Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 24450-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de la parte actora y confirmar la resolución del 26/12/22 en cuanto fue materia de agravios; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
41260/2023 “ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 24450-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, octubre de 2023.
1. Que, el 26/12/22 (fs. 286/289), el Tribunal Fiscal de la Nación:
(i) Confirmó parcialmente la resolución DE PLA 912/08 en cuanto había exigido a Alba Compañía Argentina de Seguros SA, en calidad de garante de la destinación suspensiva de importación temporaria (DIT) 775-0/97, el pago de $19.184,54 en concepto de tributos, más el más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, calculados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista a la aseguradora y hasta la fecha de efectivo pago. (ii) Revocó la exigencia del derecho adicional y las percepciones de tributos interiores, así como el reclamo relacionado con la DIT 1138-8/97 (que no había sido afianzada por la aquí actora).
(iii) Impuso las costas conforme los vencimientos.
Para resolver de tal modo, ante todo, conforme al criterio mayoritario de la sala que intervino y con arreglo a lo previsto en los artículos 803 a 806 del Código Aduanero, descartó que hubiese operado la prescripción de la acción del Fisco para exigir el cobro de los tributos.
A continuación, examinó la cuestión de fondo, aclarando que la falta de exportación o nacionalización de la mercadería amparada por la DIT 775-0/97, cuyo plazo de permanencia operó el 26/1/98, no había sido materia de controversia. Sobre esa base, confirmó la configuración de la infracción prevista por el artículo 970 del Código Aduanero con respecto a la señalada operación.
Revocó la exigencia del derecho adicional y las percepciones de tributos interiores con remisión a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Frisher SRL” (Fallos: 336:1182) e “IEF Latinoamericana SA”, ambas sentencias del 14/8/13; y “Cladd ITA SA”, del 26/11/19.
En cuanto a los rubros de la liquidación tributaria que resultaron confirmados (derechos específicos, tasa de estadística e IVA), indicó que ascendían a $19.184,54 y precisó que resultaba exigible el CER, toda vez que la deuda tributaria había sido expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 214/02 (v. corrida de vista del 22/11/07, a fs. 61/vta. act. adm.) y se trataba de un concepto inescindible del capital adeudado.
Por último, indicó que tampoco se hallaba discutido que la recurrente había garantizado, mediante la póliza 116.220, el pago en efectivo hasta la suma de USD 45.461; la que también debía convertirse a pesos en los términos del artículo 8º del decreto 214/02, con más la aplicación del CER, hasta la fecha del efectivo pago. De tal 1 manera, puso de manifiesto que la liquidación confirmada no excedía la suma máxima exigible a la aseguradora en concepto de capital.
2. Que, disconforme con la decisión, a fs. 295 interpuso apelación la aseguradora, que se fundó a fs. 296/311, se concedió a fs. 312 y fue replicada a fs. 316/321vta.
Planteó los siguientes agravios:
a) El Tribunal Fiscal de la Nación debió considerar prescripta la acción del Fisco para percibir los tributos, ya que la causal de suspensión del artículo 805, inciso a, del Código Aduanero únicamente es válida cuando los procesos se cumplen en su debido tiempo; mientras que, en el caso, transcurrieron 10 años entre el vencimiento de la DIT (26/1/98) y el dictado de la resolución aduanera (el 6/3/08), más otros 14 años hasta la decisión que aquí es materia de recurso (del 26/12/22).
b) En su defecto, debería declararse extinta la acción del Fisco por afectación de la garantía a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, aplicable a toda clase de procesos.
c) En caso de que no prosperen los anteriores planteos, debería revocarse la aplicación del CER, toda vez que la obligación tributaria del caso quedó “pesificada” con arreglo a lo previsto por la ley 23.928 (que habría dejado sin efecto lo dispuesto por la ley 23.905), con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 214/02.
A todo evento, se plantea la inconstitucionalidad del citado decreto 214/02, por constituir una forma de actualización monetaria, prohibida por las leyes 23.928 y 25.561. d) En subsidio de lo anterior, los intereses deberían computarse sobre el capital nominal sin CER, a fin de no incurrir en una indexación prohibida por ley. De lo contrario, debería aplicarse la tasa del 0,83% mensual (o incluso una menor) sobre el capital actualizado con CER, desde el momento en que comenzaron a devengarse los intereses del artículo 794 del Código Aduanero.
e) Por último, debería tenerse en cuenta el tiempo que demoró el procedimiento aduanero y el trámite de la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, y ordenarse la suspensión del cómputo de los intereses durante el período de inimputabilidad de la mora, con sustento en la doctrina de Fallos: 304:203; 323:1315 y 332:1633.
3. Que, en lo que concierne a la extinción de la acción tendiente al cobro de los tributos –ya sea por prescripción o por afectación de la garantía a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas–, la apelación es improcedente por infracción al deber de buena fe procesal (art. 34, ap. 5º, inc. d, del CPCCN) y al principio de preclusión (art. 1145 del CA).
Esto así, en la medida en que la cuestión no había sido planteada en el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. fs. 11/20), y no existe obligación de expedirse sobre materias que no fueron propuestas en la anterior instancia (cfr. art. 277 del CPCCN, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 41260/2023 “ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 24450-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
aplicable en virtud de la remisión del art. 1182 del CA, y esta Sala causa 51372/22 “Bunge Argentina SA TF 36695-A c/ DGA”, sent. del 13/12/22).
Sin perjuicio de lo expuesto, se deja a salvo que el vencimiento de la DIT 775- 0/97 tuvo lugar el 26/1/98, por lo que el plazo de prescripción de la acción tributaria comenzó a correr el 01/01/99, y se suspendió con el dictado del acto de apertura del sumario del 24/11/03 (v. fs. 31, act. adm., arg. art. 805, inc. a, CA); de manera tal que, al dictarse la resolución condenatoria, el 6/3/08 (fs. 81/92, act. adm.), la acción del Fisco aún no había prescripto (doctr. esta Sala, causa 14530/22 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, sent. del 27/9/22, y sus citas).
También se deja a salvo que este Tribunal mantiene un criterio contrario a la posibilidad de extender la doctrina relativa a la extinción de la acción penal del Fisco con sustento en la afectación de la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable, a la que aquél tiene para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera (cfr. causa 56632/15 “Iveco Argentina SA c/ DGA”, sent. del 14/4/16, y sus citas).
4. Que, en cuanto a la inclusión del CER en la liquidación tributaria, el decreto 214/02 (BO 4/2/02) dispuso que, a partir de su dictado, “…quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen – judiciales o extrajudiciales- expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS” (art. 1º).
Por su parte, el artículo 4º de la norma estableció: “A los depósitos y a las deudas referidos, respectivamente, en los artículos 2º, 3º, 8º y 11º del presente Decreto, se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina. Además, se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos. El coeficiente antes referido se aplicará a partir de la fecha del dictado del presente decreto”. Mientras que el artículo 8º previó: “Las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero expresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculados al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($1)” (confr. asimismo las disposiciones contenidas en las leyes 25.642 y 25.713).
En este caso, tanto el acto de corrida de vista del sumario como la resolución DE PLA 912/18 intimaron a la aseguradora a abonar una suma en pesos con expresa reserva acerca de la aplicación del CER (v. fs. 61 y 91vta., act. adm.); esto en función de la fecha en que se había generado la obligación tributaria (26/1/98).
Es decir que, la aplicación del ajuste que por derecho correspondía, no afectó el derecho de defensa de la parte actora, quien tuvo oportunidad de esgrimir sus defensas al 3 respecto al contestar la vista en sede aduanera, como así también al fundar su recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Por lo demás, la cuestión relativa a la moneda de origen de este tipo de deudas y la consecuente procedencia del CER en casos como el presente, fue dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Volkswagen Argentina SA (TF 22179-A) c/ DGA”, sentencia del 23/8/11, en la que, siguiendo el dictamen del Ministerio Público Fiscal, entendió que el art. 20 de la ley 23.905 no había sido dejado de lado por la ley 23.928 pues, a tenor de lo dispuesto en su art. 7º, ésta sólo estaba dirigida a las obligaciones de dar sumas de dinero determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte se debatía en la causa debían ser determinadas en dólares. Allí aclaró también que la ley 23.905 era posterior al dictado de los artículos 637 y 638 del Código Aduanero, y que la vigencia de su artículo 20 ya había sido determinada implícitamente por aquel Tribunal en la causa B.828.L.XLIII, “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16674-A) c/ DGA”, sentencia del 27/04/11.
Finalmente, la Corte desestimó el planteo de inconstitucionalidad del decreto 214/02 –consistente en que, por tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, no podía regular sobre la materia tributaria (art. 99, inc. 3º, C.N.)– alegando que la transformación a pesos y la aplicación del coeficiente indicado también fue dispuesta por el Congreso Nacional con el dictado de la ley 25.830.
5. Que, en lo que respecta al planteo subsidiario de inconstitucionalidad del decreto 214/02, además de lo señalado por el Máximo Tribunal en el precedente al que se hizo referencia, cabe remitir a lo resuelto por esta Sala, en la causa 12971/10 “Volkswagen Argentina SA SA (TF 21984-A) C/ DGA”, sentencia del 27/10/10, y sus citas.
6. Que, tal como lo resolvió el Tribunal Fiscal de la Nación, los intereses deben calcularse sobre el importe de capital ajustado por el CER; sin que ello puede ser caracterizado como un procedimiento de actualización de deuda prohibido por ley 23.928 (cfr. esta Sala, causa 7113/11 “Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (TF 27232-A) c/ DGA”, sent. del 10/8/11, entre muchas otras).
7. Que la argumentación de la recurrente tendiente a que se sustituya la tasa de interés del artículo 794 del Código Aduanero para las deudas actualizadas con CER, por resultar ésta “excesiva” y discriminatoria (v. fs. 308vta./309), resulta insuficiente para efectuar una declaración de tal excepcionalidad.
En ese sentido, se debe recordar que toda declaración de inconstitucionalidad impone a quien la pretende demostrar claramente de qué manera la ley que se cuestiona contraría la Constitución Nacional, sin que a tal fin alcance la invocación de agravios conjeturales, ni la realización de valoraciones en abstracto, que no hacen alusión a un gravamen concreto (Fallos: 330:5111; 331:718; entre muchos otros).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
41260/2023 “ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 24450-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
8. Que, por último, en atención a lo prescripto por los artículos 794 a 796 del Código Aduanero, y a que la recurrente no ha invocado ni mucho menos demostrado la imposibilidad de afectar sumas en garantía en sede aduanera a fin de ejercer la opción prevista por el legislador, no se advierten motivos que puedan justificar la eximición de intereses pretendida (doctr. esta Sala, causa 2544/18 “Vesuvio SACIFI”, sent. del 11/8/22 y citas).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de la parte actora y confirmar la resolución del 26/12/22 en cuanto fue materia de agravios; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
El juez de cámara Marcelo Daniel Duffy no suscribe por hallarse de licencia (art.
109, RJN).
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y pago de la tasa de justicia efectuado por la parte actora, toda vez que se configura el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia