Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 24561-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora contra el pronunciamiento del TFN de fecha 3/6/2024, únicamente en lo relativo a que no corresponde en el caso la aplicación del CER (en los términos de lo desarrollado en el Considerando V), y rechazarlo en todo lo restante, con costas según sus respectivos vencimientos (Considerando VII).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II
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661/2025 ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 24561-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 6 de marzo de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, mediante el pronunciamiento de fecha 3/06/2024, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: 1.- confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9338/07, dictada en la Actuación N° 12039-708-2008 - ADGA 601.862/2002, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($96.434,94), con más el CER aplicable a la fecha de pago, en concepto de derechos específicos, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 10/03/2004 hasta la fecha de total efectivo pago. 2. - Revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. 3. - Costas conforme los respectivos vencimientos (ver fs. 189/199 de las actuaciones administrativas digitalizadas subidas mediante archivo pdf “Antecedentes de la causa”).
Para así decidir, en cuanto aquí interesa, comenzó indicando que la firma actora interpuso recurso de apelación contra la resolución de la Aduana por medio de la cual se había condenado a la firma MANDALACUI ARIEL GUSTAVO por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., intimando a su parte al pago de $ 119.770,60 con más el CER en concepto de tributos, en carácter de garante de la obligación tributaria.
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Indicó que la parte se agravió por cuanto la responsabilidad eventualmente asumida resulta accesoria a la conducta realizada por un tercero, por lo que debe quedar acreditado el incumplimiento imputable al deudor principal para que surja la responsabilidad subsidiaria del garante; que la aseguradora no responde con idénticos alcances y en la misma medida que el importador y pasa a detallar distintos supuestos; se opuso a la suma reclamada en concepto de tributos ya que a su entender solo ha garantizado el pago de los tributos que gravan la importación para consumo, esto es: aquellos tenidos en cuenta para el cálculo de la multa; y planteó la improcedencia de la aplicación del CER.
A continuación, precisó la posición del Fisco Nacional y las constancias del expediente administrativo, y sucintamente señaló que tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales -así como lo relativo a los CTC, Decreto N° 1439/96-. Sostuvo que “tratándose la cuestión debatida en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 inc. c) y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco, en dicho Código, la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la Aduana asegurada) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, de necesaria aplicación supletoria”.
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Indicó que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador; y que el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente su derecho de defensa. Puesto ello de relieve, señaló que de los documentos obrantes en la presente causa no consta la cancelación del DIT en trato, por lo que se han producido los efectos tributarios e infraccionales legalmente previstos al respecto (arts. 274 y 970 del C.A.).
Decidido ello, analizó la determinación de la deuda reclamada en autos y puso de relieve que, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, in re “Codorniu Argentina S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (CAF 30796/2016/CA1-CS 1) del 26/12/2017, concluyó que en la especie no correspondía el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96 (conf. CSJN in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”).
Por otro lado, en lo relativo a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, afirmó que la DGA carece de facultades para el cobro de los importes por dichos conceptos, en función de la doctrina de la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019.
Decidido todo ello efectuó una reliquidación de los tributos, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el impuesto a las ganancias, arribando a la suma de $96.434,94.
Indicó en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que tratándose la deuda de autos una obligación generada por un hecho anterior a la entrada en vigencia de la Ley 25.561 -importación para consumo irregular de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II fecha 23/06/2001-, esa suma debió liquidarse conforme el art. 20 de la ley 23.905, en dólares (U$S).
Manifestó que, en el caso, el importe exigido en la corrida de vista de fs. 19 en fecha 21/08/2003 (notificada a la aseguradora el 24/02/2004), fue expresada en pesos, cuando ya $ y U$S no eran equivalentes (pues se había derogado la ley 23.928 no encontrándose vigente la paridad cambiaria $ 1 - U$S 1), y se efectuó después de la sanción del Decreto 214/02.
Por ende, afirmó que “la deuda tributaria quedó así “pesificada” por el Decreto 214/02 (con la paridad 1 a 1), es decir “en virtud” de dicho decreto (y no había sido pesificada -por la Aduana- antes de dicho decreto). Por eso no es aplicable al caso el criterio de la C.S.J.N. sentado en el caso “Editorial Perfil”, sent. del 12/08/2008, y si es aplicable el criterio de dicha C.S. sentado en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica”, sent. del 17/04/2007, en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Dec. 214/02 el CER es inescindible del Capital adeudado”.
Así las cosas, concluyó que “la obligación tributaria nació expresada en dólares estadounidenses al tiempo de registro del Dl en cuestión, por aplicación del art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991), subsistiendo como tal a la fecha en que entró en vigencia la ley de emergencia 25.561, por lo cual no cabe duda que resulta alcanzada por la pesificación dispuesta por el Decreto N° 214/02, del 3/2/2002”.
Dicho lo cual, sintetizó que “la aseguradora adeuda, en su carácter de garante, el importe de los rubros derechos específicos, tasa de estadística e IVA con más el C.E.R. aplicable a la fecha de pago, sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A”; y que por resultar el C.E.R. inescindible del capital adeudado, procede su inclusión a los efectos del cómputo de los intereses (sobre los rubros en que se determinó procedente).
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Por otra parte, en cuanto al tope máximo de responsabilidad, indicó que deberá resultar de convertir el monto asegurado por la póliza (U$S 56.500), en la relación U$S 1 = $ 1, con más el CER que corresponda al día anterior al pago (U$S 1 = $ 1, en los términos del art. 8° del dec. 214/02, con la aplicación del CER previsto en el art. 4° dec. 214/02, por tratarse de una obligación contraída en dólares con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto). A su vez, en lo atinente a la limitación de su responsabilidad, la actora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar (al importe de dicho monto límite, si fuera que los tributos que adeuda la importadora lo superan) los accesorios que correspondan.
Así las cosas, indicó que toda vez que el importe nominal de los tributos $96.434,94 determinado queda comprendido dentro del límite garantizado (U$S 36.500), a razón $ 36.500 con más el CER, por ese importe debe responder la aseguradora -y es a ese importe al que aquí se le deben adicionar los correspondientes accesorios-.
En cuanto a los intereses, sostuvo que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, y también por los intereses de su propia mora, cuando esta es anterior a la mora del deudor principal.
En el caso de autos, la aseguradora fue citada el 24/02/2004, es decir con anterioridad a la fecha de notificación a la firma importadora que fue practicada en fecha 10/03/2004. Por lo que los intereses corren, en el caso, desde el 10/03/2004 (diez días posteriores al 24/02/2004), según el art. 794 del C.A.
II. Que, contra dicho pronunciamiento, con fecha 6/8/2024 interpuso recurso de apelación la compañía de seguros, expresando agravios el 27/8/2024, los que fueron replicados por la contraria con fecha 25/9/2024 (ver fs. 205, fs. 212/245 y 268/290-301/311, de las actuaciones administrativas digitalizadas subidas mediante archivo pdf “Antecedentes de la causa”).
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Se agravió de la sentencia recurrida por respecto de los siguientes acápites, a saber:
a.- Prescripción para percibir tributos.
Sobre este punto, manifestó que habría operado la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos que reclama, toda vez que, si bien el Código Aduanero establece en el artículo 805, inc. a), que la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende desde la apertura del sumario hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, ello no puede validar una duración ilimitada del proceso. Indicó que respecto del punto se deberían aplicar todos los argumentos referidos al plazo razonable -que expuso en el siguiente acápite-.
Explicó que en el caso transcurrieron 6 años en sede aduanera (el 07/03/2002 se denunció la DIT y el 17/04/2008 se notificó la resolución aduanera), y más de 16 años ante el TFN (el recurso de apelación se interpuso el 09/05/2008 y la resolución fue dictada en 03/06/2024).
Manifestó que el espíritu de la norma no puede haber sido suspender indefinidamente los procedimientos en los cuales se discuten tributos; y que debe haber un coto temporal respecto de dicha suspensión. Ya que no resultaría justo que situaciones como las del caso se extendieran indefinidamente en el tiempo sin una solución, generando incertidumbre para ambas partes: el contribuyente que no puede liberarse, y el Fisco que no puede percibir.
Citó jurisprudencia del TFN que entiende favorable a su posición.
b.- Irrazonabilidad de la duración del proceso.
En este acápite, reiteró que el vencimiento de la operación aduanera operó el 23/06/2001, y que la resolución que le puso fin al sumario fue dictada en 20/12/2007, sin que pueda acreditarse que la investigación realizada haya requerido una complejidad tal que justifique tal demora (más de 6 años).
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Añadió que al lapso transcurrido en sede aduanera se le debía sumar el tiempo de duración de la apelación ante el TFN (fecha de inicio 09/05/2008 y la resolución que le pone fin a esa apelación fue dictada con fecha 03/06/2024). Resaltó que desde el vencimiento del DIT (23/06/2001) hasta el dictado de la resolución del TFN (03/06/2024) transdujeron 23 años, lo que a su entender excede todo parámetro de razonabilidad e duración de un proceso infraccional aduanero, en violación del derecho constitucional de obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (arts. 18 de la Constitución Nacional y 8, inc. 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Citó jurisprudencia que entiende favorable a su posición (“Losicer”, “Bossi y García”, entre otros).
Reiteró que, en el caso, la actividad procesal de su parte no ha obstruido de ninguna manera la investigación de la Aduana, “puesto que recién fue citada en el año 2004, cuando el hecho imponible que se investiga sucedió el 23/06/2001, y condenada a más de 6 años de este (la resolución aduanera fue emitida el 20/12/2007)”.
Cuestión que entendió que se replicaba respecto de los tributos reclamados, por cuanto “la demora desmedida en el trámite ocasiona un claro perjuicio extra al contribuyente que en caso de confirmarse una condena deberá abonar intereses por todo ese periodo de duración del proceso en exceso a lo razonable”.
Citó jurisprudencia que entiende favorable a su posición.
c.- Impugna liquidación tributaria.
En este apartado, en primer término, planteó la improcedencia del CER y del cálculo de intereses.
Explicó que no correspondía la aplicación de dicho coeficiente en virtud que el cargo tributario fue liquidado originariamente en pesos.
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Al respecto, señaló que la Aduana decide aplicar dicho coeficiente habiendo transcurrido 4 años de la notificación de la corrida de vista de fecha 21/08/2003. Así, el 07/12/2007, el Servicio Aduanero le habría hecho saber que, al monto reclamado en concepto de tributos adeudados le seria de aplicación lo dispuesto por el art. 8 del Decreto N° 214/2002, por lo que ese monto debía ajustarse mediante el CER.
En función de dicho requerimiento, es que su parte en fecha 14/12/2007 amplió la defensa presentada el 09/03/2004, en virtud de que la modificación del reclamo original, mediante la aplicación del CER, resultaba ser una reforma perjudicial para el administrado (“reformatio in peius”) e importaría un agravamiento de la condena, accionar que resultaría improcedente.
Añadió que en el mismo mes en que el Servicio Aduanero notificó de la aplicación de dicho ajuste, dictó la Resolución DE PRLA N° 9338/2007 (20/12/2007), en la cual dispuso la formulación del cargo en contra de ALBA por la suma de $119.770,60 en concepto de tributos más la aplicación de ajuste mediante CER, lo que dejaría en evidencia que no se dio tratamiento a la defensa presentada, mencionada anteriormente.
A continuación, explicó que la responsabilidad de la aseguradora ha quedado circunscripta al importe tributario liquidado y notificado en pesos, toda vez que si su mandante hubiera decidido a allanarse al pago de los tributos contenidos en la corrida de vista fechada 21/08/2003, el monto que tendría que haber abonado ascendía a $119.770,60, sin adicionar CER, por lo cual no corresponde la posterior rectificación del reclamo tributario.
Reiteró que “el Servicio Aduanero liquidó los tributos en pesos (conf. Art. 1094 C.A), y con posterioridad reclamó los mismos en dicha moneda (conf. 1101 C.A.), por lo cual el importe exigido al estar pesificado quedó excluido del ámbito del Decreto N° 214/02 y por ende, no corresponde aplicar sobre ese monto el CER CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II ya que no es posible convertir a pesos un importe que ya se encontraba en dicha moneda”.
Así las cosas, solicitó que para el caso de que considere que el reclamo tributario no ha prescripto, resuelva que no corresponde la actualización de los tributos por aplicación del CER.
Peticionó que para el caso de que se decidiera confirmar los tributos reclamados actualizados mediante la aplicación del CER, se disponga la aplicación de la tasa del 0,83% (sobre el monto actualizado con CER) desde que comenzaron a devengarse los intereses del art. 794 del C.A.; siempre que no se considere que debe aplicarse una tasa menor a la antes mencionada Finalmente, solicitó que lo intereses se circunscriban a un plazo razonable. Ello en el sentido de que los mismos se calculen exclusivamente por el plazo de tramitación útil del expediente, descontándose expresamente todo el tiempo de inactividad imputable a la Administración.
Afirmó que lo contrario implicaría una violación al derecho de propiedad y a los principios de igualdad y justicia, ocasionando un enriquecimiento indebido a favor del estado.
Con fecha 4/3/2026 emitió su dictamen el señor Fiscal General.
III. Que, en primer término, cuadra advertir que el planteo de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos -y la pretendida declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del artículo 805, inc. A) del CA-, luce improponible y -por consiguiente- insusceptible de ser abordada a poco que se advierta que no fue expuesto y esgrimido al tiempo de presentar el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Ello sin perjuicio de lo postulado en relación con la garantía de plazo razonable que será objeto de tratamiento a continuación. De este modo, se advierte que Alba SA intentó su defensa tanto en sede aduanera como por ante el Tribunal Fiscal de la Nación sobre la base de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II argumentos distintos; lo que impide el análisis y decisión en esta oportunidad de planteos que no fueron introducidos oportunamente.
En virtud de lo antes expuesto, siendo que tales tópicos recursivos fueron planteados por la aseguradora recién al tiempo de cuestionar lo resuelto por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, lucen inatendibles por resultar el fruto de una reflexión tardía (conf. mutatis mutandi arg. artículo 277 del CPCCN, aplicable en virtud del artículo 1182 del Código Aduanero).
IV. Que, con respecto al planteo relacionado a la inobservancia de la garantía relativa al plazo razonable de duración del procedimiento, debe señalarse que se encuentra prevista para causas de naturaleza penal o vinculada a sanciones administrativas, no así en casos en que se encuentra asimismo en discusión la determinación de un tributo.
Tal es el caso de la aseguradora, por cuanto su vinculación en los hechos y, principalmente, en las actuaciones administrativas, es consecuencia del deber de cobertura asumido, en su carácter de garante de la obligación tributaria en cuestión.
En este sentido, mutatis mutandi, se ha pronunciado esta Sala, en autos CAF39.800/2019 “Yacylec SA c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 22/11/2023 y CAF36.990/2023 “Compañía Hotelera Cuyana SA (TF 32874-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 19/12/2023; entre otros.
En esas oportunidades se destacó que el principio del plazo razonable de duración de los procesos, fue concebido para ser aplicado en cuestiones relativas a la materia penal, tal como resulta de los términos en que se encuentra concebido en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y que si bien fue aplicado a los procedimientos infraccionales (conf. CSJN, Fallos, 335:1126 y 334:1264; entre otros), en la medida en que, tal como en la especie, se discute la procedencia de un asunto netamente tributario, con el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II consiguiente reclamo sancionatorio, resulta improcedente su directa aplicación en la especie.
Sin perjuicio de ello, examinados los antecedentes del caso, no se advierte la configuración de un retardo relevante y perjudicial para el particular exclusivamente imputable al Tribunal Fiscal de la Nación durante la tramitación de la actuación ante dicha sede que, eventualmente, justifique la aplicación del instituto bajo examen (conf. Sala IV del Fuero, en autos 17330/2024 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 35.612-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, resol. del 19/10/2024).
En el sub examine, no puede pasar desapercibido que quien pretende la extinción de la acción de su contrario por la duración irrazonable del proceso no efectuó ninguna presentación tendiente a la pronta resolución de las actuaciones en sede aduanera ni ante el Tribunal Fiscal, así como tampoco expuso los concretos perjuicios de dicha situación generó o los reales y efectivos detrimentos a su derecho de defensa, resultantes del lapso transcurrido.
En tales condiciones, cabe concluir que no luce apropiada la analogía sostenida por la recurrente a efectos de aplicar el criterio sentado por el Alto Tribunal en el precedente mencionado, correspondiendo rechazar los argumentos propuestos en lo que al punto refiere.
V. Que, respecto de la aplicación del CER, cabe indicar que tanto en la liquidación de tributos como en la corrida de vista de la misma, el monto liquidado y reclamado fue expresado en pesos por el servicio aduanero (ver fs. 10vta. 11 y, especialmente 19 del expediente administrativo en formato papel que se tiene a la vista)
Ello así, y más allá de que por error u otras razones no se haya aplicado el art. 20 de la ley 23.905, que disponía que las liquidaciones de los tributos aduaneros debían hacerse en dólares estadounidenses, no puede modificarse la moneda en que aquéllas fueron calculadas por el propio servicio aduanero, en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II tanto ello importaría un agravamiento de la condena (conf. esta Sala -con otra integración - in re: “Sevel Argentina S.A. (TF 11.495-A) c/D.G.A.”, del 29/8/06 y “Telfin S.R.L. (TF 9.890-A) c/D.G.A.”, del 12/9/2006).
Por lo demás, el artículo 7 de la ley 25.561 establece claramente que el deudor de una obligación de dar suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada, no admitiéndose en ningún caso actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor. Tal es el criterio que surge del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: “Editorial Perfil S.A. (TF 13.456-A) c/D.G.A.” del 12/8/08, en el que adhirió a lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal (esta Sala en su anterior integración, en el expte. 47/2010, caratulado “Alba Cía. Argentina de Seguros SA (TF 23.981-A) c/DGA”, sentencia del 24/8/2010; entre otros).
Por lo que corresponde hacer lugar a los agravios planteados por la parte actora respecto de este acápite en los términos indicados, debiendo estarse a la suma intimada en la moneda en que aquello ocurrió -pesos-.
VI. Que, finalmente, en cuanto a lo solicitado respecto de que lo intereses se circunscriban a un plazo razonable, en el sentido de que los mismos se calculen exclusivamente por el plazo de lo que denominó “tramitación útil del expediente, descontándose expresamente todo el tiempo de inactividad imputable a la Administración”, cabe adelantar que corresponde rechazar el planteo. Así las cosas, es dable señalar que la reducción o morigeración de intereses por demora imputable a la Administración no tiene sustento normativo en el CA, que establece los intereses en forma objetiva e independiente de la conducta del acreedor.
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Sumado a ello, lo cierto y determinante es que la actora se limitó a efectuar manifestaciones genéricas respecto a la lesividad de la normativa impugnada, sin intentar acreditar de qué modo conculcaría sus derechos.
Es decir, la firma demandante se limita a solicitar que no se le apliquen intereses respecto de todo el plazo correspondiente, sino de periodos que siquiera indica cuales serían, manifestando un supuesto perjuicio a su derecho de propiedad, que no se encuentra acreditado y no resulta más que una opinión o manifestación a la que no es posible otorgarle carácter de agravio suficiente; tanto mas cuando como en el caso aquí analizado, mediante tal argumentación se pretenden soslayar los efectos naturales de su situación de mora en el pago de la obligaciones resultantes de la cobertura asumida.
Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
VII. Que en atención a la forma en que se resuelve, teniendo en consideración que únicamente se hizo lugar al respecto de la procedencia de la aplicación del CER y fue rechazado respecto de los restantes acápites, toda vez que aquel si bien resulta accesorio, en virtud de la incidencia económica del mismo corresponde que las costas en ambas instancias sean impuestas según sus respectivos vencimientos (conf. artículo 71 y 279 del CPCCN).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora contra el pronunciamiento del TFN de fecha 3/6/2024, únicamente en lo relativo a que no corresponde en el caso la aplicación del CER (en los términos de lo desarrollado en el Considerando V), y rechazarlo en todo lo restante, con costas según sus respectivos vencimientos (Considerando VII).
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Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia