Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-112544550-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, en relación a la aseguradora, respecto al sumario que tramitara mediante la Actuación Nº 1-251434-1999 - ADGA 2003-601501 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante el DIT N° 6152-0/96.
2Imponer las costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-93753308-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 25 de Agosto de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados “ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA”, Expediente N° 25.968-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 10/21 se presenta por apoderado ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 6365/2008 dictada en la Actuación Nº 1-251434-1999 mediante la cual se condenó a la firma ERCON SA por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., intimando a su parte al pago de $ 49.590 con más el CER en carácter de garante de la obligación tributaria. Relata que mediante el DIT N° 6152- 0/96 la importadora habría documentado una operación aduanera de importación temporal cuyo plazo de permanencia en el país habría vencido sin que se reexportara la mercadería en cuestión. Se agravia por cuanto de las constancias obrantes en la causa surge que la importadora enfrentaría un proceso de quiebra, en los términos de la ley 24.522. En ese orden de ideas, expone que ha transcurrido el plazo previsto para que la Aduana verificara el crédito, y que por ello, se encuentra prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos. Subraya que la prescripción de las acciones contra el asegurador se produce cuando prescriben las acciones del Fisco contra el tomador. Arguye que la extinción de la obligación principal provoca la extinción de la obligación accesoria, tal como lo dispone en Código Civil. En subsidio, plantea la improcedencia del monto reclamado. Considera que la aseguradora no responde en la misma medida que el importador. Así las cosas, el art. 453 inc. c) del CA indica que el contenido de la garantía refiere únicamente a los tributos que gravan la importación a consumo de la mercadería y en ese sentido, cuestiona el fallo aduanero en tanto le reclama un importe superior. Describe que el importador debe tributos que sólo le competen a él, como lo son el adelanto de ganancias o el IVA adicional, en los que la Aduana actúa como agente de percepción. En función de ello, solicita que se limite su responsabilidad hasta la suma que corresponda. En otro orden, analiza la ley 25.561, el Decreto 214/02 y plantea la improcedencia del CER a la deuda tributaria. Remarca que al momento del hecho imponible se encontraba vigente la ley 23.928 que establecía la convertibilidad a razón de un peso = un dólar. Concluye que al momento de entrar en vigencia la normativa que dispuso la aplicabilidad del CER, la obligación tributaria reclamada ya constituía una deuda en pesos. Ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución aduanera, con costas.
II. Que a fs. 32/42 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera conferido. Por imperativo procesal, niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Refiere que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal. Asevera que el siniestro se configura con el incumplimiento de la obligación principal, sin que sea necesario demostrar la insolvencia del Tomador. Postula que, según surge de las constancias del expediente, el importador no habría cumplido con las obligaciones asumidas, habiéndose configurado en consecuencia, el siniestro que autoriza a reclamar el pago pertinente por parte de la aseguradora. Precisa que el servicio aduanero liquidó los tributos como correspondientes a la importación para consumo, y con aplicación del régimen tributario vigente en la documental, por ende, la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Cita los precedentes de la CSJN “Cosimati Gregorio” y “Supercanal SA” y subraya que solo a partir de una resolución fundada y firme es que existirá una deuda líquida y exigible, susceptible de reclamo judicial conforme la ley 24.522. En lo que concierne al CER, invoca que la garantía prestada ha sido en dólares y no en pesos, por lo cual, atento la normativa actual que ha pesificado las deudas en dólares, debería aplicarse el CER previsto en el Decreto 214/02. Entiende que en la medida en que las obligaciones derivadas de la póliza suscripta por la aseguradora se encontraban vigentes a la fecha del dictado del Decreto 214/02 se aplican a las mismas las normas en él previstas, con independencia de la fecha eventual del hecho imponible. Argumenta que por aplicación del art. 23.905, los tributos aduaneros deben ser liquidados en dólares estadounidenses y que el límite de responsabilidad está dado por la suma máxima garantizada, transformada a pesos con más el CER. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 46 se abre la causa a prueba que se produce a fs. 62/67, 68/74 y 80/81. A fs. 95 se cierra el período probatorio. A fs. 99 se elevan los autos a la Sala G. A fs. 100 se ponen para alegar, agregándose a fs. 106/120vta., el alegato presentado por la actora, el Fisco no hizo uso del derecho conferido. A fs. 122 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación Nº 1-251434-1999 - ADGA 2003-601501 se inicia con la solicitud de prórroga de importación temporaria presentada por la firma Ercon SA ante el servicio aduanero el 22/06/1998 respecto del DIT N° 6152-0/96 con vencimiento el 14/09/1998, por no haber finalizado los trabajos de la obra cooperativa de Vivienda Norte Limitada (fs. 1/7). A fs. 22 obra la Nota presentada ante el servicio aduanero el 01/11/2000 a través de la cual el despachante de aduana informa que no ha obtenido respuesta de la importadora respecto de la documentación requerida para la obtención de la prórroga solicitada. A fs. 25 se glosa la carpeta del DIT N° 6152-0/96 oficializado ante la Aduana de Buenos Aires el 24/09/1996, por un plazo de permanencia de 720 días. A fs. 26 obra el acta denuncia N° 1000/02 por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación al DIT N° 6152-0/96. A fs. 28 se procede a la valoración de la mercadería. A fs. 29/31 se practica liquidación de tributos. A fs. 32, el 18/12/2003 se dispone la instrucción del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA. A fs. 35 se emite la Nota N° 225/2004 (DV SAPLA/4) a efectos de confeccionar certificado provisorio de deuda respecto de la importadora ERCON SA. A fs. 40 obra print de consulta de garantías. A fs. 45 se rectifica el informe de fs. 28. A fs. 47 se formula determinación de tributos y de multa. A fs. 48 se corre vista a la importadora en los términos del art. 1101 del CA., y cita a ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA, en su carácter de garante de la obligación tributaria quienes se notifican el 21/08/2008 (fs. 52 y 53). A fs. 54/63 la aseguradora formula descargo. A fs. 68 se declara la rebeldía de la importadora, que se notifica el 19/09/2008. A fs. 73/74 se agrega consulta al registro de infractores. A fs. 76/78, el 08/10/2008 se dicta la Resolución N° 6365/2008, que se notifica a la importadora el 02/02/2009 en los términos del art. 1105 del CA (fs. 78 vta.) y a la aseguradora el 18/03/2009 (fs. 80). A fs. 81/82 la recurrente acredita la interposición de recurso ante esta instancia.
V. Que corresponde determinar si se ajusta a derecho la Resolución DE PRLA N° 6365/2008 en cuanto intima a ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA al pago de $ 49.590 con más el CER, en carácter de garante de la obligación tributaria de la firma importadora ERCON SA respecto de la destinación de importación temporaria DIT N° 6152-0/96 cuyo vencimiento operó el 14/09/1998.
VI. Que en primer lugar, corresponde expedirse respecto del planteo de prescripción de la acción de fisco para perseguir el cobro de tributos, opuesto por la recurrente en su recurso de apelación. En tal sentido, si bien la actora invoca la prescripción en los términos de la ley 24.522, es menester analizar el citado instituto a la luz de la normativa específica que rige la presente materia y que es el Código Aduanero.
Que en este entendimiento, el principio iura novit curia consiste en que los jueces letrados aplican el derecho que se adapta a las peticiones efectuadas por las partes, aunque éstas denominen o califiquen mal el derecho y se funda en la presunción lógica sobre el conocimiento del derecho por parte del juez a quien corresponde calificar la esencia del pleito y aplicar la norma jurídica pertinente.
Que, con arreglo a tales pautas, la calificación de la acción y la determinación de la norma o derecho aplicable es materia reservada al juez -iura novit curia-, quien puede y debe corregir cualquier error de las partes en punto a esta calificación o aplicar un precepto distinto al invocado.
Que es claro que el principio de congruencia tiene su correlación con el de iura novit curia. Así lo ha explicado la CSJN: “El principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas (arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), limitación infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), pero que no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde "decir el derecho" (iuris dictio o jurisdicción) de conformidad con la atribución iura curia novit.” (Fallos 337:1142).
Que en efecto, los principios antes citados, lejos de ser opuestos, deben interpretarse en forma armónica y complementaria, en tanto no se está incorporando al proceso una cuestión extraña, sino únicamente aplicando las disposiciones que el Código Aduanero regula al respecto, es decir, subsumir el hecho en la norma jurídica. Que sentado ello, el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción -relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que el art. 803 del C.A establece que “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado (art. 804 del C.A.).
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 14/09/1998 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva, ver la solicitud de prórroga y carpeta DIT obrante en las actuaciones administrativas), y que, por ende, el plazo quinquenal de la prescripción comenzó a correr el 01/01/1999 y vencía el 31/12/2003.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a)- desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 18/12/2003 (fs. 32 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 17 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 14 días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión. Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 18/12/2003) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; ...”.
Que, no cabe duda de que la decisión a la que la norma hace referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA N° 6365/2008 dictada el 08/10/2008.
Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 18/12/2003 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 08/10/2008 (fecha del dictado de la resolución aduanera), en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación. El curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el dictado de la resolución aduanera, es decir, que desde allí comenzó a correr los 14 días que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que, en ese sentido, cabe destacar que el único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que, por lo demás, la aludida notificación se efectuó en fecha 18/03/2009 (fs. 80 act. adm.), es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo.
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación -al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos; en armonía, a su vez, con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A.). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria -prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.- forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
VII. Que en tal sentido, el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 894/2017) dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.” Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN-SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses.
Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” Que, en tales condiciones, si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario -18/12/2003- hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 08/10/2008- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 18/03/2009, cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que en relación al cómputo de los plazos prescriptivos, la Sala I de la CNCAF en autos “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 92393683-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo” del 26/03/2024, donde puntualizó queen lo que respecta al inc. a) del art. 805 del C.A.-“…de acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (…)”.
Que, con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos. Con costas a la DGA.
VIII. Que atento la forma en que se resuelve el presente, torna inoficioso el examen de las demás cuestiones planteadas.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, en relación a la aseguradora, respecto al sumario que tramitara mediante la Actuación Nº 1-251434-1999 - ADGA 2003-601501 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante el DIT N° 6152-0/96.
2. Imponer las costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, en relación a la aseguradora, respecto al sumario que tramitara mediante la Actuación Nº 1-251434-1999 - ADGA 2003-601501 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante el DIT N° 6152-0/96.
2. Imponer las costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht (conf. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.08.25 16:36:58 ART Date: 2025.08.25 17:30:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.25 17:30:48 -03:00
Fin de la sentencia