Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 32.361-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos opuesta por la actora, con costas.
2Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 6903/12, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12197-13372-2005, en cuanto formula cargo contra la aseguradora, declarando que ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA adeuda la suma de $13.768,79, en concepto de tributos respecto de la DIT 02001IT15001081S, con los intereses del art. 794 del CA, con costas.
3Revocar parcialmente la resolución DE PRLA 6903/12, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12197-13372-2005, en cuanto exige el pago del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y ganancias, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-124861756-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 10 de Noviembre de 2025 Reunidos los Vocales titulares de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), con la presidencia del vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expte.
32.361-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 6903/12, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12197-13372-2005, mediante la cual se le formuló cargo en concepto de tributos en su carácter de aseguradora. Opone excepción de prescripción, atento al tiempo transcurrido desde que operó el vencimiento de la DIT, el 20.06.04. Informa que la importadora se encuentra en proceso de quiebra. En subsidio, se explaya en cuanto a la responsabilidad que le corresponde a la aseguradora. Cuestiona la determinación tributaria, por contener conceptos no asegurados como el derecho adicional y las percepciones de IVA y ganancias. Agrega que la DGA carece de competencia para expedirse sobre las percepciones y el IVA. Señala que la falta de agregación de la póliza permite concluir que fue devuelta, por lo que la operación en cuestión estaría cancelada y el reclamo carece de todo sustento. Objeta el monto del reclamo en cuanto que el mismo excede el límite económico de la garantía. Finalmente ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (45/50). Relata los hechos del caso y realiza la negativa de rigor. Fundamenta que la prescripción esgrimida por la actora no operó. Manifiesta que el hecho de que la importadora este en proceso de quiebra y que no se haya verificado crédito, no hace que la aseguradora no tenga responsabilidad, sino todo lo contrario, la aseguradora deberá responder ante el incumplimiento del tomador del seguro, incumplimiento que se encuentra configurado. Destaca que los argumentos expuestos no han podido desvirtuar la configuración de la infracción prevista por el art. 970 del CA. Sostiene que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal y la ejecutabilidad inmediata de la garantía ante el incumplimiento del tomador de la póliza. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Manifiesta que el servicio aduanero liquidó los tributos como correspondientes a la importación para consumo de la mercadería en cuestión y por ende la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Por último, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 51 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y abre la causa a prueba. A fs. 64ref/74ref, 80ref/86ref, 178/184 y 212/224 la DGA contesta los oficios, a fs. 78/78 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 26 Secretaría 51 cumple en informar que con fecha 13.02.07 se decretó la quiebra de Plast SAICI y a fs. 164 el Depto. de Concursos y Quiebras informa la deuda aduanera que se encuentra verificada. A fs. 227 la actora desiste del oficio dirigido al despachante aduana. El 16.10.2025 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la Sala "E". El 06.11.2025 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas SIGEA 12197-13372-2005 se inician con el acta de denuncia 1524/05 de fecha 16/08/05 por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. A fs. 6/7 Se determina la base de tributos. A fs. 9 luce el sobre contenedor de la destinación 02001IT15001081S. A fs. 13 con fecha 04.10.07 se instruye a sumario. A fs. 15 se determinan los tributos y la multa. A fs. 16/17 se agrega print de pantalla de consulta de una garantía global o unitaria. A fs. 18 se corre vista de lo actuado, lo que se notifica el 16.05.12 al síndico de Plast SAICIyF (fs. 33) y el 21.05.12 a la aseguradora (fs. 34). Se agregan print de pantalla del sistema de registro –consulta de empresas activas-, AFIP sistema registral Reflejo de datos Registrados y constancia de consulta al sistema Atenea (fs.20/29). A fs. 30 mediante nota 167/12 de fecha 15.05.12, se ordenada que se considere procedente la confección del certificado provisorio de deuda. A fs. 35/42 la aseguradora contesta la vista y a fs. 47 se la tiene por presentada y se declara la rebeldía de la firma imputada. A fs. 52/56 la aseguradora plantea revocatoria, la que no le hace lugar (fs. 57). Finalmente, a fs. 67/71 luce la resolución DE PRLA 6903/12, apelada en autos.
V. En primer lugar, corresponde resolver el planteo de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos opuesta por la actora.
Cabe señalar que dicho planteo se lo resolverá, por fundamentales razones de economía procesal conforme la interpretación del Código Aduanero del precedente de la Corte Suprema "WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO" del 12.05.09 y el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830-A)" de fecha 21.09.03, sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión sobre la cuestión expuesta en la causa “LA CARDEUSE S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, sentencia del 12.11.19, Expte. 35.693-A (se puede ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2020/02/35693-A-12-11-19-1.p df).
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 804, inciso a) del CA, el plazo de la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos comienza a correr el 1º de enero del año siguiente al de la fecha en que ha acaecido el hecho gravado, esto es, el vencimiento del plazo de permanencia, siendo este el hecho imponible. Según resulta de autos, el vencimiento se produjo el 20.06.04, por lo que el plazo de prescripción comenzó a computarse el 01.01.05.
Si bien la prescripción de dicha acción se interrumpe por la notificación de la liquidación tributaria conforme el art. 806 inciso a) del C.A., por tratarse estos autos de un sumario por infracciones “el curso de la prescripción se suspende desde la apertura del sumario en el cual se investiga la existencia del ilícito aduanero, hasta que recaiga la decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (conf. art. 805, inciso a) del C.A.).
El auto de apertura del sumario dictado el 04.10.07, produjo la interrupción de la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas (cuyo vencimiento operaba el 05.10.12, es decir, con posterioridad al dictado de la resolución condenatoria) y, con relación a los tributos, implicó la suspensión de la prescripción de la acción del Fisco para percibirlos, la cual se computa a partir del día siguiente del dictado del auto de apertura del sumario hasta que recaiga la sentencia definitiva en la presente causa.
Atento a que la resolución condenatoria no se encuentra firme por la apelación interpuesta ante este Tribunal, corresponde rechazar la excepción de prescripción respecto de los tributos reclamados en autos, con costas.
VI. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada - DE PRLA 6903/12-, en cuanto formula cargo por los tributos adeudados contra la empresa aseguradora por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, se ajusta a derecho.
VI.1. Con relación a la destinación de importación temporaria, el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios de este es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
En cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. En estos casos, la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
Por su parte, la resolución ANA 479/95, vigente a la fecha de oficialización de la destinación, enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.).
Para acceder a dicho beneficio, el decreto 1439/96 impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo con las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador. Al respecto, el art. 14 del citado decreto establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”. El CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de este, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Asimismo, de acuerdo con lo previsto por el Anexo III a la Resolución S.I.C. 18/92, en los CTC debe individualizarse tanto la posición arancelaria del insumo importado en forma temporaria como la del producto para el cual el mismo es emitido. De esta manera, el certificado describe cuál es la mercadería que se exporta e indica expresamente su posición arancelaria.
Al respecto se recuerda que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
VI.2. Aclarado ello, se destaca que la Aduana formuló el cargo contra la actora en su carácter de aseguradora, conforme la póliza de seguro de caución 310.883, correspondiente a la importación temporaria identificada como DIT 02001IT15001081S –factura EX002/2002-, cuyo copia fiel luce a fs. 70ref de autos, por la que se aseguró a la Dirección General de Aduanas “... el pago en efectivo de hasta la suma máxima de PESOS 42.100 CUARENTA Y DOS MIL CIEN, con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A., que resulte obligado a efectuarle PLAST SAICIF”, como consecuencia de la destinación involucrada en autos.
En consecuencia, y toda vez que no existe en autos documentación alguna que permita verificar la regularización en término de la mercadería ingresada temporariamente, corresponde que se abonen los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería no exportada, de conformidad con lo establecido en el art. 274, ap. 1, inc. a) y ap. 2 del CA, siendo responsable de su pago el importador y su aseguradora. En efecto, el importador de la mercadería garantizó el pago de tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme lo previsto en el art. 453, inc. c) del C.A., que prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren por la importación para consumo.
En función de lo expuesto, corresponde reliquidar la exigencia tributaria que luce a fs. 15 de las act. adm., conforme el siguiente detalle:
En virtud de la liquidación practicada, la deuda por tributos asciende a la suma de $13.768,79, con más los intereses del art. 794 del CA, contados a partir de los diez días de la fecha de notificación de la corrida de vista. Se destaca que en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A) c/ A.N.A” corresponde excluir de la liquidación el derecho adicional previsto por el art. 23 del decreto 1439/96. Asimismo, en virtud del criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas” corresponde excluir del cálculo de los tributos a las percepciones de IVA adicional y de ganancias, dado que según dicho precedente al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
En relación a la aplicación de los citados precedentes de la Corte Suprema, resulta procedente la imposición de costas por su orden, en virtud de que tales pronunciamientos son de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de imposición del presente recurso.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos opuesta por la actora, con costas.
2. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 6903/12, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12197-13372-2005, en cuanto formula cargo contra la aseguradora, declarando que ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA adeuda la suma de $13.768,79, en concepto de tributos respecto de la DIT 02001IT15001081S, con los intereses del art. 794 del CA, con costas.
3. Revocar parcialmente la resolución DE PRLA 6903/12, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12197-13372-2005, en cuanto exige el pago del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y ganancias, con costas por su orden.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos opuesta por la actora, con costas.
2. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 6903/12, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12197-13372-2005, en cuanto formula cargo contra la aseguradora, declarando que ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA adeuda la suma de $13.768,79, en concepto de tributos respecto de la DIT 02001IT15001081S, con los intereses del art. 794 del CA, con costas.
3. Revocar parcialmente la resolución DE PRLA 6903/12, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12197-13372-2005, en cuanto exige el pago del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y ganancias, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.11.10 13:26:39 ART Date: 2025.11.10 13:47:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.10 13:48:14 -03:00
Fin de la sentencia