prescripción debe resolverse sobre la base de lo establecido en los arts. 803 y siguientes del C.A.
Cabe precisar que la acción fiscal tributaria prescribe, conforme lo establecido en los arts. 803 y 804 del C.A., por el transcurso de cinco años computados desde el 1° de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado (28/9/09). De acuerdo a ello, el cómputo del plazo prescriptivo bajo examen, se inició el 01/01/10 y, de no constatarse causales suspensivas o interruptivas, el mismo, hubiese operado el 31/12/14.
Según el art. 805 inc. c) del C.A., la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos se suspende “desde que el deudor o responsable interpusiere algún recurso o reclamación que tuviere efecto suspensivo contra la liquidación tributaria, hasta que recayere decisión que habilitare su ejecución”. Consecuentemente, en el caso de autos, el plazo prescriptivo quedó suspendido desde el día 17/5/11 (fecha en que, conforme constancia de fs. 1/3 de las actuaciones administrativas, la actora interpuso recurso de impugnación contra el cargo n° 25/2011, permaneciendo en ese estado aún en la actualidad toda vez que, encontrándose apelada ante este tribunal la resolución aduanera y en consideración de lo previsto en los arts. 1134 y 1172 del C.A., no se ha dictado aún, en esta causa, la “decisión que habilitare el ejercicio de acción” a la que refiere la norma.
VI. Que, sentado lo que antecede, corresponde tratar los demás agravios opuestos por la actora.
No se encuentra controvertido en autos que, por medio de la póliza n° 571205, la recurrente garantizó los derechos de exportación correspondientes a la destinación de exportación para consumo 09 008 EC01 004382 N, con motivo del plazo de espera otorgado a la exportadora ACEITERA DEL LITORAL S.A.
Tampoco se discute en esta instancia que el plan de facilidades de pago D878327 al que se acogió la exportadora se encuentra caduco por no haberse abonado ninguna cuota correspondiente al mismo.
La actora se limita a cuestionar dolarización de la deuda tributaria. Al respecto corresponde precisar que el art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991) modificó, en lo que aquí respecta, el art. 639 del C.A., ya que estableció que a los efectos del pago de los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan la importación y exportación, corresponde aplicar el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago -esto es, la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor al cierre del día anterior al efectivo pago-. Por ello, entiendo que, la liquidacion de derechos de exportación practicada a fs. 23 de las act. se ajusta a derecho.
VII. Tal como quedó expuesto en el apartado anterior, mediante la póliza de seguro de caución n° póliza n° 571205 (garantía n° 09 008 001513 J), cuya copia certificada obra a fs. 21 de las act. adm., aseguró a la AFIP-DGA hasta la suma máxima de doscientos setenta y seis mil dólares estadounidenses, con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A., como consecuencia de la operación de exportación para consumo documentada mediante el P.E. 09 008 EC01 004382 N, aquí involucrado.
Cabe señalar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
En consecuencia, el importe que podrá exigirse a la actora es el monto máximo garantizado mediante la póliza n° 571205; o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de U$S 275.623,90, convertidos al tipo de cambio anterior al de la fecha de pago, si este último resultare inferior. Ello, con más los intereses del art. 794 del C.A.
VIII. En relación a la posibilidad de morigerar la tasa de interés aplicable, advierto que podría hacerse sin declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación aplicable y sin necesidad de violentar la norma procesal que limita las facultades jurisdiccionales de este organismo administrativo jurisdiccional.
Como dije al fallar en la causa: ““PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA c/ DGA s/recurso de apelación”, EX-2020-15395348- -APN-SGASAD#TFN (sentencia del 18/02/21), éste tribunal no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma ley asimilándose a los jueces de la Constitución y brincando con juegos interpretativos la máxima que impone el sometimiento de la administración a la ley. No obstante ello, también advertí que ese obstáculo legal no encorsetaba la posibilidad de resolver el caso sometido a decisión mediante una justa ponderación de los principios aplicables y sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de norma alguna.
En ese orden de ideas, hice hincapié en que la limitación legal tenía exclusiva relación con los casos que demandaban su solución mediante una subsunción de los hechos en las normas aplicables. Añadiendo que solamente ante los casos de ausencia de complejidad sustancial, en donde el control de constitucionalidad debía ser directo, no podía prescindirse de resolver el caso sino mediante una declaración de inconstitucionalidad que me estaba prohibida realizar. En sentido contrario, advertí que no era menester la declaración de inconstitucionalidad si la resolución del caso demandaba recurrir a la ponderación de los valores, principios y normas con incidencia en la situación examinada. Así fue que, recientemente, el pasado 30 de abril de 2020, en la sentencia dictada in re “C.J.C. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército s/ daños y perjuicios”, ED-CMXIX-139, Revista de Derecho Administrativo, mayo 2020 - Número 5, la Corte Suprema declaró inaplicable el régimen de ejecución de sentencias de condenas monetarias contra el Estado Nacional, regulado en el art. 22 de la Ley 23.982, respecto del crédito de una persona mayor de 70 años de edad, discapacitada, y con serios problemas de salud. Así lo hizo el Alto Tribunal al encontrar que el caso del actor no estaba exceptuado normativamente del régimen general para la cancelación de créditos no consolidados en contra de un organismo del sector público, que implica una serie de trámites y plazos de espera para su percepción, considerándose entonces en el voto principal a la situación planteada como un “caso no previsto” que, por razones de equidad, debía ser resuelto por aplicación de normas análogas. En cuanto aquí es de específico interés, debe hacerse notar que el voto principal (suscripto por los Dres. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti) evita expresa e intencionalmente declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 23.982, siquiera en cuanto a su aplicación al caso concreto. A todas luces es significativo que en este nuevo pronunciamiento el Alto Tribunal elija apartarse de la declaración de inconstitucionalidad y se incline directamente por la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto.
En ese marco interpretativo, debe considerarse que la Corte Suprema no ha hecho otra cosa que prescindir de la norma aplicable cuando conduce ocasionalmente a un resultado injusto en su aplicación concreta a un caso particular, en función de sus particularidades, a veces imprevisibles para el propio legislador. En estos supuestos, corresponde prescindir de la letra de la norma y priorizar el espíritu del legislador, resolviendo el caso como este lo hubiera hecho de haberse representado las circunstancias del mismo, aun cuando esto implique dejar de lado el texto de la previsión normativa aplicable al caso.
En este sentido, corresponde hacer lugar al planteo de la actora y, en consecuencia, reducir la tasa de interés aplicada por la AFIP-DGA en la resolución cuestionada y ordenar que se practique una nueva liquidación aplicando la tasa de interés correspondiente a las obligaciones en dólares prevista en la Resolución ME n° 21/91 -a título referencial-, que era del uno por ciento (1%) mensual y hasta el 1/08/19, fecha en la que por imperio de la Resolución Nº 598/19 (B.O. 18/07/19), que derogó la Resolución nº 314/04, y sus modificatorias, entre las que se encuentra la Res. 50/19 del ex Ministerio de Economía y Producción, comenzó a regir la nueva tasa para intereses resarcitorios del 0,83% nominal mensual en aquellas obligaciones nominadas en dólares estadounidenses.
Que, por lo expuesto, corresponde confirmar la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, declarando que los tributos adeudados, ascienden a DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 275.623,90), en concepto de derechos de exportación -importe que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio vendedor correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago-, con más los intereses devengados desde el 19/5/11 y hasta la fecha de total y efectivo pago, calculados de conformidad con lo explicado.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución n° 12/2021 (AD CAMP), precisando que la deuda en concepto de derechos de exportación asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 275.623,90), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., calculados de conformidad con lo señalado en el Considerando VIII del presente voto desde el 29/9/09 hasta la fecha del efectivo pago.
2. Costas a la actora.
El Dr. Garbarino dijo:
Que habida cuenta los fundamentos esbozados por el suscripto -en disidencia- in re “Alpemar S.R.L.”, del 21 de diciembre de 2018, adhiero en lo sustancial, al voto del Dr. Miguel Licht.
No obstante, en atención a los señalado en el Pto. VIII del voto que antecede, corresponde dejar sentado que, de plena conformidad con la postura que vengo adoptando desde mi voto como Juez Subrogante de la Sala E en la causa “La Mercantil Andina S.A.” de fecha 31/7/2012, este Tribunal Fiscal ostenta plenas facultades para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y reglamentaciones tributarias aduaneras, toda vez que el principio de supremacía constitucional contemplado en el art. 31 de nuestra Carta Magna le plantea el desafío imperativo de desplazar la prohibición del art. 1164 del Código Aduanero, por ser contrario a nuestra Ley Fundamental (en el mismo sentido vide Spisso, Rodolfo: "Acciones y Recursos en materia tributaria", de. Lexis Nexis, segunda edición, pág. 35), siendo que una interpretación en sentido contrario sólo puede fundarse en una exégesis irrazonable de la norma, que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que se le estaría otorgando una indebida preeminencia a lo dispuesto en el texto aduanero por sobre los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, dejándola parcialmente inoperante, lo que resulta contradictorio con el orden jurídico, tanto convencional como constitucional.
Por lo tanto, no cabe más que concluir en que el Tribunal Fiscal de la Nación no puede estar impedido de declarar la inconstitucionalidad, antes bien, está obligado a ello (confr. Giuliani Fonrouge, Carlos M.: "Derecho Financiero", 4ta. Edición, págs. 833/834); por lo que corresponde remover los obstáculos legales que impiden tal decisión, en virtud de que el artículo 1164 del Código Aduanero deviene inconstitucional, por resultar violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).-
Admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” – Paniagua Morales vs. Guatemala –, consid. 149 y ss., del 08/03/98; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” – Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú –, consid. 66 y ss., del 31/01/01; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, consid. 129 y ss., del 02/02/01; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, consid. 100 y ss., del 06/02/01; “Gelman c/ Uruguay”, consid. 193, del 24/02/11), que deviene vinculante – conf. art. 68 de la C.A.D.H. – para los distintos poderes del Estado Nacional.
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero en lo sustancial a lo propiciado por el Dr. Licht, excepto en cuanto decide morigerar la tasa de interés aplicada y ello es así por considerar que ello excede el marco de la competencia de quienes nos desempeñamos como magistrados de este Tribunal Fiscal de la Nación, tal lo he sostenido en autos ALPEMAR citado por mi distinguido colega de grado, el Dr. Garbarino.
Por ello voto por:
1. Confirmar la Resolución n° 12/2021 (AD CAMP), declarando que la deuda en concepto de derechos de exportación asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 275.623,90), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A.
2. Costas a la actora.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución n° 12/2021 (AD CAMP), precisando que la deuda en concepto de derechos de exportación asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 275.623,90), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., calculados de conformidad con lo señalado en el Considerando VIII del voto del Dr. Licht desde el 29/9/09 hasta la fecha del efectivo pago.
2. Costas a la actora.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Dres. Miguel Nathan Licht (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2021.12.20 21:35:26 -03:00 Date: 2021.12.22 18:37:39 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.22 21:26:12 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.22 21:26:14 -03:00
Fin de la sentencia