Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 31825-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de las firmas Alba Compañía Argentina de Seguros SA y Atiles SA, 2. Confirmar el pronunciamiento apelado en lo que fue materia de agravios, y 3. Imponer las costas de esta instancia a las firmas recurrentes vencidas.
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Causa n° 5612/2024 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 31825-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” En Buenos Aires, a los 30 días del mes de diciembre de 2024, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 31825-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación: 1. confirmó “el art. 1 de la Resolución (DE PRLA) nº 8254/09 […] en cuanto condena a la firma ATILES SA (ex PLASTICOS LA RIOJA SA) al pago de multa”, con costas a la co recurrente; 2. revocó parcialmente “el art. 3 de la Resolución (DE PRLA) nº 8254/09, en cuanto intima el pago de los rubros Derecho Adicional y las percepciones del IVA e Impuesto a las Ganancias”, con costas a la demandada; 3. revocó parcialmente “el art. 3 de la resolución referida, en cuanto formula cargo por tributos a las firmas ATILES SA y ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA, los que ascienden a un total de […] $51.423, con más el CER correspondiente a la fecha de pago, y los intereses que se devenguen desde el 09/11/09, por aplicación del artículo 794 del Código Aduanero”, con costas a las co recurrentes; 4. impuso “las costas de lo resuelto en los puntos 2 y 3 de la presente en un 40% a cargo de las co actoras y en un 60% a cargo del Fisco” (fs. 298/301). Para así decidir, expuso diversos fundamentos:
i. “[E]l servicio aduanero ha dado cabal cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en el […] art. 1094 del CA, lo que permite concluir que la instrucción de sumario no presenta vicio alguno que pudiera acarrear su nulidad”.
ii. “[T]anto a la clasificación como a la valoración de la mercadería, se les aplica el principio de la subsanación en instancias ulteriores de cualquier vicio en que pudiere haberse incurrido”.
iii. “[L]as nulidades invocadas carecen de finalidad práctica y, teniendo en cuenta que si existe la posibilidad de salvar el acto que se encuentra viciado se debe optar por la conservación del mismo, en tanto se trate de un vicio subsanable”.
iv. “[E]l plazo de prescripción de las acciones del Fisco para percibir tributos comenzó a correr a partir del 01/01/00, toda vez que el vencimiento de la destinación tuvo lugar en fecha 05/09/99, operando dicha prescripción en fecha 01/01/05”.
v. “[E]l auto por el que se dispuso la apertura del sumario administrativo, de fecha 02/12/04 […] suspendió el curso de la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos […] ‘hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión’”.
vi. “[E]l CTC que figura en los PE […] no permite acreditar la relación insumo/producto entre la mercadería que se importó temporalmente y la que se exportó, habida cuenta de que [el] CTC afectado no ampara el producto importado temporalmente. Asimismo, cabe aclarar que el CTIT nº 6464/09 no puede ser tenido en cuenta al efecto ya que éste no posee relación alguna con el DIT en cuestión”.
vii. “En cuanto al reclamo de Derecho Adicional de Importación corresponde tener en cuenta el criterio sentado por la jurisprudencia de la CSJN en el fallo ‘IEF LATINOAMERICANA SA’ […] [y] la sentencia dictada en ‘La Mercantil Andina Compañía de Seguros’ […] en donde se declarara la inconstitucionalidad de dicho derecho Adicional […] toda vez que el decreto 1430/96 resulta insanablemente nulo por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria y al claro precepto del art. 99 inc. 3), de la Constitución Nacional, y que, por ende, se encuentra privado de todo efecto jurídico, en tanto emana de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación a la Ley Fundamental”.
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viii. Respecto de “las percepciones del IVA adicional e Impuesto a las Ganancias […] habiendo transcurrido [...] el período fiscal al que correspondían dichas percepciones […] corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos”.
ix. “[E]n cuanto a la liquidación del CER sobre el importe nominal de tributos exigidos, resulta procedente la aplicación de los artículos 4 y 8 del Decreto 214/02 […] por cuanto tratándose […] de una deuda y obligación generada por un hecho anterior a la Ley 25.561 debió liquidarse conforme al art. 20 de la Ley 23.905, es decir, en dólares”.
x. “[P]or haber sido constituida la garantía […] con anterioridad a la sanción de la Ley 25.561, la misma resulta alcanzada por dicha Ley, así como por el Decreto 214/02 […] en lo relativo a la determinación de la equivalencia en pesos de la suma expresada en la respectiva póliza en dólares estadounidenses”.
II. Las firmas Alba Compañía Argentina de Seguros SA y Atiles SA apelaron y expresaron agravios que fueron replicados por la parte demandada.
III. Las críticas ofrecidas por la firma Alba Compañía Argentina de Seguros SA (fs. 308/321) pueden ser sintetizadas del siguiente modo:
i. “[H]a operado la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, por lo cual discrepamos con lo dicho por el [...] Tribunal Fiscal en el considerando V de su resolución [en el sentido de que el auto por el que se dispuso la apertura del sumario administrativo suspendió el curso de la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos]”.
ii. “[H]an transcurrido 10 años en sede aduanera (el 05/09/1999 fecha del presunto hecho imponible y el 30/11/2009 se emitió la resolución aduanera), y 10 años ante el TFN (la apelación se interpuso el 30/07/2012 y la resolución apelada fue dictada el 31/10/2023)”.
iii. “[E]l espíritu de la norma no puede haber sido suspender indefinidamente los procedimientos en los cuales se discuten tributos. La realidad de los hechos está demostrando que debe haber un coto temporal a dicha suspensión, ya que repugna al sentido de justicia que las situaciones se extiendan indefinidamente en el tiempo sin una solución, generando incertidumbre para ambas partes: el contribuyente que no puede liberarse, y el Fisco que no puede percibir”.
iv. “[H]a excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso infraccional aduanero, en plena violación del derecho constitucional de obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos 18, Constitución Nacional, y 8º, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos)”.
v. “[L]a actividad de la autoridad aduanera no ha resultado ni rápida ni eficaz, puesto que desde el acta de denuncia […] de fecha 16/07/2004, el Servicio Aduanero recién en el 2009 citó a las partes a contestar vista”.
vi. “[H]ay [...] prolongados lapsos de inactividad atribuibles al TFN, no observándose ninguna complejidad que pudiera demandar un trámite tan extenso, razón por la cual entendemos debería aplicarse la doctrina emanada del fallo [Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA], y tomar el parámetro de 10 años indicado para la tramitación del recurso”.
vii. “[E]l Decreto Nº 214/02 es inaplicable a nuestro caso […] [debido a que] la obligación tributaria objeto de sumario ya se encontraba expresada en pesos […] [y] a la fecha del presunto hecho imponible (05/09/1999) debió estar expresada en moneda de curso legal”.
viii. “El [decreto nº 214/2002] es inconstitucional ya que, si se lo toma desde el punto de vista de la delegación legislativa, la misma aún en los casos de emergencia, debe ser interpretada con carácter restrictivo [y] […] dicha delegación extralimita el ámbito permitido por la Ley Nº 25.561”.
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ix. “[L]a cuestión de fondo resulta de indiscutida naturaleza penal [y] la obligación tributaria exigida, bajo ningún punto de vista puede ser modificada en desmedro del administrado por un decreto de necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo”.
x. “[E]l importe correspondiente a los conceptos reclamados por la Aduana se encuentra expresado en pesos y no en dólares estadounidenses u otra moneda”.
xi. “[A]l momento del hecho imponible, se encontraba vigente el art. 1 de Ley 23.928, que establecía la convertibilidad a razón de 1 peso = 1 dólar, siendo por ende plenamente aplicable al importe en concepto de tributos por la operación en cuestión”.
xii. “[E]n lo que respecta a la obligación tributaria reclamada, al momento de entrar en vigencia la normativa que dispuso la aplicabilidad del CER, ya constituía una deuda en pesos”.
xiii. “Con relación a la tasa de interés aplicable, teniendo en cuenta que a la fecha el Poder Ejecutivo no ha dispuesto una tasa diferenciada a aplicarse sobre montos actualizados con CER, como si lo hizo con los montos actualizados por la variación del tipo de cambio al ser sumas expresadas en dólares, solicitamos a V.E que al resolver disponga la aplicación de la tasa del 0,83% (sobre el monto actualizado con CER) desde que comenzaron a devengarse los intereses del art. 794 del C.A”.
xiv. “[N]o corresponde que se calculen intereses por todo el tiempo transcurrido desde el vencimiento del plazo para contestar vista (05/11/2009) hasta el dictado del fallo en virtud del cual esta parte se vea obligada a abonarlos”.
xv. “[E]n caso de que se decida que corresponde a esta parte el pago de tributos, se calculen los intereses exclusivamente por el plazo de tramitación útil del expediente, descontándose expresamente todo el tiempo de inactividad imputable a la Administración”.
IV. Los agravios exhibidos por la firma Atiles SA (fs. 324/328) son diversos:
i. “[D]e la simple lectura de los permisos de embarque, que son todos del año 1999 [...] se menciona la solicitud de C.T.C Nº 0061002882 como documento demostrativo de la relación insumo producto y se consigna allí la cantidad de insumos utilizados en cada producto exportado”.
ii. “[M]i mandante adjuntó las Declaraciones Juradas de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes 0061002882 pero ningún CTC, y, en el sumario, uno de sus apoderados, por error, invocó el CTC 4889/5 cuando debería haber invocado el CTC 6469/09 que salió mucho después de las exportaciones”.
iii. “[T]oda la documentación que presentaron junto a los permisos de embarque por ellos señalados (en especial y en lo que interesa, la copia del DIT, la copia de la solicitud de CTC 0061002882 y la hoja con la descarga y cancelación de DIT), se correspondía con lo dispuesto en la Resolución Nº 127/92 (ex ANA) –norma vigente a la época de las reexportaciones–”.
iv. “[S]egún la reglamentación vigente a la época de los hechos, no era necesario presentar el CTC y bastaba con presentar la DDJJ que tenía igual valor a aquél (artículo 9 de la Resolución Nº 72/92 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos)”.
v. “[T]odos los permisos de embarque […] ostentan a) el código ‘EC03’ que según el cuadro 3 de la Resolución Nº 2771/96 (ex ANA) [...], indica que se trata de exportaciones a consumo de bienes que han sido previamente importados en forma temporaria y sometidos a una transformación; b) la firma y sello de funcionarios aduaneros asentados en los mismos que da cuenta que han realizado ese examen preliminar y que dieron su visto bueno, es decir, que corroboraron que las mismas tenían toda la documentación exigida”.
vi. “[E]stá probado que mi mandante presentó toda la documentación necesaria y exigible en su momento, para que la aduana pueda controlar si cumplió o no con las obligaciones a las que se había comprometido, pero que esta decidió no hacerlo, y por un motivo ilegal y antirreglamentario”.
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vii. “[E]n base al principio de legalidad, tampoco es posible el ‘serites’, es decir que, sobre la base de la presunción ‘hominis’ de la comisión de la infracción, a su vez, presumir que se ha generado la obligación tributaria, en base al artículo 274 de Código Aduanero”.
viii. “También agravia a mi mandante que después de casi 24 años de los hechos se siga discutiendo estas operaciones, cuando, la demora en dictarse una resolución definitiva en un tiempo razonable, ha sido ocasionada por los funcionarios de la Aduana y del Tribunal Fiscal, afectando el derecho que le ha sido conferido por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos incorporado a nuestra Constitución Nacional por su artículo 75 inciso 22)”.
ix. “[D]e seguirse adelante con este proceso, se consentirá que este derecho ‘humano’ se siga violando, cuando la acción para imponer una pena y exigir tributos por mercadería[s] importadas casi 25 años atrás [...] debiera declararse ‘insubsisistente’ aquella acción por intermedio de la declaración de prescripción [...] lo que desde ya se solicita”.
x. “[P]ara el hipotético caso que los Señores Jueces de Cámara confirmen el fallo del Tribunal Fiscal, agravia a mi mandante que actualice el importe tributario por el CER […] descartando la doctrina del Procurador acogida por la Corte […] en la causa […] ‘Editorial Perfil’”.
V. La firma importadora y la firma aseguradora, como se vio, plantean que las acciones con las que cuenta la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (AFIP–DGA) para imponer penas y percibir tributos se hallan prescriptas.
VI. En el plano sustancial, adhiero al voto de la jueza Clara María do Pico.
La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. Adhiero a los considerandos I a V del voto del Dr. Rodolfo Eduardo Facio.
II. Por razones de orden lógico, se impone examinar, en primer lugar los agravios de Alba SA en torno a la prescripción de la acción del Fisco para reclamar tributos. Los que, adelanto, no pueden prosperar; pues: Tal como lo indicó el TFN, el plazo de 5 años comenzó a correr el 01/01/00, toda vez que el 05/9/99 venció el DIT en trato (conf. arts. 803 y 804 del CA). Y estuvo suspendido desde el 2/12/04, con el auto de apertura del sumario, hasta el 30/11/09 en que se dictó la res. DE PRLA 8254/09 (notificada el 26/6/12), en los términos del art. 805 inc. a) del CA[1] (fs. 5 y 77/86 del expte. adm. nº 12039-3100-2005).
Es más, durante dicho plazo de suspensión, medió una causal de interrupción. Lo que ocurrió el 22/10/09, con la notificación de la liquidación tributaria aduanera (conf. art. 806, inc. a, del CA; esta Sala causa nº 1906/2024, “Baker Hughes”, del 6/8/24; entre otras).
Por ello, al momento del dictado de la resolución apelada, no se habían agotado los 5 años de ley. III. Tampoco pueden ser atendidos los planteos de Alba SA y Atiles SA relativos a la “duración irrazonable del proceso”, porque no se demostró que las circunstancias del caso sean sustancialmente análogas a las examinadas por la CSJ en el precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126; esta Sala, causas nº 4525/20 “Optel SA c/ DGA”, del 8/6/21; y n° 22938/2023 “Molinos Cañuelas”, del 3/10/23; entre muchas otras). Allí el Máximo Tribunal señaló que el art. 75 inc. 22 de la CN —que reconoce con jerarquía constitucional diversos tratados de derechos 1.
El art. 805 del CA, prescribe entre otras causales de suspensión para los tributos aduaneros: desde la apertura del sumario hasta la decisión que habilitare la acción para percibirlos (inc. a).
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Causa n° 5612/2024 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 31825-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” humanos— obliga a tener en cuenta lo establecido en los artículos 8 inc. 1 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, referidos a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva.
Asimismo la CSJ sostuvo que, el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones previas resulta corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la CN; y que las garantías que aseguran a todos los habitantes de la Nación la presunción de su inocencia y la inviolabilidad de su defensa en juicio y debido proceso legal (arts. 5, 18 y 33 de la CN) se integran con una rápida y eficaz decisión judicial (Fallos: 300:1102).
Todo lo cual, debe examinarse atendiendo a: (i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado, (iii) la conducta de las autoridades intervinientes, y (iv) el análisis global del procedimiento. Siguiendo tales pautas y como adelanté, no surge acreditada una demora irrazonable en el procedimiento que hubiese afectado el derecho de defensa de las recurrentes.
Solución a la que arribo, no solo porque las apelantes se limitan a invocar plazos sin realizar, conjuntamente, un esfuerzo argumental y probatorio, lo que resulta insuficiente. Sino también, en atención al comportamiento de las partes y de las autoridades intervinientes durante el trámite de la causa (v. punto IV del dictamen de la Procuración General de la Nación, al que remite la CSJ en Fallos: 345:1519; doc. esta Sala causa nº 39804/19 “El Dante SAIC c/ DGA”; del 22/10/19).
En efecto:
(A) Las recurrentes no efectuaron presentación alguna tendiente a manifestar su disconformidad por demora alguna.
No lo hicieron, durante todo el período de tramitación del expediente administrativo, ni durante el tiempo en que tramitó la causa ante el TFN (Sala II causa nº 36.845/23 “Alba Cía Argentina de Seguros SA”, del 14/2/24; Sala III causa nº 29886/23 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA”, del 29/12/23; y Sala IV causa nº 17330/24 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA”, del 29/10/24).
(B) No vislumbro la configuración de una “irrazonable demora” en el trámite del procedimiento sumarial, imputable a “los funcionarios de la Aduana”, como genéricamente afirma la importadora.
Ello es así, pues el 16/4/04 se denunció la falta de regularización de la mercadería importada, y el 2/12/04 se dispuso la instrucción de sumario. Ante la prueba ofrecida por Atiles SA y su aseguradora (proveída el 18/11/09), se remitieron las actuaciones a la Sección de Procedimientos Técnicos, quien informó el 27/11/09 la cantidad de mercadería en infracción. Todo lo cual, culminó con el dictado de la resolución cuestionada, tres días después: el 30/11/09 (fs. 1, 5, 74 y 77/82 del expte.
SIGEA 12039-3100-05).
(C) Tampoco aparecen “prolongados lapsos de inactividad atribuibles al TFN”, como ante esta instancia también se invoca. Es más, las constancias indican todo lo contrario. En efecto:
(i) Ambas partes interpusieron recursos de apelación ante el TFN el 30/7/12, generándose 2 causas separadas cuya acumulación se ordenó el 31/8/12 (fs. 1, 36, y 65).
(ii) El 20/12/12 dicho tribunal, abrió a prueba la causa, ordenó el libramiento de los oficios (a la DGA y a la Secretaría de Industria), y admitió la prueba pericial que solicitó Atiles SA (fs. 100).
(iii) El 14/3/13 se designó un perito contador, quien no se presentó a aceptar el cargo. Por ello, el 17/4/13 se ordenó su reemplazo. El 25/4/13, el TFN designó un nuevo experto y lo intimó “a realizar la pericia encomendada dentro de los veinte días de la aceptación” (fs. 103, 136, 139).
(iv) Ínterin desde el 12/3/13 hasta el 24/2/14, se libraron y reiteraron oficios a las distintas dependencias (v. fs. 107, 136, 145, 148, 151, 159, 167, 174, 204).
(v) El 20/2/14 el TFN intimó al perito a que “presente el informe pericial”. Intimación que reiteró el 18/3/15 y el 15/7/15 “bajo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 5612/2024 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 31825-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” apercibimiento de remoción” (fs. 213, 219, 223). Finalmente, el 11/2/16 “ante el tiempo trascurrido” sin que se presente la pericia, el TFN lo removió.
El 7/3/16 designó un nuevo experto, quien aceptó el cargo el 29/3/16 (fs. 225, 227 y 228) y el 5/8/16 lo intimó a que “dentro del quinto día” acompañe la pericia (fs. 232). Ante ello, el experto en fecha 19/8/16 hizo saber al TFN que “luego de reiterados intentos de comunicar[se] al teléfono del letrado de la firma Atiles SA …, pudo obtener la dirección de correo electrónico …, remitiéndole con fecha 17/08/16 … la documentación necesaria para dar respuesta a los puntos de pericia”. Adjuntó copia del correo y señaló que una vez que sea contestado, informaría “la respectiva fecha de compulsa de la documentación” (fs. 233/234).
El 26/9/16 el experto solicitó al TFN que se intime a la firma “a informar la fecha a partir de la cual [le] pondrá a disposición la documentación” (fs. 235). Por ello, el TFN cursó dos intimaciones a la importadora: el 4/10/16 y el 12/12/16 (fs. 236 y 242). Las cuales no fueron cumplidas.
(vi) El 14/3/17 Atiles SA informó al tribunal que se adhirió al “plan de facilidades de pago”, acompañó documentación, y solicitó que se “declare abstracta la cuestión”. Al contestar el traslado, el Fisco se opuso dado que “las constancias acompañadas…no dan prueba alguna de los pagos realizados” y solicitó que se indique “la real pretensión; si es allanarse o desistir de la cuestión” (fs. 246 y 249).
Consecuentemente, el 29/12/17 el TFN intimó a la importadora a “que aclare si desiste de la acción y del derecho en los términos de la ley 27.260”, y adjunte “la constancia del F.08… intervenido” por el Fisco (fs. 253). Intimación que la importadora, no cumplió.
(vii) El 2/5/18 el perito contador informó que no recibió respuesta a su correo ni la documentación requerida y solicitó que se intime de nuevo a la firma (fs. 255). Seguidamente, el tribunal dictó la resolución del 31/5/18 disponiéndose que “ante el tiempo transcurrido desde la intimación cursada…, intímese a la corecurrente Atiles SA para que, dentro de los tres días, cumpla con lo ordenado…, es decir, ponga a disposición del perito los elementos necesarios para realizar la pericia, bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho a la producción de dicha prueba” (fs. 256).
Frente al incumplimiento de la importadora, el 20/9/18 se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por decaído el derecho a producir dicha prueba (fs. 257).
(viii) El 14/5/19, el TFN ordenó la clausura del periodo probatorio, y puso los autos a alegar. Frente a lo cual, solo alegaron el Fisco y Alba SA el 21/9/23 y el 5/10/23, respectivamente. Finalmente, ese mismo mes, esto es el 31/10/23, se pronunció el TFN (fs. 282/301).
(D) En suma, de la reseña precedente no encuentro producida una demora irrazonable en el trámite del sumario administrativo (5 años desde la denuncia).
Por el contrario, las autoridades aduaneras intervinientes dieron un continuo impulso para verificar la materialidad de la infracción endilgada. Agregando y analizando la documentación acompañada al contestar las vistas, y ordenando los pases a las dependencias correspondientes, a los fines de que informen sobre la mercadería amparada por el DIT en trato. Situación similar se cristalizó ante el TFN.
Donde, y como se vio, cumplió con el impulso de oficio del procedimiento (conf. art. 1143 del CA), sin que se observen “prolongados lapsos de inactividad” imputables a dicho Tribunal.
Es más, es posible advertir una actitud negligente, dilatoria y hasta entorpecedora de la importadora en la tramitación de la causa. Pues, entre otras cosas: (i) fue intimada infructuosamente en numerosas oportunidades por el TFN para el suministro de documentación necesaria, para que el experto cumpla con la pericia que ella misma solicitó; lo que finalmente concluyó con la declaración de negligencia en su producción; y (ii) ante la intimación de acompañar las constancias, producto de su propia voluntad de acogerse al régimen de facilidades de pago, tampoco cumplió, omitiendo todo tipo de aclaración al respecto.
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Causa n° 5612/2024 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 31825-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” Resulta claro, pues, que no se dan los presupuestos fácticos sustento de los precedentes en los cuales la CSJ consideró configurada una irrazonable demora del procedimiento, con vulneración del derecho de defensa de las administradas.
IV. Los agravios de Atiles SA en punto al problema de fondo, tampoco pueden prosperar. De entrada, porque no rebaten eficazmente el pronunciamiento apelado. Incumpliendo su obligación de efectuar una crítica concreta y razonada, como es de rigor.
Tal como refirió el Fisco en su réplica, sus dogmáticas manifestaciones, (fs. 343/346), son insuficientes para desvirtuar el fundamento fáctico central de la decisión cuestionada: que no se acreditó el cumplimiento del régimen de la mercadería importada temporalmente mediante el DIT 98001IT14005660Z.
Ello es así, porque la documentación que acompañó tanto en el sumario (fs. 65/68 del expte. 12039-3100-05), como ante el TFN (fs. 41/43) son insuficientes para comprobar el cumplimiento del régimen de excepción.
En efecto: (i) El CTC (nº 4889/5) no permite acreditar la relación insumo/producto, pues no ampara la mercadería temporalmente importada; y (ii) El CTIT no se relaciona con el DIT en trato.
Todo lo cual toma especial relieve si se tiene en cuenta que:
(a) Se trata de una excepción al régimen general que beneficia a la importadora con un privilegio: no abonar los tributos correspondientes. Por ello, la prueba del cumplimiento cae en cabeza de la beneficiaria, quien debe hacerlo por medio de la documentación aduanera correspondiente (Sala III “Spadafora, Luis Horacio”, del 19/05/21, “Boehringer Ingelheim SA”, del 23/06/2021, Sala IV, “Aseguradora de Crédito y Garantías”, del 7/04/22).
En este sentido, el régimen de perfeccionamiento del dec. 1439/96 (a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos), implica una transformación del insumo importado para su posterior reexportación en la nueva forma resultante. Siendo indispensable, a efectos de determinar la relación insumo-producto y así evaluar el cumplimiento del régimen contar con el CTC correspondiente, o copia en caso de no poder acompañarlo ( esta Sala, causa nº 3396/22 “Manufactura de Fibras Sintéticas”, del 12/12/24; Sala III, “Pellital SA c/ EN – AFIP DGA, RESOL 8441/11 s/ Proceso de Conocimiento”, del 7/04/17 “Conuar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, el 17/05/22; Sala IV, “Visteon SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 11/09/18).
(b) La ponderación que el Tribunal Fiscal haga de los hechos de la causa, constituye una cuestión fáctica que no cabe, en principio, rever en esta instancia, atento la limitación del recurso en trato (conf. art. 1180 del CA, doc. Fallos: 300:985; 305:2261; esta Sala, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA”, del 9/10/18, “3M Argentina”, del 28/2/19; “Colorcon SA”, del 9/8/22, Sala II, “Baltzer Marítima SRL”, del 18/8/15; Sala III, “Sideca”, del 2/3/17; Sala IV, “Muñoz Wright”, del 11/4/19; y Sala V, “Ledesma SAAI ”, del 26/3/19; entre muchas otras).
V. Por último toca examinar las quejas en torno a la liquidación tributaria.
(a) El planteo de Alba SA relativo a la inconstitucionalidad del dec. 214/02, no fue propuesto ante el TFN (v. fs. 13/28), por lo que no corresponde aquí su tratamiento (art. 277 del CPCCN aplicable por la remisión del art. 1182 del CA; esta Sala, causas nº 35369/22 “Vinciguerra, Carlos Gerardo”, del 19/10/23; nº 45891/22 “López Iñigo, Eduardo Daniel ”, del 7/11/23; nº 5577/20 “Zabala 2477 SRL c/ Edenor SA”, del 22/12/23; entre otras).
(b) Los agravios en contra de la inclusión del CER, no pueden ser admitidos.
Ello es así, pues tanto al notificar la vista, como al emitir la res. DE PRLA 4703/09, la Aduana practicó la liquidación tributaria en pesos y les hizo saber que por tratarse “de una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561, le será de aplicación lo dispuesto por el … CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 5612/2024 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 31825-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” decreto 214/02 … por lo que se ajustará dicha suma mediante el [CER]” (v. fs. 48 y 77/82 de las act. adm. nº 12039-3100-05).
En tales condiciones, el supuesto fáctico aquí verificado no es análogo al precedente “Editorial Perfil” de la CSJ (cuya aplicación se pretende) donde el referido coeficiente había sido incluido por el TFN, recién en oportunidad de expedirse respecto del recurso deducido ante esa instancia (esta Sala, causas nº 74945/18 “Alba Compañía Argentina”, del 5/9/19; nº 29.226/2019 “Isamar SA”, del 11/11/19; Sala IV causa nº 41260/23 “Alba Compañía Argentina”, del 19/10/23; entre muchas otras). (c) Los restantes agravios de la aseguradora, tampoco pueden prosperar.
Es que, por un lado, del juego de los arts. 794 del CA y 4º del dec. 214/02[2] resulta, la procedencia de la aplicación de los intereses sobre el monto total adeudado; esto es, el capital nominal más CER (esta Sala causa nº 74945/18“Alba Compañía Argentina de Seguros SA”, del 5/9/19; Sala IV 41260/23“Alba Compañía Argentina”, del 10/10/23).
Y por el otro, en el pronunciamiento apelado no se previó la aplicación de ninguna tasa específica. Por ello, la queja en punto a la tasa de interés aplicable, aparece a la fecha, como meramente conjetural. Sin perjuicio de que puede ser reintroducido en el momento procesal oportuno ( esta Sala, “Quickfood SA”, del 8/11/18).
VI. Por las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1. Desestimar los agravios de Alba SA y Atiles SA, 2. Confirmar el pronunciamiento apelado en lo que fue materia de agravios, y 3. Imponer las costas de esta instancia a las recurrentes vencidas (art. 68, primera parte, del CPCCN). 2.
El art. 794 del CA dispone: “[v]encido el plazo de DIEZ (10) días, contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pagar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado de dicho plazo, incluida en su caso la actualización respectiva”. A su vez, el art. 4 del dec. 214/02 establece: “a los depósitos y a las deudas … se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina. Además se aplicará una tasa de interés …”.
La jueza Clara María do Pico dijo:
I. Adhiero, con excepción de los cons. III.A) y V. A), al voto de la jueza Heiland.
Creo conveniente, sin embargo, aportar ciertas consideraciones que refuerzan el desarrollo allí efectuado.
II. El derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable en un procedimiento o proceso se deriva de la garantía de defensa en juicio prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional (ver dictamen del Fiscal Coadyuvante al que se remitió esta sala en la causa nº 41.402/2014 “ Manufactura de Fibras Sintéticas SA c/ DGA”, pronunciamiento del 27 de diciembre de 2016).
De acuerdo con ello, es evidente que tal garantía no ampara situaciones como la que se da en autos. Es que, como surge del detallado relato de la jueza Heiland, por un lado, la aduana tramitó en 5 años el sumario en donde dispuso una medida de interdicción de la mercadería en jurisdicción de la provincia de Tucumán, otorgó vista a la importadora y la aseguradora, dispuso las intervenciones de las oficinas pertinentes, etc. Por otra parte, el TFN impulsó permanentemente el trámite de acuerdo con el deber que el art. 1143 CA pone en su cabeza.
De este modo, aun cuando pueda advertirse que el trámite del asunto haya insumido mucho tiempo, no es posible encontrar en esa sola circunstancia una afectación al derecho de defensa de quien contribuyó decisivamente, con su conducta, a extender los plazos procesales.
III. Por otro lado y sobre el fondo del asunto, es necesario detenerse en la defensa de la importadora.
Al efectuar su descargo en sede administrativa manifestó que, de las 192 toneladas de polietileno (PA 3901.20.29.000V) que había ingresado CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 5612/2024 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 31825-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” con el DIT nº 98 001 IT04 005660 Z, había reexportado 10 toneladas (redondeo por conveniencia práctica, para mantener la unidad de medida) con el PE 99 074 EC03 000072 T; 26 toneladas con el PE 99 074 EC03 000162 T; casi 28 toneladas en el PE 99 074 EC03 000208 U y 17 toneladas con el PE 99 074 EC03 000232 R.
Como se aprecia, reconoció el incumplimiento del régimen respecto de 110 toneladas.
Al acudir a la sede del TFN cuestionó el acto que la sancionó en su totalidad, insistiendo en que habría reexportado parte de la mercadería porque "si bien es cierto que por un error del apoderado, se presentó el CTC 4889/5 en el momento de efectuar el descargo (...) [era la DDJJ nº 061 -002882/98] la que se menciona en todos los permisos de embarque y que valía como CTC" siendo que el CTIT 6464/2009 reemplazó aquella declaración jurada.
Ante este tribunal insiste en esa línea. Sin embargo, la documentación que obra en el expediente administrativo (vbgr. los PE en cuestión) la desmienten. En las declaraciones de insumos que obran en cada uno de los PE se indica que el CTC (o solicitud) correspondiente es el nº 4889/5, no el nº 2882/98 como equivocadamente indica Atiles. Y si bien ello es suficiente para desestimar el recurso, no puedo dejar de señalar que el mencionado documento (CTC 4889/5) no tipifica como insumo la mercadería ingresada con el DIT nº 98 001 IT04 005660 Z (PA 3901.20.29.000V) o que, el CTIT 6464/2009 tipifica cuatro productos y entre ellos no se encuentra ninguno perteneciente a la PA 3921.90.90.100Q, que es el producto exportado en los PE 99 074 EC03 000072 T; 99 074 EC03 000162 T y 99 074 EC03 000208 U como ítem 1, respecto del cual se efectuó la descarga del dit en cuestión.
Y finalmente, aún si se considerara CTIT 6464/2009 (muy posterior a las operaciones en trato) a los efectos de ponderar la relación insumo producto detallada en el PE 99 074 EC03 000232 R, en donde se declaró la exportación a consumo de un producto incluido en ese CTIT (PA 3923.21.90.000K), lo cierto es que ese documento no permite comprobar la descarga efectuada.
Con todo, es evidente entonces que no se logró demostrar algún error en la resolución del TFN que habilite su revisión.
IV. Finalmente, en los términos que la mayoría de esta sala expuso en las causas "Rivas María Luisa c/ ENRE y otros s/ daños y perjuicios" y " Frigorifico Lamar SA c/ EN - AFIP - DGI s /direccion general impositiva", pronunciamientos del 27 de octubre de 2023 y del 9 de abril de 2024, debe analizarse el planteo de la inconstitucionalidad del decreto 214/02, el que, adelanto, no puede ser admitido.
Ello es así porque la línea argumental esbozada por la firma Alba SA no se hace cargo de que, por un lado, el Poder Ejecutivo invocó el art. 99 inc. 3) de la CN para proceder a su dictado y, por otro, su lectura impide otorgar a su contenido el carácter penal y/o tributario que equivocadamente le atribuye la firma recurrente.
Así voto.-
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios de las firmas Alba Compañía Argentina de Seguros SA y Atiles SA, 2. Confirmar el pronunciamiento apelado en lo que fue materia de agravios, y 3. Imponer las costas de esta instancia a las firmas recurrentes vencidas. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia