Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-112544550-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 97 001 IT01 000042 A, por la firma ORION AVIACION, en la Actuación N° 12034-731-2008, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-59607410-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 16 de Junio de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Nº 27.104-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución DE PRLA N°6194/08, la autoridad aduanera condenó a la firma ORION AVIACION SA al pago de una multa y, a su vez, le formuló un cargo por los tributos adeudados, haciéndolo extensivo en forma solidaria a la aseguradora, en relación con la Destinación de Importación Temporal N° 97001IT01000042A, al considerar configurada la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero (CA).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA interpone recurso de apelación, señalando que se cumplió debidamente con el régimen, pero desconoce quien fue el despachante interviniente y los permisos de embarque afectados a la operación. Solicita se limite el reclamo de los tributos solo al concepto de impuesto a las ganancias, ya que ningún otro fue garantizado. Explica que la aduana debe liquidar los tributos adeudados y estimar el monto máximo garantizado tomando como referencia el tipo de cambio establecido por la ley de convertibilidad. Señala que en el presente caso no corresponde la aplicación del CER o de la ley 23.905. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque el fallo aduanero, con costas.
III. Por su parte, el fisco se presenta y defiende la validez del acto administrativo. Explica que la mera afirmación por parte de la actora no alcanza para tener por acreditado el cumplimiento del régimen, siendo necesario demostrar como fue que se reexportó la totalidad de la mercadería importada temporalmente. Insiste en que la carga de la prueba se encuentra en cabeza de la actora, por lo que le correspondía a ella probar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Señala que la normativa prevé la obligación del importador temporal de constituir garantía por el monto de los tributos que gravan la importación para consumo, la tasa de estadística y el derecho adicional, siendo estos conceptos plenamente reclamables a la aseguradora en virtud de la póliza presentada. Considera procedente la inclusión del CER en el cálculo efectuado por el servicio aduanero. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Sentado lo anterior, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del CA, con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante la Destinación de Importación N° 97001IT01000042A.
V. Así las cosas, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del CA, es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VI. Considerando lo expuesto y tras un análisis exhaustivo de las constancias y pruebas obrantes en la causa, cabe señalar que en autos no se encuentran acompañados en original o en copia los Permisos de Embarque que, en teoría, acreditarían la reexportación de la DIT denunciada.
En virtud de ello, y a la luz de la normativa anteriormente mencionada, este tribunal se encuentra imposibilitado de verificar si la mercadería fue efectivamente exportada y de comprobar la relación insumo/producto correspondiente, lo que torna insuficiente la prueba aportada para acreditar los extremos reclamados por la actora.
En consecuencia, no se ha demostrado el cumplimiento del régimen al que la actora se acogió voluntariamente, lo que da lugar a los efectos tributarios e infraccionales previstos por la normativa aplicable (arts. 274 y 970 del CA).
VII. En otro estado de cosas, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar con relación a los conceptos IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN – DGA, Resol. 2590/06 (expte n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998), y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos 285:177). En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(…) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
VIII. En el mismo sentido, corresponde determinar si en el caso procede la aplicación del CER, con respecto a los tributos adeudados. Para ello, cabe poner en manifiesto que, atento a que la deuda tributaria fue expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 214/02, resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 4 y 8 del mismo. Así las cosas, la conversión de la deuda a razón de UN PESO ($1) con más el CER correspondiente a la fecha de pago, viene impuesta legalmente de conformidad con el criterio sentado por la CSJN en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica” (17/4/07), en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 214/02, el CER es inescindible del capital adeudado.
A mayor abundamiento, cabe resaltar que el art. 1 del Decreto 214/02 dispone que, a partir de la fecha de entrada en vigencia del mismo (3.2.02) quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS, estableciendo el art. 8 que las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el Artículo 4° del presente Decreto, esto es, el Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina y que se aplicará a partir de la fecha del dictado del referido decreto.
Del hilo de las ideas esbozadas precedentemente, se concluye que el ajuste mediante el CER resulta ajustado a derecho.
IX. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto en el Considerando VII, corresponde modificar la exigencia tributaria oportunamente formulada y declarar que el monto de los tributos adeudados por la mercadería en infracción asciende a la suma de $177.143,71, con más CER, resultante de detraer de $348.868,75 los importes correspondientes al IVA adicional ($81.789,65) y al Impuesto a las Ganancias ($89.935,39), sin perjuicio de los intereses que correspondan, devengados desde los diez (10) días de la notificación de la corrida de vista y hasta la fecha de su efectivo pago, conforme lo dispuesto por el artículo 794 del CA.
X. Finalmente, en lo que respecta a la responsabilidad de la aseguradora, debemos destacar que no se encuentra controvertido en autos que la operación de marras se encontraba asegurada por la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA mediante las siguientes Pólizas:
• Póliza N°140.408, del 07.10.1997 (fs. 109), emitida por ALBA Compañía Argentina de Seguros. Garantiza el monto de USD 19.000 con más lo que pudiera resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del Código Aduanero que resulte obligado a efectuarle ORION AVIACION SA – CUIT 30-68622024-5 como consecuencia de la siguiente operación: “DESPACHO DE IMPORTACIÓN TEMPORAL – MERCADERÍA: EQUIPAMIENTO AVION – CONCEPTOS: GRAVAMENES DE IMPORTACIÓN – 100% VALOR DE LA MERCADERÍA – DESPACHANTE: CARLOS ALBERTO FLAMINI – CUIT 20-04385598-1 – ASEGURADO:
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS – DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS”.
• Póliza N°140.409, del 07.10.1997 (fs. 110), emitida por ALBA Compañía Argentina de Seguros. Garantiza el monto de USD 90.000 con más lo que pudiera resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del Código Aduanero que resulte obligado a efectuarle ORION AVIACION SA – CUIT 30-68622024-5 como consecuencia de la siguiente operación: “DESPACHO DE IMPORTACIÓN TEMPORAL – MERCADERÍA: AVION L 410 UVP- E20 912603 – CONCEPTO: GRAVAMENES DE IMPORTACIÓN – DESPACHANTE: CARLOS ALBERTO FLAMINI – CUIT 20-04385598-1 – ASEGURADO: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS – DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS”.
En las condiciones indicadas, surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de la mercadería importada.
XI. En tal entendimiento, el núcleo de la cuestión radica en determinar la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
XII. Dicho esto, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
En consecuencia, el importe exigible a la aseguradora será el correspondiente al monto máximo garantizado por las pólizas mencionadas respecto de la Destinación de Importación N° 97001IT01000042A, convertido al tipo de cambio del día anterior al de la fecha de pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados arriba indicado, si este último resultare inferior. Ello, con más los intereses del art. 794 del CA.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Confirmar los arts.1 y 2 de la Resolución DE PRLA N°6194/08, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 12034-731-2008.
2. Confirmar parcialmente el art. 4 de la citada resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de tributos asciende a $177.143,71, con más CER con más intereses. Revocar con relación a los conceptos de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante las pólizas individualizadas en el Considerando X y en los términos expuestos en el Considerando XII, en relación $1=U$S1, con más el CER que corresponda aplicar al día anterior a la fecha del pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior, con más los intereses del art. 794 del CA.
4. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Los antecedentes de la causa, se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I.- a III.- del voto del Dr. Licht, a cuyos términos me remito por motivos de brevedad.
II. Que, en cuanto al fondo del asunto disiento con el voto del Dr. Licht, por las razones que a continuación paso a exponer.
Que sin perjuicio de que la prescripción no forma parte del elenco de los agravios esgrimidos por la recurrente, corresponde su tratamiento de oficio, toda vez que nos encontramos frente a una cuestión de orden público, que se produce de pleno derecho.
De ello se desprende que, frente a su acaecimiento, el Juez deba declararla de oficio. Así lo ha entendido el Más Alto Tribunal en consolidada doctrina (Fallos: 207:86; 275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029, 2205; 312:1351; 313:1224; 322:360, disidencias de los jueces Fayt, Bossert, Petracchi y Boggiano y 323:1785; 342:1028, entre otros), sin que ello implique vulneración al derecho de defensa.
Que no obstante la jurisprudencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que sostiene una postura contraria (“Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.- TF 31744-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 1 de septiembre de 2022, “Aseguradora de créditos y garantías S.A. (TF 21603-A) c/ DGA”, del 24/10/2008, “Gibaut Hnos Manufacturas de Cuero SA TF 25387-A y otro c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 2 de marzo de 2017) entiendo que la mentada declaración de oficio no equivale al dictado de una resolución “extra petita”.
Que es claro que el principio de congruencia tiene su correlación con el de iura novit curia. Así lo ha explicado la CSJN: “El principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas (arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), limitación infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), pero que no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde "decir el derecho" (iuris dictio o jurisdicción) de conformidad con la atribución iura curia novit.” (Fallos 337:1142)
En efecto, los principios antes citados, lejos de ser opuestos, deben interpretarse en forma armónica y complementaria, al declarar la prescripción como en el caso de autos, no se está incorporando al proceso una cuestión extraña, sino únicamente aplicando las disposiciones que el Código Aduanero regula al respecto, es decir, subsumir el hecho en la norma jurídica.
En materia de prescripción, así como también en lo relativo a temas sustanciales que traducen el control de legalidad sobre el procedimiento -como por ejemplo, los requisitos del art. 1094 del C.A.- no se trata de suplir las omisiones de las partes o convertirse en intérprete de su voluntad implícita, sino de aplicar institutos-como sucede con la prescripción-que operan de pleno derecho, más allá de ser o no alegados.
Que no debe confundirse el “objeto del proceso” conformado por el hecho materia de litigio con el “procedimiento”, esto es la suma de disposiciones que obligan a utilizar parámetros comunes tales como las nulidades absolutas y los plazos prescriptivos.
En efecto, el procedimiento es el que rige la “forma” en que deben actuar el instructor y los juzgadores velando por el principio constitucional del debido proceso, en un escenario armónico en todas las instancias.
Pongamos como ejemplo que la Resolución apelada careciera de fecha o firma del sentenciante y esto no fuera advertido por la defensa, ¿debería el juez revisor distraer su mirada ante la evidente falencia nulificante y centrar su sentencia en el fondo de la cuestión? pues no. El derecho procesal no es un capricho de cumplimiento optativo o pendiente de reclamo, por el contrario, es el Juez quien debe asegurar que la validez del procedimiento se mantenga incólume, más allá de lo alegado por las partes.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción -relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.).
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria, cfr. fs. 2 de las actuaciones administrativas) se habría cometido el 10/10/1999 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva). Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2000 y que el mismo vencía el 31/12/2004.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 12/05/2004 (ver fs. 41 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 4 meses y 11 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 7 meses y 19 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 12/05/2004) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.” Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN-SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.”. Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (12/05/2004) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 03/10/2008- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 27/10/2009, cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que en relación al cómputo de los plazos prescriptivos, la Sala I de la CNCAF en autos “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 92393683-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo” del 26/03/2024, puntualizó que-en lo que respecta al inc. a) del art. 805 del C.A.-“…de acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (…)” Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos. Con costas a la DGA.
III. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas por la actora.
Por ello, VOTO POR:
Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 97 001 IT01 000042 A, por la firma ORION AVIACION, en la Actuación N° 12034-731-2008, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 97 001 IT01 000042 A, por la firma ORION AVIACION, en la Actuación N° 12034-731-2008, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.06.08 16:01:17 ART Date: 2026.06.08 16:10:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.16 21:36:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.16 21:37:11 -03:00
Fin de la sentencia