Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 27080-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 5912/2024 “ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 27080-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de octubre de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 151/157 la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, rechazó la excepción de prescripción de la actora y confirmó parcialmente la Resolución DE PRLA N° 8092/08 en cuanto intima a la firma al pago de tributos “[…] los que ascienden a la suma de $2.586,84 (pesos dos mil quinientos ochenta y seis con 84/100), con más el CER, a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben calcularse desde el 3/6/2008 hasta la fecha de efectivo pago, con costas a la actora y revocarla en cuanto a la exigencia de IVA […] y, al derecho adicional, percepciones de IVA y Ganancias […]”.
Para así decidir, en cuanto aquí importa, recordó que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 803 y 804 del CA la acción del fisco para exigir tributos prescribe por el transcurso de cinco años computados a partir del 1º de enero del año siguiente al de la fecha del hecho gravado. Indicó que el vencimiento de la DIT se produjo en el caso el 25/09/1998, por lo que el cómputo de la prescripción comenzó el 01/01/1999 y habría vencido el 31/12/2003. Sin embargo -prosiguió-, se suspendió previo a esa fecha con el auto de apertura de sumario y se interrumpió con la notificación de la liquidación tributaria. Seguidamente, concluyó que correspondía confirmar la resolución atacada en cuanto se le reclamó a la firma el pago de tributos toda vez que resultaba ajustada a derecho, y fijó el importe en $2.586,84, con más el CER.
II. Que contra esa decisión, la actora interpuso un recurso de apelación a fojas 181, y expresó sus agravios a fojas 184/213, los que no fueron replicados por su contraria.
En primer término, la recurrente se quejó de la duración del procedimiento administrativo. Destacó que -sin perjuicio de que insiste en que la acción del Fisco para perseguir tributos se haya prescripta- en el caso han transcurrido casi 10 años del trámite en sede aduanera (en tanto el vencimiento de la DIT operó el 25/09/1998 y la resolución aduanera se dictó el 01/12/2008), y otros casi 13 años ante el Tribunal Fiscal. Por ello, expreso que resultaba irrazonable determinar la Alta en sistema: 05/11/2025 existencia de una “suspensión indefinida del plazo de prescripción” que ha durado más de 20 años, y solicitó la aplicación de la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Losicer” (Fallos: 335:1126).
De manera subsidiaria, para el caso que no se hiciera lugar al planteo anterior y se considere procedente el reclamo tributario, reiteró que la resolución aduanera debía ser revocada por encontrarse prescripta.
III. Que a fojas 222/226 se expidió el Sr. Fiscal de Cámara, a cuyos fundamentos cabe remitirse por razones de brevedad.
IV. Que corresponde analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
IV.1. Si bien en el sub lite se discute la procedencia del reclamo de un tributo, y no la aplicación de una sanción administrativa, corresponde examinar las constancias de autos a la luz del estándar fijado por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 335:1126 (“Losicer”), en la inteligencia de que la garantía de un plazo razonable -prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos- también resulta de aplicación al ámbito tributario (conf. esta Sala, in re: Nº 55643/2017 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/06/2017; Nº 27402/2023 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 32578-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 03/07/2024; N° 4230/2024 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 38457-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/02/2025). Al respecto, el Alto Tribunal, a fin de evaluar si la tramitación del sumario administrativo se ha excedido del plazo razonable (directriz que emerge del art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrante de bloque de constitucionalidad federal, art. 75 inc. 22 CN), ha seguido un test tomado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez ha seguido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho test abarca los siguientes aspectos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) el análisis global del procedimiento. Tales pautas tienen como fin dar un contenido concreto a la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas, que se vincula con el derecho Alta en sistema: 05/11/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN). El Alto Tribunal ha aclarado que la vigencia de esta garantía no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos 330:3640, citado en “Losicer”).
IV.2. Ahora bien, en el caso de autos el hecho que dio origen al procedimiento tuvo lugar el 25/11/1998 (v. fs. 18/22 de las presentes actuaciones) y la apertura del sumario se dispuso el 18/12/2003 (v. fs. 8 del expediente administrativo). Luego, se corrió vista a la importadora y a la aseguradora en fecha 19 y 26 del mayo de 2008 -respectivamente- (v. fs. 45 y 73 del expediente administrativo). Finalmente, la Resolución DE PRLA N° 8092/08 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros el 01/12/2008 determinó el tributo aquí cuestionado (v. fs. 18/22 de las presentes actuaciones).
Con posterioridad, disconforme con dicha resolución administrativa, la aseguradora interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación el 10/11/2009 (v. fs. 23/37 de las presentes actuaciones). Como consecuencia de ello, el 06/07/2010 la Dirección General de Aduanas contestó el traslado del recurso incoado (v. fs. 54/67). El 12/07/2010 se abrieron a prueba las actuaciones (v. fs. 68). La siguiente actuación impulsoria data del 03/06/2022, cuando se dio por clausurado el período probatorio (v. fs. 136).
Luego, el 22/06/2022 el Tribunal a quo proveyó que atento a que la prueba obrante en autos consistía únicamente “[…] en el informe de la sindicatura de fs. 78 sobre la fecha de apertura del concurso preventivo de la firma tomadora […] y las copias certificadas de la destinación 97 001 EC03 00130K, acompañadas por la firma recurrente a fs. 94/103, no hay mérito para poner la causa a alegar” (v. fs. 141 de las presentes actuaciones).
Finalmente, el Tribunal Fiscal dictó el 27/09/2022 la decisión que confirmó parcialmente la Resolución DE PRLA N° 8092/08 (v. fs. 151/158).
IV.3. En tales condiciones, se verifica en autos una demora irrazonable en el procedimiento administrativo para el reclamo tributario. Tal situación infringe garantías constitucionales expresas, como las que derivan del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) y de duración razonable en los procesos (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos), ahora receptada en el artículo 1° bis inciso a) apartado iv) de la Ley N° 19.549 (texto según Ley N° 27.742). En efecto, se observa que entre la configuración del hecho que motivó el inicio de las actuaciones administrativas y el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación transcurrieron más de 23 años, Alta en sistema: 05/11/2025 lo cual constituye un plazo excesivo de duración del procedimiento. En este sentido el Alto Tribunal sentó en el precedente “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/ BCRA s/ Resol. 178/93” (sentencia del 19/11/2013) la regla según la cual el “análisis global del procedimiento” en este tipo de casos, debe necesariamente comprender tanto el sumario como la instancia revisora.
Según puede advertirse, la demora no se debe a la complejidad que pudiera presentar el asunto ni a la actividad procesal de la sumariada, sino al hecho de que la actuación procesal estatal ha sido poco diligente, teniendo en cuenta la nula actividad verificada en determinados períodos en sede aduanera. Además, se ha registrado un período de más de 12 años en el periodo probatorio en el ámbito del Tribunal Fiscal (entre el año 2010 y 2022) en el que, como se expuso, sólo implicó el aporte de un informe relativo a la apertura de un concurso y de copias certificadas de la destinación temporaria N° 97001EC0300130K, lo cual merece especial atención en tanto que este tribunal administrativo debe impulsar de oficio el procedimiento (art. 1143 del Código Aduanero).
A la luz de estos extremos de hecho, y de conformidad con el precedente “Losicer” del Alto Tribunal, se estima que se ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al “plazo razonable” en la duración de los procesos, sin que ello implique ingresar a considerar si los hechos imputados en su oportunidad tenían sustento fáctico o jurídico (esta Sala, in re: Nº 55643/2017 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/06/2017; y Nº 27402/2023 ”Alba Compañía” ya citada, entre otras.
Por lo anterior, cabe hacer lugar al agravio de la actora.
IV.4. Finalmente, atento a lo expuesto, cabe declarar inoficioso el tratamiento del agravio interpuso en forma subsidiaria. Por tales razones, corresponde: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en cuanto fue materia de agravio; y revocar la resolución de fojas 151/157 del Tribunal Fiscal en cuanto confirmó parcialmente la resolución N° DE PRLA N° 8092/08; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada por resultar vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
Se deja constancia de que la Vocalía N° 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 RJN).
Alta en sistema: 05/11/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 05/11/2025
Fin de la sentencia