Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 23612-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación).
2Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
37326/2025 ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 23612-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de octubre de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, a fs. 244/248vta. el Tribunal Fiscal de la Nación, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora y revocó parcialmente la Resolución n° 3187/07 mediante la cual el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros había condenado a la firma importadora y a la compañía aseguradora, en los términos del artículo 970 del Código Aduanero, al pago de 25.375 pesos en concepto de tributos (derechos de importación, derecho adicional, IVA, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias) más el CER y los intereses previstos por el artículo 794 del Código Aduanero y; asimismo, le había aplicado a la firma importadora una multa de 10.202,11 pesos, equivalente a una vez el importe de los tributos adeudados.
Indicó que en el caso no se hallaba controvertida la configuración de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto de la mercadería que había ingresado temporariamente mediante el despacho de importación temporal nº 99 073 IT14 001601 R.
Sin embargo, en lo relativo al importe de tributos adeudados, señaló que de conformidad con la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente I.49.XLII, “IEF Latinoamericana S.A. (TF 19.912-A) c/DGA”, del 14 de agosto de 2013 y en la causa F.195.XLII “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/DGA”, del 14 de agosto de 2013, no correspondía el pago del derecho adicional previsto en el artículo 23 del Decreto n° 1439/96 toda vez que no se había configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación ya que en el caso se trataba de una importación a consumo irregular.
Además, declaró extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar la percepción del Impuesto a las Ganancias y el IVA adicional contenida en la liquidación tributaria. Ello, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, del 26 de noviembre de 2019.
En consecuencia, reliquidó los tributos adeudados (derechos de importación e IVA), en la suma de 10.201,80 pesos. Agregó que el importe de aquellos tributos debía ser ajustado por aplicación del CER, toda vez que la obligación había sido contraída en dólares y, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la ley 23.095, era pagadera en esa divisa y, además, resultaba exigible y aún se hallaba pendiente de pago al momento del dictado del Decreto 214/02. En consecuencia, señaló que la obligación de la importadora había quedado convertida a pesos el 3 de febrero de 2002 por imperio de lo dispuesto en los artículos 1º, 4º y 8º del Decreto 214/02.
Por otra parte, indicó que los intereses previstos en el artículo 794 del Código Aduanero debían devengarse sobre el capital actualizado por el C.E.R., desde los diez días contados a partir de la notificación de la corrida de vista efectuada a la compañía aseguradora, es decir, a partir del 02/10/2002.
Aclaró que la responsabilidad de la compañía aseguradora debía limitarse a la suma máxima garantizada, convertida a razón de un dólar = un peso más CER, es decir, a 28.500 pesos más CER (póliza n° 209.711); todo ello más los intereses previstos en el artículo 794 del Código Aduanero.
Impuso las costas conforme los respectivos vencimientos.
II. Que, el Fisco apeló y expresó agravios a fs. 265/274, los que fueron replicados por la parte actora a fs. 276/279. En primer término, expresa que las obligaciones asumidas por el importador y por las aseguradoras no son las mismas. En tal sentido, afirma que lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Cladd” lo fue respecto de la exigibilidad de la obligación tributaria relativa de la firma importadora “…y no así a la empresa aseguradora”.
Sostiene que la relación que tiene la aseguradora con el Fisco no es de índole tributaria y consiste en “…afianza[r] las obligaciones del importador temporario; es decir, aquellas obligaciones que hubiese correspondido cancelar ‘antes’ (como condición sine qua non para CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V importar) pero que quedaron en ‘suspenso’ y se garantizaron mediante un contrato”. Por ello, considera que debe pagarle al Fisco en las condiciones establecidas en el contrato de seguro, los tributos garantizados que se mantuvieron en “suspenso” para el caso de producirse el siniestro. Considera que el importador adeuda las percepciones como consecuencia de una obligación que resulta del derecho público tributario y que, por ende, cerrado el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de tales tributos, se extingue la facultad de la DGA para requerir su pago; mientras que, en el caso del asegurador, “…lo único que debe ponderarse es la existencia de un contrato (póliza) y que el hecho generador de la obligación, efectivamente, se haya producido (la importación definitiva a consumo)”.
III. Que, la cuestión debatida en los presentes autos resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala V en la causa n° 26.224/25, caratulada “Paraná S.A. de Seguros (TF35.088-A) c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 19/09/2025.
En esta causa, al igual que en la citada precedentemente, no se encuentra controvertida la responsabilidad de la compañía aseguradora como garante de los tributos que resultaran adeudados por la importadora ante la falta de cumplimiento del régimen de importación temporal comprometido en la DIT n° 99 073 IT14 001601 R, cuyo objeto constituye en asegurar su pago en cualquier supuesto de incumplimiento, circunstancia que por sí sola configura el siniestro, aún en caso de concurso o quiebra del importador (cfr. Fallos 207:322; 315:1408). Es en virtud de ese contrato que la compañía aseguradora se obligó al pago de la suma estipulada por el mero hecho del incumplimiento del deudor. Verificado ese incumplimiento, se convirtió en un nuevo obligado que añade su responsabilidad a la del importador, por el pago de los tributos adeudados. En tanto el objeto de ese contrato consiste en la eliminación del riesgo de la mora del deudor (Cam. Nac. en lo Com., Sala A, “Indesa S.A. c/ Apolo Cía de Seguros”, La Ley 1982-B-416; Sala B, 23/10/1990, E.D. 142-479; Sala D, 17/6/1988, L. L. 1988-E-460; ídem, Cam. Nac. de Ap. en lo Civil, Sala F, “Sarros, Nicolás c/Transporte Met. Gral. San Martín s/art. 250 del CPCC/ Incidente Civil Seguro de Caución”, del 2/4/03) no cabe entender que, producido el siniestro, la aseguradora debe pagar en subsidio del tomador pues, en tal caso, la esencia misma de la garantía perdería su razón y dejaría de cumplir con su función específica.
Ahora bien, esa circunstancia no puede llevar válidamente a sostener que, como pretende el Fisco, sea posible exigir a la compañía aseguradora un importe diverso y mayor que el que le corresponde pagar al importador temporal. Al respecto, en el caso se concluyó que una vez vencido el plazo para presentar las declaraciones juradas, se extingue la facultad del organismo aduanero para requerir las percepciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas, del 26 de noviembre de 2019). Por lo tanto, carece de sentido afirmar que dicha extinción únicamente pueda ser aplicada respecto de la firma importadora ya que la compañía aseguradora se comprometió al pago de los tributos que resultaren adeudados por aquella como consecuencia del incumplimiento del régimen, pero sólo en la medida en que tales tributos sean exigibles.
Por lo demás, es dable destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no formula distinciones en orden a la exigibilidad de las percepciones en función de si se tratare del importador o de la compañía aseguradora. Al respecto, cabe tener en consideración que en el precedente CAF 18074/2016/CS1-CA1 Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo, del 26 de noviembre de 2019, hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por la compañía aseguradora y revocó la sentencia apelada al considerar que la cuestión debatida encuentra “…adecuada respuesta en la doctrina que emana de la causa CAF 22930/2009/CA1-CS1 "Cladd ITA SA (TF 22.343 -A) c/ EN DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas", sentencia de la fecha, a cuyos fundamentos corresponde remitirse, en lo pertinente, por razones de brevedad”.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación). 2) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse.
Pablo GALLEGOS FEDRIANI Guillermo F. TREACY
Fin de la sentencia