Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 32252-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, con costas a la vencida (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
Conociendo el recurso de apelación contra la resolución del 01/08/2022 que reguló los honorarios del del Fisco, y teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y la única etapa cumplida, se CONFIRMAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada, en tanto solo fueron apelados por altos. Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en la Mesa de Entradas del Tribunal o en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 64101/2022; ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 32252-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
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Buenos Aires, de marzo de 2024. IDM Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La firma Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.
solicitó la nulidad de la Resolución DE PRLA nº 9522/11 mediante la cual se la condenó al pago de tributos con más la aplicación del CER y sus intereses en su carácter de garante de la obligación tributaria, ello a raíz de la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero cometida por el importador Ariel Gustavo Mandalaoui, alegando la prescripción de la acción del Fisco. El Tribunal Fiscal de la Nación no hizo lugar a lo solicitado.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia obrante fs. 110-112 del expediente en soporte papel resolvió confirmar parcialmente la resolución DE PRLA Nº 9522/11 y declaró que el importe máximo que podrá exigirse a la aseguradora está constituido por la suma garantizada de u$s 80.000 – convertida a razón de USD 1 = ARS 1– con más la aplicación del CER, aplicable a la fecha en que se efectué el pago y los intereses devengados. Exceptuó de la condena al Derecho Adicional y las percepciones del Impuesto a las Ganancias. Las costas las impuso según sus respectivos vencimientos.
Para decidir de este modo, el TFN sostuvo que no se produjo la prescripción de la acción del Fisco, por lo que desestimó el planteo de la firma aseguradora en tal sentido.
Para decidir de ese modo, sostuvo que conforme lo establece el art. 803 del Código Aduanero, la acción del Fisco para exigir el pago de tributos regidos por la legislación aduanera prescribe por el transcurso del plazo de 5 años, comenzando a correr el mismo, conforme lo establecido por el art. 804 del Código Aduanero, el 1º de enero del año siguiente al de la fecha que se hubiese producido el hecho gravado. Puso de resalto que, según surge de las actuaciones administrativas, el plazo de vencimiento del DIT 00 001 IT14 005905 B acaeció el 26/10/2001 y conforme el plazo quinquenal del art. 803 mencionado, debe comenzar a computarse desde el 01/01/2002.
Precisó que en la causa el plazo de prescripción de la acción del fisco para percibir tributos quedó suspendida el 20/12/2006 (fecha del auto de instrucción de sumario) hasta el dictado de la resolución apelada (19/12/2011), motivo por el cual el mismo no se encontraba vencido a la fecha del dictado de la resolución cuestionada. Teniendo en cuenta las fechas mencionadas, por el juego sistémico de los arts. 94 y 805 inc. a) del Código Aduanero no operó la prescripción de la acción del Fisco.
Asimismo, en base a las constancias obrantes en el expediente, determinó que quedó configurada la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero y, como consecuencia de ello, surge la responsabilidad de la firma aseguradora en su carácter de garante, de los tributos adeudados.
Por otro lado, puso de resalto que no se encuentra controvertido que mediante la póliza de seguro de caución nº 253.452 que luce a fs. 51 del expediente, la actora aseguro el pago en efectivo de hasta la suma máxima de u$s 80.000 con más lo que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del Código Aduanero.
En lo que respecta a la procedencia de la aplicación del CER, puso de manifiesto que la deuda tributaria fue expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto N° 214 /02, resultando aplicable lo dispuesto en sus artículos 4 y 8.
En referencia al tope máximo de responsabilidad de la aseguradora –que es el límite hasta donde ésta podría resultar obligada–, declaró que el importe de U$80.000 fijado en la referida póliza debía convertirse a pesos en los términos del artículo 8 del citado decreto, es CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 64101/2022; ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 32252-A)
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decir, a la relación u$s1 = $1 con más la aplicación del CER a la fecha de su efectivo pago, importe al que se le deben adicionar los correspondientes accesorios.
Asimismo, el 1/08/2022 reguló los honorarios del profesional Dr. Diego Sebastián Castaño, en el doble carácter de letrado apoderado y patrocinante por el Fisco Nacional, en la usma de $60.000.
III. Agravios de la actora Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.
Contra aquel pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación a fs. 115 y expresó agravios a fs. 117-134, los cuales no fueron contestados por la demandada.
La aseguradora se agravia por cuanto no coincide con lo expresado en los puntos VI y VII de la sentencia, relativos a la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, a la validez del auto de apertura de sumario y a la duración razonable del procedimiento administrativo y el posterior trámite ante el Tribunal Fiscal. Al respecto, estima que si bien es cierto que el art. 805, inc. a) suspende desde la apertura del sumario el plazo de prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos hasta que recaiga decisión que habilitare el ejercicio de la acción, no lo es menos que ello se justifica sólo cuando los procesos fueren cumplidos en su debido tiempo y, en el caso, contabiliza 7 años en sede aduanera (desde el 07/03/2005 que se realizó la denuncia hasta el 19/12/2011 con el dictado de la resolución aduanera) y casi 10 años ante el Tribunal Fiscal de la Nación (el recurso de apelación fue interpuesto el 03/10/2012 a la sentencia del 21/04/2022), es decir, 21 años desde la comisión de la infracción objeto de sumario (26/10/2001).
A su vez, entiende que el espíritu de la norma no puede haber sido suspender indefinidamente los procedimientos generando incertidumbre en ambas partes y que la suspensión indefinida del plazo de prescripción ha devenido irrazonable por su extensa duración, lo cual determina la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de la aplicación efectuada por la DGA al art. 805, inc. a) del Código Aduanero. Insiste en la irrazonabilidad del plazo de duración del procedimiento, advierte que la garantía del art. 8, inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos no puede circunscribirse a la materia penal ordinaria sino que su plena aplicación debe extenderse a las extra penales, inclusive aduanera.
Por otro lado, advierte los prolongados lapsos de inactividad atribuibles al Tribunal Fiscal y que no se observa complejidad que justifique un trámite tan extenso (10 años), y solicita que como parámetro se considere una duración razonable de cinco años de acuerdo a la jurisprudencia de esta Cámara que cita (Sala V, in re, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 55643/2016, del 27/06/2017).
Asimismo, sostiene que no procede le Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y señala que el Tribunal Fiscal ordenó su aplicación a obligaciones ya expresadas en pesos.
Finalmente, se agravia de los intereses aplicados y alega que deben circunscribirse al plazo razonable. Es decir, que no se corresponde que se calculen intereses por todo el tiempo transcurrido desde el vencimiento del plazo para contestar la vista hasta el dictado del fallo en virtud del cual su parte se vea obligada a abonarlos.
Por otro lado, a fs. 141 apelo los honorarios regulados el 1/08/2022 por considerarlos altos.
IV. Alcances del pronunciamiento.
De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140;
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301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
V. El retardo de justicia no es imputable a la autoridad administrativa jurisdiccional Con relación al plazo razonable que debe durar el proceso sin afectar los derechos constitucionales y los tratados internacionales, esta Sala ha sostenido, con sustento en el precedente de la Corte Suprema registrado en Fallos: 335:1126, “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA - Resol. 169/05 (expte. 105666/86 – SUM FIN 708)”, del 26/6/2012, que el mero transcurso del tiempo no resulta suficiente a los efectos de que se produzca la conculcación del derecho involucrado, pues existen ciertas pautas a los fines de valorar dicha circunstancia, las cuales pueden resumirse en las siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (cfr. esta Sala, in rebus: “Kimberly Clark Argentina SA TF 32663-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 103/2019, del 26/12/2019; “Alba Compañía Argentina de Seguros SA TF 3600-A c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 23.452/2016, del 17/4/2018; “Jeferson Sudamericana c/ DGA”, Causa Nº 42.279/12, del 6/6/2013, entre muchos otros; ver también, “AMX Argentina S.A. c/ EN-Mº Comunicación y otro s/ Proceso de conocimiento”, Causa Nº 77.974/2016, del 5/11/2019). En cuanto al trámite del proceso ante el Tribunal Fiscal, corresponde destacar que la causa inició en octubre de 2012 (conforme fs. 1 de esta causa) con el recurso de apelación obrante a fs.12-28 del 12/10/2012, el Tribunal Fiscal tuvo presentada a la actora el 11/10/2012 (fs. 30), corrido el traslado a la demanda, ésta contesto a el 30/04/2013 (fs. 37-61). El 14/05/2013, luego de haber intimado a la demandada a acompañar las actuaciones administrativas –lo que ocurrió el 10/05/2013– abrió la causa a prueba.
Producida la prueba informativa, mediante proveído de oficio del 26/10/2014, el Tribunal corrió traslado a las partes de la prueba producida en la causa, y solicitó que manifiesten lo que por derecho pudiera corresponder, bajo apercibimiento de cerrar el período probatorio. Ese traslado no fue contestado por la actora. En virtud de ello, el Tribunal Fiscal, nuevamente de oficio, certifico la prueba producida. El trámite se reanudó por despacho del Tribunal Fiscal de la Nación dictado 03/02/2022 cuando puso el expediente y sus actuaciones administrativas disponibles para alegar. El 21/02/2022 alegó la parte demandada y el 22/02/2022 la actora. Finalmente, el 21/04/2022 el Tribunal dictó sentencia.
De este modo, no se advierte que en el caso se haya configurado un retardo de justicia exclusivamente imputable a la autoridad administrativa jurisdiccional (arg. Fallos: 335:1126; esta Sala, in rebus: “Miranda Roberto y otro c/ BCRA Resol 142/10”, Causa Nº 1.405/2011, del 7/2/2013; y “Kimberly Clark Argentina SA” y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA”, ya citados). Máxime si se recuerda que debe valorarse, no sólo la naturaleza de los derechos involucrados, sino también cuál ha sido la responsabilidad de la parte en dicha demora, ni menos aún, ha presentado un pedido de pronto despacho de las actuaciones (arg. Fallos: 322:663). En definitiva, tales circunstancias CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 64101/2022; ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 32252-A)
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determinantes del rechazo de los agravios articulados por la recurrente al respecto.
Por lo demás, no puede perderse de vista que el importe que se reclama a la aseguradora aquí involucrada se refiere a los tributos exigidos al importador, y no a la sanción que le fuera impuesta. Lo cual impide la aplicación de la garantía del plazo razonable consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Bossi y García” (Fallos 334:1264) en el marco de un procedimiento infraccional propio del Derecho Administrativo Sancionatorio.
En conclusión, tal como fue expresado en la sentencia, el plazo de prescripción de cinco años comenzó a correr el 1/1/2002 y fue suspendido por el auto de apertura del sumario del 20/12/2006 (arts. 803, 804, inc. b) y 805, inc. a) del Código Aduanero), por lo que ha sido bien rechazado el planteo de prescripción esgrimido.
En relación al agravio relativo a la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) debe destacarse que no corresponde hacer lugar al planteo de la actora.
Cabe mencionar que de la compulsa de las actuaciones administrativas que se tienen a la vista surge que la operación que originó la formulación de los cargos en cuestión es de fecha anterior a la sanción de la ley N° 25.561, pues consiste en una destinación de importación, como consecuencia del vencimiento del plazo de permanencia -que operó el 26/10/2001- para la importación temporaria documentada por el DIT 00 001 IT14 005905 B.
Por otro lado, los respectivos cargos fueron formulados en pesos con posterioridad a la sanción de la norma de emergencia, mencionando que le será de aplicación lo dispuesto por el art. 8º del Decreto 214/2002 al momento del efectivo pago y lo dispuesto por el art. 4º del citado decreto, por lo que se ajustara dicha suma mediante el Coeficiente de Estabilización de referencia (CER).
La vista de lo actuado en el expediente SIGEA nº 608514-
890-2005 fue corrida el 16/03/2011 en moneda de curso legal y con expresa aclaración que la suma allí indicada sería ajustada mediante el CER (véase fs. 17 del expediente administrativo).
En esas condiciones, si la aduana consignó los montos adeudados con fundamento en una obligación anterior a la ley 25.561 en dólares estadounidenses (o, como en el caso, en pesos adicionando el CER), resultan de plena aplicación los arts. 1, 4 y 8 del decreto 214/02 (CNACAF, esta Sala, “Ford Argentina SCA c/ EN DGA Resol 4927/09 PRLA s/ DGA”, expte. nro. 33.893/09, sentencia del 29/3/2011 y sus citas y en el mismo sentido “Cosena Seguros SA (TF 27492-A) C/ DGA” sentencia del 30/08/2012).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas a la vencida (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
Conociendo el recurso de apelación contra la resolución del 01/08/2022 que reguló los honorarios del del Fisco, y teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y la única etapa cumplida, se CONFIRMAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada, en tanto solo fueron apelados por altos. Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en la Mesa de Entradas del Tribunal o en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
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Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia