Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 23657-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. y en consecuencia, revocar la sentencia apelada en punto a la aplicación del C.E.R. y
2Las costas de ambas instancias se distribuyen en un 70% a cargo de la actora y en un 30% a cargo del Fisco Nacional (arts. 279 y 71 del C.P.C.C.N.).
36.845/2023 Alba Cia Argentina de Seguros SA c/ EN-AFIP-DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo Buenos Aires, 14 de febrero de 2024 VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 22/12/2022 la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: i) confirmar parcialmente la resolución DE PRLA n° 6590/2007 recaída en el expediente SIGEA n° 12034-499-2008, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados por la firma aseguradora ascienden a la suma de $ 19.928,86, con más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) aplicable a la fecha de pago en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del CA que se hubiesen devengado desde el 17/05/2004 hasta la fecha del efectivo pago; ii) revocar la resolución apelada en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias; iii) imponer las costas por sus respectivos vencimientos.
Para así decidir, comenzó por realizar una reseña de las actuaciones administrativas instruidas en los términos del art. 970 del Código Aduanero -que incrimina al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria-, con relación a la mercadería importada temporariamente por la firma "Leather Motion SA", mediante el DIT N° 97 001 IT 15 002401X, cuyo vencimiento operaba el 17/12/2000.
Destacó que no se encontraba controvertido el régimen de importación temporaria, debido a que la apelante en oportunidad de presentarse en sede aduanera y ante esa instancia, no aportó prueba que acredite la reexportación o regularización de la mercadería amparada por el DIT, objeto de autos.
A su vez, afirmó que tampoco se encontraba discutido el alcance de la póliza n° 222.7333, emitida por la firma Alba Compañía de Seguros SA en fecha 16/12/1999, por un valor de U$S 60.000.
Refirió lo establecido en los arts. 250 y 970 del C.A. y expresó que en el caso de autos la actora no había ofrecido prueba a fin de acreditar la reexportación o regularización de la mercadería amparada por el DIT 99 001 IT15 002401X.
En tales condiciones, concluyó que se habían producido los efectos tributarios e infraccionales legalmente previstos al respecto.
En relación al análisis del derecho adicional, señaló que correspondía aplicar la doctrina sentada por la CSJN en la causa “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” -que remitió al expte. “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”-, ambas del 14/08/13, en la que se revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la resolución ME n° 72/92, limitando el pago sólo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos, como el de autos, en el cual al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art. 970 del CA.
Por su parte, en punto a la carencia de facultades de la DGA para exigir el pago en concepto de IVA adicional y anticipo del Impuesto a las Ganancias, el a quo consideró aplicable la doctrina sentada por el Alto Tribunal en la causa "Cladd Ita SA c/ EN -DGAs/ DGA", del 26/11/29, en el sentido de que "....a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos". Efectuó la liquidación de los tributos teniendo en cuenta la liquidación practicada a fs. 7 de las actuaciones administrativas.
En lo que respecta a la procedencia de la aplicación del CER, puso de manifiesto que la deuda tributaria fue expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto n° 214/02, resultando aplicable lo dispuesto en sus artículos 4 y 8.
Indicó que la deuda tributaria había quedado pesificada por el decreto 214/02. Por eso, no era aplicable al caso el criterio de la CSJN, en el precedente, “Editorial Perfil”, sent. del 12/08/2008 y si era aplicable el criterio sentado en el caso “Sociedad Cinematográfica”, sent. del 17/04/2007, en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del decreto 214/02, el CER era inescindible del capital adeudado.
En conclusión, consideró que, la obligación tributaria nació expresada en dólares estadounidenses al tiempo del registro del despacho de importación por aplicación del artículo 20 de la ley 23.905, subsistiendo como tal a la fecha en que entró en vigencia la Ley de Emergencia 25.561, por lo cual no cabía duda que resultaba alcanzada por la pesificación dispuesta por el decreto 214/02 del 3/02/2002.
Finalmente, en referencia al tope máximo de responsabilidad de la aseguradora -que es el límite hasta donde ésta podría resultar obligada-, declaró que el importe de U$S 60.000 fijado en la referida póliza debía convertirse a pesos en los términos del artículo 8 del citado decreto, es decir, a la relación u$s1 = $1, con más la aplicación del CER a la fecha de su efectivo pago, importe al que se le debían adicionar los correspondientes accesorios.
Determinó que el importe nominal de los tributos: $19.928,86 más el CER, quedaba comprendido dentro del límite garantizado (U$S 60.000), a razón de $60.000 con más el CER, debiendo adicionarse a ese monto los correspondientes accesorios.
En lo atinente a los intereses, advirtió que la jurisprudencia era pacífica respecto de que el garante respondía por los intereses debidos por el deudor principal (art. 1580 C.C. y C.) y también por los intereses de su propia mora, cuando ésta era anterior a la mora del deudor principal.
Ponderó que, en el caso de autos, la aseguradora fue citada el 01/04/2005, es decir con posterioridad a la fecha de notificación a la firma importadora que fue practicada en fecha 30/04/2004. Por lo tanto los intereses corrían, en el caso, desde el 17/05/2004.
II. Que contra dicho pronunciamiento el 15/03/2023 interpuso recurso de apelación la actora, expresando agravios el 10/04/2023, los que no fueron replicados por la contraria.
Sostiene la recurrente que la aplicación del CER resulta improcedente, toda vez que el cargo tributario fue liquidado originariamente en pesos.
Considera que resulta infundada la pretensión del servicio aduanero en orden a la aplicación del decreto 214/02 y su aplicación deviene totalmente inconstitucional, por contrariar las limitaciones contenidas por el artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional.
Manifiesta que, en efecto la delegación legislativa expresamente prohíbe que por la vía de decretos de necesidad y urgencia se regulen temas de carácter penal o tributario, siendo evidente que una presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero conlleva en sí misma esa doble naturaleza penal y tributaria.
Precisa que, en el caso de autos, se imputa a la firma importadora la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero. Por lo tanto, la aplicación del decreto 214/02 es improcedente, no sólo porque la cuestión de fondo resulta de indiscutida naturaleza penal, sino que además, la obligación tributaria exigida, bajo ningún punto de vista puede ser modificada en desmedro del administrado por un decreto de necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo, pues ello se encuentra prohibido por el artículo 99 inciso 3°de la Constitución Nacional.
Pone de relieve que, al momento del hecho imponible, se encontraba vigente el artículo 1° de la ley 23.928 que establecía la convertibilidad a razón de 1 peso = 1 dólar, siendo por ende plenamente aplicable al importe en concepto de tributos por la operación en cuestión.
Añade que, ello coincidía con el tipo de cambio vigente y asimismo, porque la ley 25.561 ratificó la vigencia de los artículos 7° y 10° de la ley 23.928. Es decir que, en lo que respecta a la obligación tributaria reclamada, al momento de entrar en vigencia la normativa que dispuso la aplicabilidad del CER, aquélla ya constituía una deuda en pesos.
A todo evento y en caso de no admitirse su planteo, esgrime que los intereses deben ser calculados sobre el monto nominal ya que de lo contrario se incurriría en una actualización contraria a lo dispuesto por la ley. Insiste en que, para el caso de que se disponga que los intereses deben calcularse sobre la base del capital actualizado con CER se debe hacer una salvedad sobre el cálculo de los intereses y la tasa de interés aplicable. Por otra parte, indica que, no corresponde que se calculen intereses por todo el tiempo transcurrido desde el vencimiento del plazo para contestar vista (15/04/2005) hasta el dictado del fallo en virtud del cual su parte se vea obligada a abonarlos.
Manifiesta que, en efecto desde el 15/04/2005 al día de la fecha, han transcurrido 18 años, plazo que ha excedido sin dudas el previsto legalmente para la tramitación de los sumarios aduaneros y el recurso ante el Tribunal Fiscal. Puntualmente, aduce que, en sede aduanera la demora queda evidenciada por el hecho de que la resolución condenatoria se dictó el 19/09/2007, a cuatro años de la instrucción del sumario (5/02/2003).
Agrega que, en su etapa recursiva ante el Tribunal Fiscal, el tiempo útil de tramitación del expediente fueron los primeros años, aproximadamente año 2009, permaneciendo inactivo hasta el 2022 donde se cierra la etapa probatoria y pasan los autos para dictar sentencia.
En virtud de lo expuesto, solicita que en caso de que se decida que corresponde el pago de tributos se calculen los intereses exclusivamente por el plazo de tramitación útil del expediente, descontándose expresamente todo el tiempo de inactividad imputable a la administración. Lo contrario implicaría una violación lisa y sana del derecho de propiedad establecido constitucionalmente y de los principios de equidad y justicia y, asimismo, ocasionaría un enriquecimiento indebido a favor del Estado.
III. Que corresponde examinar los agravios de la actora, Alba Compañía Argentina de Seguros S.A., en torno a la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) previsto en el decreto 214/2002. Y cabe adelantar que -según criterio de la Sala- asiste razón a la actora en su planteo.
Al respecto, debe señalarse que mediante el artículo 1º del decreto 214/02 del 3/2/2002 se dispuso: “[a] partir de la fecha del presente decreto quedan transformadas a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen –judiciales o extrajudiciales- expresadas en dólares estadounidenses, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561 [6/1/2002], y que no se encontrasen a esa fecha convertidas a pesos. Es decir, que es a esas obligaciones a las que resultan aplicables los artículos 4º y 8º de la norma mencionada”.
En el caso, las sumas fueron calculadas y reclamadas con posterioridad a la sanción del decreto 214/02, en pesos.
En efecto, de las constancias obrantes en el expediente administrativo n° 12034-499/8 surge que la corrida de vista de fecha 12/02/2004 fue efectuada en moneda nacional de curso legal y sin reserva o aclaración alguna sobre la aplicación del CER (cfr. fs. 12 del sumario aduanero).
Es decir que -contrariamente a lo decidido- las obligaciones a cargo de la importadora y luego de la aseguradora fueron fijadas en pesos y más allá de que por error u otras razones, no se haya aplicado el art. 20 de la ley 23.905 que disponía que las liquidaciones de los tributos aduaneros debían hacerse en dólares estadounidenses, lo cierto es que la intimación al pago del cargo fue efectuada en pesos.
Por tal razón, las normas del decreto 214/2002 no serían aplicables dado que, en el sub lite, no habría que transformar a pesos obligación alguna, pues la cantidad a pagar no estaba expresada en dólares, sino que ya lo estaba en pesos (confr. criterio que surge del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: E. 223. XLII. “Editorial Perfil S.A. (TF 13.456-A) c/D.G.A.” del 12 de agosto de 2.008, en el que adhirió al dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal). Además, no puede modificarse la moneda en que la deuda fue fijada, en tanto ello importaría un agravamiento de la condena (confr. esta Sala en su anterior composición in re: “Sevel Argentina S.A. (TF 11495-A) c/DGA” del 29 de agosto de 2.006 y “Telfin S.R.L. (TF 9890-A) c/DGA” del 12 de septiembre de 2.006 y en su actual composición “Arcangel Maggio S.A. (T.F. 24.595-A9 c/DGA s/ recurso directo”, del 05/02/2015; entre otros).
Por ello, debe concluirse en que no resulta aplicable el CER previsto en los artículos 4º y 8º del decreto 214/02, a la suma en pesos adeudada por la aseguradora, razón por la cual -respecto de este punto- debe hacerse lugar a la apelación de la parte actora (confr. esta Sala in re: expte. 45.643/2017, “Alba Cia Argentina de Seguros SA c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo, del 5/03/2020, entre muchos otros).
IV. Que distinto temperamento, debe adoptarse respecto de la solicitud de que se calculen los intereses exclusivamente por el plazo de tramitación útil del expediente, descontándose expresamente todo el tiempo de inactividad imputable a la administración.
Pues, en el caso en examen, no se advierte que se haya configurado un retardo de justicia exclusivamente imputable a la autoridad administrativa jurisdiccional. Sobre todo si se recuerda que debe valorarse, no sólo la naturaleza de los derechos involucrados sino también cuál ha sido la responsabilidad de la parte en dicha demora (CSJN, Causa A. 210.XLIX, in re, “Adriana Reisfeld, Diana”, del 22/05/13).
En efecto, no puede soslayarse que, ni durante el período de tramitación del expediente administrativo (iniciado el 29/05/2002 -fs. 1- y donde la Aduana emitió la resolución DE PRLA n° 6590/2007 el 19/09/2007 - fs. 40/42), ni durante el tiempo en que la causa tramitó ante la sede del Tribunal Fiscal de la Nación, la parte actora no ha efectuado ningún tipo de presentación tendiente a declarar su disconformidad con dicha demora, ni menos aún, ha presentado un pedido de pronto despacho de las actuaciones (arg. CSJN, Fallos 322:663). Nótese, en este sentido, que si bien el tribunal jurisdiccional posee amplias facultades para impulsar de oficio el procedimiento en pos del esclarecimiento de la verdad material (arts. 1145 del C.A.), ello no sustituye la obligación de las partes de conducir las actuaciones al estado de resolver, lo que en autos no ocurrió.
Por lo demás, la única consecuencia legalmente prevista para la demora en la tramitación del procedimiento jurisdiccional resulta ser la suspensión de prescripción de la acción para hacer efectivas las penas mientras dure dicho procedimiento (art. 940 del C.A.), contando el particular con una herramienta a fin de garantizar el dictado de la decisión jurisdiccional definitiva en tiempo oportuno (recurso por retardo de justica del T.F.N. arts. 1028 inc. d) y 1181 del C.A.), en caso de verificarse el vencimiento del plazo previsto para resolver, computable desde el llamado de autos, situación que tampoco se verificó en la especie (en este sentido esta Sala in re: “Renault Argentina S.A. (TF 13159-A) c/DGA” del 2 de julio de 20.13 -expte. nro. 1.443/2013-).
En consecuencia, corresponde rechazar la defensa intentada.
V. Que, en atención al modo en que se decide las costas de ambas instancias se distribuyen en un 70% a cargo de la actora y en un 30% a cargo del Fisco Nacional (arts. 279 y 71 del C.P.C.C.N.).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. y en consecuencia, revocar la sentencia apelada en punto a la aplicación del C.E.R. y 2°) las costas de ambas instancias se distribuyen en un 70% a cargo de la actora y en un 30% a cargo del Fisco Nacional (arts. 279 y 71 del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARIA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia