Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 31744-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del pronunciamiento apelado. En consecuencia, vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 6064/2022 ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA -
TF 31744-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO SMZ Buenos Aires, de septiembre de 2022.-
I. Que, la Sala “G” el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del auto de instrucción del sumario y de la resolución DE PRLA Nº 6583/11 recaída en el expediente SIGEA Nº 12039-1572- 2007; y declaró prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del CA, en relación a parte de la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación Nº 01 001 IT14 000064 Z por la firma Distribuidora Rosario Lanas S.A, en los términos de los arts. 803 y concs. del CA; con costas (fs. 136/140).
Para así resolver, entendió que la acción intentada por el Fisco estaba prescripta, atento a la nulidad del auto de instrucción de sumario. Aclaró, que si bien ni la nulidad ni la prescripción de la acción fueron planteadas por la parte actora, por el principio “iura novit curia” se consagra no sólo la facultad sino el deber del juzgador de resolver las sentencias con presidencia del planteo de las partes. Aclaró que el mencionado principio se encuentra plasmado en el artículo 1143 del C.A y que atento a la naturaleza material de las infracciones, no le resultaba vedado al juzgador apreciar la prescripción de oficio.
En este sentido, señaló que el acto de apertura del sumario no cumplía con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera le atribuye. En consecuencia, afirmó que tal acto no tuvo la aptitud para suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de los tributos en los términos del art. 805 del C.A. Agregó, que la vista conferida del auto de apertura de sumario no pudo subsanar las irregularidades, atento a que se dispuso una vez operada la prescripción.
Seguidamente, citó jurisprudencia del Fuero que apoya su postura.
II. Que, contra dicha resolución apeló el Fisco a fs. 146 y expresó sus agravios a fs. 152/165, los cuales fueron contestados por la actora a fs. 172/193.
En primer lugar, sostiene que al resolver el Tribunal Fiscal de la Nación declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y, consecuentemente, la prescripción de la acción, lo hizo de manera extra petita, en clara contradicción con las normas básicas del derecho procesal y del Código Aduanero.
De ese modo, entiende que el a quo no realiza una interpretación adecuada del artículo 1143 del mencionado cuerpo legal, y, agrega, que el principio iura novit curia se funda en la presunción acerca del conocimiento del derecho por parte del juzgador a quién le corresponde calificar la esencia del pleito u aplicar la norma jurídica pertinente.
Indica que, en la forma en que se resuelve la cuestión, se ha violentado el principio de congruencia, y en consecuencia, el derecho de defensa.
Respecto de la nulidad decretada, considera que el acto de apertura del sumario no debe tener todos y cada uno de los requisitos estipulados en el art. 1094, del C.A, y que no hay que automatizar su aplicación.
Señala que de confirmarse el pronunciamiento apelado, el servicio aduanero debería disponer medidas cautelares innecesarias, ineficaces, al solo efecto de cumplir con la totalidad de los requisitos previstos en la norma, y evitar la tacha de nulidad de la instrucción sumarial.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 6064/2022 ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA -
TF 31744-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Agrega que bajo el prisma del art. 1085 del C.A., resulta de imposible concreción el desenlace legal al que llegara el tribunal cuya sentencia se impugna. Ejemplifica, en la misma línea, con el requisito de verificación de mercadería faltante. Por su parte, aduce que la posición tomada por el TFN no permite interpretaciones colaterales: se deben cumplir con todos los requisitos del art. 1094 del C.A., sin merituar su necesidad.
Añade que la teoría desplegada por el TFN implica un excesivo rigor formal disociado de la realidad.
Por su parte, sostiene que hasta la efectiva declaración de nulidad, la apertura sumarial generó los efectos que la ley le asigna en relación a la acción del Fisco para percibir tributos: suspendió el curso de la prescripción. Asimismo, señala que estaríamos ante un vicio subsanable.
III. Que, como queda planteada la cuestión, deben tratarse los agravios del Fisco Nacional relativos a que el pronunciamiento del Tribunal Fiscal resolvió la cuestión extra petita.
El Fisco, en su memorial de agravios, sostiene que la actora no introdujo, ni en el recurso ante el Tribunal Fiscal ni frente a la Aduana, el planteo relativo a la nulidad del acto de sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción.
Para ello, cabe mencionar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con remisión al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, sostuvo “…que el Tribunal Fiscal no se encuentra habilitado para expedirse sobre cuestiones que no sean requeridas por la actora al interponer su recurso de apelación, ni tampoco objeto de controversia durante el curso del proceso. Ello es así pues, si bien el art. 1.143 del Código Aduanero establece que el Tribunal Fiscal impulsará de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y "resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes" -lo cual implica encuadrar el requerimiento de los contendientes en su adecuado fundamento de derecho (Fallos: 306:303, disidencia de los Dres. Fayt y Belluscio), pudiendo en esa tarea, incluso, aplicar una norma no invocada por ellos (Fallos: 335:2333, cons. 10 y su cita)-, estas atribuciones no pueden ser empleadas para introducir pretensiones que los litigantes no han efectuado, ya que reconocer y acordar a una de las partes derechos no debatidos es, como principio, incompatible con el arto 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 237:328; 239:442; 267:419;284:47)” (cfr. CSJN "Codorniu Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", sentencia del 26 de diciembre de 2017). También, el Máximo Tribunal ha dicho que el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos en la causa es incompatible con las garantías de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 284:115), pues el juzgador no puede convertirse en el intérprete de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (Fallos: 283:213; 311:569 y 344:1002). En ese sentido, sostuvo que el principio de congruencia se vincula con la garantía de la defensa en juicio, ya que como regla el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías constitucionales, pues el juzgador no puede convertirse en la voluntad implícita de una de las partes, sin alterar el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (Fallos: 310:2709; 327:1607).
A su vez, en relación con el principio iura curia novit – invocado en el pronunciamiento apelado-, destinado a reconocer a los jueces potestad para suplir el derecho erróneamente invocado por las partes, la Corte ha delimitado su alcance en el sentido de que no es posible introducir de oficio una acción (Fallos: 237:328) o excepción CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 6064/2022 ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA - TF 31744-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (Fallos: 315:106) no planteada. Si bien es exacto que la facultad de suplir el derecho autoriza a los jueces a calificar autónomamente los hechos del caso y a subsumirlos en las normas jurídicas que lo rijan, esa facultad reconoce excepción respecto de los tribunales de alzada, en el ámbito de los puntos resueltos con carácter firme en primera instancia (Fallos: 307:948; 312:696; 313:983) (CSJN, en la causa CSJ 1698/2005 (41-A)/CS1 “Abrego, Jorge Eduardo c/ Encotel”, del 27 de noviembre de 2007).
En este sentido, cabe destacar que el principio iuria novit curia faculta y obliga al juzgador a discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes (C.S., Fallos: 333: 828; 329:4372; 326:1223, entre otros).
Sin embargo, el principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensión deducidas (conf. arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º del CPCC), limitación infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), aunque que no rige en el plano jurídico, donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde “decidir el derecho” (iuris dictio o jurisdicción de conformidad con la atribución iuria novit curia (CS, Fallos 337:1142).
Así, se ha dicho que “en la calificación de la acción y en la determinación de la norma el juez actúa con independencia de las partes en virtud del principio iura novit curia” (conf. Alsina Hugo, "Derecho Procesal", t. IV, pag. 83; esta Sala in re "Castro", del 28/4/77, entre otras). Ello así, pues “no se trata de sustituir los hechos, ni de apartarse de los términos de la litis sino de decidir cuál es la norma aplicable, facultad que es irrenunciable a la función jurisdiccional” (conf. Spota, A.G., Tratado de Derecho Civil, Vol. 3.8, pag. l53 y ss., Nº 2172 ter, ed. 1968; esta Sala, “Estado Nacional - Fuerza Aérea Argentina- c/ Alba Cia Arg de Seguros SA y otro s/ contrato administrativo”, del 14/4/2015; “Casagrande José Andrés c/ Estado Nacional s/ proceso de ejecución”, del 19/4/2018, entre otros; en igual sentido, “Vilcañaupa Meza Leonardo c/ EN -M Interior OP Y V- DNM- s/ recurso directo DNM”, del 22/5/2018; “Rosado Gonzáles, Justo Jaime c/ EN -M Interior- DNM s/ recurso directo DNM”, del 5/2/2019, entre otros).
De este modo, una vez alegada la prescripción por parte de la interesada, corresponde al juez determinar la naturaleza de la relación jurídica y el plazo aplicable según la norma pertinente, independientemente de lo que hubieran señalado los litigantes sobre el particular, en virtud del principio del “iura novit curia” que resulta relevante en esta materia, a efectos de soslayar el deficiente encuadramiento asignado a su relación y declarar la prescripción que corresponda con arreglo a los hechos comprobados de la causa y a su correcta tipificación legal (C.S., Fallos: 316:871; esta Sala, “Jáuregui Baiz Mario Bolivar y otro c/ EN- M° Salud y Ambiente y otro s/ daños y perjuicios”, del 29/8/2008; “Kunkel Enrique Guillermo y otros c/ CONET s/ empleo público”, del 7/6/2011; “Asociación Mutual AAA Club ASDEP Racing de Villada c/ EN -DTO 905/02 214/02 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 30/4/2013; “ENACOM c/ Telefónica de Argentina SA s/ proceso de ejecución” (Causa Nº 82.406/2015), del 11/5/2017; “ENACOM c/ Telefónica de Argentina SA s/ proceso de ejecución ” (Causa Nº 6.816/2018), del 30/4/2019, entre otros).
No obstante, debe recordarse que, “con arreglo al principio iura novit curia, es facultad y deber de los jueces determinar el régimen normativo pertinente para la solución del litigio, con prescindencia de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 6064/2022 ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA - TF 31744-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO los argumentos jurídicos expresados por las partes, en tanto no se modifiquen los elementos del objeto de la demanda o de la oposición (Fallos: 306:1993; esta Sala, “Estado Nacional -Fuerza Aérea Argentina- c/ Alba Cia Arg de Seguros SA y otro s/ contrato administrativo”, del 14/4/2015, ya citado).
Por otro lado, resulta menester señalar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de declarar que “si bien el Código Aduanero otorga al Tribunal Fiscal de la Nación ‘amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...’ (art. 1143 CA), el ejercicio de esas atribuciones tiene como valladar la existencia del recurso, los hechos que se hayan probado en la causa y el respeto al principio de la reformatio in pejus”; por ello, la decisión del a quo, al resolver sobre cuestiones que no habían sido materia de agravio, se apartó del principio de congruencia, con mengua del derecho de defensa en perjuicio de la recurrente, lo que la hace pasible de la tacha de arbitrariedad (CSJN, Fallos: 326:1027 y esta Sala, causas nro. 147191/2002 in re “Jaime Bernardo Coll S.A. (TF 14047- A)c/DGA”, del 08/08/2006; nro. 37679/2006, in re “Volkswagen Argentina SA (TF 20417-A)c/DGA”, del 17/04/2012; nro. 6164/2016, in re “La Holando Sudamericana Compañía de Seguros SA c/ DGA”, del 13/10/2016; nro. 6.554/2016, in re “FEMSA SA c/DGA”, del 22/11/2016, entre otros).
Expuesto lo anterior, cabe advertir que, en el caso bajo examen, la parte actora en ninguno de los pasajes del recurso ante el Tribunal Fiscal introdujo, si quiera de forma tangencial, el reproche de nulidad del acto de apertura de sumario y/o la posibilidad que se encontrara prescripta la acción del Fisco, así como tampoco fueron cuestiones planteadas en su descargo ante la Aduana.
Empero, en oportunidad de alegar, la parte actora intenta incluir al proceso una cuestión extraña a los términos de las pretensiones contenidas en el recurso, ello es la nulidad del acto de apertura de sumario.
A la luz de las consideraciones que anteceden, debe concluirse que la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación se expidió más allá de lo peticionado por las partes, lo cual comporta una vulneración del principio de congruencia –establecido en los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del CPCCN-, puesto que para arribar a la decisión recurrida el citado Tribunal se ha apartado de los términos en que ha quedado planteada la litis -definidos por el propio recurrente (en igual sentido, esta Sala, causa Nº 7.854/08, in re “Aseguradora de créditos y garantías SA (TF 21603-A) c/ DGA”, del 24/10/2008 y causa Nº 6172/2016, in re “Gibaut Hnos Manufacturas de Cuero SA TF 25387-A y otro c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 2 de marzo de 2017).
IV. Que, sentado lo expuesto y sin perjuicio de que el segundo párrafo del art. 253 del CPCCN, entiende que por razones de economía procesal puede superarse la devolución de la causa que apareja la declaración de nulidad, mediante un nuevo pronunciamiento de la segunda instancia (conf. Fenochietto, Carlos y Arazi, Roland, C.P.C.C.N., T.I, 2° ed., Bs. As. 1993, p. 890), debe ser siempre en el marco de defectos de sentencia cuya entidad permita su saneamiento en la alzada, mas no cuando la gravedad que ellos comportan lleva a que, como en el caso, lo decidido resulta incongruente con la pretensión del actor (conf. Sala II del Fuero in re: “Iturrieta, Carlos Adolfo y otros c/EN –M° JS y DDH- PNA s/personal militar y civil de las FFAA y de seg”, sentencia del 29/4/08).
De otro lado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1180 del Código Aduanero, éste Tribunal podrá a declarar la nulidad de las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 6064/2022 ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA - TF 31744-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO actuaciones o resoluciones cuando hubiese una violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal. En tal inteligencia, teniendo en cuenta que lo decidido por la Sala “G” del Tribunal Fiscal omitió el examen del objeto litigioso y se pronunció sobre aspectos no incluidos en la pretensión, corresponde descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. En atención a las consideraciones expuestas, SE RESUELVE:
declarar la nulidad del pronunciamiento apelado. En consecuencia, vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y remítase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia