Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 25837-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución DE PRLA 7568/08, con el alcance aquí indicado (ver Considerando VIII).
2Imponer las costas a la parte actora (ver Considerando IX). Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 45095/2023 ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 25837
-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 6 de marzo de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto por la firma Alba Compañía Argentina de Seguros a fs. 160, contra la sentencia de fs. 153/155, fundado por la expresión de agravios de fs. 163/177, cuyo traslado fuera contestado por el Fisco Nacional (ex AFIP -DGA) a fs. 182/195; y,
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso La importadora, conformada por la UTE compuesta por ROA SRL, CODEFRAR SA CONSULTORA MIRABELLE (CUIT 33 -677970704-9), el 30/06/1996 oficializó la importación temporaria de un vehículo sobre ruedas pick up, grúa, turbo diesel, por el DIT 4746/5 (v. fs. 8 de la actuación ADGA 203-605499, luego actuaciones 12039 -1038-2008), cuyo vencimiento del plazo de permanencia operó el 27/07/1998. La operación fue garantizada por la póliza nº 104079, extendida por Alba Compañía Argentina de Seguros SA (fs. sobre contenedor de fs. 8, ya referido).
En el año 2003, la Aduana inició un sumario infraccional a raíz de la denuncia del 28/11/2003 por la infracción prevista en el art. 970 del CA (v. acta de denuncia de denuncia, folio 1 de las act. adm.). De la compulsa de dichas actuaciones surge que el 19/12/2003 se dispuso la apertura del sumario y que el 30/05/2005 corrió la vista prevista en el art. 1101 del CA, citando a la garante, aquí parte actora (v. folios 12 y 18 de las act. adm.). En dicha oportunidad, se le hizo saber que el monto de los tributos asciende a la suma de pesos ONCE MIL SETECIENTOS OCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($11.708,62), y que la notificación produciría los efectos del art. 794 del CA.
El procedimiento concluyó con la resolución (DE PRLA)
7568, del 13/11/2008, en la cual el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros condenó a la importadora al pago de una multa, graduada en una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo y la pena a decomiso de la mercadería en trato, cfme. art. 970 del CA (ver art. 1°) y, al mismo tiempo, formuló cargo por los tributos a la importadora y a la aseguradora, como garante de las obligaciones tributarias, intimando a su pago (art. 3°). En cuanto aquí resulta de interés, cabe dejar sentado que en la resolución se dejó aclarado que “por ser dicha suma una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561, le será de aplicación lo dispuesto por el art. 8° del decreto 214/02 al momento del efectivo pago y lo dispuesto por el art. 4° del citado decreto, por lo que se ajustará dicha suma mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), rigiendo además lo establecido en el art. 794 del CA” (ver fo. 100/104vta. de las act. adm.).
Contra dicha resolución, sólo la aseguradora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA, en el que planteó la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos reclamados (ver punto 1 de fs. 11/20); el carácter accesorio de la responsabilidad de la garante (ver punto 2, de fs. 11/20); la responsabilidad diferente a la del tomador (ver punto 3, de fs. 11/20) y la improcedencia del ajuste del CER (ver punto 4, de fs. 11/20).
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Que por la sentencia del 23 de abril de 2023, el Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó la resolución DE PRLA 7568/08. Con costas.
Sin embargo, en los fundamentos de la sentencia surge que el vocal preopinante, al que adhirieron sus colegas de Sala, remitió al criterio expuesto al resolver los expedientes causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación” y EX -2019-72410244-APNSGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, en los que sostuvo que a la luz de lo dispuesto por el art. 1012, inc. b), del CA, la DGA tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937, inc. a) y 805, inc. a) del CA, no se producen sino a partir de dicha notificación.
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-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Y bajos tales premisas, a la primera cuestión votó por declarar que la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de los tributos reclamados se hallaba prescripta al momento del dictado de la resolución apelada, pues el auto de apertura del sumario (al no haber sido notificado) carecía de la entidad suficiente para producir la suspensión prevista en el art. 805 del CA.
En seguida, dejó sentado que sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala "G", corresponde analizar el fondo de la causa En lo que atañe a la segunda cuestión, definió que el importe que puede ser exigido a la aseguradora es el monto máximo garantizado por la póliza (USD 27.000), convertido a moneda nacional de curso legal según la cotización oficial del día anterior al del efectivo pago. En cuanto a la tercera cuestión, referida al CER, convalidó su aplicación al caso de autos y dispuso que toda vez que la deuda tributaria fue expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigencia del art. 214/02, resultaban aplicables las disposiciones de los arts. 4 y 8 de esa norma.
III. Los agravios de Alba Compañía Argentina de Seguros SA.
Que la parte actora, en sustento de su recurso, plantea la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos. En este sentido, sostiene que sin bien el código contempla una causal de suspensión en el art. 805 inc. a) a partir de la apertura del sumario, en el caso, deberían aplicarse “todos los argumentos referidos al plazo razonable”. Puntualiza que han transcurrido 10 años en sede aduanera (desde la fecha del presunto hecho imponible y la resolución aduanera) y 14 años ante el Tribunal Fiscal de la Nación, desde que la apelación fue interpuesta el 27/03/2009 y la resolución apelada fue dictada el 25/04/2023.
Manifiesta que su actividad procesal no ha obstruido en modo alguno la investigación de la Aduana, que su parte fue recién citada en el año 2005, cuando el hecho imponible que se investiga data del 27/09/1998. Recalca que la actuación aduanera no fue ni rápida ni eficaz ya que el auto de corrida de vista fue dictado recién en el año 2013. Agrega que la cuestión no tenía complejidades que justifiquen el tiempo transcurrido. Por todo ello, solicita que se declare la extensión de la obligación tributaria exigida a su parte.
Finalmente, plantea la improcedencia del CER y solicita que el cálculo de los intereses se limite sobre el monto nominal y que queden circunscriptos a un plazo razonable.
IV. La contestación del Fisco Nacional ex AFIP-DGA.
Que, la parte demandada responde que el procedimiento no ha tenido una duración irrazonable y que la doctrina del plazo razonable no es de aplicación a un procedimiento que no sea de la materia penal. En cuanto al CER, manifiesta que la liquidación ha sido correctamente ordenada, que la póliza garantizaba un monto expresado en dólares y que, de conformidad con lo previsto por el art. 214/02, resulta obligada su aplicación.
Asimismo, refuta la pretendida limitación de los accesorios, con sustento en lo dispuesto por el art. 794 del CA y sostiene a mayor abundamiento que “si la recurrente no utilizó el derecho que el régimen le otorgaba y optó por esperar hasta que se resolviese la impugnación -y posteriormente, el presente recurso de apelación-, mal puede pretender eximirse de las consecuencias que su conducta provocó Solicita que se rechacen los agravios de la recurrente y se confirme la sentencia del Tribunal Fiscal. Con costas.
V. Alcances del pronunciamiento.
Que es importante recordar que es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re “CPACF- Inc Med (2-III -11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 45095/2023 ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 25837 -A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20, “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22; causa nro. 15567/2021 “Pioneer Argentina SRL -TF 39782-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/12/2024, entre otros).
VI. Rechazo de la prescripción.
Que, con relación a la alegada prescripción de la acción del Fisco Nacional AFIP-DGA para percibir los tributos, corresponde poner de relieve que la acción prescribe por el transcurso de un plazo quinquenal (arts. 803 CA), que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (arts. 804 de la ley 22.415).
En el caso, al tratarse del incumplimiento de una importación temporaria, que torna operativa la presunción de importación para consumo, el plazo se debe computar desde el primero de enero del año siguiente al de la fecha del vencimiento de la operación (ello es, 1/01/1999).
Por su parte, el art. 805, inciso a), del mismo cuerpo legal, dispone que se suspende el plazo de prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera desde la apertura del sumario en la causa que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
Esta causal de suspensión prevista en el citado artículo 805, inc. a), fue ideada en consideración a que la acción del Fisco para percibir el tributo no se halla expedita, debiendo esperarse hasta la finalización de la causa abierta para investigar la existencia de un ilícito aduanero.
En el caso, la instrucción del sumario en los términos de los arts. 1090 inc. c) y 1094 del CA, dispuesta el 19/12/2003, suspendió el cómputo de la acción para percibir los tributos aduaneros, de manera que al momento del dictado de la resolución DE PRLA 7568/08 no se hallaba prescripta.
VII. Improcedencia de aplicar la doctrina del plazo razonable a cuestiones netamente tributarias.
Que con relación a la postura mantenida por la apelante en el sentido de que, ha operado la extinción de la acción por haber transcurrido un plazo razonable en la tramitación del procedimiento administrativo, invocando la doctrina que emana de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Bossi y García c/DGA” y “Losicer Jorge Alberto C/BCRA”, sentencias del 8/11/2011 y del 26/06/2012, respectivamente, cabe señalar que ello no es así en razón de que la invocada doctrina resultaría, a todo evento, aplicable en la materia infraccional más nunca en el aspecto tributario.
En este orden de ideas, se observa que el accionante parece confundir dos institutos que sólo cabe vincular en situaciones puntuales, ya que resultan diferentes en cuanto a su naturaleza y alcances (conf. Morán, Marcos, “Derecho administrativo sancionador: Prescripción y plazo razonable”, LL, 2012-E, 389; esta Sala, expte. nro. 42.279/2012, in re, “Jeferson Sudamericana c/ DGA”, del 6/06/2013; expte. nro. 46431/2013, in re, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 28/08/2014, expte. nro. 61529/2016 “Iveco Argentina SA TF 26168-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 5/10/2017, entre muchos otros).
En consonancia con este criterio se ha expedido la Sala IV, al dejar sentado que si bien la Corte ha señalado en numerosas oportunidades que el instituto de la prescripción constituye un instrumento jurídico adecuado para salvaguardar la garantía a ser juzgado dentro de un “plazo razonable” (Fallos: 322:360; 323:982; entre otros), tal doctrina no puede extenderse a la acción que tiene el Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, porque en este último supuesto no está involucrada la potestad punitiva estatal (Sala IV, expte. nro. 56632/15, in re “Iveco Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 14/04/2016 y sus citas;
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-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO expte. nro. 23397/2016 in re “Ital Vinil San Luis SAIC c/ DGA”, del 22/9/2016; expte. nro. 70880/2017, “TPC Compañía de Seguros SA c/ EN – AFIP - DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 15/12/2020; expte. nro. 14530/2022 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, del 27/9/2022 y expte. nro. 23987/2015 “New Press Grupo Impresor SA c/ EN DGA s/ Dirección General De Aduanas”, y acumulado expte. nro nro. 21898/2019 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 27/02/2024, entre otros).
En el caso, la aplicación de dicha doctrina queda excluida dado que la controversia, únicamente, consiste en un reclamo vinculado a la garantía de los tributos que gravan una operación de importación irregular, pues como consecuencia del incumplimiento del plazo de permanencia acordado para la mercadería documentada en el DIT 4746 -5/96, se la ha considerado importada para consumo (cfme. art. 274, inc., 1 a) del CA), debiendo la aseguradora responder en virtud de lo establecido por el art. 453 inc. c) del Código Aduanero y de la póliza 104079.
VIII. La improcedencia de liquidar el CER.
Este tribunal tiene resuelto que, si la aduana consignó los montos adeudados por la actora en pesos –tal como surge en el caso de la vista conferida (fs. 18 de las actuaciones administrativas)- no resultan de aplicación los arts. 4º y 8º del decreto 214/02, en tanto se hallan previstos para el caso de obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses (confr. sala V in re “DGA (en autos “Cosena Seguros SA (TF 19.485-A)”, del 5/10/2006); por manera que, al haberse fijado la obligación tributaria en moneda nacional, resulta de aplicación el principio contenido en el art. 7 de la ley 25.561 referido a las deudas determinadas en pesos que se satisfacen con ajuste a la cantidad nominalmente expresada, no admitiéndose actualización monetaria o reajuste posterior (confr. sala II in re “Sevel Argentina SA (TF 11954-A) c/DGA” y “Telfin SRL (TF 9890-A) c/DGA”, sentencias del 19/8/2006 y 12/09/2006, respectivamente; y esta sala “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 10870-A) c/DGA”, sentencia del 31/07/2009).
Ello así, no puede modificarse la moneda original por la cual fue fijado el monto cuya percepción pretendía la demandada, en tanto ello importaría un agravamiento de la condena, violándose el principio constitucional de la reformatio in pejus (cfr. esta Sala, sentencia del 24/09/2008, expte. nº 2.514/2008, “DGA (autos Aluar Aluminio Argentino TF 21398-A) – inc” y expte. 7.979/08, del 12/06/2009, “DGA (autos La Perseverancia del Sur SA) TF 18418-A)”, entre muchos otros).
De ello se colige, tal como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que las normas del decreto 214/02 no resultan aplicables dado que, en el caso, no hay que transformar a pesos obligación alguna, puesto que la cantidad a pagar no se encontraba “expresada en dólares” (arts. 1 y 8 del decreto 214/02), sino que ya lo estaba en pesos (cfr. CSJN, fallo del 12/08/2008 en la causa E.222.XLII, “Editorial Perfil SA (TF 13456-A) c/DGA”; en igual sentido, esta sala, pronunciamiento del 10/11/2008, expte. 10.589/08 “DGA (autos Aseguradora de Créditos y Garantías SA) TF 18621-A”; expte. nro. 88215/2017 in re “Freudenberg del Hogar SRL (TF 27045-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 31/07/2018, entre muchos otros; en el mismo sentido, Sala IV, causas “Arcángel Maggio SA (TF 24597-A) c/DGA”, del 16/03/2010, “Cosena Seguros SA (TF 23906-A) c/ DGA”, del 05/05/2011, ambas citadas en el expte. nro. 40474/2016 in re “La Mercantil Andina Cia Argentina de Seguros S.A. y otros c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 21/02/2017; entre muchas otras).
En la especie, como quedó dicho (ver Considerando I) surge del expediente administrativo que con fecha 30/05/2005 –ello es con posterioridad al dictado del decreto 214/2002- el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, corrió la vista al importador y citó a la garante, consignando los montos en pesos y sin reserva en cuanto a la aplicación del ajuste por dicho coeficiente de referencia, por lo que, de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 45095/2023 ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 25837 -A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO admitirse su inclusión en la resolución que puso fin al sumario, se estaría incurriendo en una indebida reformatio in peius (cfr. fs. 18 de las act. adm).
De tal suerte, que resulta improcedente aplicar el CER a las obligaciones garantizadas derivadas del incumplimiento de la importación temporaria.
Por ello, corresponde admitir únicamente este agravio y declarar que la liquidación que deba practicarse del importe reclamado ($11.708,62), no incluye el CER y que se le deberán adicionar los intereses del art. 794 del CA, hasta monto máximo garantizado por la póliza (USD 27.000), convertido a moneda nacional de curso legal según la cotización oficial del día anterior al del efectivo pago. En razón de admitirse lo planteado sobre el punto, resulta insustancial adentrarse al análisis de la improcedencia de calcular intereses sobre el CER introducida por la aseguradora, subsidiariamente, en su expresión de agravios.
IX. Costas Por último, en cuanto a la imposición de costas no se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, de modo que corresponde imponerlas a la parte actora vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto el Tribunal RESUELVE:
1. confirmar la resolución DE PRLA 7568/08, con el alcance aquí indicado (ver Considerando VIII).
2. imponer las costas a la parte actora (ver Considerando IX). Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia